nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de julio de dos mil veinticinco.

A los folios 13 y 14; a todo, téngase presente.

Vistos:

PRIMERO: Que, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor y representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos para extranjero mediante un acto de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador y agregando requisitos no estipulados en la ley, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se acoja el presente recurso y se ordene la devolución de los fondos previsionales.

Señala que doña nombre reservado, solicitó el dieciocho de marzo de dos mil veinticinco, ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Dicha solicitud fue identificada con el N°1283452. Posteriormente, el veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, la recurrente fue notificada mediante correo electrónico del rechazo de su solicitud de retiro de fondos de pensión. La recurrida fundamentó su rechazo en que "Falta Constancia de afiliación el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por la afiliada corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado".

Argumenta que la Ley N°18.156, en sus artículos 1° y 7°, establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas, siempre que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación, permitiendo a los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que cumplan con los requisitos del artículo 1° de esta ley.

Añade que, la recurrente cumple con los requisitos señalados en la Ley N°18.156. No obstante, se ha encontrado con una obstaculización en su proceso, ya que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, que es permitirle disponer de sus ahorros previsionales. Sostiene que los documentos presentados, incluyendo el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social de su país de origen, cuentan con la validez necesaria.

Por consiguiente, la recurrente destaca que la recurrida, al señalar en su rechazo "constancia de cotización", admite implícitamente que la recurrente se encuentra afiliada. Más aún, de la simple lectura del documento se indica la fecha de afiliación a la seguridad social, lo que, a su juicio, evidencia que el rechazo de la recurrida es arbitrario e ilegal. En relación con lo anterior, la parte recurrente señala que el certificado de afiliación puede ser verificado y validado en el enlace http://www.ivss.gob.ve:28089/AutorizaCobroPagoWeb/VerificarAutorizacion.jsp, o mediante una simple búsqueda en Google utilizando las palabras "validar ivss". La constancia electrónica emitida por la seguridad social de Venezuela incluye un código alfanumérico verificable en la web señalada, el cual se encuentra en la parte inferior de la constancia.

Sostiene que la constancia electrónica es verificable, y que la conducta omisiva de la recurrida al no verificar la afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal, al argumentar que la constancia electrónica no es un documento válido, a pesar de que emana de un organismo público y es verificable en la web oficial de esa institución, acreditando la recurrente que efectivamente se encuentra afiliada a la seguridad social de su país de origen.

Expone que otras Administradoras de Fondos de Pensiones, a modo ejemplar, AFP CUPRUM, han realizado el mismo procedimiento de verificación del código de validación de la constancia electrónica en la web indicada, concluyendo que la misma cumple con los requisitos establecidos en la ley.

La recurrida tiene distintos medios a su disposición para verificar la autenticidad de la constancia, no obstante, adoptó una decisión contraria a derecho, al rechazar la solicitud de la recurrente de forma arbitraria e ilegal, sin que la respuesta estuviera lo suficientemente motivada y sin cotejar lo acompañado por la recurrente.

En ese sentido, la recurrente aclara que la página web de la seguridad social, al emitir una constancia de afiliación, indica el plazo de vigencia y puede ser descargada sucesivamente, lo cual explica la modificación de los códigos alfanuméricos entre la constancia de marzo y la de abril.

La conducta ilegal y arbitraria por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada, consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, al exigir requisitos no establecidos y realizar una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado. La recurrente sostiene que su solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley 18.156, y que la recurrida actúa de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión.

Reseña que es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en Chile, por lo tanto, incorporar un requisito que es imposible de cumplir contradice lo estatuido en el artículo 45 del Código Civil, en lo atingente al caso fortuito o fuerza mayor. A lo imposible nadie está obligado; no obstante, la recurrente acompañó el certificado electrónico de afiliación de la seguridad social de su país de origen, lo que implica el pleno cumplimiento de la normativa señalada.

Afirma que el actuar de la recurrida ha vulnerado el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, según el cual no hay persona ni grupo privilegiado, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias producto de que le ha dado a la recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con lo solicitado, han obtenido respuestas favorables. A la recurrente se le ha requerido una formalidad adicional no contemplada en la Ley N°18.156 y modificada Ley N°18.726, ni en su portal oficial, interrumpiendo el proceso para el retiro de fondos previsionales, aun cuando dio cumplimiento íntegro con lo establecido en la Circular N°553 de la Ley 18.156.

Asimismo, la recurrida vulnera el derecho a la propiedad privada, establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, que reza: "el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales", y añade en su inciso tercero: "Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador".

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, comparece don Daniel Santoni, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., quien evacúo informe y solicitó el rechazo en todas sus partes de la presente acción de protección, con expresa condenación en costas. Fundamenta su petición en que la acción cautelar no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, en que su representada no ha asumido una actitud arbitraria ni ilegal respecto de las garantías consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República en lo que concierne a la recurrente de autos, sino que, por el contrario, ha dado estricto cumplimiento a la ley y a la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

En primer lugar, la recurrida sostiene que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio. El Recurso de Protección fue concebido como un medio pronto y eficaz para prestar inmediato amparo al afectado cada vez que una garantía de libertad o un derecho básico está amenazado, restringido o coartado por actos u omisiones arbitrarios. Esta posición ha sido ratificada por la jurisprudencia, que ha sostenido la improcedencia de recursos de protección para reclamar por asuntos que no son propios de materias cautelares. En conformidad con lo explicado, concluye que lo solicitado por la recurrente, que no es otra cosa que una modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones, no se condice con la finalidad de un recurso de protección y la excede, pretendiendo discutir la constitucionalidad del Decreto Ley N°3.500 en sede cautelar y de emergencia. Por lo tanto, en estos autos se desprende claramente que no existe un derecho indubitado, sino que existe un derecho controvertido, motivo por el cual no puede solucionarse por la vía del recurso de protección. La recurrida enfatiza que, mientras la recurrente sostiene que el actuar de AFP ProVida es ilegal y arbitrario, su parte sostiene que su actuar es el correcto de conformidad con la ley vigente y la normativa de la Superintendencia de Pensiones.

En segundo lugar, argumenta la ausencia de actos ilegales y/o arbitrarios por su parte. Reconoce que su representada rechazó la solicitud de devolución de fondos de doña nombre reservado en su calidad de técnico extranjero, de conformidad con la Ley N°18.156. Explica que dicha norma permite a los técnicos extranjeros que trabajan en Chile retirar sus cotizaciones previsionales siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, norma de carácter excepcionalísimo en el ordenamiento jurídico chileno para efectos de realizar dicho retiro. ProVida rechazó la solicitud de la recurrente, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. La recurrida hace presente que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, ProVida debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero. Finalmente, la recurrida destaca que, en todo este tiempo, la actora no ha recurrido a la Superintendencia de Pensiones, organismo estatal de carácter técnico que ejerce la supervigilancia de todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, para exponer su caso y obtener un pronunciamiento del regulador.

En tercer lugar, la recurrida se refiere al marco jurídico que sustenta su actuar, específicamente el Decreto Ley N°3.500 de 1980, que crea el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia, el que dispone expresamente que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están impedidas de ofrecer u otorgar pensiones, prestaciones o beneficios a sus afiliados que sean distintos a aquellos expresamente reconocidos en la ley. Así, el artículo 23 del citado cuerpo legal establece que las Administradoras de Fondos de Pensiones tendrán como objeto exclusivo administrar Fondos de Pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece esta ley. Además, prohíbe a las Administradoras, sus directores y dependientes, ofrecer u otorgar a los afiliados o beneficiarios, en ninguna circunstancia, otras pensiones, prestaciones o beneficios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta, ni aun a título gratuito o de cualquier otro modo, con las excepciones que la misma ley contempla. Esta disposición se complementa con lo dispuesto en los artículos 34 y 51, que establecen que los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Pensiones estarán destinados solo a generar las prestaciones y beneficios de acuerdo con las disposiciones de dicha ley. Por su parte, el Reglamento del Decreto Ley N°3.500 establece de forma clara el destino que deberán tener los fondos previsionales administrados por AFP, señalando en su artículo 64 que los Fondos que mantienen las Administradoras solo tienen por objeto el financiamiento de las prestaciones, pensiones, retiros de los saldos originados por cotizaciones voluntarias, retiros de los saldos originados en aportes de ahorro previsional voluntario colectivo y retiros de las cuentas de ahorro voluntario que la Ley establece, así como el financiamiento de los retiros de los saldos originados en depósitos y aportes a que se refieren los incisos primero del artículo 20 E y el artículo 20 H de la Ley, que registren los imponentes de alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional. Queda entonces claramente establecido que, por mandato legal, el propósito del saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado es financiar la respectiva pensión a que tendrá derecho su titular, una vez que cumpla los requisitos legales establecidos al efecto. Asimismo, se establece que las AFP se encuentran legalmente impedidas de destinar, o permitir que se destinen, los fondos previsionales de la cuenta de cotización obligatoria a un fin distinto del de financiar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia establecidas en el Decreto Ley N°3.500, salvo las excepciones que la misma ley contempla.

En este contexto, la recurrida explica que la Ley N°18.156 norma la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de la referida ley. En materia laboral y previsional, rige en Chile, por regla general, el principio de territorialidad, es decir, que a los trabajadores que se desempeñen en el país, sean chilenos o extranjeros, se les aplican las leyes laborales y previsionales vigentes en Chile. Sin embargo, existen dos situaciones de excepción que contempla la legislación: a) que el trabajador se encuentre acogido a un Convenio Bilateral de Seguridad Social en calidad de desplazado, lo que le habilita para mantener el entero de cotizaciones en su país de origen y quedar exento de tal pago en el país al cual se le ha destinado a prestar servicios; y b) que el trabajador quede exento de cotizar, o bien, en caso de haber enterado cotizaciones, pueda efectuar el retiro de los fondos previsionales acumulados, siempre que dé cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley N°18.156, sobre exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros. El artículo 1° de la Ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos prescritos en el artículo 1° de dicha Ley y en el Libro II Título XI del referido Compendio de Normas. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal.

La norma declara exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en una Administradora los trabajadores extranjeros que reúnan las siguientes condiciones: a) que detenten la calidad de técnicos, entendiéndose por técnico a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, acreditables mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores; b) que se encuentren afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debiendo cumplir esta condición con anterioridad a la fecha de su contrato en Chile y acreditándose mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte; y c) que, en el contrato de trabajo respectivo, el trabajador debe manifestar expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Del análisis de la norma legal recién citada, la recurrida concluye que su actuar no es ni ilegal ni arbitrario, por cuanto para efectos de realizar la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero de la recurrente de autos, solo ha observado que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente.

Finalmente, la recurrida argumenta la improcedencia de la acción de protección en la especie. La recurrida sostiene que el comportamiento adoptado por su parte no ha sido ni ilegal ni arbitrario en lo que respecta a la situación que afecta a la recurrente de autos, ni mucho menos ha carecido de razonabilidad, sino que, por el contrario, ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales, razón por la que el presente recurso de protección debe ser rechazado sin más trámite, pues la recurrida no ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de la República de Chile.

Por tanto, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en las normas ya citadas, la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. solicita rechazar en todas sus partes el presente recurso de protección interpuesto en su contra por parte de la recurrente de autos, todo con expresa condenación en costas.

TERCERO: El acto que se tacha de ilegal y arbitrario por la recurrente corresponde a la negativa de la AFP PROVIDA, por medio de la cual negó lugar a la solicitud del recurrente de efectuarle la devolución de sus fondos previsionales, al amparo de la ley 18.156;

CUARTO: Como primera alegación, AFP PROVIDA postula la improcedencia de la acción constitucional ejercida, bajo el argumento que no se estaría en presencia de un derecho indubitado y que se requeriría de un procedimiento declarativo para elucidar la situación planteada. A ese respecto baste señalar que no está en discusión la propiedad de los fondos, que indudablemente pertenecen a la recurrente. En efecto, al margen de los fines de afectación que puedan predicarse respecto de los dineros que constituyen el fondo previsional lo cierto es que al estar depositados en una cuenta individual y a nombre del afilado respectivo, no hay espacios para poner en entredicho su dominio. Ese no es el punto. El asunto estriba en determinar la posibilidad de devolverlos a quien debe servirse de ellos para incrementar los fondos destinados a financiar su vida futura, aspecto en el que debe prevalecer la urgencia en la definición que está siendo requerida por quien los reclama;

QUINTO: La negativa de la entidad recurrida se basa en sostener que la peticionaria no cumpliría las exigencias contempladas por los artículos 1° y 7° de la Ley, que regulan el régimen excepcional de devolución de fondos para personas de nacionalidad extranjera que se desempeñan laboralmente en Chile. En concreto, su reparo se circunscribe al hecho de que la afiliada no demostró contar con cobertura previsional, dado que el certificado que adjunto esta caducado y porque no existe un instrumento debidamente apostillado;

SEXTO: Existen básicamente dos disposiciones legales que tienen especial atingencia para decidir acerca de la legalidad del proceder de AFP Provida. A saber:

1.- El artículo 7º de dicha ley que dispone:

“Art. 7°. En el caso que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta ley.”;

2.- El artículo 1º de la misma Ley N° 18.156, que prescribe:

“Art. 1°. Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rigen para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorguen prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”;

SÉPTIMO: En lo que importa para estos fines, la exigencia legal que interesa primeramente es la relativa al imperativo de que la afiliada lo esté en el extranjero a un régimen de previsión que le otorgue prestaciones “a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte…”.

A ese respecto la recurrente adjuntó un documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, cuya actualización fue debidamente certificada por el señor relator que desempeñó funciones en la vista de este recurso o acción, conforme al cual la recurrente posee 902 semanas cotizadas ante el I.V.S.S. y que, conforme a la ley de Seguro Social de su país de origen (Venezuela) la misma rige situaciones y relaciones jurídicas en contingencias maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso.

Por consiguiente, con el mérito de dicho instrumento es posible tener por comprobada y satisfecha la exigencia de cobertura previsional de que se trata, sin que sea dable exigir un documento en las condiciones impuestas por la AFP recurrida, dado que implica requerir un instrumento en una forma o modalidad que resulta prácticamente imposible en la actual situación de relaciones diplomáticas con Venezuela;

OCTAVO: Por ende, al no acceder a la devolución de los fondos previsionales de la recurrente, AFP Provida S.A. incurre en ilegalidad, vulnerando de esa forma el derecho de propiedad que garantiza el numeral 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por estas razones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre esta materia, se acoge el recurso de protección interpuesto. Consecuentemente AFP Provida, deberá hacer devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta individual de la recurrente.

Se fija un plazo de 30 días para el cumplimiento de lo ordenado, contados desde que esta sentencia quede firme.

Cada parte pagará sus costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-6043-2025.