SINDICATO NUMERO UNO DE TRABAJADORES AFP CUPRUM con DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO METROPOLITANA PONIENTE

Santiago, doce de noviembre de dos mil veinte.

Visto:

Con fecha primero de junio del año en curso, comparece ante esta Corte don Fernando Yung Moraga, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación del SINDICATO N° 1 DE TRABAJADORES DE AFP CUPRUM S.A, persona jurídica del giro de su denominación, rol único tributario número 65.189.193-0, quien deduce recurso de protección en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO METROPOLITANA, servicio público, rol único tributario número 61.502.000-1, representada por dn nombre reservado, ambos domiciliados domicilio reservado, y en contra de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO, servicio público descentralizado, rol único tributario Nº 76.024.0079-0, representada legalmente por doña nombre reservado, chilena, cédula nacional de identidad número RUT reservado, ambos domiciliados en esta ciudad domicilio reservado, alegando como vulnerado y entorpecido el derecho constitucional de su representada y de sus asociados a negociar colectivamente conforme lo dispone el artículo 19 número 16 de la Constitución Política de la República y, de igual forma, se ha vulnerado el derecho de propiedad sobre todo bien o derecho susceptible de apropiación, conforme lo establece el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que su representada es una organización sindical que lleva alrededor de dos años de vida, en la cual ha organizado a nivel nacional alrededor de 360 socios, los cuales pertenecen en su mayoría al cargo de ejecutivos de venta. Así las cosas, el sindicato reúne a diversos trabajadores de todas las regiones en que AFP Cuprum mantenga sucursales.

Durante el mes de marzo del presente, su representada recibió una comunicación por parte de AFP Cuprum en la cual le ofertaba llegar a un acuerdo en la determinación de los servicios mínimos conforme lo establece el artículo 360 del Código del Trabajo. Naturalmente y como era de esperarse del empleador, este mutuo acuerdo no pudo llevarse a cabo, no obstante la disposición de su mandante y de sus asociados para conciliar en este punto, por lo que el empleador acudió a la Inspección del Trabajo dentro del plazo que la ley establece a fin de que sea ella quien determine los servicios mínimos a través de resolución fundada. Conforme pasaron los meses y estando segura su mandante que dicha resolución ya había sido emitida por los plazos legales que establece el artículo 360 y siguientes del Código del Trabajo, el sindicato presentó un proyecto de negociación colectiva en el cual solicitaba al empleador AFP CUPRUM S.A someterse al proceso de negociación colectiva reglada, haciendo presente que éste sería el primer proceso de negociación a cargo de un sindicato, pues ello nunca había ocurrido en la historia de AFP CUPRUM y sus trabajadores. En este orden de ideas, el empleador comunicó a su mandante a través de correo electrónico que no podía iniciar un proceso de negociación pues se encontraba pendiente la determinación de los servicios mínimos por resolución que se encuentra a cargo de la Dirección del Trabajo.

No obstante que que el sindicato comenzó los trámites en Antofagasta, la Inspección del Trabajo de esa ciudad no cuenta con un departamento a nivel local o regional que pueda llevar a cabo la determinación de los servicios mínimos; por lo cual, y de acuerdo a los procedimientos internos, fue derivado a la ciudad de Santiago. En razón de esto último, dado que el servicio ha incurrido en actos que perturban los derechos constitucionales ya aludidos, mantiene domicilio en esta ciudad, Región Metropolitana corresponde que el presente recurso sea conocido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

Su parte solicitó a la Dirección del Trabajo explicaciones por qué se encontraba pendiente la emisión de la resolución que determina los servicios mínimos a que está obligada el sindicato que representa en una eventual huelga, pues los plazos ya habían transcurrido sobradamente, incluso, antes de la situación de pandemia que nos afecta globalmente. Grande fue la sorpresa al recibir como respuesta de la Dirección del Trabajo que dicho proceso de fiscalización se encontraba en etapa de ejecución, es decir, a la fecha el servicio recurrido ni siquiera ha comenzado el proceso de determinación o fiscalización coartando así el derecho de su mandante y de sus asociados a negociar colectivamente, pues mientras los servicios mínimos no se encuentren determinados, el sindicato se ve impedido de iniciar un proceso de negociación reglada, a la cual está obligada pues la empresa se ha negado a negociar de manera no reglada. Al respecto, la recurrida ha incumplido el plazo que el legislador le ha ordenado para determinar los servicios mínimos, siendo éste no superior a 45 días, por lo que a julio de este año del presente, el plazo señalado se ha excedido con creces, causando el respectivo perjuicio a su mandante y sus asociados, vulnerándose su derecho a negociar colectivamente, a diferencia de otras organizaciones sindicales en las que sí se ha ejecutado el procedimiento en la forma señalada por el legislador. Así las cosas, el actuar negligente de la recurrida ha implicado que su mandante haya presentado un proyecto de negociación colectiva a la empresa, acompañando una nómina de todos los asociados adheridos a la negociación colectiva, arriesgando a sus asociados a eventuales despidos, pues como no se ha iniciado el proceso de negociación, no cuentan con el fuero o protección que la ley les otorga, viéndose vulnerables ante la decisión de la empresa de comenzar a eliminar trabajadores para incurrir en menos costos una vez que comience el proceso de negociación.

La Dirección del Trabajo ha incumplido todas las obligaciones que el artículo 360 del Código del Trabajo le ha impuesto: a).- No ha citado a las partes para oír sus posturas conforme lo establece el artículo 360 de dicho texto legal: b).- No ha solicitado informes técnicos o señalado que los requerirá; c).- No ha realizado visitas, ya sea presencialmente o virtualmente, como lo hace con los usuarios del sistema; d).- No ha cumplido con el plazo de 45 días contados desde el requerimiento para emitir la resolución fundada que se pronuncie sobre los servicios mínimos.

Sostiene que con las omisiones y la falta de servicio en que ha incurrido la recurrida, ha afectado el derecho constitucional de su mandante a negociar colectivamente, pues se ha visto impedido de hacerlo por la única y exclusiva razón de la demora injustificada de la recurrida en terminar el procedimiento en la forma y plazos que el legislador le ha ordenado, vulnerándose las garantías fundamentales del artículo 19 números 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Pide se acoja y se ordene a la recurrida que en el plazo más breve -proponiendo el recurrente 5 días contados desde la sentencia que así lo ordene, o en el plazo que esta Corte disponga, emita la resolución que determine los servicios mínimos a los que el sindicato de trabajadores de CUPRUM S.A se verá obligada a proporcionar a la empresa CUPRUM S.A, en el escenario de una huelga conforme lo establecen los artículos 360 y siguientes del Código del Trabajo, todo ello con costas.

Con fecha 18 de agosto último, informó la Dirección del Trabajo, señalando que efectivamente se ha producido una demora más allá de lo querido, sin embargo, tal demora no es de exclusiva responsabilidad de su representada, puesto que la solicitante no acompañó todos los antecedentes oportunamente a su solicitud primitiva, lo que retrasó la tramitación pues hubo que requerirle complementar su presentación, lo que realizó sólo con la presentación del recurso de reposición de fecha 09 de julio de 2020. Cita algunas normas laborales y dictámenes, señalando que en atención a ellas, no existe posibilidad de que la demora en la dictación de la resolución que califique los Servicios Mínimos y Equipos de Emergencia de la Empresa AFP Cuprum S.A., impida o perjudique los derechos colectivos de la recurrente ni de sus afiliados, pues sus derechos se mantienen incólumes para ser ejercidos desde el día siguiente a la ejecutoria de la resolución respectiva. Señala que no hay acto arbitrario o ilegal, porque la falta de dictación de resolución de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia, se encuentra en estudio para ser dictada con estricta sujeción a lo dispuesto en los arts. 359 y siguientes del Código del Trabajo, de modo de proteger efectivamente el derecho irrenunciable a negociar colectivamente y al derecho a huelga de que gozan todos los trabajadores.

Se dictó el decreto en relación, y se ordenó agregar de manera extraordinaria y preferente para el día primero de octubre en curso.

El día fijado para la vista de la causa, se anunció para alegar, escuchó relación y alegó, a través de videoconferencia, contra el recurso, el abogado de la recurrida.

Considerando:

Primero: Que, por la presente acción constitucional se alega que la Inspección Regional del Trabajo Metropolitana no ha dictado la resolución que determine los servicios mínimos y los equipos de emergencia, dentro del procedimiento que establece el artículo 360 del Código del Trabajo, iniciado éste a instancias de A.F.P. Cumprum, como trámite previo al inicio de las negociaciones colectivas con el Sindicato N°1 de Trabajadores de AFP Cuprum S.A.; y que la Dirección Nacional del Trabajo no ha fiscalizado que se cumplan el procedimiento y los plazos que establece la ley, lo que vulnera el derecho constitucional del citado Sindicato y de sus asociados a negociar colectivamente, conforme lo dispone el artículo 19 número 16 de la Constitución Política de la República, vulnerándose además el derecho de propiedad, sobre todo bien o derecho susceptible de apropiación, conforme lo establece el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, el recurrente acompañó los siguientes documentos: 1.- Cadena de correos electrónicos de fecha 25 de junio del presente en el cual consta las conversaciones entre el sindicato y la Dirección del Trabajo; 2.- Carta de fecha 04 de marzo del presente en el cual se propone al sindicato los servicios mínimos; 3.- Carta de fecha 8 de abril del presente emitida por AFP CUPRUM a la Dirección del Trabajo solicitando requerimiento por concepto determinación servicios mínimos 4.- Acta de constitución del Sindicato.

Tercero: Que, por su parte la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1.- Copia de Ordinario N° 832 de 17-06-2020 y su notificación por correo electrónico de fecha 25-06-020; 2.- Copia de Ordinario N° 868 de 02-07-2020 y su notificación por correo electrónico de fecha 07-07-2020; 3.- Copia de correo de fecha 09-07-2020 emanado de AFP Cuprum S.A., dirigido con escrito de reposición y antecedentes adjuntos, consistentes en 9 comprobantes de envíos de cartas certificadas a organizaciones sindicales de fecha 04-03-2020, copia de 10 propuestas de servicios mínimos a las organizaciones sindicales de la empresa, copia de presentación de 08-04-2020 con correo a Dirección del Trabajo emanado de la empresa AFP Cuprum, y copia de presentación de fecha 26-06-2020 vía correo electrónico en que se acompaña documento denominado “Solicitud SM-DT”; 4.- Copia de Resolución N° 515 de 06-08-2020 y su notificación por correo de fecha 11-08-2020 emanado de la recurrida; 5.- Copia de Ordinario N° 5346/92 de fecha 28-10-2016; 6.- Copia del Ordinario N° 1563/38 de fecha 07-04-2017; 7.- Copia del Ordinario N° 1012/16 de fecha 20-02-2018.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Quinto: Que, conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado -privación, perturbación o amenaza- contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Sexto: Que, sobre la existencia de acto en contra del cual se recurre, atendido lo informado por la recurrida, se tiene por establecido que ella no ha dictado la resolución que determina los servicios mínimos y los equipos de emergencia dentro del procedimiento que establece el artículo 360 del Código del Trabajo, iniciado éste a instancias de A.F.P Cumprum como trámite previo para iniciar la negociación colectiva con el Sindicato N°1 de Trabajadores de AFP Cuprum S.A., lo que no ha cumplido a fecha de interposición de este recurso ni hasta la vista de esta causa.

Séptimo: Que, para justificar el excesivo retardo, la recurrida se asila en el acto de un tercero, señalando que A.F.P. Cuprum no acompañó todos los antecedentes a su solicitud, lo que retrasó la tramitación, pues hubo que requerirle complementar su presentación; sin embargo, no considera que la solicitud de A.F.P. Cuprum se presentó el 08 de abril; apercibiendo la recurrida a la solicitante sólo el 17 de junio; luego, el 02 de julio la declaró inadmisible y recién el día 06 de agosto, ante una reposición de la solicitante acompañando esa documentación, ordenó dar curso al procedimiento de calificación de servicios, en circunstancias que corresponde a la Dirección del Trabajo, en su rol de ejecutar la legislación laboral, haber instado para que todo ello se cumpliera dentro del plazo que señala la ley. Por lo demás, pese al tiempo transcurrido, hasta la fecha de la vista de la causa no ha justificado los motivos que ha tenido para no practicar las diligencias que señala el artículo 360 del Código del Trabajo que le imputa la recurrente, y mucho menos que haya dictado dentro del plazo legal la resolución a que se encuentra obligada para que el Sindicato y sus asociados puedan comenzar la negociación colectiva, limitándose a señalar que “está en estudio”.

Octavo: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida se considera ilegal, porque habiéndose iniciado el procedimiento que establece el artículo 360 del Código del Trabajo, el inciso 11° de esta norma obliga a la respectiva Dirección Regional a dictar la resolución para determinar los servicios mínimos dentro de los 45 días, sin que hasta la fecha ello se haya cumplido, ni justificado haber realizado las diligencias que establece la ley; también se considera arbitrario, porque no ha dado una respuesta razonable del excesivo tiempo que se ha prolongado ese retraso; lo mismo es posible establecer respecto a la Dirección Nacional del Trabajo, porque debió fiscalizar y ordenar que se cumpliera dicho procedimiento, disponiendo actuaciones de oficio y no necesariamente a requerimiento de parte.

Noveno: Que, establecida la existencia de un acto u omisión arbitrario e ilegal, corresponde señalar que la garantía constitucional que esta Corte estima vulnerada, es la establecida en el artículo 19 número 16 inciso 4° de la Constitución Política de la República, la que asegura a toda persona y organización sindical el derecho a negociar colectivamente en el marco del ámbito laboral, señalando expresamente esta norma que “La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella”.

Décimo: Que, habiendo entregado la Constitución Política de la República la regulación de la negociación colectiva al legislador, el artículo 360 del Código del Trabajo dispone en el inciso primero que “los servicios mínimos y los equipos de emergencia deberán ser calificados antes del inicio de la negociación colectiva”; en consecuencia, mientras la recurrida no emita la correspondiente resolución, los recurrentes se ven impedidos de iniciar la negociación colectiva. Esta misma norma establece los plazos, señalando expresamente el inciso 11° que “La resolución que emita la Dirección Regional del Trabajo calificando los servicios mínimos y los equipos de emergencia de la empresa deberá ser fundada y emitida dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al requerimiento. Esta resolución deberá ser notificada a las partes dentro de los cinco días siguientes a su emisión y sólo será reclamable ante el Director Nacional del Trabajo”, plazo que como se ha dicho, no se ha cumplido por la Dirección Regional Santiago Poniente, no dictando hasta la fecha la resolución que resulta indispensable para iniciar la negociación colectiva.

Undécimo: Que, en consecuencia, cumpliéndose los requisitos que se establecen para la procedencia de esta acción constitucional, corresponde adoptar las medidas cautelares que solicita la recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N° 16 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida por el abogado don Fernando Yung Moraga, en representación, de Sindicato N° 1 de Trabajadores de AFP Cuprum S.A. en contra de Dirección Regional del Trabajo Metropolitana y en contra de la Dirección Nacional del Trabajo, y se ordena a las recurridas practicar las diligencias y dictar la resolución de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia, dentro del plazo de cinco días de notificada esta sentencia.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Fiscal Judicial señor nombre reservado.

No firma el Ministro (s) señor Marinello, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por haber cesado funciones en esta Corte.

N° Protección 58.610-2020