nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, siete de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por el acto que estima ilegal consistente en efectuar descuentos en su remuneración sin notificación previa ni justificación del monto, solicitando que cesen dichos descuentos y se restituyan las sumas retenidas.

Expresa que suscribió un pagaré en favor de la recurrida, pactándose que el simple retardo facultaría el cobro total de la deuda como plazo vencido, conforme al artículo 9° de la Ley N°18.010, sin embargo, las condiciones laborales y económicas del país la llevaron a caer en mora con la obligación pactada y como consecuencia de ello, la Caja de Compensación decidió oficiar a su empleador para realizar deducciones de su remuneración por planilla.

Indica que el 3 de marzo de 2025, al revisar su liquidación de sueldo del mes de febrero de 2025, verificó un descuento de $248.962 efectuado por la recurrida. Sostiene que jamás se le notificó previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de ejecutar el descuento. Argumenta que el valor descontado es totalmente antojadizo, pues el recurrido no informa la fuente ni los cálculos aritméticos mediante los cuales arribó a dicha cantidad.

Refiere que el actuar de la recurrida constituye un acto arbitrario e ilegal que carece de fundamento, descontando una proporción importante de su remuneración líquida de manera forzada, intempestiva y contra su voluntad, sin entregar información previa, lo que vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Pide que se ordene cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración; restituir los descuentos efectuados, así como los que puedan efectuarse durante la tramitación de la acción; y condenar en costas a la recurrida.

Segundo: Que la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, evacúa informe solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto por nombre reservado.

Señala que la recurrente no mantiene créditos con La Araucana sino con Caja de Compensación Los Andes, sin embargo, presta servicios para una empresa afiliada a La Araucana desde el 1 de febrero de 2024.

Explica que, desde abril de 2014, las Cajas de Compensación utilizan un sistema integrado de recaudación que permite a la Caja donde el trabajador está actualmente afiliado recaudar deudas contraídas con otras Cajas. Fundamenta que el descuento se efectúa conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833 y normativa complementaria, por lo que no existe acto arbitrario ni ilegal, argumentando que se está dando cumplimiento a obligaciones contractuales vigentes y no prescritas.

Sostiene que el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833 prescribe que lo adeudado por prestaciones de crédito social deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora. Menciona que esta disposición se encuentra en concordancia con el artículo 11 del Decreto Supremo N°91 de 1978 y el artículo 22 de la Ley N°17.322, además del artículo 58 del Código del Trabajo que faculta al empleador para deducir obligaciones con instituciones de previsión.

Argumenta que La Araucana no ha privado, perturbado ni amenazado los derechos y garantías constitucionales de la recurrente, por lo que pide el rechazo de la acción de protección por cuanto los descuentos realizados no son arbitrarios ni injustificados, en atención a que las obligaciones existen y se mantienen vigentes al no existir sentencia que declare que se encuentran extintas.

Tercero: Que, por su parte, la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes evacúa informe solicitando el rechazo del recurso.

Expone que Caja Los Andes otorgó a la recurrente el 28 de febrero de 2022 el crédito código 208COS100098484 por la suma de $8.304.523 a una tasa de 1,23%, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $212.436, cuyo primer vencimiento fue el 30 de abril de 2022. Señala que las primeras 25 cuotas se pagaron regularmente, excepto la cuota de febrero de 2023 que fue diferida por licencia médica. Indica que las cuotas de mayo a agosto de 2024 fueron pagadas con desfase entre el 26 de diciembre de 2024 y el 25 de marzo de 2025, generando mora por las cuotas de septiembre de 2024 a junio de 2025.

Agrega que posteriormente, el 29 de junio de 2022 otorgó a la recurrente el crédito código 208COS100131211 por la suma de $3.086.664 a una tasa de 1,85%, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $92.164. Refiere que las cuotas de agosto de 2022 a abril de 2024 se pagaron regularmente, excepto la cuota de febrero de 2023 diferida por licencia médica, y que las cuotas de mayo y junio de 2024 se pagaron con desfase, encontrándose en mora desde julio de 2024.

Finalmente el 2 de septiembre de 2022 otorgó el crédito código 208COS100151035 por la suma de $292.609 a una tasa de 2,19%, en un plazo de 48 meses, con una cuota de $10.517. Adiciona que las cuotas de noviembre de 2022 a abril de 2024 se pagaron regularmente, excepto la cuota de febrero de 2023 diferida por licencia médica, y que desde mayo de 2024 se generó mora. Sostiene que se trata de créditos plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas.

Argumenta que el artículo 22 de la Ley N°18.833 establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales. Aduce que el mecanismo del "descuento por planilla" tiene varias particularidades: se trata de un mecanismo especial de pago inherente al régimen de crédito social que disminuye el riesgo y permite que el costo del crédito sea menor; no depende de la voluntad de las Cajas sino que es una obligación legal con el mismo grado de obligatoriedad que el pago de cotizaciones previsionales; la obligatoriedad recae sobre el empleador.

Añade que la Caja de Compensación no requiere de sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833. Refiere que mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos sin perjuicio del tiempo que la cuota haya estado morosa.

Solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección intentado por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por su parte en relación con los hechos expuestos.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, falto de razonabilidad de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, por lo pronto, acerca de la legalidad de la actuación impugnada, debe consignarse que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, para luego ser remesado a la Caja acreedora, la que está facultada para perseguir el cumplimiento de esa obligación.

En tales condiciones, debe descartarse la posibilidad de una actuar ilegal de parte de la respectiva Caja de Compensación, sea aquélla que ejecuta el descuento como aquélla que lo promueve, de modo que el asunto se circunscribe a determinar una eventual arbitrariedad en el proceder reprochado. En lo inmediato, debe acentuarse que la recurrida es titular de un crédito social que debe recuperar para mantener el financiamiento del sistema y, luego, que tal acreencia no ha sido solucionada, de manera que en esas condiciones no se advierte obstáculo para que, en ejercicio de su derecho de prenda general, pueda realizar esos descuentos. Lo anterior permite descartar la arbitrariedad alegada.

Sexto: Que, por último, debe insistirse en que la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental es de naturaleza esencialmente cautelar y que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Dicho de otra manera, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones ni para dirimir debates que exigen otra clase de procedimiento.

Por todas las razones expresadas no cabe sino desestimar el recurso interpuesto, al no configurarse los supuestos que lo hacen procedente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese y archívese.

Protección N°5946-2025.