Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de junio de dos mil veintiséis.

Al folio 11: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece la abogada Javiera Gárate Gallardo y el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales nombre reservado, en representación de los ciudadanos bolivianos nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, quienes interponen en su favor recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, y la Subsecretaría del Interior, por la omisión que estiman ilegal y arbitraria, consistente en la no dictación de un acto terminal que se pronuncie sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado solicitada por los actores, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita a esta Corte se restablezca el imperio del derecho, ordenando a los recurridos emitir pronunciamiento en un plazo no superior a 30 días desde que la sentencia dictada en estos autos se encuentre firme y ejecutoriada, con costas.

Relata que los recurrentes acudieron a las dependencias del Departamento de Refugio y Reasentamiento del entonces Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, actual Servicio Nacional de Migraciones, el 4 de diciembre de 2020, para efectos de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, habiendo transcurrido a la fecha más de 1883 días desde la solicitud, que aún no ha sido resuelta. Refiere que nombre reservado se desempeñó como Coronel de la Policía Boliviana y Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Bolivia, cargo desde el cual dirigió investigaciones de alta connotación nacional e internacional vinculadas al fraude electoral del 20 de octubre de 2019 y a diversas actuaciones del entonces ex Presidente Evo Morales, precisando que como consecuencia directa de dichas investigaciones, ha sido objeto de persecución política, amenazas de muerte, seguimiento y acoso sistemático en contra suya y de su familia, que se intensificaron luego de conocidos los resultados electorales de octubre de 2020, llegando incluso a ser interceptado en la vía pública con amenazas directas contra su vida, añadiendo que se realizó un allanamiento en su domicilio familiar, emitiéndose una orden de aprehensión en su contra y siendo sometido a investigaciones penales que califica como persecución política, por lo que ante la gravedad de la situación y el riesgo para su vida y la de su familia, el recurrente y sus familiares ingresaron a Chile, formalizando la mencionada solicitud.

Sostiene que los recurrentes cumplen cabalmente con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley N° 20.430 para ser reconocidos como refugiados, al ser víctimas de persecución política por parte de agentes del Estado boliviano, con amenaza cierta a su vida, seguridad y libertad, mencionando que, si bien ni la Ley N° 20.430 ni la Ley N° 21.325 establecen un plazo fatal de tramitación, resulta aplicable supletoriamente el artículo 27 de la Ley N° 19.880, que dispone que el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses desde su iniciación hasta la emisión de la decisión final, salvo caso fortuito o fuerza mayor. En consecuencia, la demora de más de 1.883 días constituye una vulneración flagrante de dicho precepto y de los principios de celeridad, conclusividad, economía procedimental e inexcusabilidad que rigen la actividad administrativa, agregando que la jurisprudencia sostenida de la Corte Suprema ha calificado dilaciones de esta naturaleza como ilegales y arbitrarias.

Argumenta que la omisión de los recurridos afecta la garantía de igualdad ante la ley reconocida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, por cuanto los recurrentes reciben un trato discriminatorio respecto de otros administrados que, en situación jurídica equivalente, han obtenido respuesta formal dentro de los plazos legales; y, simultáneamente, vulnera la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 19 N° 3 de la misma Carta Fundamental, al no resolverse su solicitud en un plazo razonable, contrariando además los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de garantías mínimas aplicables a todo migrante, con independencia de su estatus migratorio.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a los recurridos dictar el acto administrativo terminal que resuelva la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de los recurrentes, en un plazo no superior a 30 días hábiles administrativos contados desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, con costas.

SEGUNDO: Que, informan las abogadas Carolina Fernandoy Catalán y Natacha Arancibia Riquelme, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción de protección deducida, al no existir un acto u omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de garantías fundamentales.

Relata en primer término que los recurrentes ingresaron al país el 19 de octubre de 2020 por paso fronterizo habilitado, y que el 4 de diciembre del mismo año solicitaron ante el recurrido el reconocimiento de condición de refugiado, encontrándose actualmente en proceso de elaboración del informe correspondiente con el fin de presentar los antecedentes ante la Comisión Técnica, luego de haber asistido los actores a la entrevista de elegibilidad previa, siendo la condición migratoria del recurrente regular, manteniendo una residencia temporal de refugio, que fue activada el 3 de noviembre de 2025, siendo válida hasta el 2 de julio de 2026, precisando que, en estas circunstancias, no es procedente establecer la existencia de acto administrativo alguno que emane de la autoridad aquí representada que pueda privar, perturbar o amenazar las garantías constitucionales de los recurrentes.

Refiere que el procedimiento administrativo de determinación de la condición de refugiado está regulado íntegramente en la Ley N° 20.430, que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, y en el Decreto N° 837, que fija su Reglamento, enfatizando la importancia en el proceso de cumplir con sus distintas etapas, en particular la asistencia a la entrevista individual, atendido lo dispuesto en el artículo 30 de la citada ley.

Sostiene que dicha entrevista es considerada un trámite esencial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, no asistiendo a la entrevista de elegibilidad los recurrentes en las dos fechas en que fueron citados, por lo que con su mérito, se declaró el abandono del procedimiento y el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de los actores, al no haber demostrado interés por continuar con la tramitación de su solicitud, al tenor de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N° 19.880, situación que por lo demás, y según lo previsto en el artículo 43 de la Ley N° 20.340, supone la caducidad del permiso de residencia temporaria.

Concluye que en estas circunstancias no ha existido una vulneración de garantías fundamentales, por lo que solicita que la acción deducida sea rechazada en todas sus partes.

TERCERO: Que, informa la abogada Alejandra Salinas Silva, en representación de la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo de la acción de protección deducida, con costas.

Relata que la normativa aplicable al caso concreto corresponde a la ley N° 20.430, y su reglamento aprobado mediante el decreto supremo N° 837, de 2010, del entonces Ministerio del Interior, que establecen disposiciones sobre protección de refugiados, estableciendo su artículo 19 que el otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado será resuelto por el Ministerio del Interior, a través de Resolución del Subsecretario del Interior, mencionando además el procedimiento vinculado con su concesión.

Refiere que la solicitud de los recurrentes se encuentra en etapa de análisis para su debida tramitación, siendo su situación migratoria de carácter regular, y contando con un permiso de residencia temporal vigente hasta el 2 de julio de 2026, lo que deviene en que la presente acción resulta impertinente, al no existir una omisión arbitraria o ilegal, ya que las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, son sometidas a un análisis particularmente exhaustivo, lo cual significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan, por cuanto implica reconocer a una persona extranjera como beneficiaria de una protección especial por parte del Estado, en base a antecedentes específicos y fundados que permiten a la autoridad tener por acreditada la existencia de circunstancias calificadas, lo que se determina a través de un proceso de recopilación de antecedentes e información de cada caso específico, así como de estudio de su contexto particular. Precisa que sólo entre enero y mayo de 2024 se han presentado más de 1.700 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Sin embargo, dicha cifra debe contextualizarse en el aumento exponencial que han tenido este tipo de solicitudes en los últimos años: mientras que entre los años 2010 y 2019 se contabilizaron alrededor de 16.000 solicitudes, solo entre los años 2020 y 2023, se registraron más de 14.000, lo que justifica la extensión de la tramitación de autos.

Argumenta que, en estas circunstancias, no ha existido una privación, perturbación o amenaza de garantías o derechos constitucionales, y que tampoco ha sido aportado por la parte recurrente antecedentes suficientes que permitan apreciar que el recurrido ha incurrido en actos u omisiones ilegales o arbitrarias, puntualizando que el recurso de protección no es el medio idóneo para obtener la aceleración en la tramitación de este tipo de procedimientos, sin que proceda instrumentalizar la presente acción, por lo que solicita en definitiva a esta Corte que se rechace el recurso de protección, con costas.

CUARTO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley;

QUINTO: Que, la omisión que se califica de ilegal y arbitraria la constituye el hecho de no haberse dictado por los recurridos un acto terminal que resuelva la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la parte recurrente, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha acción se ajusta o no a derecho;

SEXTO: Que, para resolver la situación del recurrente, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880, atendido que, en su carácter de ley de bases, tiene aplicación supletoria de los procedimientos administrativos.

Luego, resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación;

SÉPTIMO: Que es un hecho pacífico que no ha existido un pronunciamiento por parte de los Servicios recurridos, que se han limitado a señalar en sus informes que el requerimiento se encuentra en etapa de análisis, lo que no resulta aceptable tras más de cinco años de tramitación, considerando que la solicitud data de 4 de diciembre de 2020, desconociendo en consecuencia los recurridos la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto han dilatado la decisión respecto de las solicitudes que fueron presentadas por los actores.

En efecto, resulta incluso más grave que el Servicio Nacional de Migraciones, de manera totalmente inconsistente y poco prolija, refiera en su informe que la solicitud de los recurrentes se encuentra actualmente en tramitación y que incluso respecto de los tres protegidos existe un permiso de residencia temporal válido hasta el 2 de julio del año en curso, para a continuación afirmar que por no haber demostrado interés por continuar con la tramitación de su solicitud, se resolvió el abandono del procedimiento y el archivo de los antecedentes, lo que se fundó en una supuesta inasistencia a la entrevista de elegibilidad, circunstancia que expresamente refirió la autoridad migratoria que no era efectiva, puesto que de haber sido así, hubiese operado la caducidad del permiso de residencia temporaria, que por el contrario, se mantiene vigente a la fecha.

OCTAVO: Que, así las cosas, puede concederse que los parámetros y exigencias de prontitud y oportunidad, aplicables al caso, no pueden prescindir de la realidad que implica el conocido volumen que han alcanzado las peticiones en materias de migración.

Sin embargo, tampoco es posible desconocer que acá se ha superado con creces el plazo razonable para emitir la decisión, lo que ha dado lugar a la incertidumbre reclamada, de manera que la demora deviene en arbitraria.

NOVENO: Que, en esas condiciones, la omisión evidenciada lesiona el derecho a la igualdad de trato que favorece a la parte recurrente -Artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental-, dado que no existe razón atendible que justifique que no se proceda a su respecto del modo que regula la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, sólo en cuanto se ordena a la Subsecretaría del Interior emitir pronunciamiento conforme a derecho respecto de la solicitud de autos, dentro del plazo de 60 días contados desde que esta sentencia adquiera el carácter de firme.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-6001-2026.