nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Carla Nicole Cañón Rubio, abogada, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros, amparada en la Ley N° 18.156.

Expone que el 19 de marzo de 2025, la recurrida le notificó el rechazo de su solicitud fundado en la falta de legalización o apostilla del certificado de seguridad social extranjero y en la naturaleza de su contratación. La actora sostiene que ha cumplido con los requisitos de fondo, acompañando su título profesional de medicina debidamente apostillado, su contrato y anexo laboral con el Hospital San José de Melipilla, y una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Argumenta que la exigencia de apostilla para este último documento es una formalidad excesiva, dada la situación de fuerza mayor y la falta de atención consular de Venezuela en Chile. Estima que la negativa de la AFP vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad (artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República), solicitando que se ordene a la recurrida acoger la solicitud de devolución.

SEGUNDO: Que, informando al folio 5, comparece don nombre reservado en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., solicitando el rechazo de la acción constitucional.

La recurrida fundamenta su actuar en el estricto apego a la normativa vigente y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Señala que el rechazo obedece a dos causales objetivas: 1) La "Constancia Electrónica de Cotizaciones" presentada carece de apostilla o legalización, incumpliendo el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y lo instruido en el Oficio Ordinario N° 20.294 de la Superintendencia, requisito indispensable para acreditar fehacientemente la cobertura de seguridad social en origen; y 2) La naturaleza jurídica de la relación laboral de la actora, quien presta servicios para el Hospital San José de Melipilla (organismo público) bajo un estatuto especial y no bajo las normas generales del Código del Trabajo, situación que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, excluye expresamente la posibilidad de acogerse al beneficio de la Ley N° 18.156.

TERCERO: Que, consta en autos que mediante resolución de fecha 25 de julio de 2025 se solicitó informe a la Superintendencia de Pensiones para mejor resolver. Sin embargo, el órgano fiscalizador no evacuó el informe requerido. En consecuencia, con fecha 19 de enero de 2026, a folio 15, esta Corte resolvió prescindir de dicho informe y proceder a la vista de la causa con el mérito de los antecedentes que obran en el expediente.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos preexistentes e indubitados frente a actos u omisiones que sean arbitrarios o ilegales y que priven, perturben o amenacen dichas garantías. Para que esta acción prospere, es requisito sine qua non la existencia de un acto antijurídico o carente de razonabilidad imputable al recurrido.

QUINTO: Que, entrando al fondo del asunto, corresponde dilucidar si el rechazo de la devolución de fondos previsionales por parte de AFP PlanVital S.A. reviste caracteres de ilegalidad o arbitrariedad.

Al respecto, la Ley N° 18.156 establece un régimen de excepción que permite a los técnicos extranjeros recuperar sus fondos previsionales siempre que cumplan copulativamente con ciertos requisitos, entre ellos, acreditar la afiliación a un régimen de previsión en el extranjero y que el contrato de trabajo contenga la cláusula de mantener dicha afiliación.

En cuanto a la prueba instrumental, la legislación chilena exige que los documentos otorgados en el extranjero, para tener validez en juicio o ante autoridades administrativas, deben cumplir con la legalización o apostilla correspondiente, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. En la especie, la actora reconoce que la "Constancia Electrónica" del IVSS carece de dicha formalidad. Si bien alega dificultades consulares, la normativa previsional y las instrucciones de la Superintendencia (ente técnico regulador) son estrictas en cuanto a la idoneidad probatoria para garantizar que el trabajador no quede desprotegido ante contingencias de vejez o enfermedad. La Administradora, al exigir un documento legalizado, no actúa por capricho, sino en cumplimiento de un deber de diligencia y legalidad.

SEXTO: Que, por lo demás, se debe atender a la naturaleza de la relación laboral de la recurrente. De los antecedentes acompañados por la propia actora en el primer otrosí de su libelo (folio 1), se desprende que su vínculo es con el Hospital San José de Melipilla, un establecimiento de salud pública.

La normativa administrativa aplicable, contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI), establece expresamente que no tendrán acceso a la devolución de fondos de la Ley N° 18.156 el personal contratado por organismos públicos sometidos a estatutos especiales y no sujetos a las normas generales de contratación del Código del Trabajo. Al tratarse de una norma de excepción tributaria y previsional, su interpretación debe ser restrictiva.

En consecuencia, al verificar la AFP que la contratación de la recurrente no se encuadra dentro de los supuestos habilitantes de la ley —por tratarse de una relación estatutaria o pública distinta al contrato de trabajo ordinario—, el rechazo de la solicitud se encuentra plenamente justificado en derecho.

SÉPTIMO: Que, por lo razonado, no se vislumbra ilegalidad en el actuar de la recurrida, puesto que se ha limitado a aplicar la normativa legal y las instrucciones vigentes de la Superintendencia de Pensiones. Tampoco existe arbitrariedad, toda vez que la decisión se encuentra debidamente motivada en antecedentes objetivos y jurídicos, no dependiendo del mero capricho de la entidad.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección, hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado.

Que, de la revisión de los antecedentes surge que la materia sometida al conocimiento de este Tribunal dice relación con una cuestión que excede por mucho de la naturaleza cautelar y de la urgencia de la que se ha dotado a la acción de protección, debiendo tal pretensión ser sometida al conocimiento del tribunal por ley llamado para ello, en el marco de un procedimiento que otorgue a las partes las garantías procesales correspondientes, no siendo la acción en comento la vía idónea para tal efecto.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña Carla Nicole Cañón Rubio en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A.

Se previene que el Ministro (S) Sr. Valderrama Martínez, concurre al rechazo del recurso de protección interpuesto, teniendo únicamente en consideración para ello lo razonado en el considerando Octavo de esta sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5895-2025.