nombre reservado con INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y OTRO

Foja: 30 Treinta Santiago, veinte de octubre de dos mil catorce.

A fs. 26 28 y 29: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO : Que, a fojas 8, comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, agrónomo, y deduce recurso de protección en contra del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), por el acto arbitrario e ilegal consistente en poner término a su “contrata” antes de la fecha estipulada en la resolución que la dispuso.

Indica que se encuentra contratado en la calidad indicada desde el año 2012, sin que haya tenido problemas con sus compañeros de trabajo ni jefaturas, con una hoja de vida impecable y con calificaciones excelentes. Dicha “contrata” fue renovada hasta el 31 de diciembre del año 2014.

Como fundamento de esta desvinculación se señala que no son necesarios sus servicios, lo que es falso, desde que existe presupuesto asignado para el cargo que ocupaba, el que –además- no ha sido eliminado ni suprimido de la orgánica del INDAP. Hace presente el acuerdo que existía al momento de renovarse su contrata, entre los Ministros de Hacienda y Trabajo, plasmado en Oficio Circular Nº 44, que expresa que la no renovación de “contratas” debía hacerse por motivos fundados y criterios objetivos, los que no concurren en la especie.

En la falta de motivación legítima del acto recurrido hace consistir la arbitrariedad denunciada, debiendo el organismo público demostrar que sus servicios son ahora innecesarios o inconvenientes, sin lo cual el acto implica una afectación de la garantía constitucional de igualdad y no discriminación establecida en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. A mayor abundamiento, estima que ello es una exigencia de la aplicación de los principios establecidos en la Ley Nº 19.880 y de las normas relativas a la interpretación de la ley y los contratos contempladas en el Código Civil.

Por otro lado, indica que los hechos que se denuncian afectan el derecho de propiedad ya que –al privar al recurrente de su función en INDAP- se afectan los derechos incorporales que emanan de la última prórroga de su nombramiento, todo ello en base a los artículos 576, 578 y 583 del Código Civil.

Solicita dejar sin efecto la resolución que dispuso el término anticipado de su “contrata”, ordenando su reincorporación al mismo cargo que ostenta y el pago de sus remuneraciones por el periodo intermedio, todo ello con costas.

SEGUNDO : Que, a fojas 21, evacúa informe la parte recurrida e indica –en primer lugar- que el actor fue contratado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto Administrativo, el cual establece la posibilidad que los empleos “a contrata” sean cesados antes del plazo máximo para el que se disponen.

Luego indica que la resolución que dispuso el término anticipado de la “contrata” del recurrente fue tomado de razón por la Contraloría General de la República, cuya jurisprudencia reiterada estima que cuando la contratación ha sido hecha –como en la especie- bajo la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios” puede ponérsele término en cualquier momento, constituyendo en sí misma fundamento suficiente.

Estima que la arbitrariedad e ilegalidad alegada por el recurrente no es tal, toda vez que su desvinculación obedece a un factor contemplado en la propia resolución que lo designó, así como en aquella que la prorrogó, por lo que no hay afectación de garantía constitucional alguna.

Concluye que se encontraba autorizada para cesar los servicios “a contrata” del protegido.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO : Que, no resulta controvertido la relación funcionaria de la recurrente con la Administración en calidad de contrata, la que supone temporalidad y transitoriedad y exclusión de varios derechos que gozan los empleados públicos titulares: carrera funcionaria, estabilidad del vínculo y por lo mismo determinadas causales de su término contenidas en el Estatuto Administrativo. En ese marco jurídico, la renovación de su nombramiento a contrata por este año 2014 es una situación fáctica que no tiene la virtud de transformar aquél en una de derecho; sólo conllevaba la característica precaria de ser necesarios sus servicios.

Resulta pertinente reproducir lo razonado por la Excma. Corte Suprema en fallo reciente de 4 de junio 2014 en el ingreso N° 9025-2014 reitera lo argumentado en la sentencia de 7 de mayo de 2013, en el rol 1122-2013, en sus considerando Segundo a Quinto: “Segundo: Que de los antecedentes aparejados a la causa aparece que en lo concerniente a la duración de la designación a contrata de la reclamante, se incorporó la frase "mientras sean necesarios sus servicios". Tercero: Que la cláusula anterior está en armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata o a honorarios. En efecto, la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3º, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución. Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha recién indicada. Cuarto: Que es posible considerar, entonces, que la expresión "mientras sean necesarios sus servicios" ha sido utilizada para permitir en esta clase de nombramientos la existencia de un período de vigencia que sea inferior al que le restare al empleo para finalizar el año en que los servicios recaigan. Quinto: Que de lo que se viene de consignar se colige que la autoridad administrativa denunciada se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata de la recurrente, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera que al acudir la recurrida precisamente a esta causal sólo ha hecho uso de la facultad antes descrita.”

QUINTO: Que, es cierto que la motivación de los actos administrativos resulta indispensable para su legitimidad tanto jurídica como social y, en la especie, la expresión “no ser necesarios sus servicios” constituye un fundamento específico que satisface aquélla.

SEXTO: Que, en este contexto, no se han vulnerado las garantías constitucionales que denuncia la recurrente como quebrantada, desde que la igualdad ante la ley, definida como similar tratamiento a quienes se encuentran bajo un estatuto jurídico fundamental, en el caso propuesto no se ha demostrado que se haya discriminado arbitrariamente a la actora. Y, en cuanto al derecho de propiedad sobre su empleo, ha quedado dicho que el nombramiento a contrata del recurrente es de naturaleza temporal y transitoria por lo que mal pudo incorporarlo a su patrimonio de manera definitiva, permanente o absoluta, distinguiendo, por cierto, los emolumentos percibidos por dicha actividad.

SÉPTIMO: Que, no cabe sino desestimar el recurso interpuesto sin costas por haber tenido motivo plausible para accionar por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 8 a favor de nombre reservado.

Regístrese y notifíquese.- Nº IC Criminal 57.831-2.014.- Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alfredo Pfeiffer Richter e integrada por el Ministro (S) señor Mario Gómez Montoya y por la Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veinte de octubre de dos mil catorce, notifique en secretaría por el estado diario la resolución precedente.