Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y en contra de la Caja de

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Comparece nombre reservado quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, por haber dispuesto y ejecutado, a partir de la liquidación de remuneraciones de enero de 2026, un descuento por planilla de $104.901 sobre su remuneración, por el ítem denominado descuento préstamo caja de compensación, al amparo del artículo 22 de la Ley N° 18.833, pese a haberse judicializado previamente el cobro del crédito social respectivo.

Considera dicha actuación ilegal y arbitraria, pues a su parecer, constituye un acto de autotutela y un mecanismo paralelo a la vía judicial que la propia recurrida ejerció y promovió mediante el cobro ejecutivo del pagaré. Añade que el cobro no es oportuno, pues han transcurrido casi 3 años y 3 meses desde que se hizo exigible la totalidad de la obligación, la que se aceleró íntegramente con la interposición de la demanda ejecutiva, de modo que ya no existen cuotas susceptibles de ser cobradas por esta vía.

Agrega que jamás fue informado previamente, por canal alguno, de la decisión unilateral de practicar los descuentos que finalmente se ordenaron a su empleador, razón por la cual nunca tuvo elementos que le permitieran prever una afectación de su sueldo. Sostiene, en fin, que todo ello importa una instrumentalización abusiva del estatuto del artículo 22 de la Ley N° 18.833 y un uso irracional de un derecho establecido para el cobro oportuno del crédito social.

Señala que lo anterior vulnera los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que la Carta Fundamental garantiza a todas las personas.

Solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a las recurridas cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración; restituir los descuentos efectuados, así como aquellos que se practiquen durante la tramitación de la acción e incluso los que se verifiquen una vez pronunciada la sentencia; y, para el caso de rechazarse el recurso por falta de oportunidad, se declare igualmente la obligación de cesar los descuentos y de restituir los montos descontados y los que lleguen a descontarse con posterioridad; todo con expresa condena en costas.

En cuanto a los hechos, expone que el 23 de junio de 2020 suscribió el pagaré N° 023CON102994297 en favor de la recurrida, por la suma de $3.068.720 por concepto de capital, más los respectivos intereses señalados en el mismo documento, obligación que debía ser solucionada en 48 cuotas mensuales iguales y sucesivas de $105.123 cada una. Indica que, debido a complejidades de índole financiera, no pudo hacer frente al pago de las cuotas pactadas, constituyéndose en mora a partir de la cuota número 24.

Refiere que, en razón de ello, la recurrida interpuso en su contra demanda ejecutiva el 28 de noviembre de 2022, en la causa Rol C-13875-2022 del 7º Juzgado Civil de Santiago, caratulada Caja Los Andes con nombre reservado, siendo notificado el 7 de enero de 2023 y requerido de pago el 9 de enero del mismo año. Agrega que el 12 de enero de 2023 opuso la excepción del número 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil; que la causa se archivó el 24 de octubre de 2023; que el 7 de diciembre de 2023 solicitó el desarchivo de autos y promovió el abandono del procedimiento, formándose cuaderno separado; y que el 9 de febrero de 2024 se dictó sentencia que acogió el incidente, declarando abandonado el procedimiento.

Manifiesta que, al revisar su liquidación de sueldo de enero de 2026, advirtió que ésta era menor a la que usualmente percibe, constatando un cobro a favor de la segunda recurrida, entidad a la que actualmente se encuentra afiliado y que practica el descuento en virtud de un acuerdo intercajas. Precisa que mantiene un trabajo estable y que labora con la legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de manera íntegra y previsible.

En cuanto al derecho, funda su acción en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, conforme al cual sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social, y nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación.

Cita, enseguida, el artículo 21 de la Ley N° 18.833, que faculta a las Cajas de Compensación para establecer un régimen de prestaciones de crédito social, y el artículo 22 del mismo cuerpo legal, que dispone que lo adeudado por tales prestaciones deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja de Compensación acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Sostiene que en la especie se advierte un uso arbitrario e ilegal de esta última norma, pues las Cajas de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio, están subordinadas a la Constitución.

De este modo, según el recurso, el actuar de las recurridas vulnera su derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, pues se le ha privado y perturbado del dominio sobre $104.901 de sus remuneraciones, suma que podría repetirse en los meses venideros, mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial y un acto de autotutela que afecta la esencia de la garantía y su legítima expectativa de percibirlas de forma íntegra; y, asimismo, su derecho a la igualdad ante la ley, asegurado en el artículo 19 N° 2 de la misma Carta Fundamental.

SEGUNDO: La Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes evacua el informe requerido por esta Corte. Solicita que se tenga por evacuado el informe y que, en mérito de los argumentos que plantea, se rechace por falta de oportunidad la acción de protección incoada.

En cuanto a los hechos, expone que el 23 de junio de 2020 otorga al recurrente la operación de crédito código N° 023CON102994297, por un capital inicial de $3.068.720, a una tasa de interés mensual de 1,79%, pagadera en un plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $105.113, cuyo primer vencimiento corresponde al 31 de agosto de 2020.

Añade que las cuotas de los meses de agosto de 2020 a mayo de 2022, esto es, las N° 1 a N° 22, son pagadas en el período comprendido entre el 10 de septiembre de 2020 y el 7 de junio de 2022. Agrega que, a la fecha, la operación de crédito se presenta en estado moroso, respecto de las cuotas de los meses de junio de 2022 a julio de 2024.

Precisa, enseguida, que los descuentos destinados al pago de las cuotas del crédito social son informados al empleador del deudor conforme al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833. Sostiene, en este orden, que efectúa el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, de modo que rechaza haber ejecutado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

Manifiesta, sin embargo, que no obstante lo informado, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni los fundamentos de derecho que esgrime el recurrente, ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado y dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros. Explica, sobre este punto, que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos, no obstante, lo cual dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

En cuanto al derecho, invoca el artículo 22 de la Ley N° 18.833, con arreglo al cual lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Se remite, en segundo término, a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura desprende con toda claridad que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho. Razona que la única forma de que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones es que sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que, mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo existe y es plenamente exigible.

Agrega que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos. De ahí que, a su juicio, mal puede el recurrente pretender evadir el pago de las obligaciones que mantiene con la recurrida mediante el ejercicio de una acción constitucional, en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste a su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Funda, por último, la petición de rechazo por falta de oportunidad en que ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y a la restitución solicitados, de suerte que no subsiste cautela urgente que adoptar.

TERCERO: La Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre evacua el informe requerido por esta Corte. Solicita que, en mérito de los argumentos que plantea, se rechace el recurso de protección intentado en su contra.

En cuanto a los hechos, refiere que el recurrente indica haber solicitado el año 2020 un crédito social a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, el que habría dejado de pagar.

Agrega que el actor expone haber tomado conocimiento, en enero de 2026, de que su actual empleador –afiliado a la informante– descontó de su remuneración la suma de $104.901, por operaciones de crédito social que adeuda a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, ello en virtud del Sistema Intercajas, en cuya virtud la Caja de Compensación de actual afiliación del deudor intermedia en el cobro de las deudas de crédito que eventualmente el trabajador afiliado adeude a otra Caja de Compensación del sistema.

Precisa, en este orden, que ha limitado su participación a la intermediación en el cobro de la deuda de crédito social que el recurrente mantiene con la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en virtud de la implementación del sistema integrado de recaudación denominado Intercajas.

Añade que, en aplicación de dicho sistema, la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes le informa la necesidad de disponer descuentos en las remuneraciones del actor, atendida la situación de morosidad que éste presenta ante esa entidad en el pago de algunas operaciones de crédito social, situación que motiva la inclusión de dicha deuda en las planillas que mensualmente se remiten a su empleadora actual.

Concluye, en consecuencia, que rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley - o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, delimitada la controversia, el acto que se impugna consiste en el descuento por planilla practicado sobre la remuneración del recurrente, ascendente a $104.901, imputado al crédito social código N° 023CON102994297, reanudado a partir de la liquidación de enero de 2026 e invocando el mecanismo del artículo 22 de la Ley N° 18.833. La garantía que se estima vulnerada es el derecho de propiedad, asegurado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de la invocación del numeral 2 del mismo precepto.

Que, frente a ello, la recurrida no niega el descuento. Por el contrario, lo justifica en la ley, sosteniendo que la acción de cobro no ha sido declarada prescrita y que la deuda es plenamente exigible, y añade que ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos y la restitución de lo percibido, de lo que deriva la pérdida de oportunidad de la acción. La segunda recurrida, por su parte, tampoco controvierte el hecho, pero afirma haber limitado su intervención a la intermediación en el cobro, en virtud del sistema integrado de recaudación Intercajas.

SEXTO: Que, para resolver, resulta determinante que la recurrida deduce demanda ejecutiva en contra del recurrente el 28 de noviembre de 2022, en la causa Rol C-13875-2022 del 7º Juzgado Civil de Santiago, persiguiendo la totalidad de lo adeudado en virtud del pagaré suscrito el 23 de junio de 2020.

Al respecto, es preciso señalar que el inicio de la vía ejecutiva por parte de la Caja de Compensación no constituye un acto enteramente voluntario o discrecional que implique la renuncia implícita de otras prerrogativas de recaudación. Por el contrario, la Circular N°3.567 de la Superintendencia de Seguridad Social impone a las C.C.A.F. la obligación regulatoria inexcusable de accionar judicialmente contra los deudores morosos dentro de plazos acotados para proteger la integridad del fondo de prestaciones sociales, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidades administrativas. De esta forma, el inicio del litigio obedece al estricto cumplimiento de un deber legal.

SÉPTIMO: Que, despejando toda duda sobre la supuesta incompatibilidad o exclusión de ambas vías, la Superintendencia de Seguridad Social, mediante la dictación de la Circular N°3.894 de fecha 13 de noviembre de 2025, procedió a modificar el Libro III del Compendio de Normas que regulan a las C.C.A.F. a fin de reglamentar expresamente la reanudación de los descuentos por planilla existiendo un proceso judicial en curso.

En efecto, la referida circular incorporó de manera expresa en el numeral 3.1.17.2 los siguientes párrafos: “Si, durante la sustanciación de un juicio ejecutivo por cobro de pagaré que cauciona un crédito social o en caso de que la Caja notifique al deudor de una acción ordinaria tendiente al cobro del mismo crédito, se reiniciare el descuento de cuotas desde las remuneraciones o pensiones por el mismo crédito, la Caja, en la etapa judicial de liquidación de la deuda, deberá informar al tribunal dichas cuotas descontadas, a fin que éstas sean rebajadas del monto total adeudado”.

De lo anterior se desprende con meridiana claridad que el marco regulatorio sectorial que rige a las Cajas de Compensación autoriza, de forma expresa y legítima, la coexistencia de ambos mecanismos de cobro, desvirtuando por completo la existencia de un supuesto doble cobro ilegal. El propio ordenamiento prevé la debida armonización de ambos sistemas, ordenando que las sumas recaudadas por planilla de remuneraciones sean informadas por la Caja acreedora en la etapa de liquidación del crédito en el juicio ejecutivo para ser rebajadas del saldo insoluto, resguardando con ello que el deudor no pague más allá de lo efectivamente adeudado.

OCTAVO: Que, por consiguiente, el descuento efectuado por el empleador a las remuneraciones del recurrente, a requerimiento de la Caja de Compensación Los Andes, corresponde al ejercicio legítimo y reglamentado de una facultad legal establecida en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 y expresamente normada por la Superintendencia de Seguridad Social mediante su Circular N° 3.894 de 2025.

Tampoco se divisa arbitrariedad por falta de aviso previo, toda vez que se trata de cuotas vencidas y actualmente exigibles derivadas de un contrato de mutuo social suscrito voluntariamente por el actor, cuyas acciones no han sido declaradas prescritas por sentencia judicial ejecutoriada en sede de lato conocimiento, única vía idónea para tal declaración.

NOVENO: Que, sobre la base de lo razonado, al no constatarse la existencia de un acto ilegal o arbitrario imputable a la recurrida, no se vislumbra afectación ni amenaza a la garantía constitucional del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, toda vez que los descuentos practicados se sustentan en una causa jurídica idónea y en un procedimiento expresamente habilitado por la ley. En consecuencia, la presente acción constitucional de protección carece de fundamento, debiendo ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, la Ley N°18.833, las Circulares N° 3.567 y N° 3.894 de la Superintendencia de Seguridad Social, y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-5915-2026.