nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA CORINA

C.A. de Santiago Santiago, seis de agosto de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparecen don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en representación de doña nombre reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública Santa Corina, fundado en la emisión y notificación de una carta de desalojo fechada el 27 de febrero de 2025, por medio de la cual se le ordena abandonar la residencia funcional que ocupa dentro del recinto educacional Pacto Andino, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales por presunta ocupación ilegal.

Refieren que esta orden de desalojo vulnera derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República, en particular los numerales 1 (integridad física y psíquica), 2 (igualdad ante la ley), 5 (inviolabilidad del hogar) y 24 (derecho de propiedad) del artículo 19.

Indican haber ejercido durante más de dos décadas funciones como auxiliar residente, bajo vínculo laboral inicialmente con la Municipalidad de Estación Central, y posteriormente traspasado al Servicio recurrido en virtud de la Ley N°21.040 y de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio de la Ley N°21.109, que resguarda la mantención de los derechos adquiridos por los trabajadores de la educación.

Afirman que el uso habitacional del inmueble no sólo ha sido parte consustancial de su contrato y de sus condiciones materiales de trabajo —situación que se vería reconocida en documentos laborales como liquidaciones de remuneraciones—, sino que además ha sido exigido por sus superiores jerárquicos, toda vez que la naturaleza de su función requiere residencia permanente en el lugar de desempeño.

Señalan que, en consecuencia, la carta impugnada constituiría un acto unilateral, carente de razonabilidad, sin sustento legal ni forma de acto administrativo, y cuya amenaza se ha exteriorizado de manera intimidante, al vincular su permanencia con la comisión de delitos y la utilización de la fuerza pública, sin que exista proceso judicial previo ni resolución que ampare tales consecuencias.

Piden se acoja la acción cautelar y se ordene a la recurrida cesar y abstenerse de realizar actos que priven, perturben o amenacen las garantías invocadas respecto a su legítimo derecho de habitar en el lugar que actualmente le sirve de residencia en el establecimiento educacional en el cual desempeña sus funciones Segundo: Que, evacuado el informe por el recurrido Servicio Local de Educación Pública Santa Corina (SLEP), representado por el abogado Eduardo Antonio Gutiérrez Colipe, se niega categóricamente la existencia de cualquier acto ilegal o arbitrario imputable a su parte, afirmando que el SLEP ha actuado conforme a la legalidad vigente, particularmente dentro del marco establecido por la Ley N°21.040, el Decreto N°548 del Ministerio de Educación y el principio de juridicidad que rige a todo órgano de la Administración del Estado.

Señala que tras el traspaso efectivo de los establecimientos educacionales, ocurrido el 1 de enero de 2025, se inició un proceso de inspección interna sobre el uso de la infraestructura escolar, detectándose la permanencia de funcionarios en calidad de residentes, lo que contravendría la normativa que restringe expresamente la utilización de recintos escolares para fines no educacionales, a menos que exista autorización formal emitida por la Secretaría Regional Ministerial competente, lo que en el caso de autos no se habría cumplido.

Funda sus alegaciones, además, en la existencia de un procedimiento sancionatorio previo instruido por la Superintendencia de Educación en contra de la Municipalidad de Estación Central por hechos muy similares, cuya resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago determinándose que la condición de "residente" carece de habilitación jurídica dentro del ordenamiento educacional actual.

Sostiene que la carta enviada a la actora no constituye un acto administrativo de ejecución forzosa, sino una comunicación preventiva, mediante la cual se advierte a la funcionaria de la necesidad de restituir voluntariamente un bien nacional de uso público, sin que se haya materializado desalojo alguno ni interposición efectiva de acción penal o civil, razón por la cual —a su juicio— no existiría afectación actual ni amenaza inminente de las garantías constitucionales invocadas, siendo improcedente el recurso en los términos planteados.

En lo resolutivo, el recurrido solicita el rechazo íntegro del recurso, por carecer de fundamento fáctico y jurídico suficiente que justifique su acogida.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que según consta de los antecedentes acompañados es posible tener por establecido que el acto respecto del cual se recurre en esta acción constitucional es el desalojo comunicado a la actora por carta fechada el 27 de febrero de 2025, suscrita por el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Santa Corina, mediante la cual se le exige el abandono forzoso del inmueble que sirve de residencia a la recurrente, ubicado al interior del recinto educacional Pacto Andino donde presta funciones.

Quinto: Que el Servicio Local de Educación Pública Santa Corina es continuador legal del servicio educacional que prestaba la Municipalidad de Estación Central, y la recurrente celebró con esta última un contrato de trabajo el 28 de enero de 2003, en cuya cláusula primera se lee que aquella fue contratada como auxiliar residente en domicilio reservado”, estableciéndose también en dicha cláusula que podía ser trasladada a otro lugar de trabajo a labores similares dentro de la comuna, sin especificarse cuales, como reconoce la propia recurrente, todo lo cual impide estimar que existe un derecho indubitado de aquella a residir en el recinto educacional Pacto Andino .

Sexto: Que el recurso de protección está establecido para denunciar actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten uno de los derechos que señala la misma norma y respecto del cual no exista una disputa jurídica acerca de su procedencia, lo que como ya se dijo no sucede en el caso de autos, pues la parte recurrente entiende que le asiste el derecho a habitar en el lugar que actualmente le sirve de residencia, y la parte recurrida entiende que la figura de “auxiliar residente” en los establecimientos educacionales no se encuentra permitida sino en la forma que ha señalado en la ley, la que no concurriría en el presente caso, por lo que no es posible atribuirle a esta última la ilegalidad y arbitrariedad que se alega.

Séptimo: Que sin perjuicio de lo anterior, en lo que dice relación con la “Carta Desalojo” enviada por el Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Santa Corina a doña nombre reservado, esta Corte no puede soslayar que expresiones tales como “Le otorgamos un plazo máximo improrrogable hasta el 28 de marzo de 2025 para que pueda sacar sus pertenencias del establecimiento y de tal manera no requerir el accionar de la fuerza pública para cumplir con los señalado” o aquella que dice “se le indica que la ocupación ilegal de inmuebles constituye un delito de acuerdo a lo prescrito en el artículo 457 del Código Penal, arriesgando penas de prisión efectiva y multas” constituyen un amedrentamiento inadmisible que excede con mucho el legítimo derecho de la recurrida a anunciar el ejercicio de acciones legales para el evento en que la recurrente no hiciera abandono del inmueble requerido.

Octavo: Que no obstante ello, lo cierto es que no es posible adoptar medida alguna para restablecer el imperio del derecho en relación con el reprochable contenido de dicha misiva, toda vez que se trata de un hecho consumado, que, de haber afectado alguna garantía de las contempladas en el recurso de protección, no es factible reparar por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza sin costas, la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Local de Educación Pública Santa Corina.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante señora Infante.

N°Protección-5839-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno e integrada por la ministra (S) señora Verónica Sepúlveda Briones y por la abogada integrante señora Catalina Infante Correa. No firman la ministra (S) señora Sepúlveda por haber terminado su suplencia ni la abogada integrante señora Infante por encontrarse ausente.