Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, once de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que, comparecen don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por el acto que califican de ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000 de 18 de marzo de 2025, que tuvo por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Exponen que la actora ingresó a Chile el 02 de junio de 2023 por paso no habilitado, huyendo de la grave crisis en su país de origen. Señalan que inició el procedimiento de solicitud de refugio, pero mediante Resolución Exenta N° NUM001 de 25 de febrero de 2025 se le requirió subsanar requisitos formales, apercibiéndola de tenerla por desistida. Pese a haber presentado antecedentes, la recurrida dictó la resolución impugnada, argumentando que no se subsanaron las exigencias relativas a los plazos para presentarse ante la autoridad migratoria.

Alegan, en primer lugar, que el desistimiento debe ser un acto voluntario y expreso, por lo que la Administración no puede imponerlo como sanción. En segundo lugar, sostienen que el Servicio aplicó retroactivamente las modificaciones de la Ley N° 21.655 (vigente desde el 20 de febrero de 2024), la cual exige un plazo de 7 días para presentarse desde el ingreso al país, en circunstancias que la actora ingresó en junio de 2023. Afirman que este proceder vulnera sus derechos fundamentales, en particular la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Solicitan se deje sin efecto la resolución impugnada, se ordene la continuación del procedimiento y se le otorgue la visación de residente temporario respectiva.

SEGUNDO: Que, informa doña nombre reservado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción. Señala que la recurrente ingresó clandestinamente al país el 02 de junio de 2023 y recién manifestó su intención de solicitar refugio el 18 de octubre de 2024, formalizando la misma en la entrevista de fecha 25 de febrero de 2025.

Expone que, al constatarse el incumplimiento de los requisitos formales, se le otorgó a la actora un plazo de 15 días para subsanar, conforme al artículo 31 de la Ley N° 19.880, bajo apercibimiento de tenerla por desistida. Indica que la recurrente acompañó documentos insuficientes, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento mediante la resolución recurrida.

Argumenta que la modificación introducida por la Ley N° 21.655 rige in actum por ser una norma de orden público procesal, aplicándose a las solicitudes presentadas con posterioridad a su vigencia. Agrega que, aun si se considerara la normativa anterior (artículo 8 del Decreto Supremo N° 837), la recurrente disponía de un plazo de 10 días desde su ingreso irregular para presentarse a la autoridad, el cual fue largamente excedido.

Finalmente, destaca que la propia actora declaró en su entrevista que no solicitó refugio antes por desconocimiento y que sus motivos son de índole económica, descartando haber sido víctima de violencia o persecución, concluyendo que no existe acto ilegal ni arbitrario que vulnere garantías constitucionales.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, de los antecedentes que obran en el expediente, resulta un hecho pacífico que la recurrente ingresó al territorio nacional por paso no habilitado el 02 de junio de 2023, y que recién manifestó su intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiada con fecha 18 de octubre de 2024, formalizando dicho trámite en febrero de 2025. Asimismo, consta que el Servicio recurrido, mediante Resolución Exenta N° NUM001, otorgó a la actora un plazo para subsanar el incumplimiento de los requisitos formales (justificación del plazo de presentación tras su ingreso irregular), advirtiendo que de no hacerlo se le tendría por desistida de su petición, lo que finalmente se concretó mediante la Resolución Exenta N° NUM000, acto que motiva la presente acción.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de la parte recurrente relativa a que el "desistimiento" sólo operaría por voluntad expresa de la solicitante, cabe precisar que el artículo 31 de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, dispone expresamente que si una solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, "se le tendrá por desistido de su petición". En consecuencia, el acto impugnado no configura una presunción antojadiza de voluntad, sino la estricta aplicación de una consecuencia jurídico-procesal dispuesta imperativamente por el legislador ante la inactividad o insuficiencia en la carga de subsanar los defectos formales de una postulación.

SEXTO: Que, respecto a la pretendida aplicación retroactiva de la ley, es menester recordar que las normas que regulan los procedimientos administrativos rigen in actum, es decir, tienen aplicación inmediata para los trámites que se inicien con posterioridad a su entrada en vigencia. En la especie, si bien el ingreso material de la recurrente ocurrió en el año 2023, la solicitud de refugio fue iniciada y formalizada bajo el imperio de la Ley N° 21.655 (vigente desde febrero de 2024).

A mayor abundamiento, aun si se estimare aplicable la normativa previa a dicha modificación, esto es, el artículo 8 del Decreto Supremo N° 837 (Reglamento de la Ley N° 20.430), se establecía igualmente la obligación de los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país de presentarse ante la autoridad migratoria "dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello".

Habiendo transcurrido más de un año y cuatro meses entre el ingreso al país y la presentación de la solicitud, resulta evidente que la actora incumplió palmariamente los presupuestos legales para acceder a la tramitación regular de su pretensión bajo cualquiera de los dos regímenes normativos.

SÉPTIMO: Que, atendido lo razonado, la actuación del Servicio Nacional de Migraciones materializada en la Resolución Exenta N° NUM000 no resulta pasible del reproche de ilegalidad, puesto que la autoridad administrativa actuó dentro del ámbito de su competencia y con estricta sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley N° 20.430, su Reglamento y la Ley N° 19.880. Tampoco puede calificarse de arbitraria, por cuanto la resolución se encuentra debidamente fundada en antecedentes de hecho y de derecho que la sustentan, habiéndose otorgado previamente a la recurrente la oportunidad procesal para subsanar los defectos de su presentación, la que no fue satisfecha de manera idónea.

OCTAVO: Que, al no advertirse en la especie la existencia de un acto u omisión que revista los caracteres de ilegalidad o arbitrariedad exigidos por el constituyente, malamente puede verificarse la vulneración a la garantía de la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, toda vez que la recurrente ha sido sometida al mismo procedimiento y a las mismas exigencias normativas que rigen, en forma general y abstracta, para cualquier extranjero que se encuentre en su misma situación fáctica y jurídica. Corolario de lo anterior, la presente acción cautelar no está en condiciones de prosperar, debiendo ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional de protección deducida por don nombre reservado y don nombre reservado en favor de doña nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, no se condena en costas a la parte recurrente por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°6011-2025.