IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BBC CHILE S.A. con BANCO SECURITY

Santiago, veinte de octubre de dos mil veinte.

Vistos:

En estos antecedentes I.C. 58.167-20, comparece don nombre reservado, e interpone recurso de protección en favor de su representada, Importadora y Comercializadora BBC Chile S.A., sociedad del giro de su denominación, en contra de Banco Security, representada legalmente por don nombre reservado, o quien le subrogue o reemplace, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en negarse a la restitución de fondos solicitada, por haber sido éstos fraudulentamente sustraídos, lo que constituye una grave privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de la garantía constitucional establecida en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República..

Narra que Importadora y Comercializadora BBC Chile S.A., tiene como giro principal la venta y distribución en Chile de diversos productos desechables de higiene y protección personal importados principalmente desde China. Dentro de su actividad de importación de productos, BBC habitualmente instruye transferencias de fondos en moneda extranjera a sus proveedores. Uno de ellos es la empresa Hubei Xianmeng Health Protection Commodity Co., LT, ubicada en la ciudad Xiantao, provincia de Hubei, China, con quien ha mantenido relaciones comerciales desde el año 2016. Agrega que en cada transferencia, el Banco siempre efectúa un proceso de aprobación del beneficiario previo a remesar los fondos.

Continúa relatando que el 31 de marzo del presente año, en circunstancias que gestionaba una nueva orden de compra al proveedor Hubei por un valor de USD 30.000, éste solicitó un cambio de cuenta a la que realizar la transferencia bancaria, esta vez a un banco en Australia. Incorpora imagen de la solicitud y señala que, atendido que el referido correo electrónico provenía de la misma cuenta con la que siempre se comunicaban con el proveedor (correo reservado) y sobre todo confiando en el proceso de verificación del Banco, a través de la plataforma de Banco Security dio la instrucción de transferir al titular Hubei Xianmeng Health Protection Commodity los US$ 30.000 a la cuenta del National Australian Bank, según el comprobante que incorpora, respecto al que destaca que se señala expresamente “FALTA APROBAR EL BENEFICIARIO”, atendido que, según indicó, dicho proceso de aprobación corresponde al Banco. Agrega que, dentro del mismo día, Banco Security aprobó al beneficiario, esto es, tanto la cuenta destino como el correspondiente usuario remisor de la transferencia y, por lo tanto, la transacción. En consecuencia y, en virtud de la aprobación de la nueva cuenta realizada por el Banco, los fondos fueron trasferidos ese mismo día según acredita con el respectivo comprobante SWIFT que acompaña en imagen.

Continúa explicando que el correo electrónico de 31 de marzo resultó ser falso, de lo que recién fueron advertidos por HUBEI la semana del 20 de abril, ya que HUBEI solicitó nuevamente los USD 30.000, por lo que reenviaron el comprobante SWIFT de Banco Security, que daba cuenta de la transferencia aprobada a la cuenta indicada del Banco Australiano. En ese momento HUBEI se percató que ellos no habían enviado el correo, ya que dicha cuenta bancaria australiana jamás les ha pertenecido.

Señala que todo indica que, en algún momento de las conversaciones sostenidas con el proveedor, un tercero interceptó las cuentas y comenzó a enviarles información suplantando a HUBEI, quien indicó que nunca han tenido cuenta en un Banco Australiano y que, por ende, es imposible que se haya podido hacer un cotejo entre aquella cuenta bancaria y sus datos personales.

Con posterioridad, advirtió la situación al Banco, que luego de hacer los chequeos correspondientes, el 21 de abril le informó que la trasferencia estaba realizada y que HUBEI debía reclamar al National Australian Bank, desligándose de cualquier tipo de responsabilidad.

Ante la situación, su representada, con fecha 15 de mayo, despachó una carta por la cual reclamó a Banco Security S.A. la restitución de los fondos defraudados, sobre la base de la negligencia de sus sistemas de seguridad. En efecto, el principal argumento fue que la respuesta otorgada por el Banco, esto es, que debía ser HUBEI quien presentara reclamo directamente a National Australian Bank, no cautela los intereses de su parte, ni respeta el deber de cuidado que debe prestar el Banco. Lo anterior en razón de que es imposible para cualquier cliente el comprobar la veracidad y correspondencia de los datos de la cuenta a la cual se pretende transferir.

Sigue indicando que el día 1 de junio del presente año, recibieron respuesta por Banco Security, firmada por don nombre reservado, señalando la negativa del Banco en cuanto a restituir los fondos. En la correspondencia recibida no se advierte fundamento plausible y sólo se limitan a señalar que “Banco Security cumplió a cabalidad la instrucción entregada, ejecutándola conforme a vuestras directrices. Les señalamos que el rol de un banco sobre transferencias internacionales se limita a ejecutar correctamente la instrucción del cliente”.

En concepto del recurrente, dicha respuesta adolece de manifiestos errores, ya que además de ser un acto ilegal y arbitrario el no otorgar la devolución de dineros fraudulentamente sustraídos, el Banco con su actuar ha provocado una grave afectación al derecho de propiedad que tiene su representada sobre los montos defraudados.

Destaca que la respuesta del Banco nunca señala algún grado de responsabilidad, deber u obligación que tendría respecto a la seguridad que debe garantizar de acuerdo a ley. Muy por el contrario, sólo intenta liberarse de cualquier tipo de responsabilidad, indicando que su obligación como Banco respecto a las transferencias electrónicas se limita a ejecutar correctamente las instrucciones del cliente.

Enseguida, el recurrente argumenta acerca del contrato de cuenta corriente y las obligaciones que de él emanan, sosteniendo que se trata de un contrato de depósito irregular por lo que pende sobre el Banco, el depositario, la obligación de restituir las sumas que hayan sido depositadas en virtud de dicho contrato y que han sido fraudulentamente extraídas a su representada. Invoca jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Sostiene que el Banco, al no cumplir con su obligación de restituir los fondos depositados en virtud del contrato de cuenta corriente celebrado, ha incurrido en un acto totalmente ilegal. Al no asumir la grave negligencia en sus sistemas de seguridad, sólo trasladan los efectos económicos a su representada, afectando gravemente el derecho de propiedad de BBC.

Por último, alega el recurrente, la pérdida sufrida por su representada es totalmente ajena a su voluntad, ya que cumplió con todos los protocolos que estableció el Banco, faltando solamente la aprobación del mismo para realizar la transferencia. En otras palabras, sólo faltaba la aplicación de los procedimientos de seguridad establecidos por el propio Banco para efectuar la transferencia, la cual fue finalmente aprobada.

Luego la reclamante invoca disposiciones de la Recopilación Actualizada de Normas emitida por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, específicamente las que se refieren a: “Los bancos deberán contar con sistemas o procedimientos que permitan identificar, evaluar, monitorear y detectar en el menor tiempo posible aquellas operaciones con patrones de fraude, de modo de marcar o abortar actividades u operaciones potencialmente fraudulentas, para lo cual deberán establecer y mantener, de acuerdo a la dinámica de los fraudes, patrones conocidos de estos y comportamientos que no estén asociados al cliente”, norma que resulta contraria a la actitud del Banco en orden a ser mero ejecutor de las instrucciones del cliente, según la respuesta dada por el recurrido a su requerimiento. Nuevamente invoca jurisprudencia y pone de relieve las expresiones del Banco en cuanto a que faltaba por aprobar al beneficiario, lo que indica que algún protocolo de seguridad, de nula eficiencia, se aplicó.

Acto seguido, el recurrente acude al deber de vigilancia, de acuerdo a la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, a cuyo respecto argumenta que el artículo 3 de esa Ley, establece el deber de informar de operaciones sospechosas, el que se impone a los bancos e instituciones financieras, el que se transgredió en el caso y no condice con la argumentación de ser meros ejecutores de instrucciones del cliente proporcionada por el recurrido.

Se proporcionan, luego, alegaciones acerca del derecho de propiedad conculcado y, en conclusión, se sostiene que, ciertamente, quien debe tomar todas las precauciones para evitar sustracciones indebidas y fraudes es precisamente el Banco Security, debiendo por lo mismo asumir las pérdidas de toda defraudación que sea consecuencia de un inadecuado monitoreo y control de los mecanismos de seguridad de los que dota a sus plataformas de transferencias, más aún en este caso en el cuál hubo un actuar del Banco en orden a realizar los protocolos que debe tener; así las cosas, luego de consumada una defraudación por vulneración de los sistemas de seguridad del propio Banco Security, éste no puede exonerarse de responsabilidad, dando una respuesta totalmente insólita como es que ellos son meros intermediarios entre los clientes y su única obligación es cumplir las órdenes de los mismos.

Señala que, en la especie, la obligación del Banco era verificar y conciliar los datos del receptor de la transferencia ordenada, en este caso concreto el Banco aparentemente realizó una verificación ya que expresamente indicó al momento de solicitar la transferencia FALTA APROBACIÓN DE BENEFICIARIO, para posteriormente aprobarlo, acto totalmente errado y fuera de toda lógica, ya que si el proceso se hubiese realizado con una mínima diligencia debería haber concluido que dicha cuenta bancaria jamás perteneció a HUBEI, por lo que la verificación errónea de datos, provocó un fraude y una pérdida patrimonial importante a su representada. Para finalizar, luego de este actuar errado y negligente del Banco, posteriormente los mismos se desligan de cualquier tipo de responsabilidad en la transacción indicando que no tiene obligación alguna más que cumplir las órdenes de los clientes, cuestión que como ya explicó largamente, no tiene fundamente legal alguno.

Por último, señala que Importadora y Comercializadora BBC Chile S.A., sigue al día de hoy teniendo relación comercial con HUBEI. Se ha continuado con la importación de los productos que hemos venido trabajando hace años y las remesas se han realizado a la cuenta del Agricultural Bank of China como es usual.

Pide hacer lugar al recurso y ordenar al recurrido la devolución inmediata de los US 30.000 (treinta mil dólares americanos) fraudulentamente sustraídos a Importadora y Comercializadora BBC Chile S.A., todo ello con expresa condena en costas.

Acompaña Carta Reclamo, de fecha 15 de mayo del 2020, dirigida al Banco Security en la cual se reclama por los fondos malversados; Carta Respuesta del Banco Security S.A. de fecha 1 de junio del 2020; Correo Electrónico de fecha 25 de marzo del 2020 entre Importador BBC y Henry Du, representante de Hubei; Correo Electrónico de fecha 1 de abril del 2020 entre Importador BBC y Henry Du, representante de Hubei; Correo Electrónico de fecha 20 de abril del 2020 entre Importador BBC y nombre reservado, representante de Banco Security, donde se informa que proveedor nunca recibió el dinero; Correo Electrónico de fecha 21 de abril del 2020 entre Importador BBC y nombre reservado, representante de Banco Security.

Informando el recurrido, en cuanto a los hechos descritos por la recurrente, admite que efectivamente Importadora y Comercializadora BBC Chile S.A., con fecha 2 de abril del año 2020, instruyó a su representado efectuar una transferencia electrónica de fondos al exterior por la suma de 30.000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a Hubei Xianmeng Healt Protection Commodity, a la cuenta perteneciente al National Australian Bank [cuenta reservada], autorizando su cargo a la cuenta en dólares Nº[cuenta reservada]. Afirma que esa fue la instrucción recibida por su representado y que fue cabalmente cumplida por sus agentes.

Enseguida, el Banco recurrido alega la extemporaneidad de la acción deducida, la que apoya en que la transferencia electrónica impugnada por el recurrente fue realizada el día 2 de abril del año en curso y afirma que entre dicha fecha y aquella en que se interpone el presente recurso ha transcurrido el plazo de 30 días establecido por el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, sin mayores precisiones.

Luego, alega la improcedencia del presente recurso, atendida la finalidad establecida por el Constituyente para esta acción de carácter estrictamente cautelar y excepcional, lo que no se cumple en la especie, ya que se extiende a materias que en caso alguno pueden ser objeto del Recurso de Protección, desde que se reclama en contra de la negativa a efectuar la restitución de los fondos que habrían sido transferidos por su representado en virtud del cumplimiento de una instrucción impartida por el recurrente, amparada en el contrato de cuenta corriente respectivo, lo que importa una contradicción respecto del cumplimiento o no de una determinada obligación de naturaleza contractual, lo que consecuencialmente conlleva a determinar la inexistencia en estos autos de un derecho indubitado susceptible de ser amparado por la acción de la Corte de Apelaciones respectiva, excediendo la pretensión al objeto del recurso deducido.

En cuanto al fondo debatido, alega que el acto imputado a su representado no es ni ilegal ni tampoco arbitrario, ya que ejecutó una instrucción del recurrente, en los términos precisos que ella había sido entregada por el cuentacorrentista; y el recurrente indica haber sido víctima de un fraude en el que no intervino violación de los sistemas de seguridad del Banco, sino que por el contrario, es el cuentacorrentista quien a consecuencia de recibir información errónea de un tercero que se hizo pasar por su proveedor, el que motiva la transferencia de recursos que impugna por la vía del presente recurso. En dicha comunicación no participan agentes ni funcionarios dependientes de su representado. Agrega que el contrato de cuenta corriente bancaria es un contrato de carácter oneroso que reporta beneficio a ambas partes y, por ello, el grado de culpa de que se responde en el cumplimiento de las obligaciones asumidas es el de culpa leve, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1547 del Código Civil, norma de comportamiento con la cual su representado ha cumplido.

Argumenta que el actuar constante y uniforme de su representado se enmarca precisamente en el grado de responsabilidad que le establece la ley en el cumplimiento de sus obligaciones y que el establecer que, aun en casos de delitos cometidos por terceros no acreditados fehacientemente en la sede jurisdiccional respectiva, debe siempre responder, implica modificar el grado de responsabilidad establecido en la ley a su respecto, haciendo el contrato más gravoso que lo que tuvieron las partes en vista al momento de contratar.

En el caso, no se está en presencia, de acuerdo a lo aseverado por el recurrente, a un caso en que lo que se imputa es una violación a los sistemas de seguridad de su representado; ellos no han sido vulnerados. Es el accionar de terceros actuando contra el recurrente y no contra su representado el que redunda en el actuar ilegítimo denunciado.

Afirma que el recurso procede en caso de un acto arbitrario e ilegal que prive, perturbe o amenace el ejercicio de ciertas garantías constitucionales, situación que estima no se verifica en el caso, por lo que el recurso intentado ha de ser desechado, lo que apoya en la posibilidad que tenía la recurrente para impetrar por otras vías la restitución de los fondos cuya sustracción alega haber padecido por el actuar de un tercero y cuyo resultado dañoso imputa directamente a su representado, sin que aún se encuentre acreditada la existencia del ilícito, la participación de terceros en él y el incumplimiento de deberes u obligaciones de naturaleza contractual por parte de su representado.

En este entendido, reitera que el Banco actuó precisa y determinadamente dentro de los márgenes establecidos por el legislador y su regulador, cumpliendo a cabalidad con la instrucción impartida por su mandante.

Explica que las transferencias de fondos al extranjero se realizan mediante un servicio de mensajería Swift, codificada y con los máximos estándares de seguridad mundiales. Esta tecnología es ampliamente utilizada por los bancos más grandes del mundo y por el 100% de los Bancos en Chile.

Señala que en una transferencia al extranjero, al igual que las transferencias electrónicas en moneda nacional, las instituciones financieras en Chile no tienen cómo verificar si un destinatario de fondos realizó un negocio con el remitente o no. Si existen los fondos para realizar la transferencia, las coordenadas de la cuenta corriente de destino son correctas y la cuenta se encuentra activa, los fondos se envían al destinatario.

Indica que la recurrente asume que aprobar un beneficiario requiere una investigación de inteligencia por parte de la institución financiera, sin embargo, en la práctica el secreto bancario impide el acceso a información de titulares o cuentas bancarias dentro de Chile o fuera de Chile. La aprobación de un beneficiario implica un trabajo interno que busca asegurar que el destinatario de los fondos no presente problemas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo u otro y que ponga en alerta al banco restricciones internacionales para ejecutar la transacción. En este caso, el beneficiario no tenía coincidencias negativas o alertas que ameritaran frenar el envío de fondos.

En consecuencia, el actuar de su representado se ha ajustado precisamente a los términos establecidos por el legislador y por su regulador, no siendo procedente el recurso intentado.

En consecuencia, solicita el rechazo del arbitrio intentado en su contra.

Se trajeron estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Surge de lo dicho que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia, por un lado de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien acto u omisión arbitrario es decir, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y por el otro, debe provocar alguna de las situaciones antes indicadas de impedir, amagar o perturbar el ejercicio de alguna de las garantías que el artículo 20 menciona.

Segundo: Que, conforme a lo anotado, el Banco recurrido controvierte las afirmaciones del recurrente en orden a haber sido víctima de un fraude informático debido a la escasa o nula eficacia de los sistemas de seguridad aplicados por el reclamado. Señala que cumplió con las instrucciones del cliente en el marco del contrato de cuenta corriente y que dar cumplimiento a la Ley N° 19.913 importa confirmar que el destinatario de los fondos carezca de problemas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo u otro de esta índole. Además, alega la extemporaneidad de la acción y su improcedencia porque ésta no reviste naturaleza declarativa y afirma que sus sistemas de seguridad no fueron vulnerados, de modo que no existe la acción ilegal y arbitraria.

La entidad bancaria no controvirtió la calidad de titular de una cuenta corriente de la sociedad recurrente, administrada por el Banco recurrido, la reclamación hecha por el afectado, ni la transferencia realizada al extranjero por USD30.000 a una cuenta del National Australian Bank con fecha 2 de abril de 2020.

Tercero: Que, en cuanto a la extemporaneidad de la presente acción cautelar, las alegaciones del recurrido resultan inefectivas, en la medida que se reclama contra la negativa a restituir los fondos que habrían sido fraudulentamente sustraídos al reclamante, la que se contiene en la respuesta de fecha 1 de junio recién pasado, data desde la que no han trascurrido los 30 días necesarios al efecto, ya que el presente arbitrio se interpuso el 30 de dicho mes. En consecuencia, tal defensa debe ser desestimada.

Cuarto: Que, el reclamante invoca como normas infringidas el capítulo 1-7, letra f), del Compendio de Normas Financieras de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hoy Comisión para el Mercado Financiero, relativas a las transferencias electrónicas y a los sistemas o procedimientos con que deben contar los bancos y que permitan identificar, evaluar, monitorear y detectar en el menor tiempo posible aquellas operaciones con patrones de fraude, de modo de marcar o abortar actividades u operaciones potencialmente fraudulentas, para lo cual deberán establecer y mantener, de acuerdo a la dinámica de los fraudes, patrones conocidos de éstos y comportamientos que no estén asociados al cliente. Hace valer, además, la naturaleza del contrato de cuenta corriente y las normas de la Ley N° 19.913, que obliga al Banco a reportar a la Unidad de Análisis Financiero las operaciones sospechosas.

Quinto: Que, para los efectos del debate, útil resulta tener presente que la transacción cuestionada, según aparece de la imagen incorporada por el recurrente, se realizó por medio del sistema denominado Swift (Society for Work Interbank Financial Telecommunication), “creado para ser una herramienta para la transmisión de mensajes seguros sobre transacciones financieras internacionales, a través de dicho sistema se intercambian transacciones interbancarias (órdenes de pago, remesas, créditos documentarios, mensajes en formato libre). Es un Sistema que facilita transferencias interbancarias.” (Fuente:https://www.integrity-la.com/), de modo que el recurrido cuenta con este resguardo en la realización de las transferencias bancarias internacionales.

Sexto: Que, al respecto cabe consignar, en primer lugar, que el Compendio de Normas a que se alude por el recurrente, corresponden a las instrucciones y directrices impartidas por la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, hoy Comisión para el Mercado Financiero, en el ejercicio de las facultades que le son propias y en el ámbito nacional. No se registra en ellas ninguna alusión a las transferencias internacionales, por lo que no es dable entenderlas como regulaciones en esa materia, considerando, especialmente, que la cuenta de destino de las divisas se ubicaba en Australia.

Por otra parte y en lo que se relaciona con la Ley N°19.913, que Crea la Unidad de Análisis Financiero y Modifica Diversas Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos, si bien establece el deber de reportar operaciones sospechosas como una obligación del Banco, esto es, de informar sobre operaciones de esa índole que advierta en el ejercicio de sus actividades a la Unidad de Análisis Financiero, definidas aquéllas en el inciso segundo del artículo 3° como “todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente o pudiera constituir alguna de las conductas contempladas en el artículo 8º de la ley Nº 18.314, o sea realizada por una persona natural o jurídica que figure en los listados de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea que se realice en forma aislada o reiterada”, no es menos cierto que no está referida a la verificación de la correspondencia entre cuenta bancaria involucrada y el titular de la misma, sino a lo que en ella se expresa, es decir, a la naturaleza de la operación realizada, en la medida que ella resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente o pudiera constituir solicitud, recaudación o provisión de fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas que prevé dicha Ley Nº 18.314.

Séptimo: Que, en tal sentido, ha sido el propio recurrente quien ha reconocido la frecuencia y habitualidad de las operaciones comerciales realizadas y mantenidas a lo largo de 4 años con el destinatario de las divisas, respecto de quien recaía, en conformidad a lo establecido en la citada Ley N° 19.913, la obligación de comprobar lo que en ella se le exige, lo que, según señala la entidad financiera habría hecho, sin que sea este el motivo de la presente acción cautelar, sino la constatación de correspondencia entre cuenta bancaria y titular de la misma, cuestión que, en concepto de esta Corte, escapa a las exigencias que –a prima facie- pueden hacerse al Banco recurrido, desde que, como se dijo, las invocadas por el recurrente son aplicables en el ámbito nacional.

Octavo: Que, además, ha sido el propio reclamante quien proporcionó la singularización de la cuenta y Banco a la que el recurrido debía transferir los fondos, identificación que el afectado recibió –según él afirma- del propio titular de la cuenta, sin advertir que –supuestamente- no era así. Exigirle al Banco recurrido la verificación pretendida por el recurrente, excede la normativa correspondiente y no se ha precisado por aquél una reglamentación específica, propia de la operación de que se trata –transferencia interbancaria internacional- que establezca las medidas de seguridad que el Banco debió adoptar y no hizo, de manera que sea dable atribuirle responsabilidad en el hecho descrito en el recurso de que se conoce, por lo menos con los antecedentes con que se cuenta en esta sede y teniendo presente que la discusión –en los términos planteados- se traslada a determinar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato de cuenta corriente, ámbito que escapa a la cautela constitucional intentada.

Noveno: Que, en consecuencia y según se advierte, esta Corte no cuenta con los medios necesarios para establecer fehacientemente que la transferencia interbancaria ordenada por el recurrente y cumplida por el recurrido, haya configurado un acto que burle la legalidad vigente o que haya sido fruto del mero capricho del recurrido, generando como consecuencia conculcación de la garantía constitucional del derecho de dominio del afectado, de modo que no queda más que concluir que la presente no resulta la sede para discutir lo que ha planteado el recurrente, sin perjuicio de los derechos que pudieran asistirle en la instancia respectiva. Por consiguiente, la acción cautelar será rechazada.

En mérito de lo razonado y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto a favor de Importadora y Comercializadora BBC Chile S.A., sociedad del giro de su denominación, en contra de Banco Security, empresa del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, o quien le subrogue o reemplace.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactó la Fiscal Judicial, señora nombre reservado

No firma el Abogado Integrante señor Asenjo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por encontrarse ausente.

N° 58.167-2020.