nombre reservado con nombre reservado

CERTIFICO: Que, se anunció, escuchó relación y compareció el abogado don Matías Amigo García, por la recurrida. Santiago, 28 de septiembre de 2017.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.

Proveyendo escrito folio 377755: a lo principal: téngase presente; al otrosí: a sus antecedentes.

Al folio 384324: téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los nombre reservado, Corporación de Bienestar Social, representada por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, por estimar conculcada la garantía del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Pide se ordene restablecer el imperio del derecho, haciendo cesar los descuentos a sus remuneraciones, ordenando a la recurrida la restitución de lo descontado arbitrariamente o lo que se determine en justicia y derecho, con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que el 22 de febrero de 2007 obtuvo un crédito de consumo ante la recurrida por la suma de $1.762.964 pactado a 48 cuotas mensuales y sucesivas de $55.162, cuyo pago sería a partir del 31 de marzo de 2007, constituyéndose como aval y codeudor solidario don nombre reservado, pagos que se debían realizar por descuentos mensuales efectuados por su empleador.

Indica que mientras se encontraba trabajando con su ex empleador, se cumplieron las obligaciones pactadas, pero fue desvinculado de la empresa en mayo de 2008 y al momento de su despido su ex empleador le señaló que descontaría de su finiquito el crédito que había obtenido en la Caja, toda vez que su aval era funcionario de la misma empresa y así evitaría cualquier problema.

Agrega que luego prestó servicios en distintas empresas donde no tuvo ningún inconveniente, pero en mayo de 2017 ingresó a trabajar a la Sociedad de Servicios de Alimentación, con contrato a plazo fijo y el 1 de agosto pasado su empleador le informa que en su liquidación de sueldo se practicó un descuento por $97.630. Consultado el departamento de personal se le informó que ese descuento se realizó a solicitud de la recurrida.

Señala que por intermedio de su aval solicitó a la recurrida que se le entregara información de la deuda y de las razones por las cuales me estaban cobrando, enterándose que a él también le estaban descontando el crédito que había solicitado el recurrente a la Caja Los nombre reservado.

Añade que revisó el portal del Poder Judicial encontrando que la recurrida lo había demandado en 2010 en causa Rol C-1156-2010 del 3° Juzgado de Letras de Coquimbo, demanda que no prosperó debido a que nunca fue notificado por lo que fue archivada. El 1° de agosto de 2017 solicitó el desarchivo de la causa a fin de continuar la tramitación del juicio ejecutivo en que la recurrida actúa como demandante en su contra, oponiendo la excepción de prescripción.

Reclama que la recurrida le ordenó a su empleador la realización de descuentos por un crédito cobrado judicialmente, aumentando abusivamente su monto de forma ilógica, ya que por un crédito de $1.762.964, señala que las cuotas morosas son 40, por lo que la suma que debe pagar es de $3.905.200 y pese de existir un proceso pendiente, la recurrida ordena retención arbitraria e ilegal de parte de su sueldo, situación que lo privaría de la porción legítima de sus remuneraciones afectando su sustento económico, conculcando la garantía del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Segundo: Que en apoyo de su pretensión, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Copia de liquidación de remuneraciones del mes de julio de 2017; 2. Copia de correo electrónico de 1 de agosto de 2017 emitido.

Tercero: Que, evacua su informe don Carlos Geerdts Zúñiga, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso intentado.

Funda sus alegaciones señalando que el 21 de febrero de 2007, la recurrida otorgó al recurrente el crédito código 43-41761-8, por la suma de $1.739.351, pagadero en 48 cuotas de $55.955, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de Marzo 2007, operación que contó con la fianza solidaria de don nombre reservado.

Agrega que según la base de datos Institucional, la Caja recibió el pago de las cuotas del mes de marzo a diciembre de 2007 por parte del empleador “nombre reservado” y un pago directo del titular. Durante el período del 10 de abril de 2017, al 10 de agosto de 2017, recibió la suma de $488.381.- cuyo pago provino de la Sociedad nombre reservado Guerra Ltda. y el último de Sociedad de Servicios de Alimentación.

Señala que la suma de $488.381, se contabilizó como pago en el monto de la cuota del mes de enero de 2008, a mayo de 2008, cuotas N°11 a 15, por $279.076, y la suma de $209.205, como interés penal. La deuda al 13 de Septiembre de 2017, asciende a la suma de $ 3.315.482, monto compuesto por las cuotas morosas de Junio de 2008 a Febrero de 2011, cuotas N° 16 a N°48, por $1.831.755, más interés penal de $1.373.822 y gasto de cobranza por $109.905.

Luego de explicar el origen de las Cajas de Compensación y su objeto, indica que la ley determina sus funciones en el artículo 19 de la Ley N°18.833, que en su número 3° indica que las Cajas de Compensación pueden “administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, él régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley". Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”. Estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Precisa que si bien las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra indisolublemente unido al objeto que la Ley N°18.833 les ha determinado, destacando que no tienen fines de lucro, dado que sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales.

Explica que dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha establecido garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan y el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y dé cobró que las cotizaciones previsionales”.

Por consiguiente, señala que mediante el procedimiento de descuentos ha ejercido los derechos que la propia ley y los acuerdos establecen, los cuales cumplen con su obligación legal de cautelar el fondo social de esta Caja, siendo irrenunciable esta obligación para mi representada.

Precisa que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, debiendo ser alegada y declarada judicialmente, ya que no opera de pleno derecho cómo pretende hacerlo valer el actor, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible.

Finalmente, expone que este punto también ha sido objeto de pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social, que regula los créditos sociales y ha señalado en el Ordinario 034440 de 22 de julio de 2009, que: “Finalmente, esta Superintendencia manifiesta a usted que conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada ante los Tribunales de Justicia. En consecuencia, mientras la prescripción no sea declarada por Tos Tribunales, el acreedor puede válidamente cobrar su crédito”.

En relación a la alegación que la deuda se habría extinguido por medio del finiquito que le otorgó el empleador don nombre reservado al momento de su desvinculación, destaca que corresponde al actor probar la extinción de su obligación con esta Caja de Compensación, de acuerdo a lo señalado por el artículo 1698 del Código Civil.

Adiciona que tampoco hay vulneración al artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, pues no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al artículo 22 de la Ley N°18.833.

Por último, señala que el empleador de la época en que se le otorgó el crédito social al recurrente era su padre, siendo este antecedente relevante a la hora de entender por qué omite en el recurso el nombre de su empleador y al indicar que en su finiquito del año 2008 se le descontó el total de la deuda.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó certificados de nacimiento de don nombre reservado y nombre reservado.

Quinto: Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que pueden experimentar como consecuencia de acciones u omisiones arbitrarias de la autoridad o de particulares. Para que resulte pertinente recurrir de protección deben concurrir los siguientes requisitos: 1) acción u omisión ilegal o arbitraria; 2) que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; y 3) que ese derecho se encuentre comprendido entre los que en enumeración taxativa señala el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que la “ilegalidad” y la “arbitrariedad” pertenecen al género común de las acciones antijurídicas, pero la primera resulta de una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto público o reconocida a un sujeto natural; y la segunda importa una vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos. Comúnmente se estima que lo ilegal representa una contravención formal al texto legal y lo arbitrario una ausencia de fundamento racional, o sea una manifestación del simple capricho del agente.

Séptimo: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario consiste en el descuento realizado por la recurrida a la remuneración del actor correspondiente a un pagarés suscrito por el recurrente a favor de la Caja de Compensación y Asignación Familiar de Los nombre reservado, cuya acción de cobro estima que se encontraría prescrita.

Octavo: Que la institución recurrida ha sostenido que no puede estimarse su actuar como arbitrario o ilegal, toda vez que está ejerciendo el cobro de un crédito respecto del cuales no ha sido declarada la prescripción extintiva por sentencia judicial y que el descuento se ha realizado con estricto apego al ordenamiento jurídico.

Noveno: Que sobre el particular es menester señalar que el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 19.833 dispone que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Décimo: Que conforme se colige de la lectura del precepto antes citado y también de lo dictaminado sobre el particular por la Dirección del Trabajo en su Ordinario N° 0262/004, de 17 de enero de 2012, al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la remuneración del trabajador se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo, norma que preceptúa: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

Undécimo: Que, al haberse dispuesto el descuento mensual de la remuneración del recurrente, respecto del monto de la cuotas de crédito adeudado e impago que suscribió, sin que exista sentencia judicial ejecutoriada que haya declarado la prescripción extintiva respecto de la acción de cobro del instrumento, y teniendo en especial consideración que la recurrida se encuentra facultada para exigir el descuento de dichas cuotas de la remuneración del actor, en la especie no existe un acto que pueda ser calificado como arbitrario o ilegal que afecte la garantía constitucional enunciada en el libelo de protección, por lo que el mismo será rechazado.

Duodécimo: Que, por otra parte, el fundamento de la acción constitucional deducida se basa en la prescripción extintiva de la acción de cobro del pagaré que motiva el descuento. Sin embargo, a juicio de esta Corte y compartiendo la opinión doctrinaria mayoritaria, “la obligación civil degenera en natural sólo después que la prescripción ha sido declarada judicialmente, por el que quiera aprovecharse de esta última debe alegarla (artículo 2493), y mientras el deudor no lo haga, la prescripción no puede ser declarada: la acción del acreedor no se extingue y la obligación subsiste como civil. Por eso, si cumplido el plazo de prescripción, el deudor, en vez de alegar ésta, paga intereses o pide plazo al acreedor, renuncia a la prescripción (artículo 2494) y reconoce la subsistencia de la obligación civil” (ALESSANDRI R., Arturo – SOMARRIVA U. Manuel – VODANOVIC H., Antonio, Tratado de las Obligaciones, V. I, Editorial Jurídica de Chile, 2° edición, Santiago, p. 91).

En consecuencia, mientras no se haya dictado la correspondiente sentencia que declare la prescripción extintiva, la obligación que emana del pagaré suscrito en beneficio de la recurrida, mantiene el carácter civil y, como efecto propio, da acción para exigir su cumplimiento, en especial, la de proceder a su descuento de la remuneración del actor.

Décimo Tercero: Que, a mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema ha señalado en reiterada jurisprudencia la improcedencia de una acción cautelar de esta naturaleza, como se ha expresado en los autos rol N°18.404-2015 y 15.032-2016.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se rechaza, con costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-60.556-2017.