nombre reservado con BANCO DE CHILE

CERTIFICO: Que se anunció, escuchó relación y alegó contra el recurso, la abogado doña Emilia Vásquez Dabed, por 5 minutos. Santiago, 20 de mayo de 2020.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, veinte de mayo de dos mil veinte.

Proveyendo escrito folio 40: Téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Maximiliano Manuel Retamal San Martín, abogado, domicilia en domicilio reservado, a nombre de don nombre reservado, empleado, del mismo domicilio, quien interpone acción de protección en contra del Banco de Chile, representado por don nombre reservado, ambos domiciliados domicilio reservado, por estimar conculcadas las garantías de los numerales 4, 21, 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Pide se ordene al recurrido, eliminar los antecedentes comerciales y la información de morosidad del actor del Boletín Comercial de la Cámara de Comercio, Dicom, hoy conocido como Equifax S.A. u otras instituciones de los mismos fines, disponiéndose que deberá abstenerse de toda acción destinada a transmitir información comercial de supuesta morosidad, con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que el actor, al solicitar su informe comercial Dicom Platinun 360°, se enteró el 14 de junio de 2019, que posee 13 publicaciones de presuntas deudas desde el año 2016, sin haber sido jamás legalmente notificado de una demanda por parte de la recurrida.

Expone que el recurrente asistió a dependencias de Socofin S.A., empresa de cobranza interna del Banco de Chile, quienes le entregan una carta suscrita por ellos en la cual sostienen que el recurrente mantiene una deuda castigada, es decir, prescrita (sic), con CrediChile, división de créditos de consumo de Banco de Chile.

Expone que lo anterior constituye un acto ilegal y arbitrario que atenta contra las garantías constitucionales establecidas en los números 4, 21, 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Carta Fundamental, esto es, el derecho a la honra por cuanto se ha afectado directamente el prestigio comercial y la imagen del actor, impidiéndole realizar actos de comercio habituales y propios de su giro, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, ya que la existencia de antecedentes comerciales negativos importa una barrera para la concreción de cualquier proyecto o actividad que se quiera desarrollar, el derecho o libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, puesto que con la existencia de antecedentes comerciales publicados, se crean barreras de difícil superación para la libre adquisición de bienes y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, por cuanto el derecho de imagen, ha ingresado al patrimonio del recurrente como un derecho incorporal, pues se entiende que el deudor es constituido en mora cuando se notifica legalmente la demanda hecha ante juez competente.

Expresa que, si esta situación no ocurre, no existe la mora, sin embargo, en el caso de marras, ello nunca ha ocurrido, pues la recurrida nunca le ha notificado legalmente una demanda al actor y pese a ello, figura como deudor moroso desde 2016, como consta en el Informe Dicom Platinun 360°.

Agrega que en el capítulo 18-5 de la Recopilación actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se establece entre sus principios que se excluirán del listado de informaciones comerciales aquellas deudas que carezcan de títulos ejecutivos, por cuanto estos según nuestra legislación, son los únicos que dan cuenta de una obligación cuyo cumplimiento puede exigirse compulsivamente.

Estima que, no se informarán y/o excluirán aquellas personas contra quienes solo se tengan títulos ordinarios, ya que estos requieren de una previa declaración de la autoridad para darle certeza y exigir su cumplimiento a través de la misma, o en el caso del recurrente, cuando existiendo títulos ejecutivos estos ya dejaron de tener tal calidad, por el transcurso de los plazos legales.

Expone que Dicom o Equifax Chile S.A., no se encuentra entre las instituciones públicas obligadas a informar, por tanto se trata de un privado que, de manera onerosa o gratuita, obtiene información de la Cámara de Comercio y la vende a cualquier particular, convirtiéndose en una práctica altamente reprochable, pues este privado, obtiene la información, pero no la canaliza ni dispone de ella dentro del marco legal, pues de hacerlo, el recurrente no figuraría en sus registros.

Cita el artículo 2493 del Código Civil y precisa que en este caso no es la prescripción la que se pretende reclamar, sino la publicación de antecedentes de presuntas deudas que carecen de sustento legal, pues no existe declaración de autoridad que le dé certeza y cumplimiento a la obligación del recurrente o acción judicial que acredite la mora, sino que es el recurrido quien le da este carácter sin que participe una acción jurídica como la ley lo obliga para estos efectos (sic).

Cita el artículo 1551 B°3 del Código Civil y señala que, si el deudor no ha sido judicialmente reconvenido, no es el acreedor quien por su propio arbitrio puede declararlo en mora y menos aún publicarlo en el boletín de informaciones comerciales.

En relación con la garantía del artículo 19 Nº3º de la Constitución Política, sostiene que la iniciativa de requerir la intervención de los jueces establecidos por la ley, no se engendra en una convención en la que una de las partes faculta a la otra a demandarle el cumplimiento de sus deberes, siendo las únicas excepciones que el ordenamiento reconoce a la libertad del ejercicio de acción, la demanda de jactancia y la citación a que se refiere el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil. Expone que, el plazo de prescripción para poder ejercer la acción ejecutiva, ya se encuentra cumplido, produciéndose en consecuencia la pérdida del ejercicio de dicha acción.

Es en el petitorio que señala que se conculca el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, ya que la existencia de antecedentes comerciales negativos importa una barrera para la concreción de cualquier proyecto o actividad que se quiera desarrollar, el derecho o libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, puesto que con la existencia de antecedentes comerciales publicados, se crean barreras de difícil superación para la libre adquisición de bienes.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Copia de informe comercial Informe Platinun 360°, del recurrente, emitido por Equifax S.A. el 14 de junio de 2019; 2. Copia de Carta informativa, emitida por Socofin S.A, en representación de Banco CrediChile S.A., división de créditos de consumo del Banco de Chile, el 14 de junio de 2019.

Tercero: Que, evacua el informe requerido don Benjamín Jordán Astaburuaga, abogado, en representación del Banco de Chile, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Funda sus alegaciones señalando que niega todos los hechos en que el recurrente funda su recurso, salvo los reconocidos expresamente, por lo que según lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil será deber de aquel acreditarlos.

Expone que los argumentos de hecho en que se funda el recurso son insuficientes para darle sustento, pues respecto de las publicaciones que constituirían el acto ilegal y arbitrario en contra del cual se recurre, lo único que se dice es que se trataría de presuntas deudas desde el año 2016, pero sin consignar ningún otro antecedente que permita entender a qué obligaciones se refiere.

Aclara que los hechos del recurso son absolutamente erróneos y no sirven de base para las peticiones que formula, reconociendo que la recurrida ha informado morosidades del recurrente al Boletín Comercial, pero que no se informan al registro de deudores morosos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, pues mantiene obligaciones sin solucionar, relativas al pago de un crédito de consumo, cuya acción de cobro ordinaria se encuentra vigente.

Precisa que, el recurso confunde dos registros totalmente distintos, pues se funda en una supuesta infracción a las normas que regulan el registro de deudores de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, pero solicita la exclusión de la información enviada al Boletín Comercial. Indica que el artículo 14 de la Ley General de Bancos, establece que la Superintendencia del ramo, debe mantener una información permanente y refundida sobre los deudores de los bancos, para el uso de las instituciones sometidas a su fiscalización. De acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 18-5 de la Recopilación Actualizada de Normas Financieras de la mencionada Superintendencia, la información de las deudas que se contiene en sus registros se mantendrá si ellas presentan una morosidad igual o superior a 90 días y sólo si se tiene un título ejecutivo válido y vigente y siempre que se estén siguiendo las gestiones de cobro correspondientes.

Refiere que, la acción ejecutiva para el cobro de su deuda no se encuentra vigente, única razón por la que se ha dejado de informar en el registro de morosidades de la Superintendencia mencionada, no obstante lo anterior, la deuda sí existe y además las acciones ordinarias para su cobro se encuentran vigentes, razón por la cual la morosidad puede ser publicada en el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago. En efecto, el Decreto Supremo Nº 950 del Ministerio de Hacienda de 1928 señala en su artículo 1º, en su número 4º lo siguiente: “Las oficinas de toda la República que en este artículo se expresan, enviarán diariamente a la ‘Cámara de Comercio de Chile’ de Santiago, los datos que a continuación se indican: 4º Las instituciones, empresas y organismos fiscales, semifiscales o de administración autónoma, que realicen actividades destinadas a promover el desarrollo económico del país, enviarán una nómina de todos los deudores morosos en el servicio de préstamos o créditos. Asimismo, los bancos, sociedades financieras y administradoras de mutuos hipotecarios y cooperativas de ahorros y créditos podrán remitir la nómina de los deudores morosos en el servicio de sus préstamos o créditos”.

Luego, en su número 6º se señala que: “6.- Los bancos y sociedades financieras enviarán semanalmente: a) Una nómina de las letras de cambio y pagarés, aceptadas o suscriptos con la firma autorizada por un Notario, a la orden del banco o de la sociedad financiera, no pagados a su vencimiento y que no hayan sido protestados por falta de pago por Notario u Oficial de Registro Civil, en su caso.

b) Una nómina de las letras de cambio y pagarés que hubieren protestado estas instituciones a su vencimiento, en conformidad a lo dispuesto en la Ley N°18.092.

Las nóminas aludidas precedentemente deberán contener los siguientes antecedentes: en el caso de las letras de cambio el monto de la letra, el nombre, Rol Único Tributario y domicilio del aceptante y el nombre del girador; en el caso de los pagarés, se deberá indicar su monto, el nombre y Rol Único Tributario del suscriptor.”

Explica que, conforme a la orden imperativa que la norma citada confiere al Banco, es que se publican en el Boletín Comercial las morosidades en que el recurrente ha incurrido en el pago de su crédito, pues la ley ordena expresamente publicarlo, no obstante que no aparece en el registro de deudas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras.

Añade que, la Ley Nº19.628 establece en su artículo 18º una única limitación de tiempo, indicando al efecto que: “En ningún caso pueden comunicarse los datos a que se refiere el artículo anterior, que se relacionen con una persona identificada o identificable, luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible”, prohibición que no tiene aplicación en el presente caso, pues las morosidades del recurrente se hicieron exigibles desde el año 2016 en adelante, por lo que no ha transcurrido el plazo de cinco años establecido en la norma citada, sin que exista prohibición que impida que el Banco, legítimamente, mantenga informada la deuda del recurrente en el Boletín Comercial.

Respecto de la vulneración de garantías fundamentales reclamada por el recurrente, expone que, sin explicar cómo se produce, sostiene que no existe afectación a la protección de la vida privada y honra de la persona y su familia que protege el Nº 4 del artículo 19, en razón de la publicación legítima que se ha efectuado.

En cuanto a los derechos a ejercer cualquier actividad económica, a adquirir cualquier clase de bienes y al de propiedad del recurrente, puntualiza que no se explica cómo pudieron resultar afectados en relación a los hechos del recurso, circunstancia que en todo caso niega.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida Banco de Chile, acompañó copia del pagaré suscrito por el recurrente en beneficio de la entidad bancaria.

Quinto: Que, informa al tenor del recurso don Francisco Arthur Errázuriz, abogado, en representación de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., ambos domiciliados en domicilio reservado, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Alega que en el banco de datos de carácter personal que maneja la recurrida, aparecen actualmente publicadas morosidades del recurrente con la institución financiera.

Afirma que el presente recurso de protección debe ser desestimado por faltar los fundamentos previstos en nuestro ordenamiento constitucional para que él pueda prosperar, a saber, la existencia de un acto o una omisión arbitraria o ilegal; que el recurrente sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo }ejercicio de determinadas garantías constitucionales; y que las garantías constitucionales respecto de las cuales se alegue privación, perturbación o amenaza, sean de aquellas que el artículo 20 enumera en forma taxativa.

Respecto de la publicación de las morosidades que registra el recurrente con el Banco de Chile, consigna que ello corresponde a una obligación que la ley le ha impuesto a la Cámara de Comercio de Santiago A.G. en el artículo 1° N°4 del Decreto Supremo N°9520 del Ministerio de Hacienda.

Ahora bien, cuando alguna de las instituciones a que se refiere el N°4 del artículo 1° del Decreto Supremo N° 950 (banco, sociedad financiera, administradora de mutuos hipotecarios o cooperativa de ahorro y crédito), decide ejercer la facultad que dicha disposición le concede de enviar al Boletín de Informaciones Comerciales la nómina de los deudores morosos en el servicio de sus préstamos o créditos, la Cámara, como administradora de dicho banco de datos, se encuentra forzada a cumplir lo que le ordena en forma imperativa el referido cuerpo normativo en el artículo 2°.

Hace presente que la Ley N°19.628 dispone en su artículo 3° transitorio que las normas que regulan el Boletín de Informaciones Comerciales creado por el Decreto Supremo de Hacienda N°950, de 1928, seguirán aplicándose en todo lo que no sean contrarias a las disposiciones de dicha ley. Por consiguiente, la facultad concedida a los bancos de enviar dentro de los quince primeros días de cada mes calendario la nómina de sus deudores morosos y la obligación impuesta a la Cámara de Comercio de Santiago de publicar el Boletín de Informaciones Comerciales, primero por la vía reglamentaria, luego fue refrendada por mandato de la ley.

Expone que, en cumplimiento de esta obligación legal que la Cámara de Comercio de Santiago publicó las morosidades en que incurrió el recurrente y que le fue comunicada por la institución bancaria acreedora, procediendo a incorporar dicha morosidad en el Boletín de Informaciones Comerciales, siendo evidente que el cumplimiento de una obligación establecida por la ley, bajo ninguna circunstancia podría ser considerada como un acto ilegal y tampoco puede atribuírsele el carácter de arbitrario.

Destaca que al publicar en el Boletín de Informaciones Comerciales las morosidades del actor, se ha sometido estrictamente a las disposiciones de la Ley N°19.628, norma que en su artículo 4° establece el principio general que regula el tratamiento de los datos personales, disponiendo que sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice o el titular consienta expresamente en ello, es decir, tiene que existir una autorización de la ley o del titular de los datos. Sin embargo, el mismo precepto legal señala que no requiere autorización del titular, el tratamiento de aquellos datos personales que sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial.

Cita el artículo 17° de la Ley N°19.628, señalando que corresponde la publicación por ser una obligación de carácter económico, financiero, bancario o comercial, la cual da cuenta del incumplimiento de una obligación con el Banco de Chile, la ley permite publicar sin la autorización del titular del dato.

En cuanto a la aplicación de las disposiciones del Capítulo 18-5 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hace presente que la citada normativa regula la información que los bancos y las sociedades financieras le deben proporcionar a dicho organismo fiscalizador sobre sus deudores, para el uso de las instituciones sometidas a su fiscalización, por lo que, el Registro de Deudores Morosos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el Boletín de Informaciones Comerciales que administra la Cámara de Comercio de Santiago, son registros con características y fines completamente distintos.

En relación a la falta de ejercicio de las acciones judiciales de cobro y su eventual prescripción, señala que el artículo 18 de la Ley N°19.628, dispone que no pueden comunicarse datos referidos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, después que ésta haya sido pagada o se haya extinguido por algún otro modo legal. Sin embargo, ni persona ni institución alguna ha acreditado a la Cámara de Comercio de Santiago, en su carácter de entidad administradora de las bases de datos que da cuenta de las publicaciones que motivan la interposición del presente recurso de protección, que dichas obligaciones se encuentran extinguidas a consecuencia del pago o de alguno de los otros modos de extinguir las obligaciones contemplados en nuestro ordenamiento jurídico.

Concluye que, para que pueda operar la institución en referencia, es necesario que medie una declaración judicial, la que en la especie, o no se ha producido o no se ha acreditado al responsable del banco de datos.

Sexto: Que, evacua el informe requerido la Comisión para el Mercado Financiero, por intermedio de su Intendente de Regulación de Bancos e Instituciones Financieras don nombre reservado, quien expuso que el artículo 14 de la Ley General de Bancos establece que dicha Comisión debe mantener una información permanente y refundida sobre los deudores de los bancos y los saldos de sus obligaciones referidas a un mes de terminado, para el uso de las instituciones sometidas a su fiscalización.

Para dar cumplimiento a dicha norma legal, expresa que la Comisión solicita a las instituciones fiscalizadas, información de sus deudores con periodicidad mensual, conforme a pautas precisas que se establecieron en el Capítulo 18-5, señalando el estado de las deudas en un mes determinado, sin el detalle del tipo de crédito a que se refiere, los documentos que le dieron origen, ni ningún otro antecedente adicional.

Adiciona que si la entidad informante no ha cumplido con alguno de los principios para la inclusión o exclusión de una determinada deuda morosa, conforme las normas del Capítulo 18-5 el deudor puede solicitar directamente a la entidad financiera que, en cumplimiento con la normativa, excluya esa deuda del Estado de Deudores. En caso que el deudor efectúe tal petición ante la Comisión, se consulta al Banco para verificar los antecedentes y si se ha dado cumplimiento a la normativa.

Precisa que el Estado de Deudores constituye una obligación legal para la Comisión y no corresponde a una elaboración de su propia iniciativa, la que carece de circulación pública, ya que sólo es puesto a disposición de las entidades informantes, sin que en dicho Estado se mantenga información histórica, perdiendo vigencia la información antes publicada.

Séptimo: Que, finalmente, informó el Jefe de Departamento de Defensa Judicial Penal del Servicio de Impuestos Internos, quien manifestó que la Circular N°24 de 24 de abril de 2008, regula el tratamiento tributario del castigo de crédito incobrables conforme a lo dispuesto por el N°4 del artículo 31 de la Ley de la Renta, la que señala que la acreditación de incobrabilidad de una deuda implica proporcionar al organismo fiscalizador, evidencia suficiente que confirme que las acciones de cobranza razonables, tendientes a proteger el patrimonio del contribuyente e indirectamente el interés fiscal, han sido prudentemente ejercidas.

Resalta que la incobrabilidad de una deuda solo puede establecer en el marco de un proceso de fiscalización, donde se proporcionan por el contribuyente auditado los antecedentes que acrediten la incobrabilidad de la obligación, sin que exista proceso en curso respecto de la declaración de incobrabilidad de las deudas que mantiene el contribuyente recurrente con el Banco de Chile, por lo que no es posible proporcionar la información solicitada.

Octavo: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Noveno: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Décimo: Que, uno de los aspectos en que se hace consistir la arbitrariedad e ilegalidad de la acción intentada dice relación con la inobservancia a las Normas contenidas en el Capítulo 18-5 de la Comisión para el Mercado Financiero. Con el objeto de descartar de plano dicha aseveración, basta con hacer presente que la misma normativa invocada erróneamente por el actor, señala que dichas disposiciones tienen por objeto hacer cumplir lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley General de Bancos.

Como resulta evidente, la publicación impugnada en autos, consta en un registro regulado por una ley específica, a saber, la Ley N°19.628, siendo del todo inaplicables las normas relacionadas con el registro que mantiene la otrora Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hoy Comisión de Mercado de Valores, motivo por el cual, dicho cuerpo normativo le es absolutamente inaplicable.

Undécimo: Que, aclarado lo anterior y descartada la arbitrariedad o ilegalidad en ese sentido, hay que precisar que mientras no exista una sentencia judicial que declare la prescripción extintiva de la deuda, la misma subsiste, al menos, en los términos que exige el artículo 18 de la Ley N°19.628, para efectos de su publicación.

Duodécimo: Que, en consecuencia, para poder determinar si existe arbitrariedad o ilegalidad, únicamente, queda recurrir a lo establecido en el artículo 18 de la Ley N°19.628, norma que dispone: “En ningún caso pueden comunicarse los datos a que se refiere el artículo anterior, que se relacionen con una persona identificada o identificable, luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible.

Tampoco se podrá continuar comunicando los datos relativos a dicha obligación después de haber sido pagada o haberse extinguido por otro modo legal.

Con todo, se comunicará a los tribunales de Justicia la información que requieran con motivo de juicios pendientes”.

Décimo tercero: Que, en relación con la norma antes señalada, conviene precisar que es un hecho pacífico que la deuda que motiva la publicación de esta causa no ha sido objeto de un juicio civil, sea ejecutivo, sea de carácter ordinario.

En consecuencia, la información publicada en las bases de datos cuestionadas, no tiene ninguna relación con la existencia o no de alguna acción civil tendiente al cobro de la deuda, sino con el plazo de vigencia que el legislador permite en el mencionado artículo 18 de la Ley N°19.628 y teniendo, especialmente presente, que las fechas de vencimiento de las cuotas no superan los cinco años, es indudable que a esta data, aún se permite su publicación y, por ello, no puede endilgarse arbitrariedad o ilegalidad alguna a las recurridas, motivo por el cual, tampoco puede existir conculcación a las garantías constitucionales erróneamente señaladas en el recurso.

Décimo cuarto: Que, atendida la inexistencia de arbitrariedad o ilegalidad de las recurridas, aunado a las fácticas y jurídicas contenidas en el arbitrio intentado, es que la acción constitucional será desestimada en todas sus partes.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, con costas, el recurso de protección interpuesto por don Maximiliano Manuel Retamal San Martín, a nombre de don nombre reservado, en contra del Banco de Chile y del Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-59.717-2019.

Pronunciada por la Undécima Sala de esta I. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, e integrada por el Ministro señor Fernando Ignacio Carreño Ortega y la Fiscal Judicial señora nombre reservado. Autoriza la ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, veinte de mayo de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.