FABRICA DE PERNOS Y TORNILLOS AMERICAN SCREW DE CHILE LIMITADA con DIRECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE MAIP

Santiago, siete de enero de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo en consideración:

Primero: Que el abogado Aníbal Carlos Rogel Sepúlveda, actuando en representación judicial de la empresa American Screw S.p.A., persona jurídica de derecho privado del giro de su denominación, Rut RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, recurre de protección en contra de la Inspectora Comunal del Trabajo de Maipú, doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal o arbitrario consistente en haberse negado a tramitar, por supuesta extemporaneidad, un recurso de reconsideración de multas.

Explica que su representada fue objeto de fiscalización, el día 3 de mayo de 2018, oportunidad en que se habrían constatado una serie de infracciones a la legislación laboral, por lo que la Inspección Comunal del Trabajo procedió a cursar una multa, mediante Resolución N° 4070.18.33-1 y 2, notificada el 22 del mismo mes y año, de 2 IMM y 40,00 UTM, respectivamente, por no exhibir toda la documentación que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, cuyo detalle es: comprobantes de feriado legal, respecto de nombre reservado; y, no actualizar en el contrato de trabajo, a lo menos una vez al año, el aumento de remuneración, o cambio de labor o función, respecto de nombre reservado.

Señala que su parte solicitó reconsideración de la referida resolución ante la Inspección Comunal del Trabajo, sin embargo, a través de Ordinario N° 617, notificado el 20 de julio pasado, no se dio curso a la solicitud por haberse presentado fuera del plazo de 30 días corridos contados de su notificación, decisión que vulnera las garantías del artículo 19 Nros. 2° y 3° inciso primero de la Carta Fundamental, al privarle del derecho de acceder a una instancia de reclamación administrativa y a los Tribunales de Justicia.

Expone que la recurrida ha asumido ilegal y arbitrariamente que el plazo que regula el artículo 512 del Código Trabajo es de días corridos, en circunstancias que se trata de días hábiles, que no comprende sábados, domingos ni festivos, ya que se trata de una actuación realizada en sede administrativa, por lo que debe aplicarse el artículo 25 de la Ley N° 19.880 De este modo, su solicitud de reconsideración ha sido presentada dentro del plazo legal, pues si la decisión impugnada fue notificada el 22 de mayo de 2018, el plazo para recurrir vencía el 4 de julio de 2018.

Con dichos argumentos termina por pedir que se acoja el recurso y se disponga que se deje sin efecto la resolución de 20 de julio pasado, emanada de la recurrida, y se ordene tramitar la reconsideración presentada el 27 de junio del año recién pasado, con costas.

Segundo: Que la recurrida, Inspección Comunal del Trabajo de Maipú, a través de su abogado Nicolás Zanzo García, solicita el rechazo del recurso.

Afirma en primer término que el libelo de protección contiene referencias a hechos supuestamente acaecidos en la ciudad de Talca, por lo que esta Corte no sería competente para conocer de ellos.

Luego asegura que se ha utilizado esta vía como un sustituto procesal de los procedimientos específicos contemplados en la ley como medios de impugnación, tanto en sede administrativa como judicial, cuales son la reconsideración administrativa -artículos 53 y siguientes de la Ley N° 19.880- como la reclamación judicial de multas -artículo 512 del Código del Trabajo-.

En efecto, sostiene, como se desprende de los artículos 420 letra e), 503, 504 y 512 del Código del Trabajo, existe la posibilidad de reclamar judicialmente de las resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, tanto contra la aplicación de una multa administrativa como la que se pronuncia acerca de una reconsideración administrativa de multa. En este último caso, si bien el Ordinario N° 000617, de 10 de julio de 2018, no ha sido dictado en conformidad a los presupuestos señalados en el artículo 511 del Código del Trabajo, sí procedía reclamar judicialmente del mismo, según ordena el inciso segundo del artículo 512 del mismo Código.

Por otro lado, el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo dispone que serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo, “Las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social.” Y, a su turno, el artículo 512 del aludido texto establece la posibilidad de reclamar judicialmente contra aquellas resoluciones administrativas emanadas de la Dirección del Trabajo que resuelven una solicitud de reconsideración.

Es decir, sostiene la informante, el recurrente podía entablar una acción judicial cuyo objeto de pedir sería el mismo que la presente acción de protección, cual es que se deje sin efecto el Ordinario N°000617 y se instruya a la Inspección del Trabajo a admitir a tramitación el recurso de reconsideración presentado por su representada. Por ende, existiendo norma expresa, la competencia para conocer de este asunto corresponde al Juzgado de Letras Trabajo, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 420, letra E) y 512, ambos del Código del Trabajo.

Asimismo, señala, se está recurriendo en contra de una Resolución dictada en virtud de lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo, que permite conocer a la Inspección del Trabajo de la solicitud de reconsideración de multa administrativa. Y si se rechazó el recurso por falta algún requisito de forma, como en la especie, siempre tuvo el compareciente la acción de reclamación judicial.

Una vez notificado el actor del Ordinario N° 000617, que rechazó la solicitud de reconsideración, dispuso de quince días hábiles para reclamar ante el Juez del Trabajo, como disponen los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo, y sin embargo optó indebidamente por la acción de protección.

También arguye la improcedencia del recurso de protección en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, esto es: a) la ocurrencia de una acción u omisión reprochable; b) que dicha acción sea ilegal o arbitraria; c) que de ella se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo derecho protegido constitucionalmente y d) que el tribunal esté en condiciones de brindar la protección recurrida.

Es por ello que el acto reclamado se encuentra exento de toda ilegalidad o arbitrariedad, al haberse dictado el Ordinario N° 000617 dentro de la competencia que la ley le confiere a la autoridad y previa ponderación de la normativa aplicable.

En cuanto al cómputo del plazo, indica el informe que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha consignado expresamente, como en el caso del artículo 503 inciso tercero del Código del Trabajo. Pero el artículo 512 de ese cuerpo legal pertenece a otro título del mismo libro, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación de la indicada regla, de manera que el plazo allí establecido no se suspende durante los días feriados.

En todo caso, el acto contra el que se recurre se funda en una multa administrativa dispuesta con estricta sujeción a los artículos 6° y 7º de la Constitución Política de la República, 505 del Código del Trabajo, 1° del DFL N° 2 del año 1967 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.

Tercero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos prexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que las partes se encuentran contestes y así por lo demás surge de la documentación acompañada, que mediante Ordinario Nº 000617, de 10 de julio del año pasado, la Inspectora Comunal del Trabajo informó a la recurrente que su reconsideración no podía admitirse a tramitación, al no haberse presentado dentro de plazo legal de 30 días corridos desde su notificación.

Quinto: Que el esclarecimiento de lo planteado pasa por precisar la forma en que deben computarse los plazos establecidos en los Títulos II y Final del Libro V del Código del Trabajo, específicamente en su artículo 482, en tanto allí se prevé que: “El Director del Trabajo hará uso de esta facultad -refiriéndose a dejar sin efecto o rebajar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia en conformidad al artículo anterior- mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa …”.

Sexto: Que, en primer lugar, corresponde consignar que efectivamente en los Títulos II y Final del Libro V del Código del Trabajo, relativos al procedimiento de reclamo de sanciones por infracciones a las leyes y reglamentos vigentes y a la fiscalización de las sanciones y la prescripción, no se observan normas relativas a la manera de computar los plazos allí establecidos. Asimismo, es dable anotar que, sin duda, la normativa contemplada en los citados artículos 481 y 482 regula la forma de ejercer una acción ante una autoridad administrativa, por cuanto el Director Nacional del Trabajo, funcionario que tiene a su cargo el servicio técnico del mismo nombre, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, lo es y en tal calidad le corresponde ejercer las funciones que específicamente le encomienda el DFL N° 2, de 1967, sin perjuicio de las que leyes generales o especiales le encarguen, cuyo es el caso, a propósito de las solicitudes de reconsideración de multas administrativas.

Séptimo: Que, por consiguiente, ante el Director del Trabajo se sigue un procedimiento administrativo, esto es, una “sucesión de actos y trámites vinculados entre sí, emanados de la administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal …”, conforme lo establece el artículo 18 de la Ley N° 19.880.

Octavo: Que, en esta línea de deducciones, no cabe duda que el Código del Trabajo no regula específicamente el procedimiento a seguir ante el Director del Trabajo, limitándose a indicar que la presentación debe ser escrita y realizada por el interesado dentro del plazo de treinta días contados desde la notificación de la resolución que aplicó la multa, por lo que corresponde acudir a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 19.880, en cuanto a que “… En caso que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter de supletoria…”, es decir, como complemento en el evento que el procedimiento administrativo especial adolezca de alguna falencia.

Noveno: Que, como ya se dijo, ni el procedimiento administrativo especial que establece el artículo 482 del Código del Trabajo ni en la restante normativa prevista en los Títulos pertinentes de ese texto legal se señala la forma de computar el plazo de treinta días de que dispone el interesado para pedir la reconsideración ante el Director del Trabajo de la multa administrativa aplicada, por lo tanto, forzoso es concluir la supletoriedad de la Ley N° 19.880 y, en la materia debatida, de su artículo 25, el cual dispone: “Cómputo de los plazos del procedimiento administrativo. Los plazos de días establecidos por esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábado, los domingos y los festivos…”, aun cuando en la especie no se trate de un término fijado en dicha ley sino en un procedimiento administrativo especial, previsto en una normativa distinta, esto es, en el Código del Trabajo, cuyo texto omite la regulación específica, lo que obliga a hacer regir el artículo antes transcrito.

Décimo: Que, en consecuencia, se impone como aserto la naturaleza de hábiles de los treinta días establecidos en el artículo 482 del Código Laboral, para solicitar reconsideración de la multa administrativa impuesta por infracción a la legislación laboral o de seguridad social, conclusión que por lo demás resulta de toda lógica, si se considera que, en general, los servicios administrativos permanecen cerrados al público durante los días inhábiles y no disponen de sistemas de recepción de solicitudes que deban realizarse dentro de un plazo determinado.

Undécimo: Que, por lo tanto, efectivamente se incurrió en la ilegalidad denunciada por el recurrente, al negarse la tramitación de la reclamación no obstante que esta se había interpuesto dentro de plazo, por lo que es necesario brindar el amparo que se pretende al desconocerse por la recurrida un derecho que le asiste al actor y que ejerció oportunamente conforme a la ley, vulnerándose de ese modo las garantías que reconoce la carta fundamental en los numerales segundo y tercero del artículo 19.

Duodécimo: Que en nada altera lo decidido el error de referencia que se advierte en el libelo del recurrente al citar equivocadamente la ciudad de Talca, en circunstancias que los hechos acaecieron en el territorio de esta Corte.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge el recurso el recurso de protección deducido en representación de la empresa American Screw SpA. En consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N° 000617, de 10 de julio último, y se dispone que la Inspección Comunal del Trabajo de Maipú dará tramitación a la solicitud de reconsideración presentada por la recurrente, contra la resolución de multa que le fuera notificada el 22 de mayo de 2018.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministro señora Plaza.

Rol Protección N° 59.049-2018.