nombre reservado con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO

14 Santiago, quince de diciembre de dos mil diecisiete.- VISTOS:

Don nombre reservado, empresario, en representación de la CONSTRUCTORA PEGUAL S.A., domiciliada en domicilio reservado, recurre de protección en contra de la Administradora de Fondos de Cesantía S.A. (AFC CHILE), AFP Capital S.A., AFP Habitat S.A., AFP Provida S.A., Instituto de Previsión Social (IPS), Dirección del Trabajo y, Cámara de Comercio de Santiago, fundada en deudas y multas que le fueron cursadas y publicadas en el Boletín Comercial de ésta última, vulnerándose de tal forma las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 4 y N° 21 de la Carta Fundamental.

Expresa, que su giro es del área de la construcción y, es así que con fecha 3 de agosto de 2017, con la finalidad de postular a una serie de licitaciones, concurrió al Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago, encontrándose con una serie de anotaciones. Estas anotaciones correspondían a las efectuadas por las recurridas, entidades previsionales (morosidades) y Dirección del Trabajo (multas). Agrega, que las supuestas deudas tienen una data de vencimiento que corre entre los años 1998 a 2005.

Sostiene que el actuar de todos y cada uno de las Recurridas es ilegal, porque atenta en contra de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 18 de la Ley N°19.628 que prohíbe la comunicación de datos que se relacionen con una persona identificada o identificable, luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible. Indica que en el caso de las instituciones y empresas acreedoras, la acción ilegal y arbitraria consistiría en solicitar al Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago la publicación de las morosidades señaladas.

En el caso de la recurrida Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago, la acción ilegal y arbitraria consiste en tomar la información que le proporciona el acreedor y publicarla en sus boletines omitiendo el más mínimo control de legalidad respecto de la información que se le solicita publicar, infringiendo la norma en referencia.

Expone en relación a la garantía del artículo 19 N°4, que su fundamento encuentra sustento, en tanto al tratarse el Boletín de un documento de carácter público, se ve expuesto a que cualquier persona pueda observar las morosidades que han sido publicadas con infracción a las normas legales.

En cuanto a la garantía del artículo 19 N° 21, se siente afectado en cuanto desde la publicación en el boletín de información comercial, de un protesto o morosidad, no puede acceder a créditos en el sistema financiero y establecimientos comerciales en general. En su caso, tratándose su giro, la postulación a contratos es una práctica fundamental, la que se ve paralizada al tener estas publicaciones vigentes.

Solicita que se ordene a los recurridos que adopte las medidas necesarias que eliminen a su representada de los Registros del Boletín de Informaciones Comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago y se excluya el nombre y Rut, por deudas de índole previsional y laboral, mas costas.

Don nombre reservado, en representación de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTÍA DE CHILE S.A, informando manifiesta que la empresa recurrente es deudora de cotizaciones por el Seguro de Cesantía, correspondiente los periodos que van desde septiembre de 2003 a agosto de 2004, por un valor nominal de $ 657.419, lo que asciende, actualizado al 31 de agosto de 2017 a la suma de $ 9.692.267.

Hace presente que de conformidad al artículo 11 de la Ley N° 19.728, su representada procedió a despachar la nómina de empleadores morosos a la Dirección del Trabajo, siendo éste organismo quien los incluye en el Boletín.

También atiende a lo dispuesto en el Compendio de Normas sobre el Seguro de Cesantía, que señala que no se deberá enviar la información de empleadores morosos cuando éstos sean personas naturales.

Agrega que el Recurrente invoca como fundamento de su recurso lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 19.628, para eliminar a su empresa del Boletín, lo que resulta improcedente al caso concreto, por cuanto dicha normativa sólo se aplica a personas naturales. En consecuencia, el plazo de cinco años establecido en el artículo 18 de la Ley 19.628, no empece a las Instituciones de Previsión que informan deudas por cotizaciones de seguridad social, siendo improcedente que se elimine al deudor del Boletín Laboral mientras no se acredite que estas deudas se encuentran totalmente pagadas.

Puntualiza que la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A no ha hecho más que cumplir con sus obligaciones legales y reglamentarias, no existiendo ninguna vulneración de derechos o garantías constitucionales.

Hace presente que su representada actualmente tiene iniciado los juicios de cobro de cotizaciones regidos por la Ley N° 17.322, en contra de la recurrente, en todos los cuales no se ha podido obtener el cobro de lo adeudado, ya sea, porque no se pudo notificar la demanda o, en aquellos casos en que eso ocurrió, no existieron bienes susceptibles de ser embargados.

Informando el representante legal de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A., solicita, en primer término la extemporaneidad del recurso, ya que el recurrente relata en su presentación que el 03 de agosto de 2017 tomó conocimiento que su representada, entre otras, se encontraba publicada en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, por mantener una deuda impaga por cotizaciones previsionales de ocho trabajadores.

De lo expuesto y conforme lo dispone el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la tramitación del recurso de protección, el interpuesto resulta extemporáneo.

Señala, que efectivamente, el recurrente mantiene una deuda impaga por cotizaciones previsionales, cuyo origen corresponde a declaraciones y no pago de cotizaciones cuyo origen es del mes de noviembre de 2000 y la última, de agosto de 2004 por ocho trabajadores. Consecuente de lo anterior se gestionaron causas judiciales de cobranza en las que se determinó la deuda y se inició la cobranza.

Luego, explica que la Superintendencia de AFP (actualmente Superintendencia de Pensiones) instruyó a las Administradoras que debían incluirse en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, que edita periódicamente la Dirección del Trabajo, a los empleadores que no hayan enterado las cotizaciones previsionales en las Administradoras de Fondos de Pensiones en que estuvieran afiliados sus trabajadores.

Reseña que el Oficio Ord. N° 10684 de 05.05.2011 de la Superintendencia de Pensiones, señala que solo pueden eliminarse del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional aquellos empleadores que hayan acreditado el pago de las cotizaciones morosas y sus respectivos recargos, más no así aquellas deudas en situación de invocar una declaración de prescripción e incluso, cuando dicha prescripción ha sido declarada judicialmente. La prescripción extingue las acciones inherentes a la obligación para exigir su pago, pero no la obligación misma, pues conforme al Art. 1470 N° 2 del Código Civil, estipula que las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción se transforman en naturales, las que no obstante existir, solamente no dan derecho para exigir su cumplimiento.

En cuanto al Art. 18 de la Ley N° 19.628 el plazo de cinco años establecido, no empece a las Instituciones de Previsión que informan deudas por cotizaciones de seguridad social y es legalmente improcedente que se elimine al deudor del Boletín Laboral mientras no se acredite que estas deudas se encuentran totalmente pagadas.

Concluye que la AFP Habitat ha actuado en conformidad al DL 3.500 y a la normativa previsional dictada por la Superintendencia de Pensiones y, que no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario en la publicación en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional de la empresa constructora, no existiendo ninguna vulneración de derechos o garantías constitucionales imputables a su representada.

La CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO, al informar refiere que efectivamente en el Boletín que publica se da cuenta de infracciones a la legislación laboral y previsional, entre las que figuran diversas anotaciones de la sociedad recurrente, todas las cuales tienen más de cinco años de antigüedad.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso de protección, con argumentaciones similares al anterior recurrido, agregando que además resulta difícil creer que solo se enteró en la fecha ya señalada, sino que debió ser mucho antes, por cuanto por su actividad debió recurrir al sistema crediticio para el financiamiento de su giro.

En subsidio, señala que la Dirección del Trabajo recopila de la Administradora de Fondo de Pensiones, del Instituto de Previsión Social, de la Administradora de Fondos de Cesantía y otras, las nóminas de empleadores morosos en el pago de las multas administrativas que ella impone en el ejercicio de su labor fiscalizadora y encarga a la empresa Equifax Chile S.A. la elaboración administración, difusión y distribución del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.

Hace ver, que a la Cámara de Comercio le está prohibido efectuar cualquier caso de eliminación o aclaración, lo que debe hacerse ante la Dirección del Trabajo o Equifax.

Por último, solicita el rechazo del recurso por no existir algo acto ilegal o arbitrario de su parte.

La ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM, alega falta de legitimación pasiva, puesto que ael Boletín de infractores de la legislación laboral es un registro elaborado y administrado por la Dirección del Trabajo, por lo que no tiene ninguna injerencia en incluir o eliminar determinada información. De modo que no existe un actuar ilegal o arbitrario de su parte en la publicación que efectúa una tercera persona.

Luego, alude a la improcedencia de aplicar la Ley N° 19.628 a las personas jurídicas, caso del recurrente.

Reconoce como efectivo deuda previsional pendiente de la sociedad recurrente, las que se encuentran insolutas a la fecha.

A su vez, la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, al informar señala que en cumplimiento de las normas legales que la autorizan, artículo 43 del DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, es la encargada de recopilar, conservar, difundir y administra datos personales relativos a el cumplimiento de las obligaciones que versen sobre cotizaciones previsionales y de salud, sin que requiera autorización del titular de los datos. Agrega, que para dichos efectos, suscribió contrato con Equifax Chile S.A., (ex Dicom S.A.) para la elaboración, administración, distribución y difusión del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, el que fue aprobado mediante Resolución Exenta de la Dirección del Trabajo N°758 de fecha 20 de julio de 2000. De tal forma se procedió a la publicación en dicho Boletín de una serie de deudas informadas por diferentes entidades previsionales, como de resoluciones de multas cursadas por el Servicio, entre ellas las correspondientes a la recurrente.

Alega extemporaneidad del recurso, repitiendo los mismos argumentos de las otras recurridas.

Luego, alude a la ausencia de actos ilegales y arbitrarios.

Refiere que encontrándose la Dirección del Trabajo facultada para realizar el tratamiento de datos que implica la publicación de las multas administrativas que se encuentran impagas y deudas previsionales en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 19.628, no se necesita autorización del titular, en este caso, de los deudores, toda vez que el tratamiento de estos datos puede efectuarse respecto de las materias de su competencia, pudiendo incluso publicar esta información en la forma que establece la ley.

Refiere que, según la normativa legal, es indiscutible qué el tratamiento de los datos previsionales constituye la información esencial con la que debe contar este Servicio para cumplir las funciones propias que le ha encomendado la ley, esto es, fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral y previsional, instando por el cobro de las cotizaciones adeudadas por los empleadores, a fin de ingresarlas en la Cuenta individual de los imponentes y permitir que éstos accedan a los beneficios de seguridad social, en conformidad con lo dispuesto en las normas que reglamentan los respectivos regímenes previsionales, sean éstos administrados por el Instituto de Previsión Social o por las Administradoras de Fondos de Pensiones. En virtud de sus competencias fiscalizadoras, la Dirección del Trabajo está facultada para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que la legislación social impone a los empleadores. Así, el artículo 11 inciso final de la Ley N° 19.728 establece, expresamente, que el organismo previsional de que se trate, está obligado a despachar las Nóminas de Empleadores morosos a la Dirección del Trabajo, las que se publican en el Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional. Con la información remitida por los organismos previsionales más la información referente a multas laborales aplicadas por sus fiscalizadores y que se encuentren impagas, la Dirección del Trabajo genera la base de datos de infractores laborales y previsionales.

Señala que el plazo de prescripción de las obligaciones previsionales será de 5 años, contados desde el término de los respectivos servicios. Así lo establece la Ley N°15.386, en su artículo 49 y el artículo 19 del DL 3500.

Puntualiza que el Instituto de Previsión Social y Administradoras de Fondos de Pensiones, solo pueden eliminar del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional a los deudores morosos que acrediten el pago de lo adeudado con sus respectivos recargos legales o a aquellos que acrediten la extinción de la obligación por otro modo legal, manteniendo la información periódica que se entrega a la Dirección del Trabajo de la Nómina de deudores morosos, no procediendo la eliminación de este listado, de aquellas deudas prescritas dentro del plazo establecido en el artículo 18 de la Ley N°19.628, modificado por la Ley N° 19.812, lo que no ha ocurrido en la especié, sino que a su respecto deben aplicarse las normas especiales de prescripción, debiendo ser ésta alegada por el deudor, ya sea como excepción o como acción.

Por su parte el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL al evacuar el informe, alega la extemporaneidad del recurso, toda vez que el propio recurrente ha señalado que tomo conocimiento de los hechos que motivan la interposición de la acción el día 13 de junio de 2017 y luego el 3 de agosto de 2017, fecha en que fueron republicadas en el boletín comercial las deudas y multas que le afectan, no obstante que aquellas datan de varios años atrás.

Luego, alude a la ausencia de actos ilegales y arbitrarios. Invoca la ley N° 20.255, que dispone los deberes, funciones y obligaciones que le asiste, destacando la de recaudador de cotizaciones previsionales, para cuyo cumplimiento debe almacenar datos personales, lo que no requiere consentimiento de su titular, de acuerdo al artículo 20 de la Ley N° 19.628.

Asimismo, atiende a que en el ejercicio de su función recaudadora y en cumplimiento de lo dispuesto en el Libro II, Titulo X, letra A, del Compendio de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones pesa sobre el Instituto la obligación de remitir loa antecedentes sobre deudas laborales y previsionales a la Dirección del Trabajo.

Por último la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A, al informar, también solicita el rechazo del recurso de protección, al no existir acto ilegal o arbitraria, ni garantías constitucionales vulneradas, con similares argumentos a los ya expuestos por las otras recurridas.

Se trajeron los autos en relación y se procedió a la vista del recurso el día once del presente.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1) Que, el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma disposición se señalan, producidas por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

2) Que, frente a la alegación de extemporaneidad planteada por las recurridas CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO, DIRECCIÓN DEL TRABAJO, AFP HABITAT S.A. y el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL es preciso determinar, primeramente, si la acción constitucional fue interpuesta dentro de plazo que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia.

Cabe señalar que el fundamento de las recurridas es que el hecho que motiva el recurso –deuda previsional y multas - data de varios años atrás y no es creíble la versión de que haya tomado conocimiento de ellas sólo por la publicación en el Boletín Laboral, el 3 de agosto de 2017, en razón de la actividad comercial que desarrolla la sociedad Constructora Pegual S.A.

3) Que si bien, la deuda previsional y multas, datan de varios años atrás y sumado a que el recurrente ha señalado como una de las fechas de su publicación en el Boletín de Informaciones Comerciales el día 13 de junio de 2017 y 03 de agosto de 2017, no hay antecedente cierto en orden al conocimiento real de ello.

Sin perjuicio de lo anterior, se reconoce en este caso por los intervinientes que la información que se reprocha se continúa transmitiendo en el Boletín citado de la Cámara de Comercio de Santiago, de forma tal que la extemporaneidad alegada carece de sustento desde que se mantiene a disposición de terceros, por lo que resulta irrelevante para los efectos pretendidos, la alegación de extemporaneidad planteada, la que se desestimará.

4) Que, ahora bien, la recurrente pretende mediante la acción constitucional interpuesta, según expresa, que en ésta Corte ordene “el retiro de la constructora como deudora morosa de los registros del Boletín Comercial de la Cámara de Comercio Santiago, debiendo eliminarse de la base de datos, el nombre y Rut de la recurrente del Boletín Laboral por las deudas de índole previsional y laboral que se indican en la señalada publicación”, con costas.

5) Que, en el recurso se sostiene que la arbitrariedad e ilegalidad imputada a las instituciones recurridas atenta contra lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 18 de la Ley N° 19.628, que prohíbe la comunicación de datos que se relacionen con una persona identificada o identificable, luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible, dado que las deudas tenían vencimiento entre los años 2003 a 2005.

6) Que, como vemos, el recurrente no ha negado la existencia de las deudas previsionales y laborales de que se trata, ni ha afirmado que las ha cancelado, sino que sostiene que éstas se encuentran prescritas.

7) Que, aún más, la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE S.A. afirma que tiene iniciado los Juicios de cobro de cotizaciones regidos por la Ley N° 17.322 contra la CONSTRUCTORA PEGUAL S.A., lo mismo ocurre con algunas de las recurridas, y que dan cuenta los documentos agregados al recurso.

8) Que, de acuerdo al artículo 19 del D.L. 3.500 corresponde a la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones que sobre cotizaciones en las Administradoras de Fondos de Pensiones le impone a los trabajadores este mismo Decreto ley. También, pesa sobre ésta, la fiscalización del pago de las cotizaciones de salud en las Isapres por disposición del artículo 30 de la Ley N° 18.933.

9) Que, está a cargo de la Dirección del Trabajo la elaboración y publicación de infractores a la legislación laboral y previsional, para lo cual las Administradoras de Fondos de Pensiones deben enviar bimestralmente a dicha Dirección la información pertinente de los empleadores.

Luego, la Dirección del Trabajo se encuentra facultada para recopilar, conservar, difundir y administrar los datos personales relativos al cumplimiento de los empleadores de las obligaciones sobre cotizaciones previsionales y de salud, motivo por el cual no se requiere del consentimiento del titular de los datos para su difusión.

10) Que, el inciso primero del artículo 18 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada establece que en ningún caso pueden comunicarse los datos a que se refiere el precitado artículo 17, que se relacionen con una persona identificada o identificable, luego de transcurrido cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible, y su inciso segundo agrega, que, tampoco se podrá continuar informando por estar pagada o haberse extinguido por cualquier otro modo legal, norma que no es aplicable a la sociedad recurrente, puesto que ella se refiere a la protección de la vida privada de las personas naturales.

11) Que, cabe señalar que se acompañó en autos Ord. 5258 del Depto. Jurídico de la Dirección del Trabajo, de fecha 31 de diciembre de 2014, en lo concerniente al tratamiento de la información relativa de la deuda previsional de empleadores en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral, consignando que no se encuentra comprendida entre aquella de carácter económico, financiero, bancario o comercial, a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley N° 19.628.

12) Que, las deudas morosas de la sociedad recurrente a que se refiere la publicación efectuada en el Boletín Laboral de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional corresponden a cotizaciones previsionales no pagadas en las Administradoras de Fondos de Pensiones Habitat S.A., Cuprum, Capital, Provida, Instituto de Previsión Social, y en la Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A. y fueron publicadas en el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago.

13) Que, entonces, todas las mencionadas en el motivo anterior, sólo cumplieron con su obligación de informar a la Dirección del Trabajo las infracciones cometidas por la recurrente.

14) Que, de acuerdo con la normativa más arriba mencionada, el plazo de caducidad de cinco años para la información de deudas de cotizaciones previsionales es exclusivamente para personas naturales, de modo que para las personas jurídicas no rige esta prerrogativa legal. En relación a ello el Ord. 5258 de la Dirección del Trabajo.

15) Que, como hemos señalado y, como ha dictaminado la Superintendencia del Trabajo y Previsión Social, sólo se elimina del Boletín los deudores morosos que acrediten el pago de lo adeudado, con sus respectivos recargos legales, instruyendo además, que no se pueden excluir deudas actualmente en situación de invocar una declaración de prescripción, tanto por mantenerse como obligaciones naturales conforme el artículo 1470 N°2 del Código Civil, como por la necesidad de que la prescripción sea declarada judicialmente para que produzca sus efectos (Ord. 4009 de 25 de septiembre de 2000). En igual sentido se ha pronunciado la Superintendencia de Pensiones en Ord. 10684 de 5 de mayo de 2011; Ord. 20603 de 9 de diciembre de 2008 y Ord. 16.414 de 30 de noviembre de 2001). También la Dirección del Trabajo en ORD 5258 de 31 de diciembre de 2014 y Ord 337 de 30 de agosto de 2007.

16) Que, de todo lo dicho no ha resultado acreditado el fundamento fáctico del recurso, por lo que éste debe rechazarse por no existir los actos arbitrarios o ilegales imputados a las recurridas, resultando innecesario analizar las garantías constitucionales que se dicen vulneradas.

17) Que, atendida la falta de fundamentos del recurso de protección, se condenará en costas al recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

a) que se rechazan las alegaciones de extemporaneidad del recurso formulados por las recurridas CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO, DIRECCIÓN DEL TRABAJO, AFP HABITAT S.A. y el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL.

b) que se rechaza el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de la CONSTRUCTORA PEGUAL S.A., con costas.

REGÍSTRESE, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero.

Protección Rol N°58.008-2017.

No firma la Ministra (s) señora Rosati por haber terminado su período de suplencia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa.