Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Provida S

Santiago, veinticuatro de julio de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 14: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción de protección constitucional en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber rechazado el 17 de marzo de 2025 la solicitud de retiro de fondos previsionales deducida por su representada al amparo de la Ley N°18.156, que regula el régimen previsional de técnicos extranjeros.

Expone que la solicitud fue presentada el 5 de marzo de 2025 por medio del portal web de la AFP. Luego, el 17 de marzo del año en curso se le informó mediante un mensaje de WhatsApp que la petición había sido rechazada por: “- Constancia de Afiliación al IVSS se encuentra vencida, supera vigencia de 120 días. - Se sugiere aportar título profesional con Apostilla con código de validación”, esto es, por encontrarse vencido el certificado de afiliación al sistema previsional de su país de origen, emitido por el Consulado de Venezuela y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Alega que esta exigencia no está contemplada en la normativa aplicable y que, además, es de público conocimiento la imposibilidad de obtener documentación actualizada ante la inexistencia de relaciones diplomáticas formales entre Chile y Venezuela. Acompaña documentación destinada a acreditar que cumple con los requisitos legales para acceder al retiro de fondos, incluyendo contrato de trabajo, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con código de verificación electrónico y constancia de validación por medios oficiales. Indica que otras AFP han aceptado documentos similares, y que el rechazo de Provida desconoce la validez de instrumentos auténticos y verificables electrónicamente, incurriendo con ello en una conducta ilegal y arbitraria que infringe las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Reclama que la decisión de la recurrida se basa en una interpretación excesivamente formalista de la normativa, desconociendo el principio pro persona, el sentido y finalidad de la ley y la jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores, incluida la Corte Suprema, en cuanto a la suficiencia de los documentos acompañados.

Sostiene que el acto impugnado incorpora requisitos no establecidos en la ley, sin motivación adecuada, sin verificación de los antecedentes y sin dictación de resolución escrita, lo que vulnera el debido proceso administrativo.

Solicita acoger el recurso de protección y ordenar a la AFP Provida emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, reconociendo la validez de la documentación acompañada y disponiendo la devolución de los fondos previsionales dentro de un plazo razonable.

Segundo: Que Daniel Santoni en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacuó informe solicitando el rechazo del recurso interpuesto.

Señala que la acción intentada no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, puesto que no se configura en la especie un derecho indubitado ni la concurrencia de acto ilegal o arbitrario que justifique la intervención cautelar del tribunal, siendo improcedente intentar discutir, en sede de protección, materias reguladas por el Decreto Ley N°3.500 y la Ley N°18.156.

Explica que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente, presentada en calidad de técnico extranjero, fue fundado en que el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencido, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Funda su informe en lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece los requisitos para que un técnico extranjero pueda ser eximido de cotizar y solicitar la devolución de fondos previsionales, y en el artículo 7° del mismo cuerpo legal, que condiciona la procedencia del retiro a la acreditación fehaciente de la afiliación extranjera previa, sustentada en documentos debidamente legalizados.

Reitera que el actuar de la administradora se ajustó a lo dispuesto en la normativa vigente y a los criterios del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Acompaña el Oficio Ordinario N°5621 de 1 de abril de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que ratifica la legalidad del rechazo de solicitudes similares, y alega que la recurrente no ha recurrido al órgano regulador para impugnar lo resuelto, omitiendo una vía administrativa habilitada para revisar este tipo de materias.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal - contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en el-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, sobre el particular, es preciso traer a colación la regulación esencial y pertinente, que se encuentra en el Decreto Ley N°3.500, cuyo artículo 17 el impone a “los trabajadores afiliados al sistema, menores de 65 años de edad si son hombres, y menores de 60 años de edad si son mujeres”, la obligación de “cotizar en su cuenta de capitalización individual el 10 por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles”. Luego, su artículo 34 indica que “Los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Pensiones serán inembargables salvo en la parte originada por los depósitos a que se refiere el artículo 21 y estarán destinados sólo a generar prestaciones de acuerdo a las disposiciones de la presente ley”.

Finalmente, el artículo 61 expresa que: “Los afiliados que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3, los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados inválidos parciales, una vez ejecutoriado el segundo dictamen, podrán disponer del saldo de su cuenta de capitalización individual con el objeto de constituir una pensión”.

Quinto: Que dicha regulación permite afirmar que el dinero existente en toda cuenta de capitalización individual posee de manera general, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, un destino único y exclusivo, consistente en el otorgamiento de las prestaciones bajo una de las cuatro modalidades que contempla la ley y para las contingencias sociales descritas en ella.

Sexto: Que, por su parte y de forma excepcional, el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”. Asimismo, en el artículo 7 se indica que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley“.

Séptimo: Que, como se aprecia, la devolución de cotizaciones que faculta el artículo 7 está sujeta al cumplimiento de los presupuestos descritos en el artículo 1 y, sobre el particular, mientras el recurrente sostiene cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley, el recurrido lo niega.

Octavo: Que, en efecto, la sola circunstancia de que el recurrente exhiba una constancia de afiliación al instituto venezolano de los seguros sociales y, que a su vez, se encuentre cotizando en Chile, como surge del anexo de su contrato de trabajo, no permite tener por acreditado el cumplimiento de la normativa transcrita, en particular, su voluntad de permanecer afiliado al régimen previsional en el extranjero y que sea éste, el que le otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, máxime si se considera que dicho certificado se encuentra caducado, como se desprende de su propio mérito.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

N°5821-2025 Protección.