Protección contra miembros de la misma comunidad escolar

Santiago, doce de febrero de dos mil diecinueve VISTOS:

PRIMERO: Que, recurrieron de protección los señores nombre reservado, profesor; nombre reservado, profesora; nombre reservado, psicóloga; nombre reservado, administrativa, todos por sí y en representación del consejo escolar de la Escuela Celestín Freinet, además, por sí, los señores nombre reservado, profesora; nombre reservado, secretaria; nombre reservado, ingeniero informático, nombre reservado como representante legal de la Corporación “CEPAC”, sostenedora de la Escuela Celestín Freinet; y todos además, en favor de la comunidad escolar de la Escuela Celestín Freinet, por cuanto los señores Álvaro nombre reservado, Eduardo Javier, nombre reservado y nombre reservado todos de apellidos nombre reservado, han desarrollado diversas acciones arbitrarias e ilegales con las que se que han privado, perturbado y amenazado las garantías fundamentales del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, consistentes en el desarrollo de una “funa” reiterada y sistemática tanto a los recurrentes, como a la comunidad escolar de la Escuela Celestín Freinet y a la Corporación C.E.P.A.C., -sostenedora de la anterior-, a través de reiterados correos electrónicos dirigidos a los miembros de la comunidad escolar y de publicaciones realizadas a través de la red social “Facebook” en contra de los miembros de la misma comunidad escolar.

Explican que la Corporación CEPAC, es una corporación sin fines de lucro fundada en 1979, cuya única actividad es ser sostenedora de la Escuela Particular Celestín Freinet, establecimiento educacional particular subvencionado, ubicado en la comuna de La Pintana. Relatan que su fundador y primer director fue don nombre reservado, quien ejerció el cargo de Presidente de la Corporación desde 1979 hasta el año 2013, y de Director de la escuela entre los años 1979 y 2010, falleciendo en el año 2014.

Hacen presente que desde el año 2013, la Presidencia de la Corporación CEPAC es ejercida por don nombre reservado, uno de los hijos del fundador, pero que sus otros hijos han entendido que los bienes de la Corporación son una suerte de “herencia moral” de su padre, instando a sus socios a disolver la entidad y así poder liquidar sus bienes, pero que ante la negativa de la mayoría de ellos, han iniciado una campaña de “funa” contra la Corporación CEPAC y los miembros de la comunidad escolar, que ha incluido diversos mensajes y publicaciones en la red social Facebook, el envío periódico de correos electrónicos con amenazas, imputaciones de ilícitos e insultos a diversos miembros de la comunidad escolar y de la Corporación.

Señalan que los recurridos han presentado un sinnúmero de denuncias ante la Superintendencia de Educación, la División de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia, el Registro Civil y el Servicio de Impuestos Internos, todas en contra de la Corporación, luego de lo cual postean información de dichas denuncias en redes sociales.

Trancriben parte de las expresiones contenidas en los correos electrónicos y publicaciones en Facebook, y manifiestan que la “funa” de la que son objeto, constituye una forma de autotutela, prohibida por el ordenamiento jurídico, siendo por tanto una acción arbitraria e ilegal, porque el único mecanismo idóneo para la resolución de conflictos entre particulares, es el proceso judicial.

Estiman vulnerado su derecho a la honra, consagrado en el articulo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, pues se les priva del derecho a gozar de un buen nombre o prestigio dentro de sus comunidades, y porque se les ha privado del derecho de defenderse de las imputaciones a su honra sin un procedimiento judicial, que otorgue todas las garantías del debido proceso.

Solicitan se ordene a los recurridos eliminar las publicaciones en las redes sociales, y que se abstengan de perseverar en las conductas de “funa” en contra de los recurrentes así como la comunidad escolar en general de la Escuela Celestín Freinet, tanto a través de correos electrónicos, redes sociales u otros medios análogos.

SEGUNDO: Que se tuvo por no presentado el recurso respecto de don nombre reservado, por no encontrarse en el país, y se prescindió de los informes de los señores Eduardo, Álvaro y nombre reservado, por no haberse evacuado dentro de plazo.

TERCERO: Que se ordenó que la presente causa fuera vista, en una misma audiencia, en pos de aquella ingresada con el rol Nº 57.740-2018, recurso de protección deducido por don nombre reservado y, estando la causa en estado de relación, los señores Eduardo, Álvaro y nombre reservado presentaron un escrito pidiendo se tuviera presente a modo de informe, respecto de ambos recursos de protección.

En dicho escrito, refieren que no ha existido ánimo de maltratar a persona alguna con las publicaciones hechas en Facebook relativas a la Comunidad Educativa Celestín Freinet, ya que es la obra de toda la vida de su padre, y por ello quisieron advertir a los educadores, profesores y personas relacionadas con esa Escuela que de buena fe hubieran podido creer en las promesas y seguridades dadas por nombre reservado, quien se ha atribuido facultades que no tiene para administrar a su capricho y voluntad la Corporación.

Expresan que estos recursos de protección tienen un contexto mayor, transcribiendo una carta de nombre reservado, que indica que su padre enfermó y cuando se estaba recuperando le comunicó verbalmente que lo confirmaba en su puesto de Director de la Escuela, conversación realizada delante de la Directora de la Corporación CEPAC, pero que al volver de vacaciones, nombre reservado lo desvinculó como Director de la Escuela, y que despidió también al Inspector General y al Jefe de UTP. Explica que el recurrente actúa con un poder otorgado y delegado por su padre, ya fallecido, en especial como representante legal frente al Ministerio de Educación, lo que es altamente irregular.

Señalan latamente las fiscalizaciones realizadas, los hechos denunciados por mal uso de la Subvención Escolar Preferencial entre otros y las irregularidades en el manejo de la Corporación CEPAC, y dan cuenta de una querella presentada ante el 15º Juzgado de Garantía, RIT O-750-2018, en contra de nombre reservado, cuya investigación fue agrupada a la causa RUC 1701116919-8, iniciada por una denuncia efectuada por el Ministerio de Justicia.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es aquella acción que la Constitución concede a todas las personas que, como consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufren privación, perturbación o amenaza a sus derechos y garantías constitucionales, y que busca obtener que la Corte de Apelaciones respectiva tome las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y garantizar la debida protección del afectado.

QUINTO: Que consecuencialmente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. En la especie, tratándose de un proceso especial de tutela urgente de derechos fundamentales consagrados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, lo relevante para la resolución del asunto planteado no apunta a determinar la efectividad de las imputaciones que los señores Eduardo, Alvaro y nombre reservado atribuyen a don nombre reservado, circunstancias que debe ser debatidas y esclarecidas en la instancia judicial pertinente, sino decidir acerca de la afectación de los derechos o garantías que se señalan vulneradas.

SEXTO: Que lo anterior se relaciona con la prohibición general de la autotutela en nuestro ordenamiento jurídico, en que se sustenta un Estado de Derecho, y en cuya virtud es posible sostener que está prohibido a los señores Eduardo, Alvaro y nombre reservado adjudicarse derechos que debe ser declarados judicialmente, y advertir, por un medio de comunicación social y correos electrónicos a terceros, acerca del actuar supuestamente ilegal del recurrente, cuando, como ellos mismos reconocen, han interpuesto, las acciones judiciales y denuncias administrativas pertinentes en resguardo de sus derechos.

SEPTIMO: Que lo anterior no importa, en caso alguno, emitir pronunciamiento en torno a las imputaciones que denuncian los señores Eduardo, Alvaro y nombre reservado, sino por el contrario, dar protección a los recurrentes, quienes se ha visto afectados en su derecho a la honra por el actuar abusivo de los recurridos, desde el momento en que se los ha denunciado como delincuentes y autores de delitos civiles y penales, sin que ello se haya dirimido en la sede procesal que corresponde –sea civil o penal- que ampare todas las garantías del debido proceso, para aplicar así la regla de derecho pertinente a una situación fáctica efectivamente probada.

OCTAVO: Que en lo referente a las expresiones vertidas por los señores Eduardo, Alvaro, y nombre reservado en las redes sociales, denostando a los recurrentes, es necesario tener en consideración que se produce una colisión entre dos garantías constitucionales, a saber, entre el derecho a la honra y la libertad de expresión, las que deben ser debidamente ponderadas.

NOVENO: Que sobre el particular conviene tener presente que dentro del derecho a la honra se encuentra consagrado también el derecho al buen nombre, consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, calidades, condiciones humanas y profesionales, derecho personalísimo que puede verse afectado cuando -como en el caso de autos-, se publican en una red social afirmaciones deshonrosas a su respecto, que tengan por finalidad socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa.

DÉCIMO: Que aunque la libertad de expresión es fundamental, la experiencia ha mostrado que la comunicación virtual que se produce a través de redes sociales en Internet, puede entrar en conflicto con otras libertades individuales, por ejemplo, el derecho al buen nombre, cuando este es vulnerado con una afirmación deshonrosa publicada en un muro, frente a la cual la persona tiene limitadas posibilidades de exigir y lograr una pronta corrección.

DÉCIMO PRIMERO: Que así las cosas, el actuar de los señores Eduardo, Alvaro y nombre reservado no puede calificarse como el ejercicio legítimo de un derecho, cuando de los antecedentes acompañados al libelo por los recurrentes se observa el uso de un medio social para denostar un grupo de personas –con o sin razón- prescindiendo de la institucionalidad, a pesar de haber ejercido acciones judiciales para la investigación de los hechos que denuncian.

Y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se ACOGE el recurso de protección deducido por los señores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en consecuencia, se dispone que los señores Eduardo, Alvaro y nombre reservado deben, dentro de tercero día de ejecutoriado el presente fallo, proceder a eliminar de sus redes de Facebook, toda referencia a los recurrentes y abstenerse de hacer futuras publicaciones en ésta u otra red social, que pudiesen ser atentatorias en contra de la honra de los recurrentes o de la comunidad escolar de la Escuela Celestine Freinet, y que digan relación con las imputaciones y hechos que denuncian, relacionados con la Corporación C.E.P.A.C. y la Escuela Celestin Freinet.

Comuníquese, regístrese y archívese si no se apelare.

Redacción de la abogado integrante señora Pía Tavolari Goycoolea.

Rol N° 59.859-2018.

Pronunciada por la Novena Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Fernando Carreño Ortega e integrada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la Abogado Integrante señora Pía Tavolari Goycoolea.