nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Santiago, uno de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Loreto Ximena Flores Tapia, abogada, interpone recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República, representada por su Contralora General (S), doña Dorothy Pérez Gutiérrez, y en contra de la Defensoría Penal Pública, representada por doña nombre reservado, por haber dictado la primera Resolución Exenta Nº 19.200, de 5 de diciembre de 2024, de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, que rechaza el reclamo de ilegalidad, deducido en contra la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, y en contra de la segunda por haber dictado la Resolución Exenta Nº 460, de fecha 6 de septiembre de 2024 de la Defensoría Penal Pública.

Acto que califica como ilegal y arbitrario, ya que se habría incurrido en vicios de legalidad que afectan el debido proceso y el derecho a defensa, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en el artículo 19 Nº 2 y Nº 24 inciso quinto, por lo que solicita dejar sin efecto los actos recurridos, disponiendo en definitiva el sobreseimiento, o en subsidio, dictar un nuevo pronunciamiento proporcionado al tenor de los hechos establecidos en el respectivo procedimiento sumarial y a las circunstancias modificatorias o atenuantes de responsabilidad que concurren en la especie.

Expone que en el año 2001 ingresó como profesional de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública de la región de Antofagasta y a contar de junio de 2005 asumió la jefatura de la aludida Unidad de Estudios; en septiembre de 2013, se incorporó como Defensora Regional de Antofagasta; y en marzo de 2020, fue nombrada como Defensora Regional Metropolitana Sur, cargo que desempeñó hasta el 26 de julio de 2023, día en que se dispuso la suspensión preventiva de funciones en atención a sumario administrativo seguido en su contra, medida provisional que se prolongó durante toda su tramitación.

Añade que mediante la Resolución Exenta N° 278, de 11 de julio de 2023, se ordenó instruir un sumario administrativo a fin de determinar la eventual responsabilidad administrativa en que habría incurrido por solicitar unos préstamos en dinero al personal del servicio, valiéndose de la posición jerárquica que detentaba, designándose a don nombre reservado como Fiscal Sumariante, en el que se propuso y se aplicó en definitiva por el Defensor Nacional la medida disciplinaria de destitución, en base a cargos manifiestamente prescritos.

Indica que el 6 de diciembre de 2024, tomo conocimiento mediante correo electrónico de la Resolución Exenta N° 19.200, de 5 de diciembre de 2024, de la Contraloría General de la República, por medio de la cual se desestimó su reclamo funcionarial presentado en contra de la Resolución Exenta N° 460, de 6 de septiembre de 2024, de la Defensoría Penal Pública, que impuso la medida disciplinaria de destitución.

Alega que el procedimiento sumario fue contrario a derecho, puesto que se indagaron hechos y formularon cargos manifiestamente prescritos; se rechazó la solicitud contenida en los descargos relativa a declarar de oficio la extinción de la responsabilidad administrativa por prescripción de la acción disciplinaria como también el recurso de reposición y casi un año después, tras lo resuelto en la Resolución Exenta N° 9.080, de 18 de junio de 2024, de la Contraloría General de la República, la Defensoría Penal Pública reconoció con cargo a su Resolución Exenta N° 326, de 1 de julio de 2024, que los cargos denunciados estaban prescritos; y sin perjuicio de esto último, como se detallará más adelante, fluye de la simple lectura de la Resolución Exenta N° 19.200, de 5 de diciembre de 2024, la Defensoría Penal Pública consideró efectivamente, al momento de determinar la infracción grave, el principio de probidad administrativa y la medida disciplinaria a aplicar, los cargos N° 2 y N° 3 declarados como prescritos.

Señala que se le imputaron 4 cargos a saber: Cargo N° 1 “Haber solicitado y obtenido de parte del Sr. nombre reservado, ex funcionario de la Defensoría Penal Pública, préstamos de dinero, ascendientes a la suma total de $28.500.000 (veintiocho millones quinientos mil pesos), vulnerando gravemente el principio de probidad administrativa, al haber hecho indebidamente uso de su posición funcionaria, como Defensora Regional de Antofagasta, para influir sobre el Sr. nombre reservado y haber obtenido con ello un beneficio directo para sí”. Desistiéndose el supuesto afectado el 5 de septiembre de 2023, el que no fue considerado.

Respecto del cargo N° 4 esto es “Haber intentado obstruir la investigación en el presente sumario administrativo, mientras ésta se desarrollaba”, señala que este no se encuentra acreditado y que fue negado expresamente, no dándole valor a ello señalándose que “la negación absoluta de los hechos no basta para no considerar su conducta como contraria al principio de probidad administrativa”.

En cuanto al cargo N°5 “Haber comparecido a una actividad y ejercido la función de Defensora Regional Metropolitana Sur, el día 8 de septiembre de 2023 al participar, en dicha calidad, en una videoconferencia de la Red Chilena de Justicia Abierta, contraviniendo la orden de suspensión preventiva de funciones vigente, que fue decretada en el presente sumario administrativo, mediante Resolución Fiscal N° 4 de fecha 26/7/2023 y que le fuere notificada personalmente en la misma fecha”, indica que todos los funcionarios que fueron citados a declarar con ocasión de esta línea investigativa, fueron contestes en señalar que se trataba de una asociación voluntaria y no institucional.

Respecto del cargo N°6 “Haber permitido reiteradamente que el abogado asesor jurídico regional de la Defensoría Regional de Antofagasta, señor nombre reservado, quien detentaba la calidad de funcionario de su dependencia directa e inmediata, se ausentare 19 días viernes hábiles de su jornada de trabajo, entre los meses de marzo a noviembre del 2019 y 3 días viernes hábiles de su jornada de trabajo del mes de enero del año 2020, sin la dictación del correspondiente acto administrativo que así lo autorizare y sin que ella, en su condición de jefatura directa, justificare o respaldare, mediante acto administrativo alguno, dichas ausencias, incumpliendo las funciones de su cargo como Defensora Regional y no ejerciendo el control jerárquico, en cuanto a la legalidad y oportunidad de sus actuaciones”. Señala que no es efectivo por cuanto no tiene la facultad para ello, habiendo efectuado la respectiva autorización.

Manifiesta que la resolución recurrida no cumple con el estándar de fundamentación o justificación exigido desde que pondera en su análisis los cargos N° 2 y N° 3, pese a que luego en la parte resolutiva absuelve a la suscrita de los mismos, por su parte la Resolución Exenta N° 19.200, de 5 de diciembre de 2024, de la Contraloría General de la República de manera puramente formal se limitó a señalar que la resolución de la Defensoría Penal Pública “satisface los estándares de motivación”, sin analizar la denuncia plasmada.

Arguye asimismo que la Defensoría no considero las atenuantes que le eran aplicables a saber: (i) su irreprochable conducta anterior; (ii) sus calificaciones; (iii) la reparación del daño; (iv) el compromiso institucional; y (v) la colaboración sustantiva con la investigación.

Indica que al aplicar la medida disciplinaria de destitución ha concurrido una afectación del principio de proporcionalidad, citando jurisprudencia administrativa de la Contraloría General, contenida en su dictamen Nº 28.268 de 1966, que establece que la responsabilidad administrativa se desarrollará conforme al mandato legal, aplicándose en definitiva las sanciones previstas por el legislador.

Sostiene que la aplicación de una medida disciplinaria exige un procedimiento que garantice la racionalidad y justicia de lo actuado, respetando el principio de igualdad en dignidad y derechos de las personas, y que la medida disciplinaria debe guardar relación y ajustarse a la observación imputada, según lo establece el artículo 121, inciso final del Estatuto Administrativo.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, el recurrente sostiene que la actuación ilegal y arbitraria de la Contraloría General de la República afecta la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al no reconocerle circunstancias atenuantes al recurrente conforme a la sujeción al principio de proporcionalidad y no aplicar la jurisprudencia administrativa en materia de distinguir una falta a la probidad frente a una grave falta a la probidad. Asimismo, señala que se vulnera el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al limitar el pago de sus remuneraciones.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene dejar sin efecto las Resoluciones Exentas N° 19.200, de 5 de diciembre de 2024 y N° 460, de 6 de septiembre de 2024, emitidas por la Contraloría General de la República y la Defensoría Penal Pública respectivamente disponiendo en definitiva el sobreseimiento, o en subsidio, dictar un nuevo pronunciamiento proporcionado al tenor de los hechos establecidos en el respectivo procedimiento sumarial y a las circunstancias modificatorias o atenuantes de responsabilidad que concurren en la especie.

Segundo: Que, en su informe, la Defensoría Penal Pública, solicita el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

En primer lugar, alega la excepción de cosa juzgada, indica que la recurrente interpuso una acción constitucional de protección en contra del entonces Defensor Nacional, Sr. Carlos Mora Jano y contra el Fiscal Instructor, Sr. nombre reservado, ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, ingresada bajo el Rol 16858-2023, donde se alegó la suspensión de funciones, el que fue rechazado en todas sus partes y confirmada por la Excelentísima Corte Suprema.

Como segunda alegación señala la improcedencia del recurso, al no existir un derecho indubitado que le asista a la recurrente y que pueda ser amparado por la presente vía, asimismo a través del presente arbitrio se persigue que se revisen aspectos de mérito y no de legalidad respecto del sumario administrativo.

Indica que en atención a una denuncia en contra de la recurrente se ordenó instruir sumario administrativo y en el transcurso de este se verificó la ocurrencia de otras conductas reprochables funcionaria, jurídica y administrativamente respecto de esta.

Agrega que mediante Resolución Exenta N°84, de 19 de febrero de 2024, de la infrascrita, se aprobó íntegramente el Dictamen propuesto por el Fiscal instructor, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140 del D.F.L N°29 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, aplicándose a la recurrente, la medida disciplinaria de destitución, prevista en los artículos 121 letra d) y 125 inciso de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en concordancia con el artículo 61 letra g) de ese mismo cuerpo legal y los artículos 13, 52 y 62 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por infringir gravemente el principio de probidad administrativa, conforme los cargos formulados como Cargo 1, Cargo 2, Cargo 3, Cargo 4 y Cargo 5, por el Fiscal Instructor y, adicionalmente por vulnerar las normas de los artículos 61 letra b) y 64 letra a) del Estatuto administrativo, al tenor de los hechos de que da cuenta el Cargo 6 que le fuera formulado.

La recurrente interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N°84, de 19 de febrero de 2024, antes señalada, reposición que fue rechazada mediante Resolución Afecta N°6, de fecha 13 de marzo de 2024, de la Defensoría Nacional, confirmándose la medida disciplinaria de destitución a su respecto. Asimismo, interpuso recurso de reclamación contemplada en el artículo 160 del Estatuto Administrativo y, mediante Resolución Exenta N°9.080, de 18 de junio de 2024, de la Contraloría General de la República, se acogió parcialmente ese reclamo en contra del sumario administrativo instruido mediante la resolución exenta N°278, de 2023, de la Defensoría Penal Pública, declarando la prescripción de la acción disciplinaria respecto de aquellas conductas en que resultaba procedente, esto es, solo respecto de los denominados “Cargo 2” y “Cargo 3” formulados a la inculpada, aplicándose la medida disciplinaria por los otros 4 cargos.

Agrega que el acto recurrido tomó en consideración toda la prueba rendida por las partes, explicando con claridad la improcedencia de considerar circunstancias aminorantes de responsabilidad administrativa de la recurrente, y dada la gravedad de los cargos que fueron formulados, específicamente aquellos constitutivos de infracción grave a la probidad administrativa bastan para aplicar la medida disciplinaria de destitución.

Finalmente señala, respecto a la vulneración al derecho de igualdad ante la Ley, el fundamento de la recurrente carece de sustento fáctico, y en cuanto al derecho de propiedad indica que los funcionarios públicos no tienen propiedad sobre su empleo, lo que existe es una vinculación estatutaria entre el funcionario y la Administración del Estado y no un contrato de trabajo, como ocurre en la esfera del sector privado, vínculo que genera recíprocamente derechos, obligaciones y prohibiciones y cuya remuneración está determinada por la ley y no por las partes.

Tercero: Que la Contraloría General de la República solicita el rechazo del recurso de protección, por las siguientes razones.

Luego de reseñar el contenido de la acción, alega la falta de legitimación pasiva, señalando que esta se configura desde tres perspectivas diferentes. Primeramente, debido al acto que supuestamente produce agravio al recurrente.

En primer lugar, indica que si bien se recurre contra la Resolución Exenta N° 19.200 de 2024 que desestimó su reclamo de ilegalidad, lo verdaderamente impugnado son las actuaciones de la Defensoría Penal Publica, particularmente la Resolución Exenta N° 460, de 6 de septiembre de 2024, que aplicó la medida disciplinaria de destitución. Argumenta que lo pretendido mediante esta acción cautelar es que se revise un procedimiento disciplinario afinado y, con ello, se deje sin efecto el acto administrativo. Por tanto, la acción no debió dirigirse contra el Órgano de Control sino únicamente contra la referida Defensoría.

En segundo término, invoca lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, señalando que agotada la vía administrativa con la notificación de la resolución exenta N° 19.200 de 2024, que desestimó la reclamación intentada, de conformidad con lo dispuesto en la normativa antes señalada, se reanudó el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, no en contra de este Organismo de Control, sino contra de la Defensoría Penal Pública, órgano que emitió el acto que, eventualmente, sería susceptible de causar el agravio que reclama la recurrente.

En tercer lugar, debido a las peticiones contenidas en el recurso, sostiene que la pretensión de la recurrente es que se dejen sin efecto ciertas actuaciones de la Defensoría Penal Pública y, en definitiva, la medida disciplinaria de destitución, decisión que solo puede ser adoptada por dicho Servicio. Agrega que, incluso si se acogiera la acción y se dejara sin efecto la resolución exenta N° 19.200 de 2024, ello no tendría como consecuencia dejar sin efecto la medida disciplinaria impuesta.

En otro orden de ideas, plantea que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar un sumario administrativo, puesto que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa. Cita jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago que respalda este criterio.

A continuación, indica que en la especie no existe ilegalidad o arbitrariedad en su actuación, sosteniendo que se limitó a ejercer las competencias asignadas en virtud del artículo 160 de la Ley N° 18.834, en relación con los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política y artículos 1°, 5°, 6°, 9° y 16 de la Ley N° 10.336. Afirma que su actuación no resultó arbitraria, pues no obedeció a una conducta antojadiza, sino que fue expedida a partir de un requerimiento expreso, en base al estudio de los antecedentes, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho.

Respecto al fondo del asunto, la Contraloría refuta cada uno de los argumentos planteados por la recurrente. En cuanto a la aplicación de una medida disciplinaria más gravosa que la propuesta por el fiscal, sostiene que la potestad sancionatoria está radicada en la autoridad administrativa y no en el fiscal sumariante. Señala que, en el caso concreto, la resolución fundó la aplicación de la sanción de destitución en una infracción grave al principio de probidad administrativa, la que está expresamente contemplada en el artículo 125, inciso segundo, de la Ley N° 18.834.

Respecto a la alegación de falta de fundamentación se pudo apreciar que tanto la vista fiscal, como de la resolución exenta sancionatoria, se encontraban debidamente motivadas y contienen una detallada relación de los presupuestos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada, habiendo la autoridad calificado los diversos hechos consistentes en el incumplimiento de sus obligaciones funcionariales, como falta grave al principio de probidad, contravención respecto de la cual, acorde a lo previsto expresamente en la ley, procede la aplicación de la sanción disciplinaria de destitución, tal como aconteció en la especie, asimismo se respetó el debido proceso.

Finalmente, sobre la falta de proporcionalidad señala que el artículo 125, inciso segundo, de la ley N° 18.834, establece expresamente que la medida disciplinaria de destitución procederá, entre otros casos que allí se indican, cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, como ocurrió en la situación en análisis, por lo que en este contexto, no puede sostenerse que la aplicación de la medida disciplinaria expulsiva sea desproporcionada, ante la gravedad y multiplicidad de las conductas constitutivas de graves infracciones a la probidad administrativa que resultaron acreditadas en la investigación.

Finalmente, sobre las garantías constitucionales supuestamente vulneradas, respecto al derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución), la Contraloría argumenta la recurrente no proporciona elementos de juicio ni ha acreditado con medios de prueba alguno, de qué forma su actuación habría conculcado la aludida garantía constitucional, por lo que no resulta posible sostener que existió un tratamiento discriminatorio que haya quebrantado el derecho a la igualdad ante la ley frente a situaciones idénticas, el que, como queda demostrado, ha sido estrictamente respetado por este Organismo Fiscalizado y en cuanto al derecho de propiedad la recurrente no expresa cómo la resolución impugnada pudo haberla conculcado tal derecho.

Por los fundamentos expuestos, la Contraloría General de la República solicita a la Iltma. Corte de Apelaciones que desestime, en todas sus partes, el recurso de protección deducido en estos autos.

Cuarto: Que la Defensoría Penal Pública, alegó excepción de cosa juzgada Respecto a esta excepción, cabe tener presente que si bien se encuentra regulada normativa en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, se trata de una institución común a todas las áreas del derecho, cuya procedencia requiere la concurrencia la triple identidad, acerca de la identidad de personas, identidad de la cosa pedida y la identidad legal de la causa de pedir. Entendiéndose por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.

Sobre la excepción de cosa juzgada la Corte Suprema ha sostenido que ésta tiende a impedir definitiva e irrevocablemente todo pronunciamiento posterior con idéntico o diverso contenido que exige el artículo 177, recién citado. Su objetivo son que las cosas no se encuentren en una constante incertidumbre, principio de seguridad jurídica, y que los pleitos finalicen en lapsos razonables.

Ahora bien, para resolver la concurrencia de esta excepción resulta necesario realizar el cotejo de las acciones constitucionales presentadas entre las partes, de cuyo ejercicio resulta notorio que se trata de acciones diferentes, toda vez que la acción presentada anteriormente por la recurrente contra la Defensoría Penal Pública ante la Iltma Corte de Apelaciones de Concepción ROL 16858-2023, se alegó la suspensión de funciones, la que fue rechazada, en tanto, por la presente acción se pretende dejar sin efecto el acto que decreta la destitución, o su modificación por otra medida, evidenciándose, de esta manera, que el objeto que solicitado en este recurso es diverso, por lo que no cabe sino rechazar esta excepción.

Quinto: Que, la Contraloría General de la República, alegó la falta de legitimación pasiva, argumentando que, si bien la recurrente formalmente impugna lo resuelto por dicha entidad, de su lectura se advierte que las actuaciones que en realidad denuncia como vulneradoras dicen relación con los actos pronunciados por la Administración activa, en este caso, la Defensoría Penal Pública, mediante los cuales se dispuso su destitución.

Sexto: Que, en torno a la alegación de falta de legitimación cabe señalar que el recurso de protección dice relación con la actuación de la Contraloría General de la República en el ejercicio de su facultad revisora y de control. Por cuanto, las alegaciones de la recurrente, a su respecto, está vinculada a la decisión de esa entidad contralora de rechazar su reclamo de ilegalidad, denunciando garantías fundamentales vulneradas por esa actuación en particular.

Séptimo: Que, al tenor de lo expuesto en el considerando precedente, es menester rechazar la falta de legitimación pasiva deducida por el órgano contralor, desde que el presente recurso guarda directa relación con su actuación como órgano de control y de las resoluciones dictadas en el ámbito de su competencia, razón suficiente para descartar la referida alegación.

II.- En cuanto al fondo:

Octavo: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Noveno: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Décimo: Que el recurrente reclama como ilegal y arbitrario, el actuar de la señora Contralora y de la Defensora Nacional, consistente en la Resolución Exenta Nº 19.200, de 5 de diciembre de 2024, de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, que rechaza el reclamo de ilegalidad, deducido en contra de la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, y en contra de la segunda por haber dictado la Resolución Exenta Nº 460, de fecha 6 de septiembre de 2024 de la Defensoría Penal Pública.

Los vicios que reclama se habrían producido por el ente contralor al rechazar el reclamo a sabiendas de existir vicios de legalidad y vulneración al debido proceso -entre otros derechos y garantías transgredidos- incurridos durante la investigación sumaria, que terminó con la resolución expulsiva de aquella.

Basta para desestimar la alegación de ilegalidad, que la recurrente atribuye a la Contraloría General de la República, tener presente que la actuación señalada se encuentra dentro del ejercicio propio de las facultades del organismo contralor conforme a sus competencias establecidas en la Constitución y las leyes, entre las que se cuenta, la de resolver reclamos formulados contra la decisión de la autoridad administrativa de la Defensoría Penal Pública, como lo fue precisamente el que presentó la recurrente, de tal manera que resulta evidente que este órgano contralor se encuentra envestido legalmente de las atribuciones para resolver los reclamos de funcionarios de la administración del Estado, como el del presente caso.

El artículo 154 de la Ley 18.834 consagra el reclamo de legalidad que pueden presentar los funcionarios públicos respecto del proceso disciplinario, de tal forma que el pronunciamiento de la Contraloría se ejerció en cumplimiento de una atribución legal.

Además, resulta oportuno tener presente que la Contraloría General de la República es un órgano de rango constitucional, de carácter autónomo, cuya función, según lo dispone el artículo 98 de la Constitución Política de la República, es la ejercer el control de legalidad de los actos de la administración, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes, entre otras funciones.

Asimismo, la Contraloría en ejercicio de sus atribuciones, de control de legalidad, se encuentra facultada para pronunciarse sobre el procedimiento y la sanción adoptada por el acto administrativo correspondiente, velando por el racional y justo procedimiento y la debida proporcionalidad entre sanción e infracción, atendidos los antecedentes, (Corte Suprema Rol 3113-2007), como fue precisamente la circunstancia que ha sido llamada a examinar en este caso.

De esta manera, resulta evidente que el mencionado órgano contralor en el presente caso ha actuado dentro de la esfera de sus potestades constitucional y legalmente conferidas.

En cuanto a la arbitrariedad endilgada por la recurrente a la Contraloría General de la República no cabe sino su rechazo, desde que la resolución que se impugna por esta vía fue tramitada dentro del procedimiento previsto por la ley, respetando todos los derechos que se establecen en la ley para el sumario, tanto así que durante la sustanciación de este procedimiento, la Contraloría mediante Resolución Exenta N°9.080, de 18 de junio de 2024, acogió parcialmente una reclamación de la recurrente respecto de los cargos 2 y 3 , declarándolos prescritos, decisión que fue recogida por la autoridad de la administración central según se lee en la resolución definitiva, adoptándose la medida disciplinaria por los otros 4 cargos.

Además, la Contraloría se hace cargo de la alegación sobre la gravedad de la infracción y la falta al principio de proporcionalidad en la sanción impuesta, sobre este aspecto sostuvo la más amplia facultad conferida por el Estatuto Administrativo al jefe de servicio dotándolo de la potestad sancionatoria, según lo ameriten las circunstancias, conforme al proceso.

De esta forma no cabe sino concluir que el rechazo de Contraloría al reclamo sobre la legalidad de la medida expulsiva adoptada por la Defensoría Penal Pública no puede ser considerado ilegal ni tampoco arbitrario, desde que se aquél se encuentra dotado de atribuciones legales de actuación, y se ha ejercido fundada y razonadamente.

Con relación al acto expulsivo de la funcionaria resuelto por la Defensoría Penal Pública cabe consignar que éste fue dictado luego de terminar el sumario respectivo, que fue seguido conforme al procedimiento establecido en Ley 18834, además consta que durante su desarrollo se cumplieron todas y cada una de las etapas que ésta contempla. Desde luego se formularon los cargos, fue notificada de éstos, ejerció su defensa por medio de abogado, que planteó incidencia de invalidación, una serie de solicitudes, alegaciones y rindió abundante prueba. Asimismo, declaró la funcionaria, igualmente, la defensa hizo uso de todos los recursos que le franquea la ley.

Asimismo, ambas resoluciones impugnadas se hacen cargo detenidamente de todas las alegaciones de la defensa y se analiza la prueba, dando por probados los cargos, aplicando la sanción conforme a éstos, de tal manera que no se avizora ilegalidad alguna en la tramitación del sumario como tampoco en la resolución de este.

Así, se descarta toda arbitrariedad, desde que en el acto impugnado se dan por establecidos los cargos, luego de un adecuado análisis de la prueba, por lo que no cabe sino desestimar el recurso dirigido en contra de la autoridad de la Defensoría Penal Pública.

Undécimo: Que finalmente, acerca de la disconformidad que plantea la recurrente con el mérito de la decisión de la autoridad de la Defensoría Penal Pública, alegando una falta a la proporcionalidad, la autoridad administrativa se hizo cargo directamente de esta alegación, al explicitar cada uno de los cargos que fundan la decisión. Así, respecto del cargo uno, que dio origen al sumario administrativo, señala que se sustenta en el hecho de haber solicitado y obtenido – la sumariada- de parte de nombre reservado, ex funcionario de la Defensoría Penal Pública, préstamos de dinero ascendentes a la suma total de $28.500.000 vulnerando gravemente el principio de probidad administrativa, al haber hecho indebidamente uso de su posición funcionaria como Defensora Regional de Antofagasta, para influir sobre el Sr. nombre reservado y haber obtenido con ello un beneficio directo para sí.

Sobre la calificación de la gravedad de la infracción a la probidad resulta atingente señalar, como bien dice el jurista Gabriel Celis Danzinger (Probidad Administrativa y Conflicto de intereses, Thomson Reuter, pág. 79 y sgtes) que ésta compete en primer primeramente a la autoridad administrativa dotada de la potestad disciplinaria, ponderando la propuesta del investigador del respectivo proceso disciplinario, como aconteció en este caso.

Relacionado con lo anterior, el artículo 62 de la Ley 18.575 describe una serie de situaciones que contravienen especialmente el principio de probidad, no obstante, no se trata de un catálogo taxativo, sino ejemplar, por lo que la autoridad administrativa le compete calificar la gravedad de la vulneración. En la situación en análisis la Defensora Nacional de la Defensoría Penal Pública estableció que el cargo uno, antes reseñado, se infringe especialmente el principio de probidad administrativo, encuadrándose los hechos establecidos en el N°2 del artículo 62 de la ley citada, desde que la Defensora Regional hizo valer indebidamente la posición de funcionaria para influir sobre una persona -subalterno- con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para si o para un tercero, aplicando la medida de destitución ante la gravedad de la falta, por lo que en este contexto, no puede sostenerse que esta medida expulsiva sea desproporcionada, ante la gravedad y multiplicidad de las conductas constitutivas de graves infracciones a la probidad administrativa que resultaron acreditadas en la investigación.

De este modo la Defensora Nacional de la Defensoría Penal Pública procedió a aplicar la medida de destitución conforme la faculta el artículo 125 de la Ley 18.834, desde que aquella constituye una causal para decretar esta medida.

De esta forma, la acción dirigida en contra de la Contralora General de la República y de la Defensora Pública, no puede prosperar en tanto lo que se pretende impugnar es la licitud del rechazo del reclamo formulado por la funcionaria a la Contraloría General de la República respecto del acto administrativo adoptado por el Defensora Nacional, y a esta última, por el rechazo de la reposición al acto sancionatorio de destituir de sus funciones a la recurrente, toda vez que dicha actuación ha sido efectuada en ejercicio de una de las funciones de la Contraloría General de la República, que encuentra sustento normativo constitucional y legal, consistente en el control de legalidad de los actos de la a través del recurso de legalidad, y en la potestad sancionatoria de la señora nombre reservado tiene su origen en el respectivo estatuto administrativo, atribuciones que se han ejercido con suficiente fundamentación, por lo que necesariamente, ha de desestimarse el recurso en tanto no se ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad en las mencionadas actuaciones.

Décimo segundo: Que, así las cosas, se concluye que no ha existido por parte de la Instituciones recurridas actuación arbitraria o ilegal. Como tampoco vulneración al derecho a la igualdad ante la ley, al debido proceso, ni al derecho de propiedad como lo han pretendido con esta acción constitucional.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Loreto Ximena Flores Tapia en contra de la Contraloría General de la República de Chile, representada por la Contralora General Sra. Dorothy Pérez Gutiérrez, en razón de la dictación de resolución Exenta N° 19.200 de 5 de diciembre de 2024, mediante la cual desestima el reclamo de ilegalidad de la resolución Exenta n°460, de 9 de septiembre de 2024 y en contra de la Defensoría Penal Pública, representada por la Defensora Nacional de la Defensoría Penal Pública Sra. nombre reservado por la dictación de esta última resolución, en virtud de la cual aplicó la medida disciplinaria de destitución de la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 587-2025 Protección Redactada por el ministro (S) Carlos Escobar Salazar, quien no firma por haber terminado su suplencia.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero, conformada por el Ministro (S) señor Carlos Escobar Salazar y la Abogada Integrante señora Bárbara Vidaurre Miller.