nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Santiago, cinco de octubre de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 3, comparece don nombre reservado, abogado, quien recurre de protección en contra de la Tesorería General de la República, por el acto arbitrario e ilegal consistente en haber procedido a la retención de su devolución de impuestos, respecto del año tributario 2014, sin haber validado adecuadamente la existencia, monto y actual exigibilidad de las deudas informadas por el nombre reservado Universitario de la Universidad de Atacama.

Expresa que el 27 de abril de 2015 procedió a realizar su declaración de anual de impuesto a la renta, vía formulario en línea en la página web del Servicio de Impuestos Internos, solicitando la devolución de $149.294 correspondientes al monto pagado por concepto de intereses de un crédito hipotecario; declaración que fue aceptada por el Servicio con fecha 13 de mayo del año en curso, autorizando en consecuencia la devolución en los términos solicitados.

Señala que el día 02 de junio del actual, al ingresar casualmente a la página web del Servicio, tomo conocimientoque el 19 de mayo del mismo año, la Tesorería General de la República decretó la retención de $151.086 sobre el monto autorizado de su devolución de impuestos, constatando con posterioridad que la referida medida se efectuó basada en la sola información entregada por el nombre reservado Universitario de la Universidad de Atacama.

Reclama que el acto es arbitrario e ilegal por haberle privado de su derecho de propiedad, sin realizarse ninguna validación respecto de las deudas informadas por la entidad solicitante, infringiéndose con ello el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto dicho dinero, cuyo pago había autorizado el Servicio de Impuestos Internos, se encontraba dentro de su patrimonio.

Pide en consecuencia, tener por interpuesto el recurso, acogerlo y ordenar que el Servicio recurrido reintegre y deposite las sumas retenidas, debidamente reajustadas, todo ello con expresa condena en costas.

Segundo: Que a fojas 10, con fecha 14 de julio de 2015, el Tesorero General de la República procede a evacuar el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso.

Reconoce que la declaración de impuesto a la renta del recurrente arrojó un remanente de pagos provisionales a su favor, ascendente a la suma de $151.086, cantidad que la Tesorería le debía restituir en el mes de mayo del presente año, y que en definitiva no hizo por cuanto el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Atacamale solicitó a su Servicio que procediese a la retención de dicha devolución.

Explica que tal solicitud se fundó en lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N°19.989 y su Reglamento, normas que autorizan la referida medida respecto de los deudores de crédito universitario regulado en la Ley N°19.287 y sus modificaciones, entre los cuales justamente se encuentra el recurrente, procediendo en consecuencia a realizar la retención y luego a remitir la cantidad retenida al Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Atacama.

Reclama en primer término falta de legitimación pasiva, ello por cuanto conforme a la norma precitada, que viene a modificar la Ley N°19.848, Sobre Reprogramación de Deudas a los Fondos de Crédito Solidario, su entidad se encuentra facultada para practicar la aludida retención conforme a los montos de crédito que se encontraren impagos, en virtud de lo informado por la entidad acreedora, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

De dicho aserto colige que el presunto acto que el recurrente califica de ilegal o arbitrario, emana de la entidad acreedora, quien es la que informa a su Servicio el monto respecto del cual debe practicarse la retención, concluyendo así, que es al Administrador del Fondo Solidario en contra de quien se tuvo que dirigir el presente recurso.

En cuanto al fondo, estima que no ha cometido ilegalidad ni arbitrariedad alguna, por cuanto actuó en virtud de la habilitación legal, contemplada en el precitado artículo 1 de la Ley N°19.989. Agrega que el artículo 2 del mismo cuerpo legal confirma el carácter amplio que el legislador otorgó a la facultad de retención por parte de la Tesorería en esta materia, al establecer que se considerarán deudores de los créditos solidarios todos aquellos que resulten de la aplicación de las leyes N°s 18.591, 19.287 y 19.848, entre los que se encontraría el recurrente.

Señala que no existe violación al derecho de propiedad puesto que se trata de una retención establecida por ley para los efectos de realizar el pago de una deuda que el recurrente tiene con la Universidad, no pudiendo considerarse una perturbación a dicho derecho o garantía, el cumplimiento de obligaciones legítimamente contraídas.

Alega la inexistencia de una eventual infracción al debido proceso, por cuanto su actuar de basó en una norma legal, y en el procedimiento establecido para su ejercicio, haciendo presente que en caso alguno ejerció facultades jurisdiccionales, limitándose a desempeñar en este caso un rol de mero recaudador, atendido que la deuda no se tiene respecto al Fisco. De hecho expone, que el recurrente tiene a salvo todas las vías jurisdiccionales para impugnar la retención, pero en contra del nombre reservado.

Da cuenta de jurisprudencia que avala su postura y expresa que incluso se ha pronunciado al respecto el Excmo. Tribunal Constitucional, rechazando las solicitudes de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 19.989.

Pide en consecuencia, se rechace el recurso, con costas.

Tercero: Que con fecha 31 de julio del actual, se presentó por el recurrente de estos autos, ante el Excmo. Tribunal Constitucional, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley N°19.989, el cual, con fecha 02 de septiembre de 2015, fue declarado inadmisible, por cuanto en dicha sede fundó su reclamación en la infracción a las normas del debido proceso, mientras que la presente acción constitucional se cimenta en la vulneración del derecho de propiedad.

Cuarto: Que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Quinto: Que, en primer término habrá de desestimarse la alegación fundada en la supuesta falta de legitimación pasiva de la institución recurrida, toda vez que pese a que la información atinente a la deuda que se atribuye al recurrente es proporcionada efectivamente por el Administrador del Fondo Solidario del Crédito Universitario, lo cierto es que el recurso se dirige en forma expresa a impugnar el acto de retención practicado por la Tesorería General de la República, sin haber validado la información recepcionada.

Sexto: Que, en cuanto al fondo, según el claro tenor del artículo 1 de la Ley N°19.989, la Tesorería General de la República se encuentra expresamente facultada para retener de la devolución anual de impuesto a la renta que correspondiere a los deudores de crédito solidario universitario regulado por la Ley N°19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el Reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

Cabe hacer presente en este punto, que en caso algún el recurrente cuestionó su calidad de deudor moroso del crédito universitario solidario, limitándose a atribuir el carácter de arbitrario e ilegal a la retención practicada por Tesorería, omitiendo señalar cualquier antecedente que dé cuenta de la inexistencia, monto y falta de exigibilidad que menciona en su libelo, que diera cuenta de la arbitrariedad que atribuye al actuar de la recurrida.

Menester es señalar que ni siquiera compareció a estrados en defensa de su recurso.

Séptimo: Que en razón de lo anterior, la actuación de Tesorería no puede constituir un acto ilegal o arbitrario, toda vez que con ello, y dentro del ámbito de su competencia, dicha institución se limitó a ejercer las facultades establecidas en la Ley N°19.989, por lo que el presente recurso deberá ser rechazado.

Y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de protección interpuesto en lo principal de fojas 3.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 58.285- 2.015.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez, conformada por la Ministra señora Gloria Solís Romero y la Abogada Integrante señora María Cecilia Ramírez Guzmán.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a cinco de octubre de dos mil quince, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.