EURO CORP S.A. con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Santiago, uno de octubre de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que con fecha 17 de agosto de 2018, doña Tatiana Arriagada Bustos, abogado, en representación judicial de EUROCORP S.A., recurre de protección en contra de la I. Municipalidad de Independencia, representada por su Alcalde don Gonzalo Durán Baronti, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en mantener a Eurocorp S.A. en sus registros como deudora de la patente comercial N°729313, por la suma de $303.513.331, por los periodos del segundo semestre de 2016 al primer semestre del año 2018, en circunstancias que dejó de ejercer la actividad comercial que le correspondía en el segundo semestre de 2016.

Funda su recurso en el hecho que es la sociedad que representa es una sociedad del giro inmobiliario, teniendo su casa matriz en la comuna de Las Condes. Para la venta de sus proyectos abre sucursales en las comunas donde estos se construyen, por lo cual el 01 de mayo de 2014 suscribió un contrato de contrato de subarrendamiento respecto del local comercial N°3 del primer y segundo piso del Edificio Portal de Independencia, ubicado en domicilio reservado, por un período de 2 años, con el objeto de destinarlo a la gestión y venta de proyectos inmobiliarios relacionados con su giro.

En virtud de ello, obtuvo la patente comercial N°729313, pagando por el ejercicio de su actividad económica patente a partir del segundo semestre de 2014 y hasta el primer semestre de 2016.

Posteriormente, el 11 de noviembre de 2015, Eurocorp cedió y transfirió los derechos que le correspondían como subarrendatario del inmueble antes individualizado, a la sociedad Eurocorp Dos S.A.

Con fecha 10 de diciembre de 2015, Eurocorp informó al Servicio de Impuestos Internos la eliminación de su sucursal ubicada en domicilio reservado, con el objeto de dar cuenta de la extinción de su obligación de pagar la patente comercial relativa a dicho establecimiento y a fin de que Servicio de Impuestos Internos aportara la información sobre el capital propio a las municipales respectivas. Hace presente que continuó pagando la patente comercial hasta el primer semestre de 2016, época en que dio por terminada su actividad comercial en esa sucursal.

En forma paralela, la sociedad a quien se le cedió el arrendamiento Eurocorp Dos obtuvo la patente comercial N°729521, para el ejercicio de su actividad económica de gestión y venta de proyectos inmobiliarios, en el mismo local N°3, de domicilio reservado, la que paga hasta la fecha.

A pesar de lo anterior, la recurrida sigue manteniendo en sus registros de patentes morosas a la recurrente, esto debido a que el 01 de agosto de 2018, la Municipalidad emitió un listado de cuenta corriente por contribuyente, donde aparece la recurrente con una deuda por $303.513.331, lo que es un acto arbitrario e ilegal porque su representada no ejerce actividad lucrativa alguna en dicho local desde el segundo semestre de 2016 y pagó la patente hasta el primer semestre de 2016.

Esta situación es de pleno conocimiento de la Municipalidad recurrida, pues existe una sentencia dictada por esta Corte el 10 de octubre de 2018, en un procedimiento de reclamación de ilegalidad deducido por su parte en el ingreso rol 2035-2017, que declaró que el decreto de clausura de la Municipalidad era ilegal, por cuanto había quedado establecido en el proceso que mi parte cesó su actividad comercial el primer semestre de 2016, periodo que pagó debidamente.

Sostiene que el actuar de la recurrida afecta su derecho a ejercer una actividad económica lícita – art 19 N°21 de la Constitución Política de la República- y el derecho de propiedad del art 19 N°24 de la misma Carta Fundamental. Esto debido a que se expone que se le niegue la posibilidad de obtener una nueva patente ante la Municipalidad recurrida o ante otra entidad edilicia, que podrían ponerle inconvenientes por mantenerse en este listado. En cuanto a su derecho a la propiedad, se afecta por cuanto el certificado emitido por el secretario municipal que certificado de deuda emitido por el secretario municipal tiene mérito ejecutivo para perseguir la supuesta deuda en contra de su representada.

Solicita que se declare que el acto denunciado es arbitrario e ilegal, debiendo la Municipalidad recurrida eliminar a Eurocorp S.A. de cualquier registro de deuda relativo a la patente comercial N°729313 y cesar en el cobro de dicha patente porque ésta no está vigente, pudiendo resarcir los perjuicios originados en sede civil, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que informando don nombre reservado, en representación de la recurrida I. Municipalidad de Independencia, con fecha 05 de septiembre de 2018, solicita el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso, toda vez que de los propios dichos de la recurrente queda claramente de manifiesto que la interposición de la presente acción de protección es extemporánea y que la contraria, de mala fe, pretende hacer revivir un plazo fenecido mediante un “Listado de Cuenta Corriente por Contribuyente”, emitido por el Departamento de Impuestos y Derechos, a petición de parte, con fecha 01 de agosto del presente año, aduciendo que con ocasión de aquel habría tomado conocimiento del hecho que la Municipalidad mantiene a Eurocorp S.A. en sus registros como deudora de la patente comercial N° 729.313, siendo que en el procedimiento de ilegalidad a que se hace mención en el recurso, con fecha 05 de marzo de 2018, da cuenta del supuesto incumplimiento de la sentencia definitiva por parte de su representada, aduciendo, como prueba de aquello, la circunstancia de mantenerse el registro de la referida deuda en el “Estado de Deuda por Contribuyentes”, emitido por la I. Municipalidad de Independencia, con fecha 05 de marzo de 2018.

Así las cosas, desde a lo menos esa fecha tenía conocimiento de permanecer en el listado de deudas morosas de esa Municipalidad, por lo que a la fecha de interposición del recurso, se encontraba fuera del plazo de 30 días corridos que contempla el Auto Acordado.

En segundo lugar, alega la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, toda vez que de acuerdo a la reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República, contenida, entre otros, en los dictámenes N° 36.877, de 2012 y 35.076, de 2013, el ejercicio efectivo de las actividades lucrativas constituye una cuestión de hecho que compete verificar al municipio respectivo, debiendo este, para tal fin, ponderar los antecedentes aportados por el interesado y los que recabe por sus propios procedimientos de inspección.

Pues bien, el Municipio, haciendo uso de las facultades conferidas por el legislador, comprobó a través de uno de sus inspectores municipales que la recurrente desarrollaba actividades en el establecimiento ubicado en domicilio reservado, de la comuna de Independencia, con posterioridad al 10 de Diciembre de 2015, fecha en la cual ésta habría dado el aviso del cierre de dicha sucursal ante el Servicio de Impuestos Internos, de modo tal, que el actuar de mi representada en orden a incluir la mencionada deuda en sus registros, a la luz de las normas citadas, en ningún caso constituye un actuar ilegal o arbitrario.

En tercer lugar, alega la inexistencia de las garantías constitucionales denunciadas. En cuanto al derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen (art. 19 N°21), dicho derecho no ha sido vulnerado, toda vez que el hecho de que se haya incorporado y mantenga la deuda de la recurrente por concepto de patente municipal Rol 729.313 en los registros de la Municipalidad, en ningún caso ha impedido o amenazado a la Eurocorp S.A. en el ejercicio y desarrollo de su actividad de venta de departamentos. Tampoco se ha visto expuesta a que le nieguen el otorgamiento de nuevas patentes o le impidan la apertura de nuevas sucursales.

Tampoco se ve afectada su derecho a la propiedad porque de acuerdo al artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, frente a la acción ejecutiva deducida se pueden interponer varias excepciones, de modo tal, que en esa instancia válidamente se puede discutir sobre la existencia o inexistencia de la deuda.

Por último, solicita el rechazo del recurso, en todas sus partes, en primer lugar por haber sido interpuesto en forma extemporánea y en subsidio por carecer de mérito sus fundamentos, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que en cuanto a la extemporaneidad alegada por parte de la recurrida, se debe establecer que el artículo 1º del Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

CUARTO: Que como puede advertirse del tenor de la norma transcrita, el plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa en el mencionado auto acordado y tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación quepa intervención de las partes. Ello se explica a partir del mismo texto del precepto, en cuanto persigue como finalidad poner pronto remedio a los efectos que puede provocar a un derecho relevante y esencial de toda persona, un acto que puede reputarse como arbitrario o ilegal. Tal objeto justifica que el plazo para intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales;

QUINTO: Que en el presente caso, la recurrida a fin de fundar la extemporaneidad alegada, presenta copia de la actuación realizada por la recurrente en el recurso de ilegalidad rol 2035-2017, con fecha 05 de marzo de 2018, en la cual se acompaña un certificado de deuda emitido por la recurrida con dicha fecha por la deuda impaga que mantiene la recurrente por los periodos del segundo semestre de 2016 al primer semestre de 2018.

De esta forma, a lo menos el 05 de marzo de 2018, la recurrente tenía conocimiento cierto de que mantenía una deuda pendiente ante la entidad recurrida, acto que estima como ilegal y arbitrario.

Que de lo señalado queda en evidencia que el presente recurso de protección es extemporáneo. En efecto, que si bien en el libelo se singulariza el certificado de deuda emitido por la recurrida el 01 de agosto del año en curso, el acto mismo que singulariza como arbitrario e ilegal lo hace consistir en la mantención de dicha deuda en los registros de la Municipalidad. No obstante, como se dijo en el párrafo anterior, la recurrente tenía conocimiento cierto del registro de dicha deuda a lo menos el día 05 de marzo de 2018 y habiéndose interpuesto este recurso el 17 de agosto último, resulta que ha transcurrido el plazo de 30 días corridos desde que el recurrente toma conocimiento cierto del acto que reprocha de ilegal y arbitrario.

SEXTO: Que en cuanto al fondo del recurso, se debe tener presente que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

SÉPTIMO: Que, además, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga declarar el resultado de un debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado protegido por este recurso garantías constitucionales.

De lo razonado es posible concluir que la presente de una materia que no corresponde que sea analizada y resuelta en sede de protección, atendida la naturaleza de cautela urgente de garantías de ésta y la incuestionable necesidad de ser conocida y juzgada en un procedimiento de lato conocimiento las peticiones concretas sometidas a conocimiento de esta Corte excediendo los límites del recurso, puesto que, lo que se busca mediante él es eliminar la deuda de la recurrente del registro de la recurrida I. Municipalidad de Independencia y, además no poder perseguir el cobro de la misma.

OCTAVO: Que, por estas consideraciones, el presente arbitrio también debe desestimarse, por no reunir los requisitos de procedencia del mismo, al no contar el actor con un derecho de carácter indubitado que pueda ser tutelado por esta vía.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Tatiana Arriagada Bustos, abogado, en representación judicial de EUROCORP S.A, en contra de la I. Municipalidad de Independencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°59644-2018.- No firma el abogado integrante señor Norambuena, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.