Protección contra Carabineros de Chile

Santiago, nueve de noviembre de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 1 y siguientes comparece nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien deduce recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, representada por su General Director don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto consistente en la dictación de la Resolución Nº 27, de fecha 24 de marzo del año 2017, mediante la cual se resuelve mantener la medida administrativa de Separación del Servicio decretada por resolución exenta 275 de fecha 30 de septiembre de 2016 con la cual culmina el proceso administrativo sancionatorio de carácter expulsivo seguido en su contra, vulnerándose de esta forma, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nºs 1, 2, 3 inciso 5°, 4 y 16 de la Constitución Política de la República.

Refiere que mediante resolución exenta Nº27 de fecha 24 de marzo de 2017 se desestima el recurso de reposición que interpusiera ante el General Director de Carabineros en contra de la resolución exenta n° 275 de 30 de septiembre de 2016 que en instancia de reclamación le aplicó la medida disciplinaria de Separación del Servicio al incurrir “supuestamente” en la falta descrita en el título V, artículo 22 N° 1, letra d) del Reglamento de Disciplina de Carabineros, afectándole las agravantes de las letras e) f) g) y j) del artículo 33 del mismo texto reglamentario, considerando la atenuante de la letra a); imputaciones que estima carecen de sustento fáctico y que tanto en su construcción procesal como ejecución , vulneran las garantías constitucionales que reclama.

De los antecedentes del recurso es posible apreciar que el recurrente detentaba el grado de Capitán de Carabineros, que se instruyó en su contra Sumario Administrativo mediante el cual se determinó sancionarlo con la medida disciplinaria de diez días de arresto, con servicios; fundado en que el día 14/12/2013, alrededor de las 6.35 horas en Av. Juan Soler Manfredini de la ciudad de Puerto Montt, mientras conducía su vehículo particular, frente al restaurant “Club de Yates” chocó una señalética “ceda el paso” ocasionando daños municipales, lo que fue visto por un testigo que dio aviso al 133, llegando personal policial quien lo habría encontrado durmiendo en el asiento del conductor, comprobándose su estado de ebriedad y trascendiendo el hecho en medios de comunicación social.

La resolución lo habría estimado autor de la falta del Art. 22 N° 1, letra d) del Reglamento de Disciplina de Carabineros, “Observar conducta impropia para con la familia o en otros actos de la vida social o privada y que trasciendan a terceros”. Concurriendo la agravante del artículo 33, letra f) “Importar la falta un descrédito o desprestigio a la institución o un menoscabo para el servicio”; y la atenuante de la letra a) de la misma norma “Buena conducta anterior del inculpado”.

El recurrente dedujo recurso jerárquico ante la Dirección de Orden y Seguridad, la que estimó que la conducta acreditada constituía además la falta del art. 22 N°1, letra h) del Reglamento de Disciplina: “la ebriedad o intemperancia expuesta al público fuera del servicio, vistiendo uniforme o de civil, haciendo notoria calidad de miembro de la institución”; estimando además concurrentes las agravantes del artículo 22, letra e) “ser falta atentatoria al decoro o dignidad policial”, f), g) “ejecutarla en presencia de subalternos” y j) “cuando mayor sea el grado de quien la comete”; con la atenuante de la letra a); elevando la sanción a Separación de Servicio mediante resolución exenta N° 505.

El recurrente apeló de la resolución antedicha ante la Dirección General de Carabineros, para rebajar la medida, pero esta si bien descartó la procedencia de la falta del art. 22 N°1, letra h), por estimar que el recurrente no hizo evidente su calidad institucional el día del hecho, mantuvo la sanción, la que fue objeto de reposición, y finalmente desestimada mediante la resolución N°27, que confirma la res. Exenta N° 275, imputándole la comisión de la falta del Art. 22 N° 1, letra d) del Reglamento de Disciplina de Carabineros; con las agravantes del artículo 22, letra e), f), g) y j); con la atenuante de la letra a).

Señala que durante todo el transcurso del sumario administrativo negó la conducción en estado de ebriedad que se le imputó; no existiendo en el parte policial testigos presenciales que lo hayan visto conducir ebrio, ni los funcionarios que adoptaran el procedimiento lo vieron conducir; no siendo efectivo, como sostienen las resoluciones sancionatorias, que haya prestado una declaración inculpatoria en el procedimiento administrativo, no existiendo tal confesión.

Señala como actos arbitrarios e ilegales, el tiempo que demoró el Sumario Administrativo, que se extendió por tres años y siete meses, lo que pugna con lo dispuesto en el Reglamento de Sumarios Administrativos N°15 de la recurrida, que establece un plazo de 10 días para instruirlo; lo que analiza en concordancia al artículo 27 de la ley 19.880 que establece un plazo máximo de 6 meses para los procedimientos administrativos; y que la propia institución determina la urgencia de los sumarios en que se encuentre afecto personal de nombramiento supremo. Esta dilación le provocó un perjuicio irreparable, dado que durante el sumario se le aplicó un retiro temporal; el que conforme al artículo 41, letra b) de la LOC de Carabineros, una vez transcurridos tres años pasa a retiro absoluto.

Que la medida de separación no respetó principios del derecho y la tipicidad de la conducta ya que las resoluciones 275 y 27 justificarían el aumento de la sanción en que en el ejercicio del derecho a reclamo correspondería una valoración de los acontecimientos tanto por parte de quien instruye el proceso como de la autoridad que lo resuelve.

Controvierte tal interpretación, indicando que la valoración a que hace referencia resulta exclusiva del fiscal que instruyó el sumario y del oficial dictaminador; y que en el caso puntual el término del sumario administrativo se materializó con el dictamen que le impuso la sanción de diez días de arresto y su notificación; y que las resoluciones posteriores que aumentaron la sanción se ejecutaron en el marco del ejercicio de los derechos a reclamo que ejerció su parte.

Expone que por lo demás los hechos no se subsumen en la conducta típica del Art. 22 N° 1, letra d) del Reglamento de Disciplina de Carabineros, ya que el día de los hechos no se encontraba de servicio, no vestía de uniforme ni se presentó como funcionario.

Señala que tampoco concurren las agravantes invocadas, ya que la conducta se desarrolló en el contexto de la vida privada, no transgrediendo el decoro policial, no habiendo existido desprestigio institucional, ni la ejecutó en presencia de subalternos, quienes sustanciaron el procedimiento con posterioridad a la ejecución del acto.

Alega que se le imputa un delito en sede administrativa sobreseído en sede penal. Los hechos del sumario versan en el fondo sobre una conducción en estado de ebriedad, sobre la que la llamada a resolver era la justicia ordinaria. En la causa penal que se sustanció por tales hechos se acogió a suspensión condicional del procedimiento, siendo finalmente sobreseída la causa.

Reprocha que se Incorporó ilegalmente antecedentes al sumario tal como la alcoholemia, sin haber sido autorizado por él, el Juez de Garantía ni el Ministerio Público, contraviniendo el secreto de investigación de los terceros no intervinientes, conforme art. 182 Código Procesal Penal.

Señala en cuanto a los derechos conculcados, que ellos corresponden:

Al 19 N°1: Ya que desde el 7 de marzo de 2014 se le notificó el decretó que lo llama a retiro temporal, habiendo sufrido afectación psicológica por el tiempo separado de la institución, por la larga duración del sumario, experimentando estrés, angustia y temor por la separación del servicio al haber incurrido en una simple sanción de arresto originalmente decretada.

Al 19 N°2: Indica que en situaciones de similar naturaleza la recurrida ha adoptado otros criterios como en los procedimientos seguidos al capitán nombre reservado, por conducción en estado de ebriedad se le sancionó con dos días de arresto. Al teniente Danilo Vauhnik, por conducción en estado de ebriedad, eludir control y darse a la fuga, no se le llamó a retiro temporal y se le aplicó una medida disciplinaria menor. Al Teniente Cristian Bichett, por conducción en estado de ebriedad, no se le aplicó sanción.

Al 19 N°3. Se transgrede el debido proceso por: 1) Tramitar el sumario excediendo los plazos legales y administrativos; 2) Aumentar la sanción a Separación del servicio; 3) Imputarle un delito sobreseído; 4) Citar una confesión inexistente; 5)Trato desigual con oficiales en hechos análogos; 6)Agravantes inexistentes.

Al 19 N°4: Por culpársele por la comisión de un delito sobreseído. Porque lo deshonra en su calidad de oficial de Carabineros la arbitraria eliminación de la institución.

Al 19 N°16: Porque de mantenerse la medida no podrá ejercer cargos públicos por haber cesado en sus funciones por medida disciplinaria.

Como consecuencia de las vulneraciones que señala, pide se acoja el recurso y solicita se declare: 1) La nulidad del sumario administrativo, decretando prohibición de uno nuevo por los mismos hechos. 2) De decretarse se rehaga el sumario, se prorrogue el plazo para solicitar reincorporación al término del mismo. 3) Dejar sin efecto las resoluciones sancionatorias del sumario. 4) Respetar su entorno, vida privada y honra.

Segundo: Que, al evacuar el informe la recurrida, luego de dar cuenta de las etapas del sumario, su tramitación y analizando los fundamentos del recurso, entiende que es improcedente acogerlo, por cuanto cada una de sus alegaciones no corresponden por la razones que expresa.

Respecto a la alegación del tiempo de tramitación del sumario, señala que la jurisprudencia administrativa ha sostenido en reiteradas ocasiones que salvo disposición en contrario los plazos que establece la ley para actuaciones de la administración no son fatales. Que el hecho que el procedimiento administrativo se haya extendido no implica que no se le haya otorgado urgencia, e indica que el tiempo transcurrido se justifica en que se decretó la invalidación de actuaciones en favor del recurrente, y uso de las instancias recursivas internas por parte del recurrente.

Respecto al aumento de la sanción, indica que conforme al artículo 28, del reglamento N°11 de Carabineros, los jefes directos del sancionado pueden modificar las sanciones impuestas por subordinados, cuando circunstancias justificadas lo aconsejen o se comprueba con nuevos antecedentes un error o injusticia. De tal forma, y conforme dictámenes de la Contraloría General de la República, al conocer del recurso jerárquico o apelación pueden aumentarse las sanciones.

Señala que el hecho de haber desestimado una falta y mantener la sanción, es posible, ya que es el Director General quien aplica la que estima adecuada dada la gravedad y naturaleza del hecho.

Respecto al sobreseimiento en sede penal, señala que ese argumento no tiene relevancia en el contexto del procedimiento administrativo, ya que conforme al art. 13, inciso 2° del Reglamento de disciplina de Carabineros, la sanción administrativa es independiente de la civil o penal, por lo que la condena, sobreseimiento o absolución no excluyen la posibilidad de aplicar una medida disciplinaria.

Que, en cuanto a la declaración inculpatoria, indica que esta rola a fojas 49 y 50 del sumario administrativo, el recurrente admite haber consumido tres vasos de whisky, y afirmar que luego no recuerda nada más, no recordando los momentos previos al accidente, ni como subió al auto; y que si bien indica no recordar, tampoco niega los hechos; y en cuanto a la conducción hay un reconocimiento tácito al afirmar que se hizo cargo de los daños que ocasionó y que no lesionó a ninguna persona.

Que, en cuanto al trato desigual con otros funcionarios, indica que corresponde a las jefaturas ponderar si los hechos analizados son susceptibles de sanción, por lo que la valoración está ligada al criterio de quien substancia la indagación; no pudiendo pretenderse una aplicación analógica de criterios, argumentos y conclusiones que forman parte de otros procedimientos distintos entre sí.

Que, en cuanto a que ni la falta imputada ni las agravantes concurrirían en la especie indica que esto constituye una discusión de fondo que exige valorar la prueba del sumario, y subsumirla en los hechos acreditados, lo que excede el marco de la acción cautelar.

La falta por la que se le sancionó no exige que el funcionario haga evidente su condición de miembro de la institución, lo que es propio de la falta de la letra h) del artículo 22, que no es la norma por la que se le sancionó.

Finalmente señala que el retiro absoluto resulta procedente no sólo por habérsele aplicado la medida disciplinaria, sino porque han transcurrido más de tres años desde que fue llamado a retiro temporal, aplicándose lo dispuesto en el artículo 41, letra b) de la Ley N° 18.961, que establece que transcurridos tres años desde el alejamiento, el retiro temporal adquiere el carácter de absoluto. Sobre este punto indica que la Dirección Nacional del Personal solicitó a la Subsecretaria del Interior, la dictación del decreto respectivo mediante el cual se modifique la causal de retiro del capitán nombre reservado, en el sentido que su Retiro en definitiva es en el carácter de Absoluto en atención a la medida disciplinaria expulsiva impuesta al funcionario al término del sumario.

Concluye que al tenor de lo expuesto, no ha existido acto arbitrario ni ilegal en su actuar, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que, previo al análisis del fondo, es preciso consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, los hechos que determinan la sanción que se reprocha mediante el recurso, acaecen el 14 de diciembre de 2013 a las 06:40 am. Que, mediante el Decreto N° 1386 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de fecha 27 de diciembre de 2013 se llama al recurrente a retiro temporal de la institución, quedando las condiciones de su retiro definitivo supeditados al dictamen del sumario administrativo, lo que se le notifica el 7 de marzo de 2014. En el sumario administrativo incoado en su contra, en primer lugar el Prefecto de la Prefectura “Llanquihue” N° 25 en su calidad de Jefe Dictaminador estimó sancionar al recurrente con la medida disciplinaria de “diez días de arrestos con servicios” según dictamen N° 06757/2015/1 de fecha 7 de julio de 2015 suscrita por el Coronel nombre reservado. Como resultado del recurso jerárquico interpuesto por el recurrente en contra de la anterior medida disciplinaria, ante la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, este recurso fue denegado modificándose la sanción impugnada por la de “Separación del Servicio” mediante resolución exenta 505 de 2 de octubre de 2015, suscrita por el General Inspector Cristian Fuenzalida López. De esa resolución que modificó la sanción inicial, apeló el recurrente ante la Dirección General y en cuya tramitación acompañó la resolución de sobreseimiento definitivo decretada en el proceso penal RIT 4854-2014 por el Juzgado de Garantía de Puerto Montt de fecha 29 de julio de 2016. En el mismo recurso se estableció que a la fecha que se ejecutorió su llamado a retiro temporal tenía una antigüedad de 18 años, un mes y 23 días de servicios. El recurso de apelación fue rechazado mediante resolución exenta 275 de 30 de septiembre de 2016, suscrita por el General Director nombre reservado, la que mantuvo la medida. Respecto de esa resolución el recurrente interpuso recurso de reposición, siendo desechado ese arbitrio mediante resolución 27 de fecha 24 de marzo 2017.

Sexto: Que del análisis de los antecedentes, en especial del sumario administrativo allegado a estos autos, aparece que la medida disciplinaria inicial determinada por el dictamen 06757/2015 el 7 de julio de 2015 de diez días de arresto con servicios aplicada por infringir el artículo 22 N°1 letra d) y N° 11; con agravantes del artículo 33 letra f) y atenuante letra a), y rechazar las agravantes de las letras a) e) y j) todas del Reglamento de Disciplina de Carabineros N° 11, fue modificada mediante la Resolución exenta 505 el 2 de octubre de 2015, por la medida de Separación del Servicio, por infringir el artículo 22 N°1 letra d) y h); con agravantes del artículo 33 letra e) f) g) y j) y atenuante letra a), todas del mismo Reglamento de Disciplina de Carabineros. En consecuencia esta resolución exenta 505 agregó como infringida la letra h) esto es, la ebriedad o intemperancia expuesta al público fuera del servicio vistiendo uniforme o de civil haciendo notoria la calidad de miembro de la Institución; y estimó agregar tres agravantes del artículo 33 la de la letra e) ser la falta atentatoria al decoro o dignidad policial; la letra g) ejecutarla en presencia de subalternos; y letra j) cuando mayor sea el grado de quien la cometa, pese a que las agravantes de las letras e) y j) fueran desestimadas por el dictamen impugnado. Lo resuelto por la resolución 505 aparece motivado por haber tenido por acreditado fehacientemente que se encontraba en manifiesto estado de ebriedad según el resultado de la alcoholemia que arrojó 2,52 gramos de alcohol según señala en la motivación 4.2.

Séptimo: Que la resolución 505 fue dictada como consecuencia del ejercicio recursivo jerárquico del actor en sede administrativa y cuya competencia para enmendar la resolución recurrida quedaba circunscrita por los márgenes que el propio recurso jerárquico establecía como agraviado, lo que imponía al órgano resolutor, respetar dichos límites junto con aquellos de orden legal y los criterios de razonabilidad aplicables. El ejercicio recursivo del actor se realizó de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 94 del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile N° 15 que faculta a aquella parte que no se conforme con el dictamen reclamar ante el superior jerárquico del Jefe dictaminador, en vista de las razones que harán ver o de nuevos antecedentes que puedan presentar.

Octavo: Que, por su parte el artículo 95 del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile N° 15 faculta a la parte que no se conforme con la resolución que pudo haber confirmado o modificado dentro de las limitaciones inherentes al mismo, para reclamar ante el superior jerárquico del Jefe que resolvió el recurso. De los resultados de dicho ejercicio recursivo da cuenta la Resolución Exenta 275 de 30 de septiembre de 2016 la que en su motivación 7 da cuenta de la antigüedad; en su motivación 8 da por reproducidos los términos establecidos en la resolución impugnada en todo aquello que no se contrapongan con la resolución que viene dictando; en la motivación 10.1 señala que no se encuentra tipificada la falta del artículo 22 N°1 letra h) y en consecuencia no será considerada en la parte resolutiva; en la motivación 10.2 considera acreditadas las agravantes del artículo 33 letras e), f), g) y j) del reglamento respectivo; en su motivación 11 da cuenta que la medida de Separación del Servicio es proporcional con la conducta reprochada; en su motivación 13 menciona el principio de independencia de la responsabilidad administrativa respecto de la penal, en orden a que la aplicación de cualquiera de los medios jurisdiccionales que pongan término a la persecución penal, no afectan la posibilidad de ejercer la potestad sancionatoria. En lo resolutivo dicha resolución aplica la medida de Separación del Servicio propuesta por la resolución 505 porque el día 13 de diciembre de 2013, en calidad de franco, vistiendo de civil y conduciendo su vehículo particular en estado de ebriedad, aproximadamente a las 06.45 horas mientras se desplazaba por avenida Juan Soler Manfredini, a la altura del club de yates de la comuna de Puerto Montt, chocó con el bandejón central que divide la calzada, impactando posteriormente una señal de transito “ceda el paso” existente en el lugar, deteniéndose la marcha del móvil, provocando daños de consideración al vehículo y a la referida señalética la cual derribó, no resultando el afectado con lesiones. Con su conducta tipificó las faltas “Relativas a la integridad moral del funcionario o al prestigio de la Institución” descritas en el título V, artículo 22 N°1, letra d) del reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile Nro. 11, afectándole las circunstancias agravantes consignadas en las letras e), f), g) y j) del artículo 33 del texto reglamentario, se consideró la circunstancia atenuante aludida en la letra a) del mencionado articulado.

Noveno: Que la resolución 275 fue dictada también como consecuencia del ejercicio recursivo jerárquico del actor en sede administrativa y cuya competencia para enmendar la resolución recurrida quedaba circunscrita por los márgenes que el propio recurso jerárquico establecía como agraviado, lo que imponía al órgano resolutor, respetar dichos límites junto con aquellos de orden legal y los criterios de razonabilidad aplicables. En dicha resolución se enmendó parcialmente la tipificación que había determinado la resolución recurrida, no obstante mantuvo en lo dispositivo la intensidad de la sanción en iguales términos y desestimó el sobreseimiento en sede penal que se acompañara.

Décimo: Que, contra la resolución 275 y conforme lo permite el artículo 95 del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile N° 15 que señala si la medida es aplicada por el General Director de Carabineros, el afectado podrá solicitarle reconsideración. Lo resuelto en definitiva por el general Director de Carabineros no será susceptible de recurso alguno. Por lo anterior, esa reconsideración constituía el último recurso administrativo, siendo desestimado por resolución N° 27 de 24 marzo de 2017 y confirmando en todas sus partes la medida de Separación del Servicio.

Undécimo: Que la medida de Separación del Servicio constituye la sanción disciplinaria más grave que se puede aplicar al personal de Carabineros de Nombramiento Supremo según lo establecido en el titulo VI artículo 23 del Reglamento de Disciplina de Carabineros N° 11. Al constituir la máxima sanción, su aplicación debe tener en consideración la aplicación irrestricta de los principios que informan todo proceso y su mérito, una adecuada interpretación de la normativa aplicable al caso, la proporcionalidad de la sanción en relación a los hechos y su fundamentación.

Duodécimo: Que, en cuanto a la improcedencia del recurso de protección alegada por la recurrida, cabe desestimarla, desde que el recurso de protección ha sido establecido como un mecanismo idóneo para reclamar de actuaciones arbitrarias y/o ilegales que afecten a un particular en el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales que puedan verse amagadas o amenazadas, como en la especie.

Décimo Tercero: Que, en cuanto al fondo, del análisis de los antecedentes, sumario administrativo y legislación citada, se advierte que en la especie la autoridad recurrida ha procedido a determinar las sanciones en un espacio considerable de tiempo ya que los hechos que dan origen al proceso sumarial corresponden al 14 de diciembre de 2013, que la notificación del Decreto N° 1386 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de fecha 27 de diciembre de 2013 que llama al recurrente a retiro temporal de la institución, quedando las condiciones de su retiro definitivo supeditados al dictamen del sumario administrativo, se le notifica el 7 de marzo de 2014, y que la resolución 27 de 24 de marzo de 2017 le fue recién notificada al recurrente el 24 de julio de 2017. De las fechas antes señaladas es posible apreciar que han transcurrido más tres años y medio en la resolución del referido proceso disciplinario , lo que unido a las circunstancias que el retiro absoluto procede no sólo por habérsele aplicado la medida disciplinaria, sino porque han transcurrido más de tres años desde que fue llamado a retiro temporal, por la aplicación del artículo 41, letra b) de la Ley N° 18.961, disposición que establece que transcurridos tres años desde el alejamiento, el retiro temporal adquiere el carácter de absoluto, conduce a un evidente perjuicio a los derechos del recurrente durante la vigencia del sumario y permite a estos sentenciadores apreciar que esa demora que se reprocha por el recurrente al recurrido, efectivamente infringe principios de debido proceso, ya que la resolución de un proceso debe ser oportuna, que esa demora afecta además los principios de celeridad y conclusivos establecidos en los artículos 7 y 8 de la ley 19.880 y los plazos establecidos en el propio proceso sumarial institucional los que sin ser fatales, por razones de certeza y de confianza del administrado no pueden quedar al arbitrio de la autoridad que ejerce la potestad sancionatoria ni excederse a tal punto de generar, por esa demora, perjuicios adicionales a su conclusión.

Décimo Cuarto: Que, la tardanza en la resolución del sumario no puede acarrear aparte de las sanciones que determina, un efecto adverso para el recurrente por el solo transcurso del tiempo que no le es imputable.

Décimo Quinto: Que, respecto a la tramitación de los recursos en el sumario, se observa también que se ha reformado lo recurrido en perjuicio o desmedro del recurrente, aumentándosele la sanción por el hecho de reclamar aplicando un criterio que desborda la competencia que fija el propio recurso respecto de las facultades del ente resolutivo en particular, no siendo aplicable para la facultad de enmienda como consecuencia de los recursos, las atribuciones o potestades genéricas que contienen la potestad sancionatoria, sin la debida limitación dispuesta por la competencia que el propio recurso impone al ente encargado de resolver el recurso.

Décimo Sexto: Que, en la misma línea anterior respecto a la independencia de la sanción penal y la sanción administrativa, no cabe duda que cuando se trata de unos mismos hechos, como la conducción en estado de ebriedad, que es sobreseída en sede penal, ello tiene necesariamente un correlato en la investigación administrativa basada en el mismo hecho, más aún cuando esta última concluye con posterioridad. Más aún, cabe tener presente que, en el ordenamiento jurídico nacional, esto es en el Estatuto Administrativo, se precisa que si hay absolución o sobreseimiento definitivo, porque los hechos no son constitutivos de delito, se procede a la reincorporación del funcionario. Si ese sobreseimiento fue conocido en instancias de apelación en la tramitación del sumario y se desestimó, argumentando la independencia de las responsabilidades, dicho argumento es sólo aplicable cuando se trate de hechos diversos, lo que no ocurre en el presente caso. Si la máxima responsabilidad por el hecho reprochado ha sido sobreseída en sede penal, dicha situación debe ser tomada en cuenta para la ponderación del mismo hecho investigado en sede administrativa y no desestimarla rechazando el recurso como ocurre en el presente caso.

Décimo Séptimo: Que, por otra parte, tratándose del derecho administrativo sancionatorio, debe respetarse el principio de tipicidad, que otorga a los ciudadanos una garantía al debido proceso, rodeándose las circunstancias que envuelven la conducta del supuesto infractor con elementos de verosimilitud que permitan imponer una sanción tan extrema, cuando no quepa duda razonable alguna acerca de su procedencia y proporcionalidad.

Décimo Octavo: Que de lo anterior se concluye que en los hechos ha existido un actuar carente de razonabilidad que afectan las garantías constitucionales del recurrente ya que se ha visto afectada su integridad psicológica considerando la angustia que le ha significado el procedimiento de una duración de tres años y medio, la naturaleza de los hechos imputados, con retiro temporal, para concluir con un aumento desproporcionado de la sanción originalmente reclamada. Que se ha dado además un trato diferente afectando su honra involucrando el prestigio profesional alcanzado con una conducta irreprochable en la institución por más de 18 años afectando con ello su trabajo como oficial de carabineros y con ello la libertad de trabajo, lo que deriva en una conducta arbitraria que impone a estos sentenciadores la necesidad de acoger la acción de que se trata en los términos que se dirá.

Décimo Noveno: Que, de acuerdo a lo razonado precedentemente, se omite el análisis pormenorizado los demás cuestionamientos realizados por el actor.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 1 por nombre reservado en contra de Carabineros de Chile y se resuelve:

1.- Se anula lo obrado en el sumario con posterioridad al dictamen N° 06757/2015/1 de 7 de julio de 2015, que fijó la sanción de diez días de arrestos con servicios y, por ende, se le tiene por concluido esta investigación administrativa con dicha data y por sancionado el recurrente, don nombre reservado, con dicha medida.

2.- Asimismo; corresponde que la sanción antes dicha, se tenga por cumplida, en mérito del largo tiempo en que el sumariado ha permanecido suspendido temporalmente de la institución.

3.- La recurrida, Carabineros de Chile, a través de su Director General, deberá dejar sin efecto la resolución N° 275 de 30 de septiembre de 2016 y N° 27 de 24 de marzo de 2017, la que aplicó y, además, mantuvo, la medida de Separación de Servicios del actor, don nombre reservado; y 4.- Por último, en este mismo orden de ideas, esta misma autoridad de Carabineros, deberá disponer que se reincorpore de inmediato a las filas de dicha institución al recurrente, sin que le sea aplicable, en su caso y por hasta ahora, procedente disponer su retiro definitivo, según lo regula el artículo 14 de la ley N° 18.961, en relación con el artículo 41 letra b) de esta misma ley y 11 letra e) del DFL 2 de 1968, (Estatuto del Personal de Carabineros de Chile), en el entendido que nombre reservado excedió el plazo de los tres años de retiro temporal de la institución, ya que tal exceso del plazo ha sido motivado por responsabilidad de la misma recurrida.

5.- Cada parte pagara sus costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Fernando Ortiz Alvarado, quien no firma por ausencia.

Nº Protección 58.664-2017.