nombre reservado con CAR S.A. VISTA EN POS DEL INGRESO CORTE N° 60473-2020.-

C.A. de Santiago Santiago, seis de octubre de dos mil veinte.

Al escrito folio 9: a lo principal, téngase presente; al otrosí, a sus antecedentes.

Al escrito folio 10: a lo principal, téngase presente; al primer otrosí, como se pide; al segundo otrosí, a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 7 de julio de 2020, comparece personalmente doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de CAR S.A., por los actos que califica de arbitrarios e ilegales, consistentes en el acoso recibido a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y correo electrónico, cobrando una presunta deuda, lo que vulneran la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política, que asegura el derecho a su integridad psíquica.

Funda su recurso señalando que mantendría presuntamente una deuda con CAR S.A., en adelante e indistintamente Ripley, agregando que ha sido expuesta a un acoso a través de constantes y reiterados llamados telefónicos a todas horas del día, así como a través de mensajes de texto y correos electrónicos compeliéndola a pagar el total de esa presunta deuda, ofreciéndole u obligándola a tomar formas de pago que resultan bastante onerosas, o simplemente le dicen que concurra a las oficinas para normalizar su deuda.

Menciona que este acoso ha sido sostenido, por lo menos, a contar del mes de febrero del año 2020, y ha ido acrecentándose con el tiempo, agregando que la empresa que trabaja en la cobranza judicial y extrajudicial insiste en llamarle y cobrarle deudas, recibiendo innumerables comunicaciones diariamente, lo que la perjudica sicológicamente, tanto a la recurrente como a su familia.

Afirma que la situación se ha ido intensificando en los últimos días, llegando incluso a llamar en sábados y domingos, situaciones que sin duda son intolerables y traspasan cualquier racionalidad material o jurídica y constituyen un ejercicio abusivo de un derecho.

Sostiene que con la actitud descrita se han visto vulnerados sus derechos constitucionales, particularmente, en lo relativo a su integridad psíquica, por cuanto, al ser llamada insistentemente para hacer pago de una deuda, en cualquier horario, la ha perjudicado económica y mentalmente, ya que se encuentra bajo presión, perjudicando su diario vivir y de su familia.

Transcribe el artículo 37 inciso 6º de la Ley Nº 19.496, en materia de cobranza extrajudicial, que establece que “las visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y en general conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor”.

Cita jurisprudencia en apoyo de su posición y concluye solicitando que se acoja el recurso, para terminar con el constante acoso telefónico y toda forma de comunicación de la que ha sido objeto la recurrente para pagar una obligación adeudada, lo que ha vulnerado gravemente su salud psíquica y tranquilidad personal, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que, con fecha 20 de julio de 2020, comparece don Sebastián Rodolfo Bock Soto, abogado en representación de la recurrida CAR S.A., quien informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo.

Alega en primer término la falta de fundamentos del recurso de protección, sosteniendo que el recurso debe ser desestimado por carecer de los fundamentos previstos en nuestro ordenamiento constitucional para poder prosperar.

Indica que su parte controvierte todo lo expuesto por la actora, excepto la existencia de la deuda, no existiendo antecedente alguno en que se funde la acción, pues no han sido acompañadas siquiera impresiones de pantalla de estas supuestas llamadas, cuestión que a todas luces impide a su representada obtener un conocimiento cabal del asunto a modo de emitir el informe.

Añade que resulta incomprensible que ante la situación denunciada en el recurso, la actora no se haya puesto en contacto con su representada, optando derechamente por interponer un recurso de protección, constituyendo un hecho público y notorio, la gran carga judicial, especialmente en los tiempos que vivimos a raíz de la pandemia de COVID-19.

En segundo término plantea la inexistencia de los supuestos que deben concurrir para la procedencia del recurso de protección.

Sostiene que no ha existido privación perturbación o amenaza en ninguno de los derechos constitucionales y a mayor abundamiento, su representada no ha actuado de manera ilegal alguna, pues en caso de que hiciera cobro de una deuda actualmente exigible, mal podría llamarse a una simple cobranza extrajudicial un acoso u hostigamiento.

Agrega que la actora insta a su representada a ejercer acciones legales, a sabiendas de lo adeudado, sin manifestar jamás, a lo largo de toda su presentación, la intención de pagar la deuda, cuestión inadmisible de cara a nuestro sistema judicial, que se ve innecesariamente recargado por este tipo de situaciones.

Expone que las gestiones de cobranza extrajudicial que realiza su representada, son ajustadas a derecho, agregando que en algunos casos, es la propia ley le ordena realizar ciertas acciones de cobranza e información, citando al efecto el artículo 37 de la ley Nº 19.496 en su letra g), números 4 y 5 y agrega que la cobranza extrajudicial constituye un imperativo en los términos de la Circular 24 del año 2008 del Servicio de Impuestos Internos.

Afirma, en relación a la supuesta vulneración a la integridad psíquica, que no se vislumbra la manera en que su representada habría provocado esta afectación que se le imputa por el solo hecho de cobrar una deuda, mucho menos una perturbación a su familia. Agrega que en ninguna circunstancia consta en autos que aquello haya sido realizado en un horario irregular. De este modo, su representada controvierte y niega expresamente cualquier afectación a los derechos de la recurrente.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Cuarto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Quinto: Que luego de lo dicho, más allá de lo genérico que resulta ser el acto denunciado, esto es, un insistente, apremiante e ilegal cobro extrajudicial a través de llamados telefónicos, mensajes de texto y correos electrónicos de una deuda que mantendría con Ripley, lo que se llevaría a cabo en días y horarios inhábiles, lo cierto es que no ha resultado acreditada la existencia del supuesto fáctico en que la actora sustenta el presente arbitrio, es decir, que los cobros extrajudiciales que se dicen realizados por la entidad recurrida hayan transgredido de algún modo el marco regulatorio que establece al efecto el artículo 37 letra g) de la Ley 19.496, motivo por el cual, en tal escenario, no pudiendo esta Corte hacer fe de lo expresado por la recurrente, dado que no se allegaron antecedentes que justifiquen la autoría que se imputa a la recurrida, no es posible a estos magistrados emitir responsablemente una decisión que de por supuesta la existencia de un acto arbitrario o ilegal que importe amenaza o vulneración a alguna de las garantías fundamentales que se tutelan por esta vía;

Sexto: Que atendido lo anterior, necesariamente se desestimara la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido por doña nombre reservado, en contra de CAR S.A.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-60474-2020.