SINDICATO DE EMPRESA DE TRABAJADORES BANCHILE INVERSIONES con DIRECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO

C.A. de Santiago Santiago, treinta de agosto de dos mil diecinueve.

A los folios N° 326645 y 328017: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: El Sindicato de Empresas de Trabajadores Banchile Inversiones interpone recurso de protección en contra de la Dirección Nacional del Trabajo y de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitano Poniente por las omisiones y acciones arbitrarias e ilegales consistentes en: respecto a la primera de las recurridas, solicitar la remisión del expediente administrativo y revisar antes de su dictación el borrador de la resolución de calificación de servicios mínimos formulado por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y Banchile Administradora General de Fondos S.A. con fecha 8 de marzo de 2019 y, por retener dicho expediente hasta la fecha. Respecto a la segunda recurrida, por no emitir dentro de plazo legal la resolución sobre el requerimiento de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia formulado por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y Banchile Administradora General de Fondos S.A. con fecha 8 de marzo de 2019 y por remitir el expediente y el borrador de resolución para que sea revisado por la Dirección Nacional del Trabajo previo a su dictación.

Expone que con lo anterior se vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, así como el derecho a la autonomía sindical y a la negociación colectiva, derechos reconocidos en los números 2, 16 y 19 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el día 4 de agosto de 2016 el Sindicato y la Empresa (Banchile Corredores de Bolsa S.A. y Banchile Administradora General de Fondos S.A) en calidad de empleador común, suscribieron un contrato colectivo con vigencia hasta el 31 de julio de 2019. En consecuencia, la oportunidad para presentar el proyecto de contrato colectivo es el período comprendido entre el 1 y 16 de junio de 2019 conforme establece artículo 333 del Código del Trabajo.

Que el día 31 de enero de 2019 el empleador presentó la propuesta de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia conforme artículo 360 del Código del Trabajo. A falta de acuerdo con el sindicato, el día 8 de marzo de 2019 ingresó a la Dirección Regional Metropolitana Poniente un requerimiento de calificación de servicios mínimos equipo de emergencia.

Añade que el día 14 de junio de 2019 el sindicato presentó un proyecto de contrato colectivo para dar inicio a la negociación colectiva reglada. Luego el día 1 de julio de 2019, la Inspectora Provincial del Trabajo María Leonor Arroyo envió el ordinario 2707, de esa fecha, informando al sindicato que la negociación estaba suspendida debido a que estaría pendiente el recurso jerárquico relacionado con la calificación de servicios mínimos, esto es, el requerimiento formulado por el empleador con fecha 8 de marzo de 2019.

Pide se declaren ilegales y arbitrarias la omisión y las acciones denunciadas, disponiéndose que a la brevedad la Dirección Nacional del Trabajo devuelva la documentación pertinente a la Dirección Regional del Trabajo y se pronuncie sobre el requerimiento de calificación de servicios mínimos y equipo de emergencia formulada por el empleador el 8 de marzo de 2019, o bien, se adopten las medidas conducentes para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas;

Segundo: Evacuan informe ambos recurridos señalando, en cuanto a los hechos, que efectivamente el 1º de julio de 2019 se informó al sindicato que la negociación colectiva estaba suspendida mientras no se resolviera el requerimiento formulado.

Informa que el día 19 de julio de 2019 se dicta la resolución 766 del Director Regional Metropolitano Poniente que califica servicios mínimos y equipo de emergencia.

Replica en cuanto a las supuestas omisiones y acciones ilegales y arbitrarias, que los recurridos en esta materia se rigen por la orden de servicio n°1 de 26 de enero de 2017, que imparte instrucciones sobre el procedimiento administrativo de servicios mínimos y equipos de emergencia, siendo un procedimiento reglado que garantiza que las partes sean oídas.

Luego explica cuales son las circunstancias especiales de esta decisión, aludiendo a: la complejidad de la presentación que requería los servicios mínimos por la empresa, 107 páginas donde se distinguían entre ciclos de proceso productivo distintos con 30 procesos técnicos de áreas del conocimiento ajenas al derecho laboral como son las instituciones financieras; la existencia de una unidad económica que en la práctica son dos procesos distintos respondiendo a áreas productivas diversas; el alto número total de cargos requeridos, la empresa sometió a conocimiento del servicio 126 cargos para Banchile Corredores S.A. y 82 cargo para Banchile Administradora S.A. total, más de 200 cargos a resolver; la elaboración del oficio por el organismo regulador requirió un informe técnico de la Comisión para el Mercado Financiero para indagar con profundidad y experticia necesaria el funcionamiento de ambas razones sociales y así requerir la información técnica necesaria; que además, hubo cuantiosa información aportada por el sindicato de empresas de trabajadores que debía ser evaluada. Luego del gran numero de calificaciones que implicaba la resolución, resultaron un total de 195 calificaciones.

En lo relativo a la imputación de que la Dirección Regional del Trabajo Metropolitano Poniente hubiese incurrido en una ilegalidad al remitir al expediente a la Dirección Nacional, indica que con ocasión de la ley 20.940, que moderniza el sistema de relaciones laborales, se dicta la resolución exenta 1689 de 14 de octubre de 2016, que establece una nueva estructura orgánica y funcional del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo creando, entre otras, la Unidad de Servicios Mínimos, cuya función es apoyar a los funcionarios de la línea a nivel nacional en la correcta aplicación de los procedimientos vigentes en materia de derecho huelga e instituciones legales, especialmente aquellas directrices relacionadas con la calificación de servicios mínimos y conformación de equipo de emergencia. Es decir, es función de la Unidad de Servicios Mínimos apoyar a los funcionarios en estas materias.

Pide se tenga por evacuado el informe y se rechace la acción deducida;

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Cuarto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Quinto: Que luego de lo dicho, habiéndose informado por la recurrida que con fecha 19 de julio de este año se evacuó la resolución de la Dirección Regional Metropolitana Poniente de calificación de servicios mínimos, que es precisamente lo que se pide que se ordene por esta Corte en lo petitorio del libelo pretensor, es que estos sentenciadores no vislumbran vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor de la recurrente;

Sexto: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo y que hace innecesario e impertinente cualquier mayor análisis en relación a las alegaciones vertidas por los intervinientes, pues no es esta la vía para obtener meras declaraciones de certeza, las que claramente son propias de otro tipo de procedimiento judicial y/o administrativo de lato conocimiento.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, por haber perdido oportunidad, el recurso deducido en la petición principal de la presentación de fecha ocho de julio de este año.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-57783-2019.