ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO con CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Santiago, veintiséis de junio de dos mil doce.

VISTOS 1.- Que, a fojas 164, nombre reservado, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santiago, domiciliado en el Palacio Consistorial, Plaza de Armas sin número, esquina calle Veintiuno de Mayo, comuna de, Santiago, con fecha 7 de marzo de 2012, recurre de protección en contra de Ramiro Mendoza Zúñiga, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en su calidad de Contralor General de la Republica, a raíz y con ocasión del Dictamen Nº 6.512, de fecha 1º febrero 2012, y que le fuera notificado a la Municipalidad de Santiago con fecha 6 febrero de 2012, por medio del cual confirmó el Dictamen Nº 27.677, de fecha 25 del mes de mayo de 2010, desestimando las reconsideraciones pedidas por diferentes municipalidades, entre las cuales se encuentra Santiago, municipalidades en relación al referido dictamen.

El recurrente estima que el dictamen impugnado por el presente recurso, constituye un acto arbitrario e ilegal que infringe las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 3, inciso 4, y Nº 24, de la Constitución Política de la República; la primera de ellas en cuanto “nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunales que señalare la ley y que se hallaré establecido con anterioridad a la perpetración del hecho”, al intervenir como Tribunal para dirimir conflictos de interpretación entre las municipalidades y entes privados, infringiendo el artículo 6 de la Ley 10.336, que prohíbe a la Contraloría General de la República, intervenir en asuntos de carácter litigioso o que sean de carácter litigioso, como el caso de la especie, y de competencia exclusiva de los Tribunales Ordinarios de Justicia; en la segunda, se afecta la garantía constitucional de propiedad, al disponer que se deberán restituir los valores correspondientes a aquellas sociedades de inversión que se enmarquen en el nuevo dictamen del señor Contralor General, esto es, desde 1 de julio de 2010, asimismo se dejarán de percibir sumas similares a las ya percibidas por patentes correspondientes a sociedades de inversión, lo que se estima en 8 mil quinientos millones de pesos anuales, aproximadamente.

El recurrente señala que el origen de la controversia se encuentra en determinar si la sociedades de inversión, sin distinción, están exentas o afectas al pago de patente municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del D.L. Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, sobre lo cual los Tribunales Superiores de Justicia han resuelto en forma reiterada que sí están afectas al pago de dicho tributo. Añade que con los dictámenes impugnados se crea un nuevo concepto de inversión y que al agregarle, el Contralor General de la República, el adjetivo de pasivas se crea un nuevo tipo de inversión y como consecuencia de ello la sociedad de inversión. A continuación señala que los Tribunales Superiores de Justicia resuelven de acuerdo al ordenamiento jurídico y que la Contraloría General de la República sólo está facultada para interpretar la ley en las materias propias de su competencia, como lo establece su ley orgánica, y que no puede extenderse a cuestiones que carezcan de norma legal expresa. Lo anterior, según el recurrente, contraviene el artículo 98 de la Constitución Política de la República que debe ser relacionada con las normas de la Ley Nº 10.336, Ley Orgánica del ente contralor. Después de transcribir la normativa señala, el recurrente, que la Contraloría General de la República carece de facultades para interpretar normas de carácter tributario, como son las que establecen las patentes municipales y menos crear legislación mediante su interpretación, además no tiene carácter de tribunal administrativo ya que carece de norma expresa que lo autorice.

En cuanto al dictamen que motivó la reconsideración, el órgano contralor lo emitió a petición de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Chile, F.G.N., y de don nombre reservado señalando el recurrente que el dictamen de la Contraloría General de la República en la forma expuesta ha establecido derechos permanentes para los ahocicados a la referida cámara de comercio, lo cual ha significado que durante el año 2010 el municipio recurrente ha debido dar repuesta a múltiples reclamaciones efectuadas por contribuyentes que solicitan que se les declare que están exento o no afectos, aduciendo el criterio del señor Contralor General lo cual, como consecuencia del dictamen impugnado, aumentará así como la renuencia de las sociedades de inversión a proporcionar su documentación contable para la correspondiente fiscalización.

Se ha vulnerado lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, pronunciándose sobre una materia que actualmente se ventila en muchos tribunales del país. Además, existen requerimientos de inaplicabilidad pendientes ante el Tribunal Constitucional sobre la materia, perjudicando directamente a las municipalidades, y desconociendo la prohibición que se contempla en el artículo 6º, ya referido, también comprende a los asuntos que por su naturaleza son propiamente de carácter litigioso.

La jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha entendido que la sociedades se inversión se encuentran gravadas con patente. La modificación legal del artículo 24, mediante la ley N° 20.033, que precisó la forma de determinar el domicilio de las sociedades de inversión o de profesionales, también corrobora el hecho de encontrase gravadas con patente las sociedades de inversión. Destaca que el Tribunal Constitucional, sentencia rol Nº 1.454-2009-INA-20 de julio de 2010, en requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de los artículo 23 y 24 del D. L. Nº 3.063, Sobre Rentas Municipales, resolvió que la interpretación de las expresiones actividad lucrativa, secundaria, terciaria y actividades primarias o extractivas, incluidas en el artículo 23, como causantes del pago de patente municipal, no quedan comprendidas en el ámbito de sus atribuciones siendo competencia de los jueces de fondo, esto es, de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Solicita se dejen sin efecto los dictámenes Nº 6512, de 2012, y Nº 27.677, de 2010, disponiendo que el recurrido se abstenga de conocer en lo sucesivo de solicitudes del tenor de las descritas por constituir materias litigiosas o de naturaleza litigiosa que son de competencia de los Tribunales Superiores de Justicia.

Acompaña un conjunto de documentos y copias de sentencias judiciales del Tribunal Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones de Santiago. Asimismo adjunta Certificado emitido por Director de Rentas y Finanzas de la I. Municipalidad de Santiago en el cual consta el monto de los recursos a devolver y los montos anuales que se dejarían de percibir de aplicarse los dictámenes impugnados.

A fojas 187 de los autos, se concede la orden de no innovar solicitada.

2.- Que, a fojas 190 y 225 de los de los autos, se hacen parte las I. Municipalidades de Providencia y de Macul, adjuntando documentación que acredita personerías y jurisprudencia atinente a la materia en discusión.

3.- Que, a fojas 329 de los autos, en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades se hizo parte don nombre reservado, Presidente de dicha organización. Invocó para ello tener interés en la presente causa el artículo 14 Nº 3 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades que dispone que el Fondo Común Municipal constituye la principal fuente de financiamiento de las municipalidades del país que se integra con el 55% de lo recaudado por cada municipalidad del país por patentes municipales. Agrega que la Contraloría General de la República se niega a aplicar el Decreto Supremo Nº 484, de 1980, Reglamento para la aplicación de los artículos 23 y siguientes del D. L. 3063, Ley de Rentas Municipales, invocando para ello el principio de legalidad tributaria, aparentemente porque estima que el Presidente de la República se habría excedido en sus facultades reglamentarias al dictarlo. Sin embargo, se trata de un acto administrativo del cual en su oportunidad la Contraloría General de la República tomó razón, reafirmándose con ello la legalidad del mismo.

Añade que la Contraloría General de la República se arroga facultades propias del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado acerca de la constitucionalidad de un Decreto Supremo, cuestión que por lo demás privativamente le compete al órgano de control constitucional.

4.- Que, a fojas 367 de los autos, se hace parte la I. Municipalidad de La Granja, invocando como interés similares antecedentes a los expuestos por la Asociación Chilena de Municipalidades.

5.- Que, a fojas 318 de los autos, en representación de la Contraloría General de la República, se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado asumiendo la defensa judicial del órgano contralor.

6.- A fojas 297 de los autos, Informa doña nombre reservado, Contralor General de la República Subrogante y plantea las siguientes consideraciones previas:

En primer lugar, la extemporaneidad de la acción constitucional ya que si bien el recurso se dirige formalmente en contra del Dictamen Nº 6512, de 2012, lo cierto es que éste ratificó uno anterior, el N° 27.677, de 25 mayo 2010, del cual la I. Municipalidad de Santiago pidió reconsideración el 25 junio 2010 lo que implica que con esa fecha tomó conocimiento del hecho que le afecta.

En segundo lugar señala que el asunto es ajeno a la naturaleza propia del Recurso de Protección. Precisa que la controversia planteada por la recurrente dice relación con que, en su entender, la Contraloría General de la República ha hecho una errónea interpretación de ley no siendo la vía idónea para dirimir la controversia la vía constitucional empleada.

En tercer lugar, plantea una falta de legitimación activa de la recurrente, señala que las municipalidades son órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, por ello deben someterse a las normas y jurisprudencia administrativa emanada de ella, por lo que carecen de legitimación activa para entablar este recurso y en definitiva a través de él pretender sustraerse del cumplimiento de lo resuelto por el órgano contralor. Se advierte entonces que a través del presente recurso se atenta en contra de las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República toda vez que importa desconocer la fuerza vinculante de los dictámenes del órgano contralor tienen respecto de los servicios públicos sometidos a su control. Cita jurisprudencia respecto a ello en las cuales señala “... que el recurso de protección no puede ser utilizado para impugnar un dictamen de la Contraloría General de la República sobre materias respecto de las cuales tiene atribuciones exclusivas.”

EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO, el Informe del órgano contralor realiza las siguientes precisiones:

En primer término, se trata de una acción cautelar que requiere como requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, que en presente caso no existe la ilegalidad y arbitrariedad denunciadas en el recurso.

Al efecto:

- La legalidad del dictamen Nº 6512, de 2012, la facultad de emitir dictámenes proviene de los artículos 98 Constitución Política de la República, 5, 6 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley Nº 10.336), 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley Nº 18.695). La actividad dictaminadora de la Contraloría General de la República cuando interpreta un precepto jurídico en ejercicio de sus facultades, no puede considerarse ilegal.

- Falta de arbitrariedad del Dictamen, 6512, de 20112. La potestad dictaminadora de la Contraloría General República es de naturaleza interpretativa, lo que importa un exhaustivo análisis jurídico de la norma a interpretar, actuando conforme a las normas de hermenéutica legal y, en la especie, se trata de un criterio emitido por la Contraloría General de la República en 2010 y que desde esa fecha viene aplicándose regularmente.

- El asunto no tiene naturaleza litigiosa en los términos del artículo 6º de la Ley Nº 10.336.

La afirmación de la recurrente es incorrecta porque la limitación prevista en el artículo 6º, de la Ley Nº 10.633, sólo está referida a los asuntos particulares que sean sometidos a consideración del Órgano Contralor y que, además, sean conocidos por los tribunales.

- El hecho que el cobro de la patente por las municipalidades haya sido controvertido por distintos contribuyentes de forma judicial no implica la aplicación automática de la aludida norma, en atención al principio del efecto relativo de las sentencias contemplado en el artículo 3º del Código Civil manifestando que: “si dichos casos se resuelven de forma diversa a la jurisprudencia administrativa impugnada, esta última se mantiene vigente para aquellos que no han sido parte del respectivo procedimiento judicial.”

Sobre cobro de patente municipal a las sociedades de inversión.

Expone que de acuerdo al artículo 23 del D. L. 3063 Ley de rentas Municipales), lo que la ley grava con impuesto por patente municipal no es toda actividad lucrativa sino los actos o acciones concretos y determinados que, cuando son efectivamente realizados, quedan comprendidos dentro de los hechos gravados que describe el artículo 23 del D. L. 3063, o sea, la mera obtención de ganancia no transforma a quien lo realiza en sujeto obligado al pago del impuesto.

La contribución por patente municipal constituye un tributo y, como tal, se encuentra sujeto al principio de legalidad tributaria, por lo que los órganos de la Administración no pueden imponer el pago del tributo sino cuando se verifican en la especie los elementos de la obligación tributaria expresamente previstos por el legislador, al efecto:

Hecho gravado, sujeto obligado, procedimiento para la determinación de la base imponible, la tasa, las situaciones de exención y las infracciones.

La modificación introducida por Ley 20.033 al artículo 24 del D. L. 3063, no hizo extensivo el pago de patente municipal a las sociedades de inversión ya que ésta sólo tuvo por finalidad perfeccionar una norma de competencia en el sistema de cobranza, indicando el lugar en donde deben pagar la patente en caso que efectivamente deban pagarlo. De ello se desprende lo que la Contraloría General de la República viene sosteniendo: la inversión pasiva, que consiste generalmente en la adquisición de bienes con fines rentísticos, y que no involucra la producción de bienes, ni la prestación de servicios, no es una actividad que configure el hecho gravado en el artículo 23 del D. L. 3063 y los dictámenes contra los cuales se recurre “no han manifestado que las sociedades de inversión se encuentren liberadas per se del pago de patente municipal, como lo entiende en recurrente, ya que éste último precepto no grava a determinadas formas de organización societaria o empresarial.” Por lo tanto, si un contribuyente adopta tal forma societaria, sociedad de inversión, y se advierte que realiza una actividad gravada con patente municipal, estará obligado a su pago.

Garantías constitucionales supuestamente infringidas:

Al respecto, señala el recurrido que en lo que respecta al artículo Nº 19 Nº 3, en cuanto la Contraloría General de la República se ha transformado en un tribunal o Comisión Especial, el hecho que el órgano contralor se pronuncie sobre un asunto respecto del cual existen numerosas interpretaciones no lo transforma en Tribunal. Interpretar las normas y juzgar no son sinónimos. La Contraloría General de la República ha interpretado en uso de sus facultades legales entregadas por la carta fundamental y su ley orgánica.

En cuanto al derecho de propiedad, protegido por el número 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, el recurrente ha alegado que la interpretación del órgano contralor implica que dejará de percibir los valores correspondientes al nuevo tipo de sociedades de inversión creadas a contar del dictamen impugnado, señala el recurrido que sólo entra al patrimonio aquellas sumas de dinero que satisfacen las condiciones dispuestas por la ley para legítima percepción. Y sí a ello se suma el principio de la legalidad de los actos de la Administración, artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, las municipalidades sólo podrán cobrar aquellos tributos cuando se configure el hecho gravado que genera la respectiva obligación de pago. No se puede alegar atentado contra el derecho de propiedad porque sólo lo ha podido percibir procediendo de acuerdo a esta forma de interpretación, acompaña copia de los dictámenes a los que hace alusión en su informe.

7.- Que a fojas 461 de los autos, la I. Municipalidad de Santiago acompaña Certificado del Director de Rentas y Finanzas de dicho municipio respecto de los ingresos por patentes de Sociedades de Inversión, desde el segundo semestre de 2010 al primer semestre de 2012, que ascienden a un total de $ 20.534.109.171.- ( veinte mil quinientos treinta y cuatro millones ciento nueve mil ciento setenta y un pesos), considerando las pagadas y morosas.

8.- Que, a fojas 471 de los autos rola escrito de Téngase Presente de don Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la República, respecto de las presentaciones de la Municipalidad de Providencia, Macul y la Asociación Chilena de Municipalidades reitera lo ya señalado en informe de Contralor Subrogante de la carencia de un interés directo de los municipios señalados, que no tienen legitimación activa, que la acción constitucional es extemporánea y sobre el fondo señala que no se dan los requisitos del artículo 20 de la carta fundamental enfatizando que el Dictamen Nº 6512, de 2012, es legal, no es arbitrario, no es una materia propia del recurso de protección. En particular respecto a las alegaciones de la Municipalidades de Providencia y Macul y Asociación de Municipalidades señala que el Dictamen Nº 6512, de 2012, no ha importado una negativa a aplicar el Decreto Supremo Nº 484, de 1980, del Ministerio del Interior, sin dejar sin efecto la toma de razón de dicho acto administrativo, señala que el dictamen “sólo expuso el sentido que debe darse al artículo 2º, letra c), del decreto Nº 484, de 1980, indicando que la definición de actividad terciaria contenida en dicho precepto, comprende únicamente el comercio y distribución de bienes y la prestación de servicios de todo tipo.”. Añade que la Contraloría General de la República no se arrogado atribuciones propias del Tribunal Constitucional ya que no ha efectuado una declaración de inconstitucionalidad, considera que no se ha violado el artículo 6º de la Ley Nº 10.336 con la emisión del Dictamen Nº 5512, de 2012, que no ha excedido su competencia, que las sociedades que realzan actividades de Inversión no siempre están gravadas con patente municipal ya que se gravan a los actos o acciones concretas y determinadas que, efectivamente realizadas, queden comprendidas en lo hechos gravados que describe el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales y el decreto Supremo Nº 484, de 1980. La actividad comercial siempre está gravada con patente municipal y la intermediación financiera es siempre un acto de comercio por lo que está gravado. Toda actividad lucrativa está gravada con patente, sea el contribuyente civil o comercial. A través de la modificación introducida por Ley 20.033 al artículo 24 D. L. 3063, ha quedado claro que ello no significa que se ha hecho extensivo el pago de patente a las sociedades de inversión ya que se trata de una norma que perfeccionó una norma de competencia del sistema de cobranza.

El dictamen impugnado por esta vía es vinculantes para los municipios y tampoco para los Tribunales de Justicia, dado que sólo son vinculantes para el caso particular planteado, no pudiendo dársele esta aplicación general. Así lo corrobora el artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, siendo la única excepción la del artículo 19 del mismo texto, que impone a los funcionarios públicos abogados la obligación de observar esta jurisprudencia pero sólo cuando no tienen a su cargo la defensa judicial de la institución, como es el caso, y además viene a refrendar la prohibición del artículo 6, asuntos de naturaleza litigiosa. Concluye el señor Contralor General de la República señalando que debe desestimarse en todas sus partes las presentaciones deducidas en los autos en contra del órgano contralor.

9.- Que a fojas 490 de los autos, rola escrito de Téngase Presente y acompaña Documentos del apoderado de la I. Municipalidad de Macul señalando que ha presentado oportunamente la acción de protección ya que el plazo debe contarse desde que se toma conocimiento del acto administrativo terminal, que es un acto continuo en el tiempo y de efectos permanentes y que la acción constitucional procede contra actos que acusen privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de derechos y garantía constitucionales. Advierte sobre un nuevo vicio que surge con el Dictamen Nº 6512, de 2012, y ello es la Desviación de Poder que se manifiesta cuando el Contralor General Ramiro Mendoza Zúñiga reaparta absolutamente del ordenamiento jurídico al transformarse en un tribunal contencioso administrativo y en un cuarto poder del estado. Asimismo, la desviación del poder del Contralor General se produce al sobreponer su propio interés particular al general, al efecto señala que se han modificado dos sociedades, de asesoría profesional una y de inversión la otra, poco antes del Dictamen Nº 28.677, de 2010, que fue ratificado por Dictamen Nº 6512, de 2012, lo que podría indicar que el interés que tuvo la autoridad no fue uno general sino particular. Se acompañan copias de las escrituras públicas que sostienen lo afirmado.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en lo que dice relación con la extemporaneidad del recurso alegado por la recurrida, el plazo debe contarse desde que fue concluida la vía administrativa, esto es, desde el acto administrativo terminal y su posterior notificación. En el presente caso los recurrentes interpusieron recurso de reposición reconsideración administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 19.880, siendo los recursos resueltos mediante el Dictamen Nº 6.512, de fecha 1º febrero 2012, y que le fuera notificado a la Municipalidad de Santiago con fecha 6 febrero de 2012, por medio del cual confirmó el Dictamen Nº 27.677, de fecha 25 del mes de mayo de 2010. El presente recurso fue interpuesto con fecha 7 de marzo de 2012, en consecuencia dentro de los 30 días contados desde la notificación del dictamen impugnado mediante la presenta acción constitucional, por lo cual la I. Municipalidad de Santiago se encontraba habilitada para deducir el recurso de protección.

SEGUNDO: Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a menoscabos que se pueden experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de autoridades o particulares. Se estableció como mecanismo urgente para amparar un derecho indubitado, esto es, que no sea disputado para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado.

TERCERO: Que la normativa sobre Rentas Municipales (D. L. Nº 3.063, D. S. Nº 484, de 1980, de Interior, y Ley Nº 20.033) establecen que el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquiera otra actividad lucrativa secundaria o terciaria sea sujeta a una contribución municipal, estableciéndose que en caso de las sociedades de inversión o sociedades de profesionales, cuando éstas no registren domicilio comercial, la patente se pagará en el domicilio registrado por el contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos, debiendo este último dar esa información por medios electrónicos en el mes de junio de cada año. Sobre lo anterior existe jurisprudencia asentada de la Excma. Corte Suprema de Justicia.

CUARTO: Que el principio de Reserva Legal, consagrado en la Constitución Política de la República de Chile, refleja la doctrina liberal de la separación de poderes y es la consagración a nivel constitucional de determinadas materias que, debido a la importancia jurídica y política que tienen asignadas, sólo pueden ser reguladas mediante ley, desde el punto de vista formal, y ello excluye la posibilidad de que tales materias sean desarrolladas mediante reglamentos o cualquier otro instrumento normativo que no goce de dicho rango legal. En íntima conexión con este principio se encuentra el principio de legalidad, esencial en la creación del tributo desde la Magna Charta Libertataum impuesta por los nobles en el año 1.215 al monarca llamado Juan Sin Tierra.

El Principio de Reserva Legal amplio respecto del sistema impositivo, y de los tributos en particular, se encuentra consagrado en la Constitución Política de 1980, conforme a los artículos 7, 19 Nº 20, 63 Nº 14, 65, inciso 4 Nº 1 y 65, inciso 2; al efecto se transcribe la norma pertinente: “Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para: 1º.- Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión; lo anterior significa que la ley es la única fuente de los tributos, suprimir y establecer exenciones o modificarlas y que además la obligación tributaria, en todos sus aspectos, debe ser determinada por el poder legislativo, constituyendo únicamente excepción a ello la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo para la dictación de un Decreto Ley, caso este último en que dicha delegación debe ser precisa y ejercerse en el plazo de un año QUINTO: Que, la facultad para la interpretación administrativa de la ley en el ámbito tributario está entregada exclusivamente al Director del Servicio de Impuestos Internos, conforme lo disponen el artículo 6º, letra A, número 1º, del Código Tributario y la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos. Dicha interpretación administrativa de la ley tributaria sólo obliga a los funcionarios de dicho servicio y a otras autoridades, no siendo obligatoria para los contribuyentes ni para los Tribunales Ordinarios de Justicia. No se observa facultad alguna de la Contraloría General de la República, en la normativa que la rige, vinculada a realizar interpretaciones sobre materias tributarias, como es el D. L. Nº 3.063 Ley sobre Rentas Municipales, menos aún para declarar que determinadas actividades se encuentran exentas del Tributo, previsto en el artículo 23 del señalado cuerpo legal que grava las patentes comerciales.

SEXTO: Que examinados los Dictámenes Nº 27.677, de 2010, y Nº 6512, de 2012, el Contralor General de la República aborda en ellos materias que no son de su competencia legal, conforme las facultades que le otorgan los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República ni la Ley Nº 10.336, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Coherente con lo anterior es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Chile que ha señalado que en el caso de conflicto por el pago de patentes comerciales, en que se solicitó su intervención mediante el Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad, la competencia corresponde a los Jueces de Fondo, esto es, a los Tribunales Ordinarios de Justicia. Asimismo, los Tribunales Superiores de Justicia han determinado mediante innumerables sentencias ejecutoriadas, en un sinnúmero de casos, que se deben enterar en las arcas municipales los dineros correspondientes a patentes de sociedades de inversión que recurrieron a ellos mediante diversos recursos judiciales.

SÉPTIMO: Que en lo relacionado con una supuesta desviación de poder del recurrido, esto es, privilegiar su interés individual ante el colectivo y haber infringido el principio de probidad administrativa en relación a las modificaciones sociales efectuadas con participación de don Ramiro Mendoza Zúñiga y su familia, cuyas escrituras se han acompañado, esta Corte no emitirá pronunciamiento al respecto, considerando que se enmarca dentro de su autonomía de la voluntad y no constituyendo la instancia idónea para ello.

OCTAVO: Que el proceder de la Contraloría General de la República, al emitir el Dictamen Nº 27.677, de 2010, y ratificarlo mediante el Dictamen Nº 6512, de 2012, ha infringido la garantía constitucional prevista en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, esto es, ha afectado la garantía constitucional de propiedad, al disponer que se deberán restituir los valores correspondientes a aquellas sociedades de inversión que se enmarquen en el nuevo dictamen del señor Contralor General, esto es, desde 1 de julio de 2010, y se dejarán de percibir sumas similares a las ya ingresadas por patentes comerciales correspondientes a sociedades de inversión.

Por estos fundamentos, y visto además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo de los recursos de protección, se acoge el recurso interpuesto la Ilustre Municipalidad de Santiago, ya individualizado, en contra de la Contraloría General de la República, sólo en cuanto se decide que se dejan sin efectos los Dictámenes Nº 27.677, de 2010, y Nº 6512, de 2012.

Que por lo señalado anteriormente resulta inoficioso pronunciarse sobre otras garantías que se dicen conculcadas.

No se condena en costas al recurrido.

Redacción del Abogado Integrante don Bernardo Lara Berrios.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Rol Nº 5.776-2012.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro don Patricio Villarroel Valdivia, y conformada por la Ministra doña María Soledad Melo Labra y el Abogado Integrante don Bernardo Lara Berrios.