nombre reservado con SUPERINTENDENCIA SEGURIDAD SOCIAL

Santiago, once de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Primero: Comparece doña nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en adelante SUSESO, por el acto que califica de arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo del pago de sus licencias médicas, lo que conculcaría su derecho a la vida y a la salud.

Explica que desde el mes de mayo del año 2017 no recibe el subsidio, fundándose el rechazo en que se trataría de “reposo injustificado”, lo que controvierte, señalando que desde el mes de agosto de ese año su salud emporó como consecuencia de un derrame cerebral que la dejó con vértigo permanente, visión borrosa, mareos y jaquecas.

Agrega, que ha presentado antecedentes médicos ante la Superintendencia y la Comisión Metropolitana de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante COMPIM, los que no han sido considerados; y que, en una resonancia magnética se le hallaron cuatro tumores cerebrales, uno de ellos de gran tamaño, que debe ser operado, de lo contrario corre riesgo su vida. Añade que además, padece daño renal por hipercalcuria familiar, artrosis cervical con espondilosis y anemia crónica.

Expone que se ha sometido a todos los procesos administrativos indicados por la SUSESO y el COMPIN, siendo evaluada por una comisión médica para pensión de invalidez, la que le fue denegada porque no se incluyó su tumor cerebral ni las secuelas del derrame cerebral, señalándosele que primero debe someterse a tratamiento y a cirugía.

Reitera que necesita de manera urgente realizarse nuevos estudios y tratamientos, por lo que en definitiva, solicita que esta Corte, restableciendo el imperio del derecho, ordene el pago de las licencias médicas rechazadas.

Segundo: La Comisión Metropolitana de Medicina Preventiva e Invalidez, se hizo parte en el recurso e informando a su tenor, alega en primer término, la improcedencia de la acción cautelar por recaer sobre derechos de seguridad social consagrados en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, materia expresamente excluida del amparo constitucional.

En segundo lugar, solicita se declare la extemporaneidad del recurso en atención a que si bien la actora no ha singularizado el acto administrativo que estima ilegal o arbitrario, a su entender, el recurso está dirigido en contra de las resoluciones que ratificaron el rechazo de las licencias médicas Nos RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 18166025, RUT reservado y RUT reservado.

Agrega que en el caso de las licencias Nos RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, la recurrente dedujo reclamo ante la SUSESO, siendo confirmada la decisión mediante la Resolución Exenta IBS N° 30330, de 21 de noviembre de 2017; posteriormente, la actora interpuso reconsideración ante el mismo organismo por este dictamen y además, en la misma oportunidad, reclamó por el rechazo de las licencias Nos RUT reservado, 18166025, RUT reservado y RUT reservado, las que fueron ratificadas por la Superintendencia a través de la Resolución Exenta IBS N° 25229, de fecha 9 de agosto de 2018.

Asimismo, la actora, con fecha 04 de abril de 2018, había reclamado ante la Superintendencia con motivo de lo obrado por su parte, de modo que no se justifica que haya tomado conocimiento de estos rechazos dentro de los 30 días anteriores a la de presentación del recurso, lo que da cuenta de su extemporaneidad.

En cuanto al fondo del asunto, alude que el artículo 14 del D.S. N° 3/84 establece que es de su competencia privativa ejercer el control técnico de las licencias médicas, pudiendo –conforme al artículo 16 de esta normativa- aprobarlas, rechazarlas, reducir o ampliar el período de su otorgamiento, o cambiarlo de total a parcial y viceversa, fundamentando su decisión.

En ejercicio de esta facultad, determinó rechazarlas por la causal “reposo injustificado”, apoyándose en los antecedentes que se contienen en las “Resoluciones Médicas” y “Cartolas Médicas” de la usuaria.

Hace presente que de acuerdo al Muestreo Histórico de Licencias Médicas de FONASA año 2017, a la recurrente se le han autorizado 2646 días de incapacidad laboral, previos al primer rechazo, de los cuales 999 corresponden a reposo de carácter continuo Sostiene la informante, que en este caso en particular, no se advierte la posibilidad de que la trabajadora recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo, ya que los antecedentes proporcionados dan cuenta de una patología irrecuperable, lo que no se aviene con el carácter temporal de las licencias médicas, en los términos conceptualizados en el DS. N° 3/84 que las define como “...El derecho del trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un tiempo determinado, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por médico cirujano...”

En este mismo sentido, indica que la Superintendencia de Seguridad Social instruyó a través del dictamen N° 33789 del año 2002, para la autorización de licencias médicas mientras se está tramitando la declaración de pensión de invalidez, que las COMPIM no están obligadas a autorizar las licencias emitidas durante múltiples y sucesivos trámites; señalando la SUSESO, a principios del año 1999, que una vez declarada la irrecuperabilidad de un trabajador, sólo se le podían autorizar licencias médicas mientras tuviera pendiente un solo trámite de calificación de invalidez, cualquiera fuere su resultado y si después se presentaban otras solicitudes de calificación, ello no obligaba a la autorización de las licencias por haber perdido su temporalidad.

Culmina señalando, que habiendo reclamado la recurrente ante la Superintendencia de Seguridad Social, la cual ratificó lo obrado por su parte, sólo cabe colegir que ha actuado dentro del marco sus facultades y con estricto apego a los criterios médicos dispuestos por la ley, lo que excluye toda ilegalidad o arbitrariedad en la decisión adoptada.

Tercero: informando la Superintendencia de Seguridad Social, arguye, en primer lugar, la extemporaneidad del recurso, dado que la actora reclamó ante ese organismo el 2 de abril de 2018, apelando de la decisión de la Comisión Metropolitana de Medicina Preventiva e Invalidez, que procedió al rechazo de las licencias médicas Nos RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 120 días a contar del 2 de junio de 2017, por reposo no justificado; y, adicionalmente, en esta misma presentación, dedujo reclamo en contra de las Nos RUT reservado, 18166025, RUT reservado y RUT reservado, emitidas también por 120 días, a contar del 30 de septiembre de 2017, fundada en la misma causal de rechazo.

Agrega que su parte, previo estudio de los antecedentes, concluyó que el reposo prescrito no se encontraba justificado, ya que de acuerdo al informe médico respectivo, no era posible establecer incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el cual alcanzaba a 2.646 días, es decir, 7 años, por la misma patología, (litiasis renal recidivante). Asimismo, se señaló expresamente que la recurrente presentaba trámite de pensión de invalidez rechazado, lo que plasmó en el dictamen y fundamentos contenidos en la Resolución Exenta IBS N° 25299, de 9 de agosto de 2018, impugnada por la presente acción cautelar.

Añade que la COMPIN el 3 de julio de 2017, decidió confirmar el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado reclamada por el recurso y lo mismo hizo respecto de las siete restantes.

Afirma que el 10 de noviembre de 2017, la actora solicitó reconsideración ante la Superintendencia, del dictamen contenido en la Resolución Exenta IBS N° 28102, de 30 de octubre de 2017, procediendo en esa oportunidad a estudiar los antecedentes y concluir que el reposo prescrito por las licencias médicas no se hallaba justificado y que el trámite de invalidez había concluido con fecha 14 de abril de 2017, con un porcentaje de incapacidad aboral del 7%, conforme lo señalado en la Resolución Exenta IBS N° 30.330 de 21 de noviembre de 2017.

En consecuencia –señala- han transcurrido a lo menos once meses entre la época de interposición de la acción cautelar y el conocimiento por parte de la recurrente del rechazo de las licencias médicas apeladas y de sus fundamentos.

En segundo término, la recurrida cuestiona la procedencia de la acción cautelar por versar sobre un derecho de la seguridad social, fundándose en idénticos argumentos esgrimidos por la Comisión Metropolitana de Medicina Preventiva e Invalidez.

En lo que atañe al fondo del asunto, manifiesta que la Resolución Exenta N° 25.299, de 09 de agosto de 2018, encuentra sustento en los antecedentes médicos antes referidos, en cuya virtud concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas, cuyo rechazo fue confirmado por la COMPIN, no se encontraba justificado y que el dictamen de la Comisión Médica determinó un porcentaje de invalidez de la actora del 7% por el diagnóstico “Nefrolitiasis bilateral recurrente”; ello en armonía con lo dispuesto en el artículo 1° del DS N° 3, de 1984 del Ministerio de Salud, que establece que la licencia médica es el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo “durante un tiempo determinado”.

Lo anterior, puesto que si bien en el presente caso la recurrente no ha obtenido una pensión de invalidez en el Sistema de Pensiones del DL 3.500 de 1980, de acuerdo a los antecedentes médicos aportados, los facultativos de la Superintendencia han precisado que sus alteraciones son de carácter crónico, no susceptibles de modificar con reposo, debido a que éste no tendrá como efecto la reincorporación laboral.

Expresa que mediante la Resolución Exenta IBS N° 30330, de 21 de noviembre de 2017, su parte, ante una reconsideración de la actora de fecha 10 de ese mismo mes y año, respecto de la Resolución Exenta IBS N° 28.102 de 30 de octubre de 2017, había concluido en el mismo sentido en cuanto a la falta de justificación del reposo prescrito y el porcentaje de incapacidad laboral de la recurrente.

Sostiene que el asunto reclamado, al igual que el derecho a pensión de invalidez de los afiliados al Sistema de Pensiones de capitalización individual, contempla procedimientos de carácter médico administrativo especial, precisamente regulados por la ley, limitándose sus facultades a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social.

En razón de lo señalado y considerando que la acción de protección es una herramienta de protección de derechos indubitados y preexistentes, no resulta procedente en el caso de autos, desde que la actora no es titular de un derecho de esta especie al subsidio por incapacidad laboral, ya que para el nacimiento del mismo no basta el solo otorgamiento de una licencia médica, sino que se debe cumplir con los requisitos que establece el legislador para su procedencia, lo que no ha acontecido en este caso.

Por consiguiente, no ha existido de su parte algún acto ilegal o arbitrario que pueda atribuírsele, limitándose a resolver la situación de la recurrente en el ámbito de su competencia; de modo que tampoco ha existido vulneración o amenaza a las garantías constitucionales invocadas en el recurso, por lo que necesariamente debe ser desestimado.

Cuarto: La acción constitucional de protección es un arbitrio cautelar de determinados derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Así, son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

Quinto: Si bien el recurso no pormenoriza las licencias médicas cuyo pago reclama, los antecedentes aparejados por la recurrida en su informe y aquellos aportados por la Comisión Metropolitana de Medicina Preventiva e Invalidez, permiten tener por establecidos en esta sede cautelar, los siguientes hechos:

a.- A la recurrente le fueron rechazadas un total de 8 licencias médicas, extendidas en el caso de las Nos RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, por un total de 120 días a contar del 2 de junio de 2017, y, tratándose de las Nos RUT reservado, 18166025, RUT reservado y RUT reservado, por igual período, desde el 30 de septiembre de 2017; siendo en todas ellas la causal de rechazo, “reposo no justificado”.

b.- Por el rechazo de las cuatro primeras licencias médicas, la recurrente con fecha 2 de abril de 2017, apeló de la decisión confirmatoria de la COMPIN.

c.- De las cuatro restantes, reclamó del rechazo ante la Superintendencia de Seguridad Social.

d.- LA SUSESO, concluyó, previo estudio de los antecedentes médicos, que el reposo prescrito no se encontraba justificado.

e.- La actora presentó un trámite de pensión de invalidez rechazado, de acuerdo al contenido de la Resolución Exenta IBS N° 25229, de 9 de agosto de 2018.

f.- Previamente a la recurrente se le había autorizado un periodo de reposo de 2.646 días, (7 años) de los cuales 999 fueron continuos.

Sexto: Por otra parte, del examen del recurso no resulta posible advertir cuál es la decisión de la Superintendencia de Seguridad Social que se acomete por esta vía, atendido que en relación al asunto materia de la acción cautelar, la recurrida dictó diversas Resoluciones Exentas IBS, entre ella la N° 30330, de 02 de noviembre de 2017, que confirmó el rechazo de 4 de las licencias médicas emitidas a la actora, como asimismo, la N° 25299, de 09 de agosto de 2018, que resuelve una reconsideración de la recurrente en contra de lo dictaminado en la citada Resolución Exenta IBS N° 30330, que confirma lo resuelto y que además, contiene la determinación de su porcentaje de incapacidad laboral en un 7%.

Séptimo: En este escenario de imprecisión, desde ya bastante para rechazar la acción impetrada, su naturaleza cautelar justifica esbozar someramente el marco legal atingente al asunto que motiva el presente recurso.

Al respecto, las incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, contempla el beneficio de la licencia médica (regulado en el citado D.F.L. N° 1 del año 2005, y en el D.S. N ° 3 del año 1994 ambos del Ministerio de Salud), la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o Institución de Salud Previsional (ISAPRE) puede dar derecho al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. N ° 44 del año 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales.

El derecho a la licencia médica se contempla en el artículo 149 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, cuerpo legal que promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.469, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y que creó un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto, norma que en lo pertinente señala que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley N ° 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”. En virtud del artículo 156 del aludido D.F.L., este beneficio resulta aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Conforme a la definición del artículo 1 ° del Decreto Supremo N° 3 del año 1984 del Ministerio de Salud, “...se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -COMPIN- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo…”.

Este mismo cuerpo normativo regula el procedimiento de autorización de las licencias médicas y en su artículo 5, contempla quienes intervienen en este acto médico.

De conformidad a esta normativa, realizada la tramitación aludida en los artículos 11 y siguientes del DS N° 3, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA) pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud; decisiones, en ambos casos, apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), en lo relativo a la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas. De las resoluciones que emitan las COMPIN se puede pedir reconsideración ante la misma entidad, y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración, ante la Superintendencia de Seguridad Social.

En cuanto a las facultades de la Superintendencia recurrida, cabe tener presente que de acuerdo a lo estatuido en la Ley N° 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, cumple un rol fiscalizador en materia de seguridad social, correspondiéndole, en lo que interesa al recurso, conforme a su artículo 27, el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que se refiere a las funciones derivadas del Código Sanitario. Asimismo con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria introducida por la Ley N° 19.937, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS de Salud), las que tienen a su cargo las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), entidades que participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), como ocurre en este caso, o bien, como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES)

Por otra parte, en contra del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social siempre se puede presentar reconsideración -como lo hizo la recurrente respecto de sus licencias médicas- de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.575, cuyo texto refundado, coordinado y sistematizado fue promulgado por el D.F.L. N° 1/19.653 de año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Octavo: En este contexto, es necesario precisar que la actora no es titular del “derecho al subsidio por incapacidad laboral”, en razón a que no se ha cumplido con el requisito de la esencia para que éste nazca a la vida jurídica e ingrese a su patrimonio, de modo que carece de la categoría de derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, detentando una mera expectativa.

Noveno: En lo que dice relación con la supuesta vulneración del derecho a la vida e integridad física de la recurrente, garantizado en el artículo 19 N ° 1 de la Constitución Política de la República, ésta debe ser desestimada, en atención a que la decisión de la Superintendencia que ratifica lo obrado por la COMPIN en orden a no autorizar sus licencias médicas -acto médico administrativo que dice relación con la justificación o no de la ausencia temporal del trabajador a su trabajo- no se relaciona con las prestaciones médicas que durante años se le brindó por su sistema de salud para el tratamiento de sus patologías físicas.

Décimo: En este mismo sentido, las sucesivas presentaciones de la recurrente haciendo valer sus pretensiones y el carácter crónico de sus dolencias, que dieron origen a un prolongado período de reposo -2.646 días- por incapacidad laboral, por una misma dolencia, acreditan que su situación fue ampliamente analizada y encuentra sustento en antecedentes médicos manera fundada, como se desprende de la motivación contenida en las Resoluciones Exentas IBS de la Superintendencia recurrida, sin que existan otros datos incorporados por la recurrente que permitieren desvirtuar tal conclusión, cumpliéndose a su respecto con el principio de razonabilidad, en la decisión adoptada.

Undécimo: Sin perjuicio de lo anterior, la acción intentada resulta improcedente, si lo que se dice conculcado es un derecho relativo a la seguridad social, perteneciendo a este ámbito la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica extendida de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3 del año 1984 del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral regulado en el Decreto con Fuerza de Ley N ° 44 del año 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

En efecto, el artículo 20 de la Constitución Política de la República no contempla entre los derechos protegidos por la presente la garantía del N° 18 del artículo 19 de suerte que la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, por ser una materia de seguridad social, no puede ser revisada por esta vía cautelar.

Si bien es cierto, la recurrente no menciona el N° 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, claramente su reclamo reprocha que se le ha conculcado su derecho a percibir subsidios por determinadas licencias médicas, lo que importa emitir un pronunciamiento en una materia de seguridad social.

Duodécimo: Lo mismo ocurre con el derecho a la salud que se menciona afectado en el recurso, respecto del cual sólo es objeto de amparo constitucional el derecho a elegir el sistema de salud al cual acogerse, sea público o estatal, cuya vulneración o amago no se advierte de los antecedentes del recurso; y el que, en tanto pueda ser reconducido a la garantía constitucional del numeral 1° del artículo 19 de la Carta Magna, le resulta aplicable lo razonado en la motivación novena de esta sentencia.

Decimotercero: En lo que se refiere al rechazo de la pensión de invalidez requerida por la actora, que fuera rechazada al determinarse a su respecto un 7% de incapacidad laboral –mencionado en el texto del recurso- sin dudas se trata de una materia que excede el marco de la acción intentada desde que exige un pronunciamiento declarativo sobre un asunto de fondo, a ventilar en un juicio de lato conocimiento; y en consecuencia, no puede ser discutida en sede cautelar.

Decimocuarto: A mayor abundamiento, en cuanto al análisis de la extemporaneidad alegada por la recurrida, de acuerdo al Acta N° 94-2015, de 17 de julio de 2015, que fijó el texto refundido del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en su artículo 1° se establece que esta acción constitucional debe ser deducida "dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos".

Como puede advertirse del tenor de la referida norma, el plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa en el mencionado Auto Acordado y tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación corresponda intervención a las partes. Ello se explica a partir del mismo texto del precepto, en cuanto persigue como finalidad poner pronto remedio a los efectos que puede provocar a un derecho relevante y esencial de toda persona, de un acto que puede reputarse como arbitrario o ilegal. Tal objeto justifica que el plazo para intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales.

Decimoquinto: Al respecto, si bien la precariedad del recurso no da cuenta de la data y de las decisiones impugnadas, acorde con los antecedentes incorporados por la recurrida, la actora reclamó administrativamente con fecha 10 de noviembre de 2017, de 4 de las 8 licencias médicas rechazadas, dictándose al efecto por la SUSESO la Resolución Exenta IBS N° 30.330, de 21 de dicho mes y año que confirmó lo obrado por la COMPIN. Posteriormente, el 02 de abril de 2018, la actora, dedujo reconsideración de lo dictaminado por la Superintendencia, reclamando además, de los restantes 4 subsidios rechazados, decisión que fue ratificada a través de la Resolución Exenta IBS N°25299, de fecha 9 de agosto de 2018.

En este sentido, esta última resolución sólo vino a confirmar la negativa a cursar las licencias y pagar los consecuentes subsidios por no estar justificado el reposo conforme los informes médicos, lo que cabe estimar como suficiente fundamentación.

En consecuencia, el presente arbitrio presentado sólo el 17 de agosto de 2018, no ha tenido la virtud de revivir el plazo de treinta días a que alude el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema para que la recurrente intente por esta vía dejar sin efecto lo ya resuelto con anterioridad.

En efecto, respecto de la mencionada Resolución Exenta IBS N° 25299, de 9 de agosto de 2018, que es aquélla que la Superintendencia recurrida estima impugnada, no cabe concluir que genere un nuevo plazo para intentar modificar por esta vía lo resuelto con anterioridad, pues con tal tesis -en la práctica-, no existiría límite de tiempo para recurrir de protección en contra de los actos de la Administración.

En este sentido, resulta claro que los actos que eventualmente podrían provocar agravio estarían constituidos por los pronunciamientos que reiteraron los rechazos de las licencias médicas.

Asimismo, según consta en Resolución N° 25299, de 09 de agosto de 2018, la recurrente efectuó reclamos ante la Superintendencia de Seguridad Social con fecha 02 de abril de 2018, por una decisión que confirmó lo obrado por la COMPIN y en consecuencia, mantuvo el rechazo de las licencias médicas, tomando en ese momento conocimiento cierto de los sucesos que reprocha mediante la acción cautelar.

De lo señalado, resulta manifiesto que la acción constitucional fue presentada de manera extemporánea.

Decimosexto: En consecuencia, no se divisa que la recurrida hubiera incurrido en un acto arbitrario o ilegal al confirmar lo que ya venía resuelto por la COMPIN, sin que hubieran variado las circunstancias tenidas en vista al resolver el rechazo de sus licencias médicas.

Por el contrario, la recurrida ha actuado motivadamente, en uso de sus facultades, en el ámbito de su competencia y dentro de la esfera de sus atribuciones, cumpliéndose lo contemplado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, razón por la que el presente recurso deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministro (S) Sra. Ana María Osorio Astorga.

Protección N° 59.680-2018.

No firma la Ministra (S) señora Ana María Osorio Astorga, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado su suplencia en esta Corte.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y por la Ministra (S) señora Ana María Osorio Astorga.