nombre reservado con COMISIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

C.A. de Santiago Santiago, siete de noviembre de dos mil veintitrés.

Al folio 39; estese a lo que se resolverá.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don Esteban Daniel Cerda Apablaza, abogado, en representación de don nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de la Central Unitaria De Trabajadores De Chile (CUT) y en contra de la Comisión Del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (Chilevalora), por la comunicación telefónica recibida el 20 de marzo de 2023, informándole que cesaba en el cargo de Director de dicha comisión, afectando de esta forma sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso, descritas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 26 de julio de 2021 su representado fue designado por la Central Unitaria de Trabajadores como representante para Chilevalora, por el período 2021-2025, junto a don nombre reservado y don nombre reservado. En esta última institución se desempeñaba como Vicepresidente y Director.

Sin embargo, refiere que el 20 de marzo pasado, siendo las 12:40 horas, doña nombre reservado, Secretaria Ejecutiva de Chilevalora, se comunica con el recurrente y le informa que a solicitud de la Central Unitaria de Trabajadores se procedería a la renovación del Directorio de la Comisión y que, en virtud de ello, quedaba cesado de su cargo, sin invocar mayores fundamentos. Lo anterior, pese a que debía permanecer en esa función hasta el mes de julio de 2025 y que a su respecto no concurría alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para ocupar el cargo, contempladas en la Ley N°20.267 y en su Reglamento.

Agrega que su representado le envió una carta a la Ministra del Trabajo, doña Jeannete Jara Román, informando la situación que le afectó, recibiendo respuesta el 30 de marzo pasado, de parte de doña nombre reservado, Secretaria Ejecutiva Chilevalora, en la cual básicamente le señala que la Central Unitaria de Trabajadores se encuentra facultada para proceder al reemplazo de sus representantes en el órgano colegiado de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, no siendo procedente que la Administración del Estado intervenga en dicha decisión, en la medida que se cumpla con el requisito de reconocida calidad técnica exigido por la Ley Nº 20.267.

Finalmente, solicita se ordene dejar sin efecto la remoción del cargo que sufrió don nombre reservado y ordenar que sea reintegrado al mismo, hasta el cumplimiento de su periodo como consejero o hasta que se verifique alguna circunstancia de cesación del cargo de conformidad a la normativa aplicable.

Segundo: Que doña nombre reservado, asistente social, en representación de la recurrida Comisión Del Sistema Nacional De Certificación De Competencias Laborales, informa que la Comisión como servicio público, está integrada por un órgano colegiado de dirección superior y una secretaría ejecutiva que detenta la jefatura del servicio.

Explica que el órgano colegiado está integrado por 9 miembros, de los cuales 3 son designados por las centrales de trabajadores de mayor representatividad del país, que corresponde a la Central Unitaria de Trabajadores. Sus miembros no son funcionarios públicos, se desempeñan ad honorem, duran 4 años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos para un período adicional y la renovación se realizará por parcialidades cada dos años, según se establezca en el reglamento.

Agrega que con fecha 13 de marzo de la presente anualidad, la Central Unitaria de Trabajadores les informó su decisión de reemplazar a sus tres representantes en la Comisión, entre los cuales está el recurrente, indicando las personas que los reemplazarían, decisión que fue aceptada sin reservas por los otros dos afectados.

Sostiene que es la Central Unitaria de Trabajadores la que en ejercicio de la plena autonomía de la que goza, conforme al principio de libertad sindical consagrado en el artículo 19 Nº 19 de la Constitución Política de la República, fija y determina las reglas que en cada situación corresponde aplicar, tanto para la designación de sus representantes como para la renovación o reemplazo de los mismos y que ellos deben respetar las designaciones hechas por la Central Unitaria de Trabajadores.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

Tercero: Que don Matías Alessandro Bandelli Aguiló, abogado, en representación de Central Unitaria de Trabajadores de Chile informa que mediante comunicación por correo electrónico, de fecha 17 de marzo de 2023, el Presidente Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, envió carta a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, para comunicar la decisión de reemplazar a sus tres representantes.

Refiere que el reemplazo de representantes de las organizaciones laborales que el recurrente tilda de ilegal y arbitrario ha ocurrido en ocasiones anteriores, en las que el recurrente ha participado de las decisiones de reemplazo de miembros de la Comisión de Chilevalores, en su calidad de miembro del Directorio de la Central Sindical.

Por otro lado, señala que la realización del reemplazo de sus representantes y que se reclama por el presente arbitrio, no constituyó un capricho o un desvarío, sino el ejercicio de la autonomía de la cual goza, en conformidad al inciso tercero del artículo 1° de la Constitución Política y en ejercicio de la libertad sindical, consagrada en el N° 19 del artículo 19 de la Carta Política.

Por último, afirma que la Central Unitaria de Trabajadores es un grupo intermedio, autónomo, que se puede otorgar normas sobre su gobernanza y que puede designar a sus representantes autónomamente en la Comisión de Chilevalora.

Cuarto: Que la acción cautelar deducida en estos autos protege a los individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos de un acto arbitrario o ilegal que haya afectado el ejercicio de un derecho indiscutido; pero en ningún caso puede tener por objeto resolver conflictos jurídicos y hacer declaración de derechos en atención a la naturaleza misma de la institución, a las circunstancias procesales en que ella debe desenvolverse y a la finalidad del recurso de protección, que no es otra que la adopción de medidas urgentes de seguridad y tutela en los casos en que la situación fáctica lo amerite.

Quinto: Que por esta vía se busca la protección de las garantías contempladas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, las que se según el recurrente han sido afectadas con la decisión de las recurridas, de ponerle término a su designación como Director de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencial Laborales –Chilevalora- cargo que debía cumplir hasta julio de 2025, en representación de la Central Unitaria de Trabajadores.

Sexto: Que corresponde señalar que la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, fue creada por la Ley N° 20.267, la cual constituye un servicio público descentralizado y de conformidad al artículo 3° de la citada normativa, goza de personalidad jurídica y patrimonio propio, relacionándose con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuyas funciones se encuentran establecidas en el artículo 4° de la misma ley.

La normativa en análisis no regula ni establece remuneración, dieta u otro tipo de estipendio en dinero para quienes la conforman y de los preceptos citados resulta que la Comisión presta un servicio público y como tal debe cumplir las atribuciones señaladas en la ley que la rige, sus integrantes ejercer una función con fines públicos, pero ello no determina que por el solo hecho de integrarla en calidad de Director quien cumple tal función desempeñe a su vez un cargo público.

Séptimo: Que según se prevé en el artículo 5° de la Ley N° 20.257 la Comisión está integrada por 9 miembros con reconocida calidad técnica en el ámbito de las competencias laborales, siendo tres de sus integrantes designados por las centrales de trabajadores de mayor representatividad del país, que en este caso corresponde a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Agrega la norma que sus miembros durarán 4 años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos por un periodo adicional y la renovación se realizará por parcialidades cada dos años.

Octavo: Que en cuanto a la Comisión las atribuciones de sus Directores y del Secretario Ejecutivo se señalan expresamente en la ley, las que dicen relación con materias propia de la función que ejecutan y con la gestión para alcanzar sus logros, pero carece de competencia para cuestionar las designaciones efectuadas por los órganos llamados a designar sus integrantes, razón por la cual al cursar la comunicación de 13 de marzo de 2023, remitida por la Central Unitaria de Trabajadores, mediante la cual informa el reemplazo de los tres representantes en la Comisión, no se observa ilegalidad o arbitrariedad en su actuar, por cuanto tales designaciones las realiza la Central de Trabajadores en ejercicio de su plena autonomía conforme al principio de libertad sindical consagrado constitucional en al artículo 19 N° 19 de la Carta Fundamental, por lo que ninguna injerencia ha tenido en la renovación de esos directores o en su forma de nombramiento, siempre que estos cumplan las exigencias técnicas de la Ley N° 20.267 y su Reglamento. En efecto, la Comisión está obligada a respetar el derecho a la libertad de representación que le asiste a la Central Unitaria de Trabajadores, pues el organismo sindical goza de autonomía para el pleno desarrollo de su actividad sindical.

Por consiguiente, no existiendo un acto que pueda calificarse de ilegal o arbitrario a su respecto, el presente arbitrio no puede prosperar.

Noveno: Que en cuanto a la Central Unitaria de Trabajadores, consta de los antecedentes que el recurrente fue designado como representante de esa organización, para el periodo 2001-2025, junto a don nombre reservado y don nombre reservado, es decir, se regula un límite máximo, pudiendo ser reelectos para un nuevo periodo, sin perjuicio de las causales de cese o renuncia que el Reglamento contempla en su artículo 14. A lo anterior se agrega que nada obsta a que la Organización sindical, revoque la designación de sus representantes en la Comisión como parte de su política institucional y designe nuevos integrantes por el resto del plazo original, que es lo acontecido en el caso de la especie, como consta del Acta Centésima Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria de la Comisión, de 11 de abril de 2023.

A lo anterior se agrega que el mecanismo que ahora se cuestiona ha sido empleado por la Central Unitaria de Trabajadores previamente, para reemplazar a la Directora nombre reservado, designando a don nombre reservado, sin reproche del recurrente, que a esa data ya cumplía funciones como Director.

Décimo: Que el reemplazo de los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores en la Comisión Chilevalora, para el periodo que restaba a marzo de 2023, obedece a la decisión autónoma de la Organización sindical, conforme a sus Estatutos y política interna, sin que la administración de Estado o la Comisión tenga más atribuciones que revisar el cumplimiento de las exigencias técnicas que prevé la Ley N° 20.267 y su Reglamento, lo cual en este caso no se cuestiona.

Undécimo: Que centrado el conflicto en los términos anotados, no se está en presencia de un asunto de orden constitucional que amerite una repuesta urgente de este tribunal, pues no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario o un derecho indubitado que proteger. En efecto, a la Central Unitaria de Trabajadores corresponde por ley designar tres integrantes para conformar el Directorio de la Comisión., sin que le esté vedado proceder a su reemplazo -total o parcial- antes de expirado el plazo legal. En la situación que se revisa la Organización ha hecho valer la libertad de representación que le asiste y por ello el actuar que se reprocha no adolece de ilegalidad y menos de torna caprichoso por cuanto solo ejercer el derecho que la Ley N° 20.267 le reconoce, sin que tampoco se verifique alguna de las situaciones reguladas en el reglamento como causales de cese o renuncia, más que la legítima voluntad adoptada acorde a su autonomía sindical que el Ministerio del Trabajo y la Comisión debían respetar.

Décimo Segundo: En las condiciones anotadas, la acción intentada debe ser desestimada por cuanto, ninguna medida de tutela se puede otorgar a través de esta acción de orden constitucional.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de don nombre reservado.

Redactado por la Ministra señora González Troncoso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

No firma la Ministra señora González Troncoso, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por hacer uso de permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

N°Protección-5885-2023.