nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de septiembre de dos mil veinticinco.

Proveyendo a los escritos folios 17 y 18: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en efectuar descuentos por planilla de sus remuneraciones para hacerse pago de cuotas adeudadas de un crédito social, a pesar de haberse iniciado una causa ejecutiva de cobro de pagaré en su contra, lo que afecta la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que que con fecha 10 de mayo de 2018 suscribió un pagaré (Código del crédito: 138000248858) en favor de la recurrida, por la suma de $7.031.133 por concepto de capital, más intereses. El capital e intereses serian pagados en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $196.288 con una tasa de interés de 1,800%.

Es del caso que, por causas ajenas a su voluntad, perdió su fuente de ingresos y viendo enormemente perjudicada mi situación económica, cayendo en mora respecto del referido pagaré a partir de la cuota N°19.

Sostiene que a raíz de aquello demanda ejecutiva con fecha 15 de septiembre de 2020, como consta en la causa Rol N° C-14152-2020, tramitada ante el 2º Juzgado Civil de Santiago, caratulada “CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA/nombre reservado”, haciendo uso de la cláusula de aceleración, de forma tal que en la referida demanda ejecutiva se cobró todo el pagaré como si fuera de plazo vencido, haciéndose exigible toda la obligación y que en dicha causa con fecha 27 de diciembre de 2021 la recurrida se desiste de la demanda ejecutiva y se reserva su derecho para entablar acción ordinaria, desistimiento que se encuentra firme y ejecutoriado con fecha 26 de enero de 2022.

Sostiene que al revisar la liquidación de sueldo correspondiente al mes de febrero de 2025, oportunidad en que se percató que consta un descuento denominado “CREDITO CCAF” por la suma de $226.662. Lo anterior habiendo transcurrido más de 3 años desde el último pago realizado a Caja de Compensación La Araucana.

Afirma que la recurrida de manera ilegal y arbitrario efectuó un descuento de $226.662, en su remuneración mensual de la que jamás fue informada previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida en ejecutar del abusivo e inoportuno descuento que finalmente ordenó a mi empleador. Es por esta razón que nunca tuvo elementos ni informaciones de ninguna clase o especie que me permitieran prever una afectación de tal magnitud en mi remuneración mensual.

Sobre la vulneración de garantías constitucionales, cita el art. 19 N°2 y 24 de la Constitución, por cuanto, los descuentos arbitrarios privan de remuneración sin autorización legal.

Citando jurisprudencia, de la Corte de Apelaciones de Santiago, y de la Corte Suprema, solicita el cese inmediato de descuentos en remuneraciones, y se ordene la restitución, con costas.

Segundo: Que el abogado don Julio César Villalobos Villarroel, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, evacuó informe, solicitando el rechazo del presente arbitrio, por no existir acción u omisión que afecte la garantía constitucional del actor.

Expone sobre los antecedentes del caso, que al recurrente con fecha 10 de mayo de 2018 suscribió pagare N°138000248858, por la suma de $7.031.133 pagadero en 60 cuotas de $196.288, pagando hasta la cuota 19 y luego constituyéndose en mora, manteniéndose actualmente en mora del pago de las cuotas, por la suma de $5.539.131.

En cuanto a la acción ejecutiva señalada, resulta efectivo que con fecha 15 de septiembre de 2020 presentó demanda a fin de realizar el cobro de pagaré folio 138000248858, señalando que lo demandado era la suma de $5.720.573 en atención al vencimiento de la cuota N°19 el día 31 de diciembre de 2019 y que el 18 de enero de 2021 se ordenó despachar mandamiento de ejecución y embargo, notificándose la demanda el 17 de diciembre de 2021, oponiendo la excepción de prescripción la señora nombre reservado con fecha 17 de diciembre de 2021, realizándose el desistimiento con fecha 27 de diciembre 2021, lo que fue resuelto por el tribunal con fecha 11 de enero de 2022, certificándose su ejecutoria.

Sostiene que en atención a lo anterior, es que, existiendo el crédito moroso, se procedió a realizar el cobro solicitando a su empleador, DPERP SPA 76.708.205-3, el descuento correspondiente.

Argumenta que la base Legal para los descuentos, es el artículo 22 Ley 18.833, el cual autoriza a las Cajas a descontar de las remuneraciones lo adeudado por créditos sociales, siguiendo las mismas normas que las cotizaciones previsionales.

Refiere que la citada norma no establece plazo límite para ejercer este cobro, salvo declaración judicial de prescripción.

Cita el artículo 58 Código del Trabajo, el cual obliga al empleador a deducir deudas con instituciones de previsión e invoca el Dictamen 2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, el cual señala que los descuentos deben continuar mientras no se declare judicialmente la prescripción.

Cita jurisprudencia Rol 61.103-2024 (Corte Suprema, 02 abril 2025), el cual confirma validez del artículo 22 Ley 18.833, destacando su finalidad social (asegurar fondos para otros afiliados).

Reitera que el mecanismo de descuento es perentorio y no requiere caducidad.

Arguye que los contratos son ley entre las partes, y las obligaciones persisten hasta su extinción legal (ej. prescripción).

Reseña que el recurrente no aportó sentencia que declare la prescripción o extinción de la deuda.

Finalmente, solicita rechazar el recurso de protección, por carecer de fundamento legal, declarar válidos los descuentos, al amparo del artículo 22 Ley 18.833 y confirmar la vigencia de las obligaciones, dado que no hay resolución judicial que las extinga.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la recurrente acompañó la carpeta electrónica de la causa Rol C14.152-2020 seguida ante el 2° Juzgado Civil de Santiago, de la cual se desprende, que la recurrida presentó una acción ejecutiva en su contra para obtener el pago de los pagarés, la cual fue notificada y deducidas las excepciones, la ejecutante y recurrida se desistió de la demanda y se reservó derechos para entablar acción ordinaria.

Quinto: Que el acto que se tacha de ilegal y arbitrario por el recurrente, consiste en que la recurrida efectúa descuentos mensuales en su remuneración en base a una obligación respecto de la cual renunció al cobro individual de cuotas del crédito social a través del mecanismo de descuento de remuneraciones, prefiriendo la vía judicial para el pago íntegro de la misma.

Sexto: Que, habiéndose deducido acción ejecutiva en contra del protegido, en la cual exigió el cobro del total de la deuda, determina que no resulte procedente el descuento de cuotas de las remuneraciones como trabajador, pues la utilización de tal mecanismo, se torna en un acto ilegal y arbitrario, lo que no cambia por haberse desistido de su acción y haber hecho las reservas correspondientes, toda vez que, con tal actuar, ha dejado en evidencia que, la única forma de proceder al cobro del crédito, es a través de la vía ordinaria.

En efecto, a juicio de esta Corte, la recurrida incurrió en un acto ilegal y arbitrario al efectuar los descuentos que han sido cuestionados, toda vez que pese a haber optado por la vía judicial para obtener el cobro, ejerciendo la vía ejecutiva para obtener la satisfacción de su crédito, proceso en el que se desistió de la acción, insistió en realizar, posteriormente, descuentos de las remuneraciones.

En las condiciones descritas la recurrida no estaba facultada para hacer los descuentos efectuados al trabajador, sino que debió atenerse a lo resuelto en el respectivo juicio ejecutivo en relación al crédito otorgado, con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de la vía especialísima de descuentos unilaterales es arbitraria.

En este punto, es necesario consignar que la recurrida decidió una posición jurídica como vía de cobro legítima que ahora debe respetar, por exigirlo así el principio de no contravenir los actos propios, lo que en el caso concreto es relevante, en la medida que la utilización de dos vías de cobro arriesga, como es lógico, no solo un doble pago, sino que la contradicción e incumplimiento de un fallo judicial.

Séptimo: Que, de esta forma, los descuentos unilaterales efectuados a las remuneraciones del recurrente, en los términos en que se hicieron, respecto del referido crédito, afectan su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, razón por la cual se acogerá a este respecto el recurso de protección, como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, sólo en cuanto ordena que la recurrida deberá abstenerse de efectuar descuentos relativo a los pagarés N°138000248858 de 10 de mayo de 2018, en consecuencia, deberá restituir todas las sumas efectuadas a dicho respecto en el presente año.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-5795-2025.