nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de julio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado por estimar vulnerado su derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, fundamentado su acción en que ha sido objeto de un descuento en su remuneración mensual, dispuesto por la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, sin previo aviso ni expresión de causa, todo ello a raíz de una deuda contraída por crédito social.

Expone que, habiendo suscrito un pagaré por un crédito social con dicha entidad, y encontrándose en mora producto de las condiciones económicas actuales, tomó conocimiento, con fecha 28 de marzo de 2025, de un descuento en su liquidación de sueldo correspondiente al mes de marzo, por la suma de $152.130.-, ordenado por la recurrida y ejecutado por su empleador, Cantabria SpA. Sostiene que dicho descuento se realizó sin notificación previa ni transparencia en cuanto a su origen, legalidad, cálculo o proporción, y sin intervención judicial alguna.

Añade que la recurrida nunca comunicó a ella ni a su empleador la decisión de efectuar tales descuentos, y que la conducta desplegada por la Caja resulta ilegal y arbitraria, en tanto infringe su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones. A juicio de la actora, la recurrida debió optar por ejercer una acción ejecutiva fundada en el pagaré suscrito o bien una demanda de cobro de pesos, mas no ordenar unilateralmente el descuento de sus ingresos laborales.

Acompaña al efecto su liquidación de sueldo del mes de marzo de 2025, en la que consta el descuento impugnado. Solicita que se ordene al recurrido cesar todo tipo de descuento sobre sus remuneraciones, restituir los montos ya detraídos y los que pudieren detraerse durante la tramitación de la acción, y que se condene en costas a la parte recurrida.

Reprocha que dicho descuento fue realizado de manera intempestiva, sin información clara respecto a la base del cálculo ni justificación documental del mismo, y que se ha repetido en los meses siguientes.

Añade que la medida adoptada por la recurrida ha implicado una privación de su propiedad sin respaldo en una resolución judicial ni en norma legal habilitante, lo que califica como una actuación arbitraria e ilegal que vulnera su derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Solicita se ordene el cese inmediato de tales descuentos, se disponga la restitución de los montos descontados, y se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado por esta Corte, con fecha 10 de abril de 2025 la Caja de Compensación recurrida, oponiéndose a la acción y solicitando su rechazo.

Indica que su representada no es acreedora directa de la actora, sino que intervino en virtud del sistema de intermediación de cobros “Intercajas”, en coordinación con la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, quien ostenta la calidad de acreedora del crédito social suscrito por la recurrente.

Explica que la operación efectuada corresponde a un descuento por planilla dispuesto legalmente, el cual fue informado en las planillas mensuales de cobranza remitidas al empleador afiliado a su entidad, y que el procedimiento se encuentra ajustado a derecho conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, el artículo 58 del Código del Trabajo, el artículo 22 de la Ley N°17.322, y el Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación, particularmente el punto 3.1.17.1.1.

Afirma que la labor de su representada fue meramente instrumental, limitada a remitir al empleador la planilla en que se registra el monto informado por la entidad acreedora, y que en ningún caso se ha incurrido en actuación arbitraria o ilegal.

Añade que incluso, al tiempo de evacuar el informe, no se ha materializado aún la remesa de los fondos por parte del empleador.

Solicita el rechazo de la acción cautelar, citando jurisprudencia en sustento a sus alegaciones respecto del reconocimiento de la legalidad del sistema Intercajas.

TERCERO: Que la presente acción cautelar tiene por objeto impugnar el acto que se denuncia como acción arbitraria o ilegal, consistente en el descuento que se efectúa por orden de la recurrida desde la liquidación de sueldo de la recurrente de una suma de dinero que corresponde cuotas de un crédito social que le fuera otorgado previamente.

CUARTO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho;

QUINTO: Que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que sustenta la pretensión de la recurrente es la supuesta improcedencia de los descuentos efectuados a su actual remuneración, los que responden a un crédito social y, en ese contexto, pese a que doña nombre reservado no desconoce el préstamo que le fue otorgado, esgrime al efecto en sustento de su impugnación, que no se habría le notificado previamente que se le efectuaría el descuento y que el monto del mismo sería antojadizo, circunstancias que, a su juicio, tornarían en ilegal y arbitraria la aludida actuación.

Pese a lo afirmado por la actora, conforme a lo informado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, lo cierto es que el actuar de dicha entidad, que efectúa mensualmente los descuentos que se impugnan a instancias de la Caja de Compensación Los Andes, lo ha sido en cumplimiento de la obligación legal de cobro que le impone el artículo 22 de la Ley 18.833 y ajustando estrictamente su obrar a lo acordado el 15 de abril de 2013, en el contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que la actora solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, por cuanto no existe una declaración judicial que establezca la falta de exigibilidad que la recurrente reclama, es una situación que en cualquier caso, debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización;

SEXTO: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, sin costas.

Se previene que el ministro Matías de la Noi Merino concurre al rechazo del recurso teniendo únicamente presente que no advierte en la actuación de la recurrida arbitrariedad ni ilegalidad alguna, desde que efectuó los descuentos en contra de los cuales se recurre, en ejercicio de la facultad legal que le asiste conforme lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley nro. 18.833 y con base fáctica en la morosidad en que se encuentran.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-6042-2025.