nombre reservado con AFP PLANVITAL

Santiago, nueve de agosto de dos mil dieciséis Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, recurre de protección nombre reservado, por sí, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en contra de Aseguradora de Fondos de Pensiones Planvital, representada por su Gerente General nombre reservado, factor de comercio, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y/o arbitrario consistente en omitir responder a su solicitud de 9 de marzo de 2016, y luego, pese al tiempo transcurrido y gestiones realizadas ante la AFP, no tener ninguna solución, lo que infringiría sus derechos reconocidos y asegurados en los numerales 2, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación con el articulo 5° de la indicada Carta Fundamental.

Señala la recurrente que el 23 de junio de 2015, inició los trámites ante el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para obtener el beneficio de Bono por Hijo. El 20 de agosto del mismo año, recibió respuesta del Director Nacional del Instituto de Previsión Social, quien le informó que el dinero del Bono por hijo le sería transferido, pero no se le indicó el número de cuotas, monto ni fecha de pago. Así las cosas, el 28 de septiembre de 2015, inició trámite de “activacion de pensión declaración jurada simple bono por hijo”, y que los tres meses siguientes consultó por qué no percibía el bono, recibiendo una respuesta injusta y arbitraria, señalándosele que “la AFP decidirá cuando lo estime conveniente”.

Por lo anterior, el 23 de diciembre de 2015, por medio de su abogado, envió carta a la Superintendencia de Pensiones con la finalidad de que ésta tomara las medidas necesarias para reparar el perjuicio que le habían ocasionado y solucionase el problema.

Luego, el Jefe de la División de Atención de Servicios de la Superintendencia de Pensiones le informó que el 14 de enero de 2016, la AFP le habría respondido, comunicándole que lo obrado se encontraba ajustado a la normativa legal vigente, sin embargo, ella jamás recibió respuesta y en la AFP no se le dio información alguna.

Ante tal situación, con fecha 9 de marzo de 2016, envió carta al Gerente General de AFP Planvital y solicitó una investigación respecto del dinero y un pronunciamiento sobre su destino, monto, y fecha de pago, sin recibir hasta el momento respuesta.

La arbitrariedad del acto está dado por una omisión, en primer lugar, se le ha privado de tener información y el texto de la supuesta carta de la AFP, y en segundo término, por la respuesta de que el bono se pagará “cuando la AFP lo estime conveniente”, debiendo aplicarse el mismo criterio que la ley 20.255 establece para el IPS, esto es, “a más tardar el último día hábil en que se emitió la resolución que otorgó el beneficio, mediante transferencia electrónica”, aplicándose el aforismo “donde existe la misma razón debe existir la misma disposición”.

En cuanto a los derechos conculcados, el actuar arbitrario de la recurrida ha lesionado su derecho de propiedad sobre el bono que emana del aporte estatal, más la rentabilidad establecida en el artículo 75 de la ley 20.055, a que tendrán derecho las mujeres que cumplan con los requisitos del artículo 74 de la referida ley.

Solicita concretamente la recurrente, que se ordene a la AFP recurrida poner a su disposición, para ser pagado en el menor tiempo posible, el bono que le concede la ley, con reajustes, intereses y costas.

Por el primer otrosí de su presentación acompañó los siguientes documentos: a) Formulario único de solicitud de beneficio Ley 20.255, de 23 de junio de 2015, con el rol de transmisión N° RUT reservado; b) Resolución individual de concesión exenta BPH N° 105 de 20 de agosto de 2015, suscrita por el Director Nacional del IPS, Patricio Coronado Rojo; c) Documento titulado “activación de pensión declaración jurada simple bono por hijo”, suscrito por la recurrente y un representante de la AFP recurrida; d) Copia de carta de reclamo dirigida al Superintendente de Pensiones de 23 de diciembre de 2015, con acuso de recibo de 24 del mismo día y año; e) Copia de oficio ORD. N° 3432, de 9 de febrero de 2016, suscrito por el Jefe de la División Atención de Servicios al Usuario de la Superintendencia de Pensiones, nombre reservado; f) Copia de la carta de reclamo dirigida al Gerente General de Planvital don nombre reservado, de 9 de marzo de 2016, con acuso de recibo de fecha 10 de marzo de 2016.

SEGUNDO: Que, en fojas 21, nombre reservado, en representación de Administradora de Fondos y Pensiones Planvital, evacuando el informe, solicita desechar en todas sus partes la acción constitucional deducida en contra de su representada, por extemporánea, en subsidio, pide su rechazo por no existir privación, perturbación o amenaza del derecho de propiedad alegado.

Señala la recurrida, que el recurso es extemporáneo, toda vez que la recurrente funda su acción en una supuesta omisión de respuesta a una solicitud efectuada con fecha 9 de marzo de 2016, la que al 4 de julio no habría sido respondida, habiendo transcurrido desde el 10 de marzo hasta la fecha de presentación del recurso, con creces el plazo de 30 días establecido para la interposición del mismo.

En cuanto al fondo, indica que no existe la omisión ilegal y arbitraria que alega la recurrente, ya que, desde el 14 de febrero de 2011, la recurrente percibe una pensión de vejez financiada con los fondos de su Cuenta de Capitalización Individual, y desde el 20 de abril de 2015, es beneficiaria de una bonificación estatal de salud.

Por resolución Exenta BPH N° 105, de 20 agosto de 2015, el Instituto de Previsión Social le otorgó a la recurrente el beneficio de bonificación por hijo establecido en el artículo 74 de la ley 20.255, respecto de su hija nombre reservado, que ascendió a la suma de $ 470.037.

Añade que, el 31 de agosto de 2015, el referido bono ingresó a la Cuenta de Capitalización Individual de la recurrente, pasando a formar parte del capital que registra la referida Cuenta de Capitalización. Lo anterior, consta en la Cartola Histórica de Cotizaciones Obligatorias, página 11, código de movimiento 110197 (bonificación estatal por hijo nacido vivo), sección ABONOS, por un monto de $ 470.037. Producto del ingreso del bono por hijo, el 9 de octubre de 2015, la AFP realizó un recalculo extraordinario de la pensión, determinándose que el monto de ésta correspondía a 2,07 Unidades de Fomento Mensuales, la que se paga ajustada a la pensión básica vigente de $ 89.764.

Todo lo anterior fue informado a la recurrente mediante carta GG 082/16-SGB/0469/16, de 14 de enero de 2016, enviada al domicilio registrado en la base de datos de AFP Planvital.

Mediante oficio ordinario N° 3432 de 9 de febrero de 2016, la Superintendencia de Pensiones informó al representante de la recurrente que el contenido de la carta se ajustaba a derecho y que el bono por hijo, es un monto que forma parte del saldo de la cuenta de la recurrente, con el cual financia su pensión de vejez.

El 7 de marzo del presente año la recurrente solicitó a la AFP modificar su domicilio por aquel ubicado en domicilio reservado.

Finalmente, reitera que no han existido los actos u omisiones ilegales y arbitrarios que se imputan a su representado, quien ha actuado en estricto cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la materia.

Por el primer otrosí de su presentación acompañó los siguientes documentos: a) Copia de resolución individual de concesión exenta BPH N° 105, de 20 de agosto de 2015, emitida por el IPS; b) Copia de carta GG 082/16-SGB/0469/16 de 14 de enero de 2016, enviada por la AFP al domicilio registrado de la recurrente y, c) Cartola Histórica Normativa de la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias de la recurrente de autos.

TERCERO: Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Fundamental. Y, el llamado recurso de protección, se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar, como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

De lo que se sigue que son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, con relación a la alegación de extemporaneidad de la presente acción cautelar, esta será desestimada, por cuanto lo que se argumenta por la recurrente es la falta de respuesta de la AFP recurrida respecto de la carta de 9 de marzo de 2016, suscrita por el abogado Sergio Lira Herrera, en representación de la recurrente nombre reservado, mediante la cual, aparte de reclamar por la falta de información del destino del bono por hijo a que tiene derecho, pidió en concreto, se emitiera “un pronunciamiento acerca del destino, utilidades, fecha de pago para que su monto…”.

A esa misiva, la recurrida no dio respuesta, ni la ha dado y, dicha omisión, mientras perdure, implica que se está amagando, un derecho de la reclamante y, por ende, no hay plazo que haya empezado a transcurrir, por lo que, la acción cautelar ha sido presentada dentro de plazo.

QUINTO: Que, lo que se reclama, en definitiva, mediante la acción cautelar reseñada en el párrafo primero de este fallo, aparte de la falta de respuesta respecto del destino del bono por hijo recibido con ocasión de la dictación de la ley 20.255 es, conforme al desarrollo del referido resorte jurídico y de su petición concreta, que se le pague a la brevedad dicho bono que, de acuerdo a los antecedentes acompañados por el propio recurrente, asciende a la suma de $ 470.437.-, cifra que no es desconocida por la recurrida. Por consiguiente, corresponde analizar la naturaleza jurídica del referido bono por hijo.

SEXTO: Que, en relación con el tema que nos ocupa, es necesario dejar por asentado que la ley 20.255, publicada en el diario oficial de 17 de marzo de 2008, relativa al Sistema de Pensiones Solidarias, entrega en el Párrafo I del Título III, normas sobre Equidad, Género y Afiliadas Jóvenes y, particularmente en su artículo 74, establece una bonificación, para las personas allí consignadas, por cada hijo nacido vivo, disponiendo el artículo 75 del mismo texto legal, que la “bonificación consistirá en un aporte estatal equivalente al 10% de dieciocho ingresos mínimos…”. Monto al que se le aplica una tasa de rentabilidad por cada mes completo, que se cuenta desde el mes de nacimiento del respectivo hijo, hasta que la mujer cumpla los 65 años de edad.

El destino de dicha bonificación, con su tasa de rentabilidad está expresamente consignado en el artículo 76 de la indicada Ley 20.255, el que debe ser enterado, tratándose de una mujer afiliada al sistema del Decreto Ley N° 3500, cuyo es el caso, “en la cuenta de capitalización individual en el mes siguiente a aquel que cumpla los 65 años de edad”. Y, si se trata de una mujer que ya es beneficiaria de una pensión básica solidaria de vejez, como sucede con la recurrente, el Instituto de Previsión Social calculará la pensión de acuerdo a las situaciones que la misma norma contempla.

Finalmente, el artículo 77, señala que el procedimiento para hacer efectiva la bonificación, consiste en que los beneficiarios deben solicitar al IPS (Instituto de Previsión Social), el que determinará su monto para “…integrarlo en la Cuenta de capitalización Individual…”.

SEPTIMO: Que, en el caso de autos, se trata de una mujer que se encontraba afiliada al sistema de Administradora de Pensiones (AFP) del Régimen Previsional contenido en el DL 3500, percibiendo una pensión de vejez solidaria, por lo que la única manera de disfrutar del indicado “bono por hijo”, quedó legalmente fijado en el mencionado artículo 77, esto es, ingresando a la cuenta de capitalización individual, sin que sea procedente cambiar su destino, bajo ninguna circunstancia, atento que se trata de un beneficio que tiene un objetivo preciso y determinado, cuál es, incrementar el monto de la pensión mensual y, en ningún caso fue concebida como una bonificación que debe ser pagada directamente a la beneficiaria, por lo que al ingresar su monto a la cuenta de capitalización individual, la recurrida ha obrado conforme al mandato de la ley 20.255, sin haber cometido ilegalidad alguna, ni menos puede considerarse que su proceder sea arbitrario.

En mérito de lo razonado, lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la república y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza el intentado en lo principal de fojas 12 a favor de nombre reservado y, en contra de la Aseguradora de Fondos de Pensiones Planvital, sin costas.

Regístrese y comuníquese a las partes.

Redacción del ministro Miguel Vázquez Plaza.

Rol Corte N° 57.861-2016. Protección.

Pronunciada por la Quinta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo e integrada por el Ministro señor Miguel Vázquez Plaza y la Ministra señora Javiera González Sepúlveda.

Autorizada por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, 09 de agosto de 2016, notifiqué en Secretaría por el estado diario la resolución precedente.