nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, trece de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., por haber rechazado arbitraria e ilegalmente su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, notificándole en fecha 10 de marzo de 2025 que el requerimiento se encontraba detenido por estar validando la constancia de afiliación al IVSS con las autoridades competentes. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que habría dado íntegro cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y propiedad privada, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se ordene el reconocimiento de la validez del certificado de afiliación del país de origen suministrado y se proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho.

Expone que con fecha 5 de diciembre de 2024 solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Posteriormente, señala que en fecha 10 de marzo de 2025 fue informada por la administradora de fondos recurrida que el requerimiento estaba detenido porque se encontraba validando la constancia de afiliación IVSS con las autoridades competentes, quedando a la espera de respuesta para dar continuidad al trámite.

Asimismo, la recurrente indica que acompañó a su solicitud los siguientes documentos: título universitario, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) debidamente legalizado, y contrato de trabajo con su respectivo anexo previsional. En consecuencia, sostiene que ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realizaría una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador de permitir disponer de sus ahorros previsionales, produciendo una retención injustificada de éstos.

Funda su pretensión en los artículos N°1 y N°7 de la Ley N°18.156, los cuales establecen que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores chilenos, siempre que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. Agrega que el artículo 7° de la misma ley permite que trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones puedan solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que den cumplimiento a los requisitos del artículo 1°.

Reclama que se infringe su derecho a la igualdad ante la ley, al darle un trato diferenciado respecto de otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con lo solicitado por el servicio, han obtenido respuestas favorables, paralizándose su trámite por validaciones que no se encuentran contempladas en la ley. Asimismo, alega vulneración del derecho de propiedad privada, por cuanto se le está privando de sus fondos previsionales sin causa legal que lo justifique.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene reconocer como válido el certificado de afiliación del país de origen suministrado, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de cinco días o el que el tribunal estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando se rechace en todas sus partes la presente acción, con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, por cuanto su representada no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal respecto de las garantías del artículo 19° de la Constitución Política.

En primer término, la recurrida plantea como excepción de incompetencia que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio. Concluye que lo pedido por la recurrente no se condice con la finalidad de un recurso de protección, pretendiendo discutir la constitucionalidad del DL 3.500 en sede cautelar, existiendo un derecho controvertido y no indubitado.

Reconoce haber rechazado la solicitud de devolución de fondos de la recurrente en su calidad de técnico extranjero conforme a la Ley N° 18.156. Sin embargo, precisa que dicho rechazo se fundamentó en que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones. Enfatiza que, por instrucciones de dicho organismo supervisor, ProVida debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero. Para acreditar lo anterior, acompaña copia de Oficio Ordinario N°5621 de fecha 01-04-2025 de la Superintendencia de Pensiones, donde este organismo resuelve no acceder a una devolución solicitada por no cumplirse con los requisitos legales y normativos en caso similar. Asimismo, destaca que la actora no ha recurrido a la Superintendencia de Pensiones exponiendo su caso para obtener pronunciamiento del regulador.

Fundamenta su defensa en el Decreto Ley N° 3.500 de 1980 que crea el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia, señalando que fue creado especialmente para pagar las prestaciones que la misma ley establece. Destaca que el artículo 23 del citado cuerpo legal establece expresamente que las AFP no podrán ofrecer u otorgar a los afiliados o beneficiarios, bajo ninguna circunstancia, otras pensiones, prestaciones o beneficios que los señalados en la ley. Complementariamente, invoca el artículo 64 del Reglamento del DL 3.500 que establece que los Fondos que mantienen las Administradoras sólo tienen por objeto el financiamiento de las prestaciones, pensiones y retiros que la Ley establece. Concluye que, por mandato legal, el propósito del saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado es financiar la respectiva pensión, encontrándose las AFP legalmente impedidas de destinar los fondos previsionales a un fin distinto, salvo las excepciones que la misma ley contempla.

Respecto de la Ley N° 18.156, explica que en materia laboral y previsional rige en Chile el principio de territorialidad, aplicándose las leyes laborales y previsionales vigentes en Chile a todos los trabajadores, salvo dos excepciones: que el trabajador se encuentre acogido a un Convenio Bilateral de Seguridad Social en calidad de desplazado, o que quede exento de cotizar conforme a la Ley N° 18.156. Detalla que esta última norma regula la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos prescritos en su artículo 1°, estableciendo tres condiciones copulativas: que detenten la calidad de técnicos, que se encuentren afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile con obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo manifiesten expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen. Sostiene que el cumplimiento del segundo requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada.

Tercero: Que mediante Oficio Ordinario N° 13742 de fecha 29 de julio de 2025, la Superintendencia de Pensiones, por orden del señor Superintendente y a través de la Jefa del Departamento Derecho de Seguridad Social, doña nombre reservado, evacúa el informe solicitado por esta Corte respecto del presente recurso de protección.

Informa que la señora nombre reservado no registra presentaciones ante dicha entidad respecto de solicitudes de devolución de fondos invocando la Ley N° 18.156, lo que evidencia que la recurrente no agotó las instancias administrativas correspondientes antes de interponer la presente acción constitucional.

Precisa que la normativa aplicable establece que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituye un régimen de excepción aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N° 18.156. Detalla que dicha norma exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. Asimismo, explica que el artículo 7° de la misma ley faculta la devolución de fondos previsionales a trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una AFP, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1°.

Enfatiza que siendo la Ley N° 18.156 una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada solo cuando se cumplan las exigencias copulativas que establece. Consecuentemente, las AFP solo pueden acceder a las solicitudes de devolución de cotizaciones previsionales cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la referida ley, conforme a la normativa aplicable y a la sistemática jurisprudencia administrativa de la institución.

Adicionalmente, destaca su facultad legal de interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones, conforme al N°8 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En ejercicio de dicha facultad, ha emitido jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de las disposiciones de la Ley N°18.156 y la concesión de los beneficios excepcionales que otorga dicho cuerpo legal.

Respecto de los requisitos específicos, el informe explica que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1°, el trabajador extranjero debe aportar certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Precisa que el N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece que esta condición se considerará cumplida también respecto de trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante certificación que otorgue la entidad que concedió el beneficio.

En relación al caso específico de la recurrente, la Superintendencia informa que si bien la señora nombre reservado acompañó su título universitario, contrato de trabajo con su respectivo anexo, y Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debidamente legalizado, este último documento habría sido objetado por la Administradora por encontrarse vencido a la fecha de su presentación. Al respecto, el organismo supervisor señala que conforme con la normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, la constancia de afiliación al IVSS no serviría para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Fundamenta técnicamente esta conclusión señalando que, si bien el documento se encontraría apostillado y la Apostilla no tiene vencimiento, la Constancia sí tiene un plazo de vigencia establecido por la autoridad emisora. Tal como lo reconoció la recurrente y según lo informado por AFP ProVida, el documento se encontraba vencido a la fecha de su presentación a la AFP, atendido el plazo de vigencia que le dio el IVSS. En consecuencia, no resulta posible para la Superintendencia tener por vigente un documento emanado de una autoridad extranjera que, de acuerdo con lo dispuesto por esa misma entidad emisora, se encontraba vencido a la fecha de su presentación. En consecuencia, concluye que la recurrente no cumple con las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

Cuarto: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Del mérito de los antecedentes acompañados al recurso, en especial el informe evacuado por la parte recurrida y los documentos acompañados por el actor junto a la acción cautelar deducida, no se advierte que el acto impugnado adolezca de ilegalidad o arbitrariedad.

En efecto, la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. ha fundado su decisión en la inobservancia de los requisitos legales copulativos que establece el artículo 1° de dicha ley, particularmente en lo que se refiere a la vigencia del certificado de afiliación al régimen previsional extranjero y a la falta de manifestación expresa e inequívoca de voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo acompañado.

Respecto del segundo requisito, contemplado en la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, que se refiere a que el trabajador exprese en el contrato de trabajo su intención de mantener la afiliación en el país extranjero, con el anexo del contrato de trabajo, acompañado por el recurrente, en el cual se puede advertir una cláusula que satisface ese requisito, debe darse por verificada esa exigencia.

Sexto: En lo que se refiere al primer requisito, la norma aplicable es el artículo 1° letra a) de la ley precitada, la cual, en lo pertinente, establece lo siguiente:

Artículo 1°: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un LEY 18726 régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y…”

Séptimo: Pues bien, conforme a lo informado por la recurrida, el documento emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, fue emitido el 10 de julio de 2024 y tenía una vigencia de 120 días, por lo que, al momento de presentarse la solicitud de devolución de fondos (5 de diciembre de 2024), dicho instrumento se encontraba vencido. En este sentido, la exigencia de vigencia del certificado no constituye una carga arbitraria impuesta por la administradora, sino una derivación razonable del deber de verificar la existencia de cobertura efectiva al momento de solicitar el beneficio, conforme a la doctrina administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

En esos términos, el recurrente no ha adjuntados los documentos idóneos para acreditar la exigencia contemplada en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, aplicable para estos efectos.

Octavo: En tal virtud, siendo ambos requisitos copulativos, lo que fluye de la sola lectura del precepto recién reproducido, la no concurrencia de cualquiera de esos supuestos impide dar curso a la solicitud del actor, con lo cual ha de concluirse que la recurrida AFP Provida S.A, al denegar la devolución de las cotizaciones requeridas por el recurrente, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, pues se ha limitado a dar aplicación a la legislación vigente, señalando las razones que tuvo para así decidirlo.

Noveno: En consecuencia, el recurso debe ser desestimado, siendo inoficioso ponderar las garantías fundamentales que el actor estima vulneradas.

Por estas consideraciones y con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5855-2025.

En Santiago, trece de agosto de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.