nombre reservado con CAR S.A.

C.A. de Santiago Santiago, quince de mayo de dos mil diecinueve.

Al folio N° 171969: téngase presente.

Al folio N° 173264: no ha lugar por improcedente.

A los folios N° 173426 y 173793: a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 25 de enero del año en curso se dedujo acción de protección en favor de nombre reservado, en contra de Banco Santander, Banco Ripley y CAR S.A., por los actos que denuncia como fraudes bancarios, consistentes en diversas transacciones que detalla, y la negativa de las recurridas a responder por los hechos, los que estima vulneratorios de las garantías contenidas en el artículo 19 Nros. 1 y 24 de la Constitución Política. Solicita en definitiva se acoja el presente recurso y se restituyan las sumas ilegalmente extraídas de sus cuentas y tarjetas, cualquier reajuste, interés o comisión cobrado por las recurridas, se eliminen de sus pasivos los avances en efectivo realizados, y se ordene a las recurridas abstenerse de realizar cualquier cobro en su contra, así como de comunicarlos como morosidad a cualquier entidad pública o privada.

Expone respecto del Banco Santander, que con fecha 12 de septiembre de 2018 recibió un llamado de un supuesto ejecutivo del Banco Santander, para ofrecerle una aplicación de seguridad, para lo cual se le pidió 3 números de su tarjeta de coordenadas, la cuales dio, además de la clave que le llegó a su teléfono celular. Luego de eso se le informó que le llegaría un correo electrónico para activar dicha aplicación. Sin embargo, lo que recibió fue un correo que daba cuenta de un avance desde su tarjeta de crédito a su cuenta corriente. Luego ingresó al banco y se percató que se habían efectuado transferencias a otro banco por un total de $1.903.000, que corresponde al avance en efectivo realizado sin su consentimiento -por $795.000-, más un saldo que tenía en su cuenta corriente, por $668.418.- y un avance en efectivo realizado desde su tarjeta de crédito del Banco Ripley hacia su cuenta del Banco Santander, por $440.000.-.

Al llamar al Banco Santander le dijeron que debía efectuar una denuncia, lo que hizo en la fiscalía al día siguiente deduciendo querella criminal. Luego de realizada la denuncia en el Banco Santander, lo que hizo el mismo 12 de septiembre, se le notificó el 28 de ese mes, que no se había detectado vulneración a los sistemas de seguridad otorgados por el Banco, y considerando que no cuenta con póliza de fraude vigente, rechazaron el reclamo.

Posteriormente reclamó ante la Superintendencia de Bancos, recibiendo respuesta el 5 de diciembre de 2018, en la cual aparece que el Banco reconoce que la recurrente fue víctima de un fraude, pero que fue ella quien habría entregado las coordenadas, por lo que habiendo intervención de terceras personas, no le cabe responsabilidad al Banco.

En cuanto al plazo de interposición, si bien los hechos ocurrieron el 12 de septiembre de 2018, el plazo se iría renovando permanentemente con el envío del estado de cuenta de su tarjeta, ocurrido el 23 de enero pasado, y los correos de cobranza recibidos, el último de la misma fecha indicada.

En cuanto a CAR y Ripley, alega que el día 12 de septiembre de 2018 alguien sin su autorización realizó un avance de $440.000.- desde su tarjeta de crédito, para luego transferirla a su cuenta del Banco Santander, hecho del cual se enteró recién en octubre de 2018 cuando recibió el estado de cuenta de dicha tarjeta. Luego de reclamar por el cobro, se rechazó el mismo aduciendo que se había efectuado la transferencia con las claves entregadas por el Banco, y a una cuenta de su titularidad. Alega en contra de estas recurridas además diversos actos de hostigamiento e intimidación dirigidos al cobro de esta deuda contraída sin su consentimiento y mediante fraude.

SEGUNDO: Que, informando al tenor del recurso, Banco Ripley expuso que efectivamente la recurrente adeuda la suma de $440.000.-, pero no es efectivo que haya efectuado comunicaciones para obtener el pago de la deuda. Hace presente que, CAR S.A. y su parte son personas jurídicas totalmente distintas, encargándose aquella del cobro de deudas y la administración de tarjetas, y su parte a la captación y colocación de dineros.

TERCERO: Que, a su turno, CAR S.A. pidió el rechazo de la acción. Expuso que efectivamente la recurrente no ha cumplido con los pagos correspondientes a su obligación crediticia, reconociendo que ha hecho varias comunicaciones con ella con la intención de obtener el pago de la deuda existente. Agrega que luego de realizados todos los análisis correspondientes por su parte se corroboró que la transacción se efectuó correctamente con la clave de la recurrente. Agrega que la motivación de los correos no es intimidar, sino más bien informar e instar a los deudores a extinguir sus obligaciones, aprovechando los descuentos ofrecidos. Por lo demás, estas acciones resultan obligatorias para poder declarar ante el Servicio de Impuestos Internos como incobrables los créditos impagos. Finalmente expone que es imposible atribuir el delito de estafa cometido en contra de nombre reservado a CAR S.A., ya que los dineros dolosamente girados tuvieron como destino una cuenta corriente de la recurrente CUARTO: Que finalmente Banco Santander evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso interpuesto. Expuso que el relato de los hechos resulta controvertido por su parte, puesto que no existió vulneración a los sistemas de seguridad implementados para realizar las transacciones y que, en cualquier caso, fue la propia recurrente quien reconoce haber entregado a un tercero sus distintas claves que son personales e intransferibles. Menciona las medidas de seguridad con las que cuenta para evitar los fraudes, añadiendo que las claves son de uso exclusivo y secreto, y mantenerlas así aparece como una obligación dentro del contrato de servicios financieros suscrito entre las partes.

Por otro lado, alega que no existe un derecho indubitado que pueda ser cautelado por esta vía. Finalmente alega que el recurso fue presentado extemporáneamente, pues el supuesto fraude que alega la recurrente fue conocido el 12 de septiembre de 2018, por lo que a la fecha de interposición del recurso se encontraba fuera del plazo establecido para deducir esta acción. En último término, expone que el rechazo definitivo del Banco a la petición de la recurrente se efectuó el 5 de diciembre de 2018, fecha en la que se respondió al requerimiento de la Superintendencia de Bancos.

QUINTO: Que, ahora bien, en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

SEXTO: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

SÉPTIMO: Que la alegación de extemporaneidad que se reclama deberá ser admitida, puesto que la pretendida transgresión de garantías constitucionales fue conocida por la recurrente en el mes de septiembre del año pasado, cuando fue objeto del fraude telefónico que reconoce y, en cualquier caso, el 28 de septiembre de 218, respecto del Banco Santander, y el 30 de noviembre de 2018 respecto de CAR S.A., cuando se le manifestó por las recurridas que no harían devolución de los dineros girados de sus cuentas corrientes. Por consiguiente, habiéndose deducido la presente acción cautelar el 25 de enero de este año, lo fue transcurrido en exceso el plazo previsto en el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección;

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo anterior, en lo que atañe al fondo de lo reclamado, respecto de las recurridas Banco Ripley y Banco Santander, no es posible soslayar que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que sustenta la pretensión del recurrente es el supuesto incumplimiento de obligaciones de carácter contractual por parte de las entidades bancarias -reserva de datos personales de la cuenta correntista-, lo que las recurridas niegan enfáticamente.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que la actora solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo que se solicita, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, el legislador ha dispuesto expresamente procedimientos legales de lato conocimiento destinados a esclarecerlos, tales como aquellos que prevén la Ley 19.496 y el propio Código Civil, los que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización;

NOVENO: Que sin perjuicio de lo señalado, del tenor de la misma presentación en que se formaliza el recurso es posible advertir que el supuesto fáctico que sustenta esta impugnación se apoya únicamente en los dichos de la actora, esto es, en que durante la llamada telefónica en que fue engañada se le habrían aportado datos que únicamente pudo conocer algún dependiente de las entidades bancarias recurridas y, por otra parte, independientemente de la conclusión que arroja el informe del Departamento de Gestión de Fraude de las citadas instituciones, en orden a que en las transacciones de dinero reclamadas se utilizaron las claves que eran de único dominio de la recurrente, lo cierto es que ni siquiera se encuentra controvertido por la actora que fue ella misma quien entregó todas dichas claves que le fueron solicitadas por un tercero vía telefónica, lo que exime a tales recurridas, a lo menos, en relación a una eventual imputación de falla en las medidas de seguridad adoptadas específicamente en relación a tales transacciones;

DÉCIMO: Que en lo que dice relación con las cobranzas extrajudiciales -correos y llamados telefónicos- remitidos y efectuados por Car S.A. a la recurrida, se dirá en primer término que el artículo 37 de la Ley 19.496 prevé, en lo pertinente que “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor”;

UNDÉCIMO: Que, luego de lo dicho, aparece relevante destacar que tal como se señala en el informe respectivo y se advierte de los antecedentes allegados al expediente informático, la recurrente mantiene con CAR S.A. una deuda vencida por la suma de $440.000.- Ninguna constancia o indicio grave que obre en el expediente permite a esta Corte presumir la existencia de las situaciones que el recurrente esgrime como presiones indebidas, ni que las acciones ejecutadas a efectos de realizar los cobros extrajudiciales -llamadas telefónicas y correos electrónicos-, hayan sobrepasado los límites y las formalidades que el legislador ha impuesto a la cobranza extrajudicial;

DUODÉCIMO: Que es en este escenario normativo y contractual que la decisión de desplegar gestiones de cobro extrajudicial de una deuda morosa por parte de la recurrida Car S.A. no adolece de ilegalidad alguna, pues fue adoptada al amparo y en observancia de la normativa precedentemente citada. Tampoco se advierte arbitrariedad, por cuanto no ha sido el mero capricho de quien dispuso iniciar el cometido cuestionado, lo que lo motivó, sino el hecho no controvertido por la recurrente en orden a que tal actuación tiene su origen en una obligación impaga que mantiene con Banco Ripley y que la misma se orienta precisamente a obtener su cobro;

DÉCIMO TERCERO: Que en estas circunstancias, no procede sino desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en representación de nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-6013-2019.