nombre reservado con DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERIA

Santiago, diez septiembre de dos mil quince.

Vistos:

A fojas 4 comparece nombre reservado, quien deduce recurso de protección contra Gendarmería de Chile por el acto que estima arbitrario e ilegal de efectuar descuentos en sus remuneraciones superiores al límite legal establecido en el artículo 96 del Estatuto Administrativo, lo que perturba sus garantías constitucionales del artículo 19 N° 1 (integridad psíquica), 2 (igualdad ante la ley) y 24 (propiedad sobre sus remuneraciones).

Señala el recurrente que es funcionario de Gendarmería de Chile y que el 16 de junio del año en curso se percató que en las liquidaciones de remuneración de los meses de mayo y junio se efectuaron descuentos internos que superan el 90% de su remuneración líquida percibida.

Termina solicitando que ordene a la recurrida dejar sin efecto los descuentos aplicados sobre sus remuneraciones, por exceder el ya citado límite legal, con costas.

A fojas 52 informó la recurrida, representada por el señor Director Nacional de Gendarmería de Chile.

Expresa que mediante dictamen de 19 de octubre de 2009 Contraloría General de la República precisó que el artículo 96 del Estatuto Administrativo distingue dos clases de descuentos a las remuneraciones de los funcionarios, las de carácter obligatorio y las de carácter voluntario, instruyendo que el límite del 15% establecido en esa norma sólo resulta aplicable a los descuentos de carácter voluntario.

En tal sentido, indica que tratándose del recurrente los descuentos voluntarios corresponden a los efectuados por concepto de seguro Dipreca, ayuda Hogar de Cristo, botiquín institucional, asociación de funcionarios, club deportivo y Coopeuch, los que totalizaron $95.998; esta suma que representa un porcentaje de descuento del total haberes del 9,4% para el mes de mayo de 2015 y de un 4,7% para el mes de junio, porcentajes claramente inferiores al límite legal.

Asevera que el resto de los descuentos, esto es, las deducciones por Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, retenciones judiciales e imposiciones de bienestar tienen el carácter de obligatorios, se encuentran expresamente establecidos en diversos cuerpos legales, de manera que su respecto no rige el límite establecido en el artículo 96 del Estatuto Administrativo.

Posteriormente esta Corte ordenó a la recurrida completar su informe, precisando las causas y autoridades que dispusieron las retenciones judiciales, trámite que se cumplió a fojas 71, expresando la recurrida que el 13 de agosto de 2001 el Juzgado de Menores de María Elena remitió oficio ordenando la retención del 50% de todos los emolumentos del recurrente, deducidos los descuentos estrictamente legales, a contar de septiembre de 2001; y que, luego, con fecha 06 de enero de 2011, el Juzgado de Letras de Tocopilla ordenó descontar el 70% de los bonos cuatrimestrales del funcionario, para depositar dicha suma en partes iguales en las cuentas de sus dos hijas.

A fojas 61 se ordenó traer los autos en relación y a fojas 73 se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa en la tabla de la Duodécima Sala.

Considerando:

Primero: El llamado recurso de protección corresponde a una acción constitucional de naturaleza cautelar, cuya finalidad es proteger ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares;

Segundo: El acto reprochado se hace consistir en la realización de descuentos a la remuneración del recurrente que, a su entender, serían ilegales porque representan una proporción cercana al 90% de sus emolumentos, superándose con creces el límite del 15% que contempla el artículo 96 del Estatuto Administrativo;

Tercero: Con el mérito de los documentos acompañados en el recurso y del informe complementario de fojas 71 han quedado demostrados los hechos siguientes:

1.- Durante el mes de mayo de 2015 la remuneración del recurrente ascendió $905.830, registrando descuentos por la cantidad de $814.810, recibiendo un total líquido a percibir de $91.020l (Liquidación de fojas 1);

2.- En el mes de junio de este año mayo de 2015 dicha remuneración alcanzó la suma de $1.786.840, los descuentos realizados ascendieron a $1.729.142, percibiendo el recurrente la cantidad líquida de $57.698 (Liquidación de fojas 2);

3.- Las deducciones efectuadas tienen causas u orígenes diversos. A saber: seguro Dipreca, bono escolar, ayuda solidaria Hogar de Cristo, imposiciones de bienestar, botiquín institucional, Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, bienestar Coopeuch, asociación de funcionarios, club deportivo y retenciones judiciales ordenadas a título de pensión alimenticia (50% de sus remuneraciones y un 70% de los bonos cuatrimestrales), que representan los montos más elevados de esos descuentos;

Cuarto: El artículo 96 del DFL 29, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo dispone lo siguiente:

“Queda prohibido deducir de las remuneraciones del funcionario otras cantidades que las correspondientes al pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás establecidas expresamente por las leyes.

Con todo, el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, y a petición escrita del funcionario, podrá autorizar que se deduzcan de la remuneración de este último, sumas o porcentajes determinados destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, pero que no podrán exceder en conjunto del quince por ciento de la remuneración. Si existieren deducciones ordenadas por el sistema de bienestar, el límite indicado se reducirá en el monto que representen aquéllas”.

En directa relación con esa norma cabe tener presente lo establecido en el artículo 43 de la Ley 19.296, que Establece Normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado indica, conforme al cual son obligatorias las cotizaciones de los afiliados a ellas; el artículo 45 de esa misma ley que obliga a la jefatura correspondiente a efectuar los descuentos respectivos por concepto de tales cotizaciones; el literal c) del artículo 7 del Decreto Supremo N° 121, de 26 de diciembre de 1996, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que Aprueba el Reglamento del Servicio de Bienestar Social del Personal de Gendarmería de Chile, que ordena financiar el bienestar con un aporte obligatorio de sus afiliados (2% de sus remuneraciones imponibles para pensiones); y, finalmente, el inciso primero del artículo 22 de la Ley 18.833, que establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, de acuerdo con el cual es obligatorio para la entidad empleadora deducir de las remuneraciones lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado a ella, rigiendo a ese respecto “las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”;

Quinto: Ante ese marco legislativo esta Corte ha señalado con anterioridad que “la correcta interpretación del artículo 96 de la Ley 18.834 impone necesariamente discurrir que dentro de los descuentos de la remuneración bruta que es posible efectuar a un trabajador deben distinguirse deducciones de carácter legal -pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás establecidas expresamente por las leyes- de otras de índole indudablemente voluntario, vale decir, de aquellas obligaciones que el individuo contrajo potestativamente y cuyo descuento es posible también llevar a cabo por su empleador con la finalidad de remitir o de retener dichas sumas a efectos de ser recepcionadas en definitiva por su legítimo acreedor, en la medida que exista una petición escrita del funcionario que así lo solicite y, consecuentemente, autorice y siempre que no excedan en su conjunto del quince por ciento de la remuneración” (Sentencia recaída en recurso de protección Rol N°58.291-2015);

Sexto: De lo señalado es dable distinguir entre aquellos descuentos que son propiamente “legales” en el sentido que la fuente de su establecimiento y la legitimación para efectuarlos arranca inmediatamente de la ley misma, de manera que tienen un marcado carácter obligatorio -tales como las cotizaciones, aportes individuales del trabajador o descuentos previstos por el legislador para financiar asociaciones de funcionarios o servicios de bienestar social, créditos sociales y retenciones derivadas de deudas por pensiones alimenticias-, de los otros descuentos que –al amparo de la misma ley-, pueden ser autorizados por el trabajador los que, atendido su origen convencional, no pueden sino catalogarse como “voluntarios”. Son exclusivamente estos últimos los que están afectos al límite o porcentaje máximo de descuento y a las demás exigencias previstas en el artículo 96 de la Ley 18.834;

Séptimo: Sin perjuicio de la escasa precisión del recurrente en la materia, el examen de las liquidaciones de fojas 1 y 2, con relación a lo informado a fojas 71 permite concluir que ,–aun considerando como “voluntarias” las deducciones a título “seguro Dipreca”, cuya naturaleza no ha sido suficientemente dilucidada-, en el mes de mayo de 2015 los descuentos voluntarios alcanzaron la cifra de $48.368, que representa un 4,7% de la remuneración bruta total; y que en el mes de junio de 2015 esa clase de deducciones llegaron a la suma de $48.368, equivalentes a un 2,3% de dicha remuneración;

Octavo: No puede esta Corte obviar la particularidad de este caso en cuanto a que al recurrente –según lo comprueban los oficios de fojas 69 y 70-, le está siendo retenido o deducido mensualmente el equivalente al 50% de su remuneración y que a ello se agrega que cada 4 meses –además-, se efectúan deducciones por el 70% de sus “bonos cuatrimestrales”, lo que mengua sus ingresos de un modo altamente significativo. Empero, ello ha sido dispuesto por tribunales de la República (Juzgado de Menores de María Elena y Juzgado de Letras de Tocopilla), cuya revisión y vigencia sólo puede ser examinada a instancias del recurrente, ejerciendo las acciones que fueren del caso;

Noveno: Conforme a lo razonado no existe en la especie ningún acto imputable a la recurrida que pueda ser calificado de ilegal y/o arbitrario, toda vez que los descuentos voluntarios verificados durante los meses de mayo y junio de este año no excedieron el 15% de la remuneración y, en lo demás, se ha limitado a cumplir con mandatos legales y órdenes de tribunales, que se mantienen todavía vigentes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza el deducido a fojas 4.

Redactó el ministro señor Astudillo.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

Protección N° 58.289-2015.- Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich y el abogado integrante señor José Luis López Reitze.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a diez de septiembre dos mil quince, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.

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