nombre reservado con DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERIA

Santiago, dos de septiembre de dos mil quince.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que en la petición principal del libelo de fojas 3, comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Gendarmería de Chile, representada por don Tulio Cesar Arce Araya, en razón de que esta última institución durante los meses de mayo y junio de 2015 le realizó descuentos del monto que percibe a título de remuneraciones con exceso respecto del porcentaje máximo a que se encuentra autorizada, conforme prevé el artículo 96 inciso segundo de la Ley 18.834, situación que además de calificar de arbitraria e ilegal amaga, en su concepto, sus garantías constitucionales reconocidas en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Fundamentando el recurso explica escuetamente que los descuentos “internos” señalados en las respectivas liquidaciones de sueldo de los meses antes aludidos “son claramente superiores al máximo legal establecido, correspondiendo a más del 90% de la remuneración liquida percibida” y que “el excesivo descuento corresponde a un acto arbitrario e ilegal que vulnera, perturba y amenaza” sus garantías fundamentales del modo en que a continuación mas detalladamente describe.

Atendido lo expuesto, solicita se acoja el presente recurso declarando arbitrario e ilegal el acto realizado, ordenando a la recurrida dejar de efectuar descuentos que superen el máximo legal permitido en el artículo 96 de la Ley 18.834, como asimismo que se adopten todas las medidas que se estimen pertinentes a efectos de restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que a fojas 11, mediante resolución de fecha 3 de julio del año en curso, se declaró admisible el recurso interpuesto y se requirió el informe de rigor a la recurrida;

TERCERO: Que a fojas 51 informa el Director Nacional de Gendarmería, don Tulio Cesar Arce Araya, quien solicitando el rechazo del presente recurso, con costas, esgrime, en primer lugar, que el recurrente en su libelo de protección no señala ni tampoco singulariza cuáles serían los ítems en los que la institución estaría efectuando descuentos por sobre el 15% permitido en la ley.

Indica, enseguida, que excluidos los descuentos legales y aquéllos también de índole legal según pormenorizadamente explica, esto es, los efectuados en virtud de aportes a la Asociación Gremial de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) y al Servicio de Bienestar Social de Gendarmería de Chile y de aquellos que dicen relación con obligaciones contraídas con la Caja de Compensación Los Héroes, los descuentos voluntarios que se le efectuaron durante los meses de mayo y junio de este año ascendieron solamente al 1,25% y al 0,67%, respectivamente, porcentajes ambos que no exceden el limite legal establecido únicamente para este tipo de descuentos;

CUARTO: Que con fecha 31 de julio de 2015, según consta de resolución de fojas 59, se trajeron estos autos en relación. El 12 de agosto del año en curso se procedió a la vista de la causa, escuchándose la intervención oral de los apoderados del recurrente y de la recurrida;

QUINTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

SEXTO: Que luego de lo dicho aparece pertinente recordar que según estatuye el artículo 96 del DFL 29, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo: “Queda prohibido deducir de las remuneraciones del funcionario otras cantidades que las correspondientes al pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás establecidas expresamente por las leyes.

Con todo, el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, y a petición escrita del funcionario, podrá autorizar que se deduzcan de la remuneración de este último, sumas o porcentajes determinados destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, pero que no podrán exceder en conjunto del quince por ciento de la remuneración. Si existieren deducciones ordenadas por el sistema de bienestar, el límite indicado se reducirá en el monto que representen aquéllas”.

Por su parte, el inciso primero del artículo 43 de la Ley 19.296, que Establece Normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado indica: “La cotización a las organizaciones de funcionarios será obligatoria respecto de los afiliados a éstas, en conformidad con sus estatutos. Esta cotización se descontará a los afiliados por planilla de remuneraciones”.

El artículo 45 del mismo estatuto legal refiere, a su vez: “La jefatura superior de la respectiva repartición, cuando mediaren las situaciones descritas en el artículo anterior, a simple requerimiento del presidente o tesorero de la directiva de la asociación respectiva, o cuando el afiliado lo autorice por escrito, estará obligada a instruir a quien corresponda con objeto de deducir de las remuneraciones de los funcionarios afiliados las cuotas mencionadas en los artículos 43 y 44 y depositarlas en la cuenta corriente o de ahorro de la o de las asociaciones beneficiarias, cuando correspondiere.

Las cuotas se pagarán dentro del mismo plazo fijado para enterar las imposiciones o aportes previsionales”.

A su turno, el literal c) del artículo 7 del Decreto Supremo N° 121, de 26 de diciembre de 1996, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que Aprueba el Reglamento del Servicio de Bienestar Social del Personal de Gendarmería de Chile, señala: “Para el cumplimiento de sus objetivos, el Bienestar se financiará con los siguientes ingresos:

c) Con un aporte mensual de parte de sus afiliados en servicio activo de hasta un 2% de sus remuneraciones imponibles para pensiones; En ningún caso el afiliado en servicio activo cotizará menos de un 1% de su remuneración imponible para pensión”.

Finalmente, según estatuye el inciso primero del artículo 22 de la Ley 18.833, que establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”;

SÉPTIMO: Que así las cosas, es menester entonces reflexionar que la correcta interpretación del artículo 96 de la Ley 18.834 impone necesariamente discurrir que dentro de los descuentos de la remuneración bruta que es posible efectuar a un trabajador deben distinguirse deducciones de carácter legal -pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás establecidas expresamente por las leyes- de otras de índole indudablemente voluntario, vale decir, de aquellas obligaciones que el individuo contrajo potestativamente y cuyo descuento es posible también llevar a cabo por su empleador con la finalidad de remitir o de retener dichas sumas a efectos de ser recepcionadas en definitiva por su legítimo acreedor, en la medida que exista una petición escrita del funcionario que así lo solicite y, consecuentemente, autorice y siempre que no excedan en su conjunto del quince por ciento de la remuneración;

OCTAVO: Que es precisamente esta diferenciación la que efectúa el Dictamen de la Contraloría General de la República N° 57.424, de 19 de octubre de 2009, en que se distinguen claramente los aportes individuales del trabajador que se encuentran establecidos expresamente en las leyes respecto de instituciones tales como asociaciones de funcionarios o servicios de bienestar social, de los descuentos que a través de tales instituciones se solicite efectuar a los empleadores en razón de créditos financieros otorgados a los asociados, acreencias éstas últimas que claramente no poseen la misma naturaleza de aquellas que dicen relación con las cotizaciones a tales entidades -las que por encontrarse establecidas expresamente por las leyes, son de tal carácter-, puesto que atendido su origen convencional no pueden catalogarse sino únicamente como voluntarias, encontrándose afectas al porcentaje máximo de descuento y a las demás exigencias previstas en el artículo 96 de la Ley 18.834;

NOVENO: Que luego de lo dicho y teniendo especialmente en consideración que no se afirmó por el recurrente que las deducciones a su remuneración que se le han efectuado por Gendarmería de Chile en razón de lo que denomina “descuentos internos” digan relación en lo concerniente a la ANFUP y a Bienestar con sumas que no deban destinarse al pago de los aportes legales de carácter mensual a que se encuentra obligado tras voluntariamente incorporarse y mantenerse afiliado a tales entidades, resulta evidente entonces que las alegaciones que pretenden sustentar la improcedencia del descuento realizado han de ser desechadas a este respecto, por ser ellos de carácter legal, calidad ésta que les exime de la restricción porcentual prevista en el inciso segundo de artículo 96 de la Ley 18.834;

DÉCIMO: Que, finalmente, ante la escasa claridad que proporciona el recurso para poder avizorar cual en particular de todos los descuentos considera arbitrario e ilegal y para en evento de que se estimara que el impugnado corresponde a aquél efectuado en favor de la Caja de Compensación Los Héroes, se dirá únicamente que conforme al artículo 22 de la Ley 18.833, los créditos sociales deben ser recaudados ateniéndose a las mismas normas sobre pago y cobro de cotizaciones previsionales, por lo que los dineros correspondientes a los mismos deben ser deducidos y retenidos ya sea de las remuneraciones o de las pensiones del deudor, para posteriormente ser remesados por el agente pagador a la Caja de Compensación correspondiente, deber legal que exonera a éste último de cualquier reparo de arbitrariedad o ilegalidad, puesto que en el supuesto que la C.C.A.F. estuviera requiriendo al empleador el pago de una cuota o dividendo que pudiese superar los parámetros que han sido establecidos por la Superintendencia de Seguridad Social como topes máximos a efectos de efectuar deducciones por este concepto tanto respecto de las remuneraciones como de las pensiones, en razón del monto total al que asciende el emolumento respecto del cual se descontaran, tal imputación de responsabilidad debiese efectuarse directamente a dicho organismo.

UNDÉCIMO: Que del modo que se viene razonando, no existiendo en el caso de marras acto imputable a la recurrida que pueda ser calificado de ilegal y/o arbitrario, toda vez que los descuentos voluntarios que se verificaron de la remuneración de don nombre reservado durante los meses de mayo y junio de este año no excedieron el 15% de la remuneración, es evidente que las actuaciones que se le reprochan a Gendarmería de Chile no ha podido vulnerar ilegítimamente las garantías constitucionales que el recurrente acusa amagadas, motivo por el cual la presente acción constitucional deberá ineludiblemente ser rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza el arbitrio deducido en la petición principal de la presentación de fojas 3.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

Protección N° 58.291-2015.- Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich y el Ministro (s) Jorge Luis Norambuena Carrillo.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a dos de septiembre dos mil quince, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.

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