SOCIEDAD EDUCACIONAL PAICAVI S.A. con DIRECCION NACIONAL DEL TRABAJO

Santiago, cuatro de septiembre de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, a fojas 37 recurre de protección doña Barbarella Muñoz Carrasco, abogado en representación de Sociedad Educacional Paicavi S.A., del giro de su denominación, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, correo electrónico: correo reservado, en contra de la Dirección Nacional del Trabajo, representada legalmente por don Christian Melis Valencia, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por no haber dado respuesta oportuna al requerimiento que en representación de la sociedad recurrente se le hiciera con fecha 8 de junio de 2015, relativo al ejercicio de la acción que la ley le atribuye como titular para solicitar la disolución de un sindicato, concurriendo los supuestos legales necesarios para que ejerza dicha acción, como sujeto activo de la misma.

Expresa que efectivamente el 8 de junio de 2015 presentó a la recurrida solicitud para que arbitrara los medios tendientes a que se ejerza la acción de disolución sindical formulada a su subordinada, la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente con fecha 13 de febrero de 2015. Lo anterior, dice que tuvo como antecedente que el 20 de enero de 2015, tras ser demandada ante el Segundo Juzgado del trabajo de Santiago, la Dirección regional emitió la resolución N° 17, a virtud de la cual dejó sin efecto el Ord. 2396/2014 de 2 de diciembre de 2014, y dispuso que había mérito suficiente en la solicitud original de la recurrente (de ejercicio de la acción de disolución del sindicato de trabajadores Paicaví R.S.U. 13160027) por no cumplir con los requisitos legales necesarios para su vigencia. En la audiencia laboral a la que fue acompañada dicha resolución por la Inspección, se le exigió a su parte se desistiera de la acción deducida, lo que su parte se hizo de buena fe. Sin embargo, la referida Inspección no ha hecho nada para ello hasta la fecha del recurso, lo que podría, incluso importar un delito funcionario.

Dice que dicha conducta por omisión de la recurrida resulta ser arbitraria e ilegal, atentando contra la garantía del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que ha privado y perturbado arbitrariamente a su representada del derecho de propiedad que tiene sobre todos los derechos que le otorga el Código del Trabajo y su legislación y reglamentación complementaria, siendo uno de estos derechos, el solicitar la disolución de un sindicato cuando concurren las causales legales necesarias y obtener un pronunciamiento de la autoridad sobre ello, lo que no ha ocurrido hasta la fecha y que resulta necesario.

También, alega que dicha conducta atenta contra la garantía del numeral 2 de la misma disposición constitucional mencionada, esto es, la igual, por cuanto en Chile no hay persona ni grupo privilegiado. El sindicato mencionado dejó de existir legalmente al no contar con el número mínimo de afiliados que exige la ley y esta declaración debió practicarla la recurrida, ya que de otra manera se está concediendo privilegios a este sindicato, que no los tiene.

Pide se acoja este recurso y se ordene a la recurrida Dirección Nacional del Trabajo emita un pronunciamiento formal y escrito sobre la solicitud de 8 de junio pasado. Acompaña la documentación que menciona en el primer otrosí de su presentación.

Segundo: Que a fojas 46 y siguientes la recurrida evacua el informe de rigor, pidiendo el rechazo del recurso, con costas, por carecer de fundamentos.

Como antecedentes expone el artículo 2° del Convenio 87 de O.I.T de 1948, sobre libertad de constitución y asociación de los trabajadores, complementada con el artículo 7° que señala: “La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, sus federaciones y confederaciones no pueden estar sujetas a condiciones cuya naturaleza limite las disposiciones de los artículos 2°,3° y 4° de este Convenio.” Agrega, que de ello se desprende que dicha libertad sindical conlleva dos derechos: A la libre constitución y a la libre afiliación, desafiliación y no afiliación.

También, agrega, que el derecho a la libre disolución de las organizaciones sindicales, que si bien pertenece al aspecto colectivo de la libertad sindical, tiene directa relación con la constitución de las organizaciones sindicales y porque debe seguir la misma regla internacional, en el sentido de no poder utilizarse la vía administrativa, para terminar con la existencia de las referidas organizaciones. Así, a través de la evolución legislativa, la disolución ha seguido la misma suerte de la constitución de los sindicatos. Dice, que hoy, la regla general está en el artículo 296 del Código del Trabajo, que indica: “La disolución de una organización sindical procederá por el acuerdo de la mayoría absoluta de sus afiliados…..Dicho acuerdo se registrará en la Inspección del Trabajo que corresponda.”

Que por otro lado, el artículo 297 del mismo cuerpo legal, dispone que a solicitud fundada de la Dirección del Trabajo, como por cualquiera de sus socios, podrá solicitarse la disolución del sindicato, la cual será declarada por sentencia del Tribunal del Trabajo, cuando se compruebe incumplimiento grave de las obligaciones que impone la ley, o cuando se haya dejado de cumplir con los requisitos necesarios para la constitución de la organización sindical.

En cuanto al recurso mismo, alega que es extemporáneo por haberse ejercido fuera del plazo que establece el auto acordado respectivo, en razón de que no existe omisión y tampoco es posible configurarla, ya que para que exista debe haber un plazo de respuesta y en la práctica ello no ha sucedido y por otro lado el que no haya tenido respuesta respecto de su solicitud de 8 de junio pasado, no significa que dicha solicitud no se encuentre en tramitación por parte de la recurrida, y efectivamente se encuentra actualmente en tramitación.

Expresa que lo anterior no se ve alterado, ya que la presentación que realmente le afectaría sería una de 13 de febrero de 2015 formulada a la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente donde ejerce la acción para solicitar la disolución de un sindicato, por lo que resulta ser extemporáneo este recurso.

En cuanto a la omisión que se le imputa no es efectiva, ya que tanto en la solicitud de 13 de febrero pasado, como en la de 8 de junio de 2015, basa su solicitud en la orden de servicio N° 9 de 2005, que se encuentra derogada por la Orden de Servicio N° 1 de 23 de enero de 2014.

Además, porque como se explicó el artículo 297 del Código del Trabajo dispone que se puede pedir la disolución de un sindicato a solicitud fundada de la Dirección del Trabajo o por cualquiera de sus socios la que será declarada por el Tribunal del Trabajo, en los casos legales, imputándosele a su parte no haber hecho nada hasta la fecha para solicitar la disolución del sindicato y no haber dado respuesta oportuna a su requerimiento primitivo de 13 de febrero de 2015, lo que no es efectivo, ya que su representada a fin de pronunciarse respecto de lo solicitado por la recurrente ha realizado una serie de gestiones a fin de verificar si procede o no lo pretendido, teniendo presente que ello es facultativo de su representada y no imperativo como lo sostiene la recurrente. Luego detalla en su informe las diligencias que ha estado practicando para verificar si concurren o no los presupuestos necesarios para formular la solicitud pertinente al tribunal Laboral, entre ellas las fiscalizaciones necesarias.

Expresa que así las cosas, encontrándose actualmente en tramitación la solicitud efectuada por la empresa recurrente, no existe ilegalidad ni arbitrariedad en su actuar y por ello, tampoco, ha habido vulneración a las garantías constitucionales invocadas como infringidas, por lo que carece de todo sustento la acción deducida en estos autos, pidiendo el rechazo del recurso. Acompaña a su informe documentación que se detalla en el otrosí.

Tercero: Que en el caso de autos el acto recurrido es la omisión que se le imputa a la Dirección Nacional del Trabajo consistente en no dar respuesta oportuna al requerimiento que se le hiciera por la recurrente el 8 de junio de 2015, en orden al ejercicio de la acción que la ley le atribuye como titular para solicitar la disolución de un sindicato, concurriendo los presupuestos legales para ello, debiendo arbitrar los medios tendientes a que se ejerza dicha acción de disolución formulada a su subordinada, esto es, a la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente con fecha 13 de febrero de 2015.

Cuarto: Que, en cuanto a la extemporaneidad de la presente acción cautelar pedida por la recurrida alegando que en definitiva se está atacando lo solicitud primitiva formulada a la Dirección Regional mencionada con fecha 13 de febrero de 2015, será rechazada, por cuanto, en forma clara se dice por quién recurre que lo atacado es la omisión en no responder la Dirección Nacional del Trabajo lo solicitado en el mes de junio de este año, donde se le solicita que arbitre las medidas pertinentes en orden a obtener la respuesta a la pedido sobre la disolución de un sindicato, por lo que resulta que esta acción de protección se interpuso dentro del plazo que establece al Auto Acordado respectivo.

Quinto: Que en cuanto al fondo del asunto sometido a la decisión de esta Corte, es necesario analizar si en la omisión que se le imputa a la recurrida concurren los requisitos de ilegalidad y arbitrariedad que se le atribuyen.

Sexto: Que respecto de la ilegalidad del acto que se ataca mediante esta acción cautelar, no se observa que en la especie se dé, por cuanto, no obstante que aún no se concreta la respuesta a lo solicitado, lo que pretende la recurrente en orden a que se ejerza la acción de disolución de sindicato se trata solo de una potestad facultativa de la Dirección del Trabajo, que solo puede ejercerla cando se dan los requisitos copulativos que exige la ley, de acuerdo al claro tenor de lo dispuesto en el artículo 297 del Código del Trabajo, y de ninguna manera es imperativa; y, por otro lado, no es efectivo que la recurrida “no ha hecho nada para ello hasta la fecha”, como lo asevera la recurrente, por cuanto de la documentación acompañada al proceso, especialmente por la Dirección recurrida, aparecen numerosas diligencias en orden a verificar la existencia de los requisitos que la ley exige para poder ejercer o no dicha acción de disolución de sindicato, proceso que aún no ha terminado, descartándose de este modo la arbitrariedad que se le imputa a la recurrida, ya que de lo anterior se deriva que no es por mero capricho o voluntad de ella que no responde a lo solicitado.

Séptimo: Que del modo como se ha dicho en el motivo anterior, entonces aparece que el acto recurrido carece de los requisitos de ilegalidad y arbitrariedad que son necesarios para que la presente acción sea acogida. Es decir, que como en base de lo razonado, puede concluirse, que no concurren los presupuestos que permitan acoger la acción de cautela de derechos constitucionales, pues, como ya se dijo, los presupuestos de hecho en los que discurre su análisis sobre lo ilegal y arbitrario de la resolución que impugna, no han sido justificados, procede el rechazo del presente recurso.

Octavo: Que, en consecuencia, de lo relacionado en los motivos anteriores, a juicio de esta Corte, aparece que el acto impugnado, como arbitrario ilegal y conculcador de garantías constitucionales del recurrente, se ha ajustado a los procedimientos legales que rigen la materia y, en tales condiciones, no existe en este caso algún acto arbitrario o ilegal cometido por la recurrida que autorice la intervención de esta Corte, como tampoco, que éste haya vulnerado garantías constitucionales de la recurrente, motivo por el cual la acción constitucional deducida, como ya se dijo debe ser desestimada.

Por estas razones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección; se rechaza, sin costas, el recurso deducido en lo principal de fojas 37 por doña Barbarella Muñoz Carrasco, abogado en representación de Sociedad Educacional Paicavi S.A. en contra de la Dirección Nacional del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Poblete.

N° Protección 60.133-2015.

No firma el Ministro señor Valderrama, por haber asumido en la Excma. Corte Suprema, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, conformada por los Ministros señor Juan Antonio Poblete Méndez y señora Gloria Solís Romero.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a cuatro de septiembre de dos mil quince, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.