nombre reservado con COMUNIDAD EDIFICIO STUDIO OFICCE TOBALABA

C.A. de Santiago Santiago, cinco de noviembre de dos mil veinte.

Proveyendo los escritos folios 14 y 15, a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que doña nombre reservado, Ingeniero Comercial, domiciliada en domicilio reservado, Región Metropolitana, recurre de protección a favor de nombre reservado, Ingeniero, domiciliado en Santa Clara, California, Estados Unidos, para estos efectos en su calidad de propietario de las oficinas N° 213 y N° 216 y de los estacionamientos N°100 y N° 101, todas propiedades del Edificio Studio Office Tobalaba ubicado en domicilio reservado, en contra de la Administración Comunidad Studio Office Tobalaba, representada por don nombre reservado, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto arbitrario e ilegal de impedir el acceso a la propiedad, lo que le ha significado una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos amparados en la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República de Chile, esto es, al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, esto es, de derecho de uso, goce y disposición de Las Propiedades. Asimismo, la decisión unilateral por parte de La Administración de permitir arbitrariamente el acceso a las dependencias del Edificio Studio Office Tobalaba número 2979, sólo respecto de aquellos que ejerzan trabajos en modalidad online, ha significado una privación, perturbación y amenaza a la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República, respecto a la libertad de trabajo y su protección, atribuyéndose el Comité de Administración la facultad de prohibir el ejercicio de ciertos trabajos. Fundando esta acción de Protección en los siguientes antecedentes que pasa a exponer.

Que don nombre reservado es propietario de las oficinas Número 213 y Número 216 y de los estacionamientos N°100 y N° 101, todas ubicadas en el Edificio Studio Office Tobalaba, cuya dirección es domicilio reservado. Doña nombre reservado, madre de don nombre reservado, administra las propiedades en virtud de mandato general otorgado con fecha 14 de mayo 2010. La oficina N° 216 y estacionamiento N° 101 están arrendados por doña nombre reservado. La oficina N° 213 y estacionamiento N° 100 están arrendados por Facial Esthetic & Dental SpA, quien ocupa la oficina arrendada como centro dental.

Indica que la contingencia sanitaria que afecta nuestro país producto de la propagación del virus COVID19 es un hecho público y notorio. Con el objetivo de evitar la propagación y contagio de este virus es que con fecha 18 de marzo de 2020, fue decretado por el presidente de la República el estado de excepción constitucional denominado “Estado de Catástrofe”. La Federación de Sociedades Científicas de Especialidades Odontológicas de Chile (FESODECH) emitió un Protocolo de Atención Odontológica Post Covid19, orientando respecto a las nuevas medidas que se deben adoptar para enfrentar los procedimientos de atención. F.E. ha adoptado todos los protocolos y medidas solicitados por la autoridad sanitaria y sugerido por el Colegio de Dentistas.

Refiere que la parte recurrida clausuró, cerró e inhabilitó todos los accesos del edificio Studio Office Tobalaba, ubicado en Eliodoro Yáñez N°2979, Providencia, Santiago, informando vía circular enviada por correo electrónico de fecha 10 de junio de 2020, ambos acompañados en autos, que solamente permitirá el ingreso de aquellos trabajadores que se desempeñen en modalidad online o teletrabajo. Esta decisión en ningún momento fue consultada a los arrendatarios ya individualizados, así como tampoco al propietario nombre reservado, ni a su representante nombre reservado. El Comité de Administración decidió unilateralmente, sin explicaciones ni fundamentos, quién y cuándo iba a poder ingresar a las dependencias; imponiendo el horario de 10:00 a 17:00 horas, los días lunes a viernes, y el requisito de que sea netamente para el teletrabajo. Asimismo, La Administración se irroga facultades que, dado el estado de excepción constitucional, le competen a las autoridades, tales como restringir la libertad de reunión.

Que los arrendatarios de don nombre reservado, nombre reservado e Facial Esthetic & Dental SpA, no han podido hacer normal uso y goce de las propiedades que arrendaron, por cuanto se les restringieron los días y horas de uso, así como también se les impusieron nuevas modalidades como requisito para poder ingresar, por lo cual se estarían vulnerando sus garantías fundamentales consagradas en los numerales 16° y 24° del Artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Así las cosas, la interposición del presente recurso apunta a que se permita el libre ejercicio del derecho de propiedad. Es decir, acceder a su propiedad en el momento que lo desee por el tiempo que lo desee, sin que existan limitaciones impuestas por terceros carentes de facultad para establecer limitaciones al dominio. Asimismo, apunta a que se proteja la libertad de trabajo, por cuanto la ley es la única que puede determinar las condiciones que deben cumplirse para ejercer profesiones específicas.

Que el actuar del recurrido constituye un acto arbitrario e ilegal que atenta contra las garantías establecidas en los numerales 16° y 24° del Artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, por cuanto, se ha amenazado ilegalmente la libertad de trabajo y se le ha privado o turbado arbitrariamente del derecho de propiedad sobre los bienes antes individualizados, afectando su patrimonio y vulnerando lo dispuesto en la constitución y las leyes.

Agrega la recurrente que ni la Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, ni el Reglamento de Copropiedad del Edificio Studio Office Tobalaba otorga facultades a La Administración para impedir el acceso a las oficinas, o dependencias del edificio.

No existiendo en consecuencia un acto donde consten los fundamentos de la decisión adoptada por La Administración, como tampoco un acta donde la asamblea se hubiera pronunciado al respecto, resulta necesario concluir que el acto por el cual se cierran las puertas de acceso al edificio es completamente arbitrario y carente de fundamento legal, resultando en evidencia injustificado, arbitrario y caprichoso del acto realizado por parte de la recurrida.

Solicitando finalmente se ordene decretar las medidas pertinentes para el restablecimiento del derecho, ordenando se permita el acceso libre a la oficinas N° 213 y N° 216, y a los estacionamientos N° 100 y N° 101 a los arrendatarios de las mismas o a quien el legítimo propietario don nombre reservado indique, con expresa condenación en costas SEGUNDO: Que, comparece don nombre reservado, abogado, integrante del Comité de Administración de la Comunidad Edificio Studio Office Tobalaba, quien evacua el informe ordenado y solicita el rechazo del recurso con costas.

Aclara que el integrar un Comité de Administración es, es un cargo “ad honorem”, que sólo acarrea responsabilidades para sus integrantes y devenga obligaciones que nadie agradece.

Indica que, la Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria es el único marco legal que regula la situación que se da, entre comuneros, en donde existe copropiedad de sus integrantes (respecto de las áreas comunes), y simultáneamente, existe propiedad exclusiva, respecto de la unidad de la cual se es titular. Existiendo esta dualidad de propiedades, en la gran mayoría de las situaciones, la afectación en el uso y goce de un bien común, acarrea la afectación del uso y goce de uno o varios poseedores inscritos respecto de su unidad.

Destaca que, cuando el Comité de Administración, decidió restringir el acceso a la comunidad, es evidente que por consecuencia, se iba a afectar el uso de las unidades individuales, decisión que fue adoptada por el Comité, debido al estado de Catástrofe decretado y a la pandemia que se padece hasta el día de hoy. Cita el artículo 21 de la Ley 19.537 que faculta al Comité de Administración a “…dictar normas que faciliten el buen orden y administración del condominio, como asimismo imponer las multas que estuvieren contempladas en el reglamento de copropiedad, a quienes infrinjan las obligaciones de esta ley y del reglamento de copropiedad”. Señala que, el artículo Cuadragésimo Quinto del Reglamento de Copropiedad establece que: “Todo lo concerniente a la administración de los Bienes de Dominio Común y a las relaciones entre copropietarios, arrendatarios, ocupantes y usuarios a cualquier título de Unidades en todos los diversos sectores del Edificio, será resuelto por los copropietarios reunidos en Asamblea General”.

Expone que, debido a que la cuarentena fue decretada por la autoridad central, se hizo físicamente imposible citar a una asamblea ordinaria o extraordinaria, para tratar el asunto por el cual el actor recurre y a propósito de las medidas restrictivas de las libertades individuales, siempre fue para acatar las medidas decretadas por la autoridad sanitaria, ya que la comuna de Providencia estaba en cuarentena y cuando ésta se levantó por una semana, no iban clientes, porque seguían en cuarentena en sus comunas, al igual que el 99% de los comuneros, quienes se encontraban en teletrabajo, desde sus casas.

Hace presente que el 13 de mayo pasado, encontrándose en plena vigencia el estado de excepción constitucional, el Ministerio de Salud decretó cuarentena total para 43 comunas de Santiago, debido al aumento de contagios por el Covid 19 y junto con el toque de queda, la autoridad sanitaria restringió la libertad de desplazamiento de las personas, sólo para realizar trámites indispensables.

Expone que, una de las actividades más golpeadas con la cuarentena es, precisamente, la libertad para concurrir al lugar de trabajo, permitiéndose trabajar a aquellas personas que desarrollan actividades esenciales, haciendo presente que la Comunidad Studio Office Tobalaba está integrado sólo por profesionales que ejercen actividad de manera liberal y por técnicos.

Expone que, de un total de 106 oficinas, se cuenta con 6 trabajadores, de los cuales uno de ellos se encuentra contagiada con Coronavirus.

Resalta que para la primera cuarentena decretada en la Región Metropolitana, decretada el 26 de marzo pasado, el Comité efectivamente decidió restringir el ingreso de los comuneros a las instalaciones del edificio, ya que muchos residentes, al momento de presentarse a la comunidad para retirar implementos de trabajo, traía consigo un permiso distinto al que habilitaba para trabajar en las oficinas respectivas, como aquellos para concurrir a los supermercados o farmacias. Es decir, muchos comuneros estaban quebrando la cuarentena, exponiendo su salud y la de los funcionarios.

Hace presente que durante la restricción al acceso del edificio para la primera cuarentena decretada en Providencia, el recurrente nunca manifestó tener ningún inconveniente. Indica que, son dos los propósitos que el Comité de Administración buscó al momento de limitar el ingreso a las instalaciones del edificio, a saber: cautelar porque se respeten las cuarentenas y ayudar, en lo posible, a que se contuviera el virus; y cautelar la salud de los comuneros y funcionarios, ya que además de la evidente situación de fragilidad y desmedro de estos últimos, si alguno de ellos se llegaba a contagiar de Covid19, la comunidad quedaría expuesta a una demanda por accidente laboral, la cual tendría grandes posibilidades de prosperar.

Considera que el recurso debe ser rechazado debido a que la comunidad se encuentra abierta al día de hoy, y la apertura, fue realizada antes del dictado de la orden de no innovar dispuesta en autos.

Resalta que, lo pedido en la acción cautelar es que se permita al actor y sus trabajadores el libre acceso a la comunidad, no obstante, le fue permitido e informado que tenía libre acceso a la comunidad él y sus trabajadores, antes que interpusiera el recurso y a pesar de aquello, igualmente accionó en contra de la comunidad.

Destaca que, la Constitución también protege el derecho a la salud, por lo que, en el peor de los eventos, estamos frente a una colisión de derechos constitucionales, con la salvedad que, estamos frente a la pandemia más grave de los últimos cien años.

Hace hincapié que, el recurrente obtuvo una orden de no innovar faltando a la verdad, ya que relató un hecho, omitiendo aquello que lo perjudica. Además, el presente recurso carece de objeto, toda vez que el acto u omisión ilegal o arbitrario que solicita sea enmendado ya fue terminado, es decir, al día de hoy, el actor puede entrar y salir libremente de su oficina, sin inconveniente y para acreditar que el recurrente ha concurrido en una sola ocasión a la comunidad, acompaña fotografías de las cámaras del condominio, que acreditan, precisamente que al día de hoy no existe acto ilegal o arbitrario alguno que esta Corte deba corregir TERCERO: Que, para que pueda acogerse el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir un acto u omisión arbitrario o ilegal, que signifique una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza, conculque o afecte de modo real, efectivo o inminente, el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar.

QUINTO: Que, del análisis de los antecedentes, se advierte que, el acto recurrido consistente en impedir a la recurrente acceder a su oficina para realizar sus labores consideradas esenciales, cuestión que si bien fue reconocido por la propia recurrida, dicha decisión fue dejada sin efecto a partir del 15 de junio pasado, motivo por el cual, a la fecha, no existe ninguna medida de carácter cautelar que esta Corte pueda adoptar, al haberse restablecido el imperio del derecho de manera voluntaria por parte de la recurrida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido doña nombre reservado, en favor de nombre reservado en contra de la Comunidad “Condominio Edificio Studio Office Tobalaba”, representada por don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-58626-2020.