Protección contra Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones

Santiago, veintidós de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, de la Comisión Médica Metropolitana Sede Sur de la Superintendencia de Pensiones, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana y de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación del dictamen N° C.M.C. NUM000 de la Comisión Médica Central, que procede a otorgarle invalidez parcial transitoria indicando que su incapacidad global alcanza el 57%, vulnerando sus derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 números 1 y 24 de la Constitución.

Explica que padece de una serie de enfermedades de base que la llevaron a solicitar la pensión de invalidez total debido a que no estaría en condiciones de retomar la actividad laboral como normalmente lo solía hacer. Debido a ello se sometió a la evaluación de la Comisión Médica Santiago Sur, donde se concluyó que le afectaban distintos impedimentos físicos consistentes en:

Alteración de la marcha R-26, Asma Bronquial y DMNIR E11.

Lo anterior se traduce en que padece colitis ulcerosa desde el año 2017 y diabetes mellitus. Además está impedida de caminar sin ayuda técnica (bastones), recetándosele por parte de la fisiatra del CRS de la Florida, zapatos ortopédicos de alto valor que debe usar después de su cirugía del pie. Detalla los medicamentos que debe utilizar y los efectos secundarios que aquellos le provocan.

Manifiesta que todas estas patologías determinaron que se reconociera su condición de invalidez en el dictamen N°NUM001, sesión 412, que determinó un menoscabo del 71% de incapacidad, mayor que los 2/3, y como consecuencia establece la invalidez total a contar del 24 de junio de 2021, otorgándole la pensión de invalidez total conforme al artículo 4 del DL 3500, en cual tiene carácter de definitivo y único.

Expone que en fecha posterior, sin que se le notificara hasta el día de la presentación del recurso, se resolvió algo distinto por parte de la recurrida quien acogió un reclamo presentado por Compañías de Seguros del Contrato N°7, que en lo pertinente cuestiona el grado de invalidez y lo cambia a la modalidad de parcial señalando que la incapacidad que le afecta es de un 57%.

Considera que no era revisable el dictamen inicial dado que establecía la invalidez total, el que por lo demás recogió efectivamente las distintas afectaciones médicas que sustentaron dicha declaración, al valorar correctamente la alteración de la marcha, asma bronquial y diabetes mellitus, lo que no debería modificarse con sustento en una normativa derogada, dado que conforme la norma antes indicada sólo la invalidez parcial es revisable, no así la total. Asevera que la aseguradora que no tenía derecho a revisar la invalidez declarada puesto que no era parcial sino total, a tal nivel que se le había otorgado credencial de discapacidad reconociendo el derecho que se había incorporado en su patrimonio.

Agrega que, además, de lo anterior solo tomó conocimiento cuando un asesor previsional de AP Group fue a su casa el día 8 de enero del presente año a ofrecerle sus servicios y le informa que tiene 4 días hábiles para presentar una carta de alegación. Respecto de ello acusa que no ha sido debidamente notificada, vulnerándose el debido proceso, sin contar con el hecho de que terceros han tenido acceso a información de su caso.

Acusa que se han afectado sus derechos constitucionales a la integridad física y psíquica y el derecho a la propiedad sobre la pensión de invalidez total.

Finalmente solicita que se acoja el recurso restableciendo el imperio del derecho declarando que el dictamen de invalidez N°NUM001, sesión 412, que reconoce un menoscabo del 71% de incapacidad, es el definitivo conforme al artículo 4 del DL 3500, dejando sin efecto el reclamo posterior que alteró y disminuyó la incapacidad de su parte, estableciendo en definitiva que su incapacidad es total.

SEGUNDO: Que informa al tenor del recurso nombre reservado

Saavedra, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, quien indica que dicha entidad no dispone de los antecedentes solicitados, debido a que la recurrente no registra reclamos o solicitud de pronunciamiento sobre las materias que informan la presente acción de protección. Al respecto puntualiza que las Comisiones Médicas, creadas por el D.L. N° 3.500, de 1980, son las entidades encargadas de determinar la condición de invalidez de aquellas personas que como consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, sufran un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo, comisiones fiscalizadas y reguladas por la Superintendencia de Pensiones.

TERCERO: Que informa el Presidente de la Comisión Médica Central sosteniendo la falta de legitimación pasiva en razón que la representación judicial de las Comisiones Medicas Regionales y de la Comisión Médica Central, corresponde al Consejo de Defensa del Estado, al ser órganos administrativos técnicos, sin patrimonio ni personalidad jurídica propios, pero que realizan una función pública, perteneciente a la administración central del Estado.

A continuación argumenta que el recurso debe ser desestimado porque excede el ámbito de la acción de protección, no siendo susceptible de discutirse en esta sede lo que persigue la recurrente, quien solicita se deje sin efecto la calificación médica efectuada por facultativos de dicha Comisión a las patologías que invocó la recurrente como invalidantes en su solicitud de evaluación y calificación de invalidez y, que en su lugar se declare que tiene derecho a una invalidez total definitiva, constituyendo éstas materias de lato conocimiento.

Indica, en cuanto al fondo, que la Comisión Médica Regional en virtud de las evaluaciones médicas practicadas a la recurrente, en Dictamen de Invalidez N°NUM001, de 17 de noviembre de 2021, acordó declarar su invalidez total definitiva.

Expone que, el 6 de diciembre de 2021, las compañías de seguros de vida adjudicatarias del seguro de invalidez y sobrevivencia ejercieron el derecho a reclamar contenido en el inciso quinto del artículo 11 del D.L.

N°3.500 de 1980, y por su parte, el 16 de diciembre de 2021, la afiliada recurrente presentó por escrito alegaciones respecto del reclamo interpuesto.

En forma posterior, el 4 de diciembre de 2019, la recurrida informante estudió de forma acuciosa el expediente de calificación de invalidez de la afiliada y el reclamo y alegaciones de las partes, y en relación con lo dictaminado por la Comisión Médica Regional, la Comisión Médica Central mantuvo la calificación de los impedimentos de alteración de la marcha y diabetes mellitus, pero modificó la clase y rango del impedimento por asma bronquial. Al mismo tiempo, tuvo por configurado el impedimento por colitis ulcerosa en clase II, rango bajo, que no había sido configurado por la Comisión Médica Regional, alcanzando con todo ello un 57% de invalidez.

En consecuencia, la decisión de la Comisión Médica Central de acoger el reclamo y revocar el dictamen de invalidez, importó una corrección del dictamen de invalidez regional, con estricta sujeción a las normas de evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del D.L. N°3.500 de 1980. Tal resolución no fue objeto de otros recursos administrativos, de modo que quedó ejecutoriada el 28 de enero de 2022.

En cuanto a la supuesta falta de notificación del dictamen de invalidez, asegura que no es tal, puesto que la recurrente tomó conocimiento de aquel, lo cual queda corroborado con el hecho que el día 16 de diciembre de 2021, ingresó ante la Comisión Médica Central un escrito de alegaciones en contra del reclamo de las aseguradoras y acompañó copias de antecedentes médicos, de 39 páginas, además, de haber sido notificada por correo de la interposición del reclamo.

Asegura que la resolución de invalidez de la recurrente fue dictada con estricto apego a la ley, con arreglo al procedimiento y normas legales y reglamentarias que regulan la materia. Además, tal resolución fue debidamente motivada como da cuenta el acta de la sesión, en que dicha Comisión Médica Central adoptó su decisión.

Finalmente destaca que la invalidez reconocida a la actora será reevaluada transcurridos tres años contados desde la emisión del primer dictamen que declaró el derecho a pensión de invalidez, oportunidad en que la Comisión Médica podrá confirmar, modificar o dejar sin efecto el derecho a pensión de invalidez, según el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 4° del D.L. N°3.500 de 1980.

Por todo lo anterior solicita el rechazo del presente recurso.

CUARTO: Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo anotado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

SEXTO: Que en primer término, procede desestimar el recurso en cuanto ha sido deducido en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en atención que de conformidad al DL 3500 corresponde a las Comisiones Médicas, frente a una solicitud de pensión de invalidez, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión ya sea total o parcial, o lo negara, según corresponda. Por consiguiente, no se advierte qué acto arbitrario o ilegal hubiere podido cometer esta parte con ocasión del pronunciamiento del dictamen N° NUM000 de la Comisión Medica Central; más aún, cuando la recurrente no señala haber efectuado algún reclamo o solicitud de pronunciamiento sobre esta materia ante la referida Superintendencia.

SÉPTIMO: Que en lo que se refiere a la Comisión Médica Central, la recurrente pretende mediante el presente arbitrio impugnar el porcentaje de invalidez que ha sido declarada a su respecto, de un 53% incapacidad global, y se proceda a mantener su condición médica en un porcentaje de 71%, a fin de obtener una declaración de invalidez definitiva total.

OCTAVO: Que, en primer lugar, no es efectivo lo sostenido por la recurrente, en orden que el Dictamen N° NUM001 de la Comisión Médica Santiago Sur, que estableció en su favor una invalidez total tenga el carácter de definitivo y no pueda ser alterado. De lo expuesto por ambas partes, puede concluirse que el referido Dictamen fue reclamado dentro de plazo, de conformidad a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 11 del DL N° 3500, ante la Comisión Médica Central, la que luego de estudiar los antecedentes y disponiendo de nuevos exámenes, podía confirmar o revocar lo resuelto por la Comisión Regional.

Es así que la recurrida, dentro de las facultades que le otorga la ley, procedió a revocar el dictamen que había declarado la invalidez total, decidiendo en cambio, mediante el dictamen recurrido, que ésta debía ser parcial, de manera que no se observa ilegalidad en su actuar.

NOVENO: Que, por otra parte, en atención a la naturaleza cautelar de la acción de que se trata, aparece de manera evidente que el presente asunto excede -con creces- los límites para los cuales está establecida.

En efecto, en esencia se cuestiona la decisión de la recurrida en orden a determinar la calidad de parcial de la invalidez considerada para la recurrente, siendo que se trata de un asunto que requiere el análisis de los antecedentes clínicos de la recurrente, cuestión que escapa a la naturaleza del recurso interpuesto.

DÉCIMO: Que en estas condiciones ha quedado de manifiesto que el dictamen impugnado fue adoptado por la recurrida en virtud de sus facultades y dentro de sus competencias legales, por lo que la acción de protección no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, se rechaza la acción constitucional de protección interpuesta por doña nombre reservado.

Se previene que el ministro señor Mera concurre a la decisión, pero teniendo además presente que, en su concepto, y sin perjuicio de los derechos que la recurrente dice infringidos, se llama a esta Corte a decidir un asunto en que se ve supuestamente afectado un derecho propio de la seguridad social, en circunstancias que el artículo 20 de la Constitución Política de la República excluye del ámbito del recurso de protección cualquier afectación al N° 18° del artículo 19 de dicho texto, referido, precisamente, al derecho a la seguridad social.

Redacción de la ministra suplente señora Jorquera.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-590-2022.