nombre reservado con MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL

Santiago, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Leonardo Mena Díaz deduce acción de protección en favor de nombre reservado, en contra del Ministerio de Desarrollo Social, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la terminación anticipada de su contrata, por decisión notificada el 20 de junio del año en curso, lo que estima ha vulnerado las garantías contenidas en el artículo 19 N°2, N°3 y Nº24 de la Constitución Política.

Solicita en definitiva se acoja el presente recurso y se deje sin efecto el término anticipado de su suplencia (sic) y se ordene su prórroga hasta que la asuma el titular, disponiendo el pago de todas las remuneraciones que le hubieran correspondido de haberse mantenido en el cargo, o en su caso hasta el 31 de diciembre del año en curso, fecha en que expira la previsión presupuestaria para ese cargo.

Expone que mediante resolución de 14 de julio de 2015, fue contratado por la recurrida. Con fecha 23 de noviembre de 2018, se le informa que su contrata fue renovada desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año. No obstante haber sido calificado siempre en Lista 1, con fecha 20 de junio se le notificó el término anticipado de la contrata. La carta que le informa tal decisión da cuenta de que sus funciones serían especialmente sensibles dentro de la cartera de Estado, lo cual no es efectivo, pues se desarrollaba como administrador de redes digitales, y por tanto, no era un funcionario de confianza política. Alega entonces falta de fundamentación suficiente de la carta que lo desvincula, a la luz de la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República.

Segundo: Que al evacuar el informe solicitado, la recurrida solicitó el rechazo de la acción, con costas.

Expuso que la carta que dispuso su no renovación se encuentra suficientemente fundada, conteniendo todos los motivos que se tuvieron en consideración para adoptar la decisión impugnada. En efecto, señala que las funciones del recurrente en la Subsecretaría de Evaluación Social, exigían la confianza política de la autoridad, tal como se detalla en la resolución cuestionada.

Agrega que el presente recurso no resulta ser la vía idónea para discutir el presente conflicto, niega la vulneración de las garantías indicadas en el recurso, pues la decisión fue adoptada dentro de la esfera de facultades que le son propias, concluye con la solicitud de rechazo del recurso, con costas.

Los fundamentos de la Carta: “2.- Que las tareas desempeñadas por el Sr. nombre reservado se refieren a las correspondientes de Administrador de Redes Digitales, como los contenidos para las plataformas institucionales y Encargado del PGM de la Unidad de Comunicaciones;

3.- Que de lo anterior, se refleja que el Sr. nombre reservado cumple funciones especialmente sensibles dentro de esta Cartera de Estado, tanto por encontrarse dentro del Gabinete del Ministerio como por la naturaleza específica de sus tareas, las que le permiten contar con información de particular relevancia dentro del Ministerio. Estas funciones a desarrollar, se relacionan a la confección y producción de material de difusión ministerial, asesorar en materias de estrategia comunicacional, asesor periodístico, en el análisis, coordinación e implementación de los procedimientos que permitan a la autoridad programar y definir los canales de comunicación y medios de difusión institucional, para informar acerca de las gestiones del Ministerio y sus Servicios dependientes en el cumplimiento de los programas para de este Ministerio. Además de aportar en el trabajo de redes sociales en la elaboración de contenidos para las plataformas institucionales”.

De esta manera, resulta claro que las labores desempeñadas por el funcionario son de confianza.

Al tratarse de tareas de confianza, es necesario que esta se mantenga de parte de la autoridad para continuar ejerciendo el cargo, y el Sr. nombre reservado ya no cuenta con dicha confianza por parte del Ministro de Desarrollo Social y Familia.

A mayor abundamiento, hace presente que el Sr. nombre reservado tampoco cuenta con la confianza legítima de acuerdo al dictamen 6400 de la CGR, ya que este excluye expresamente de su aplicación a los asesores en gabinetes de ministros y, además, porque no cuenta con renovaciones anuales de contrata a su haber.

Tercero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" está en armonía con el carácter eminentemente transitorio que tienen los empleos a contrata. En efecto, el artículo 3° de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, señala que los empleos a contrata son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución.

Confirma este aserto, el artículo 10 del mismo texto legal que previene que los empleos a contrata durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley.

Por otra parte, la facultad de la autoridad de poner término a las contratas en los nombramientos en que se ha incorporado la expresión "mientras sean necesarios sus servicios", importa que la autoridad facultada para hacer el nombramiento, puede ponerle término discrecional al mismo.

Quinto: Que tratándose de funcionarios de exclusiva confianza, la autoridad facultada para hacer el nombramiento puede solicitar la renuncia al servidor por cualquier medio que lo estime necesario, incluso verbalmente y también puede poner término anticipado al mismo.

Las razones concretas esgrimidas por la Administración para poner término anticipado a la contrata del actor, constituyen antecedentes de carácter objetivo que sirven de sustento al acto administrativo cuestionado.

Sexto: Que de lo dicho y la atenta lectura de los antecedentes, analizados conforme a las reglas de la sana crítica, resulta que la recurrida no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno.

En efecto, de la lectura de la resolución impugnada se desprende que la autoridad administrativa fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que le llevó poner término anticipado a la contrata del recurrente, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley N° 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar el juicio de la autoridad administrativa. Lo cierto es que el acto está motivado y el hecho que el recurrente no comparta los argumentos de la autoridad recurrida no lo torna en infundado.

Séptimo: Que, por todo lo dicho, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la administración de poner termino anticipado a la contrata, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley N° 18.834 y 11 inciso segundo de la ley N° 19.880.

Octavo: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, respecto de la la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado o demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido.

En cuanto al derecho de propiedad, garantizado en el N° 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como muchas veces se ha dicho, no guarda relación con el caso sub judice, pues ciertamente no existe un derecho de propiedad sobre el ejercicio de una función pública, no tuvo nunca el recurrente el derecho de dominio sobre su empleo a contrata.

Y en lo tocante a la garantía del N° 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por falta de motivación del acto impugnado, tampoco aparece conculcada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactó la Ministra señora María Soledad Melo Labra.

N°Protección-60458-2019.

No firma la Ministra señora Jessica González Troncoso, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse en comisión de servicios.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora María Soledad Melo Labra e integrada por la Ministro señora Jessica González Troncoso y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández.