nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LA ARAUCANA

Santiago, veinte de marzo de dos mil dieciocho.

Vistos:

1°) Que, comparece doña Ana Urzúa García, abogada domiciliada en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, empleado domiciliado en domicilio reservado recurriendo de protección contra la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, fundado en el acto arbitrario e ilegal consistente en haber efectuado descuentos de las remuneraciones del recurrente por un crédito social contraído el año 2012 con otra CCAF, que se encontraría prescrito.

Funda el recurso en que trabaja como docente, y al recibir su liquidación de remuneraciones de diciembre de 2017 se percató de un descuento por $196.173 informado por la CCAF La Araucana, sin haber contratado créditos sociales con esta, por lo que desconocía su origen.

Señala que al consultar a la recurrida esta le informó que la situación que le afectaba se debía a un crédito solicitado el 29 de diciembre de 2011, por un monto de aproximadamente nueve millones de pesos, a la CCAF Los Andes, pagadero en 60 cuotas mensuales, venciendo la primera el 29 de febrero de 2012, e incurriendo en mora en el pago a contar de la cuota N° 15, a pagar el 29 de abril de 2013.

Indica que la CCAF La Araucana ha efectuado los descuentos fundado en la facultad que le otorga el artículo 22 de la Ley N°18.833, que señala “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora y se regirá por les mismas normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales”

Expone que la conducta descrita constituye un acto arbitrario e ilegal, ya que el uso de este mecanismo excede las atribuciones de la recurrida, ya que la CCAF Los Andes, para efectos de exigir el cumplimiento del saldo moroso del crédito social otorgado, debe iniciar un juicio ejecutivo de obligación de dar, través de los Tribunales de Justicia, por lo que con su actuar vulnera el artículo 19 N°24 de la Constitución, ya que el crédito social se encontraría prescrito.

Pide declarar arbitraria e ilegal la conducta, el cese de las retenciones de remuneraciones, y la restitución de las cuotas descontadas, con costas.

2°) Que, la recurrida Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana, informa indicando que el descuento efectuado no se realizó por un crédito que el recurrente adeudara a La Araucana, sino para remesar tales fondos a la Caja Los Andes, a través del sistema intercajas, que permite la cobranza de los deudores de una Caja por intermedio de otra a la que se encuentren afiliados.

Señala que el descuento se encuentra normativamente justificado por el inciso primero del artículo 1° de la Ley N° 18.833, en relación al Dictamen N°29.526, de fecha 9 de mayo de 2012, de la Superintendencia de Seguridad Social, que indica que las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que conforme al artículo 58 inciso primero del Código del Trabajo, deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores, por tanto el acto al que alude el recurrente no es arbitrario ni ilegal, ya que se encuentra fundado en la normativa legal aludida y es en virtud de estas normas, que La Araucana comunicó al empleador del recurrente el crédito impago, para efectos de su pago mediante el descuento de sus remuneraciones.

Controvierte que el crédito social se encuentre prescrito, ya que no se ha declarado tal circunstancia por vía judicial en un proceso de lato conocimiento; y en base a todos estos elementos pide el rechazo del recurso, con costas.

3°) Que, evacuando el informe solicitado, la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes indicó que con fecha 29 de diciembre de 2011, otorgó al señor nombre reservado, un crédito por la suma de $9.462.915, pagadero en un plazo de 60 meses, su primer vencimiento correspondió al 29 de febrero de 2012, recibiéndose el último pago efectivo al 15 de junio de 2012, adeudándose actualmente $17.766.282.

Indica que dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha establecido garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Y conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833 tales créditos se cobran por intermedio de descuentos deducidos de las remuneraciones del afiliado, que son retenidos por el empleador y remesados a la Caja acreedora, de forma tal que ha ejercido los derechos que la propia ley y los acuerdos establecen.

Señala que el cobro se realizó mediante el sistema intercajas, creado para dar cumplimiento a instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social en relación al riesgo financiero de las Cajas, y mediante el cual las Cajas acreedoras pueden acordar con aquellas a las que esté actualmente afiliado el trabajador la recaudación de las cuotas adeudadas por créditos sociales impagos; y en base a esta es que La Araucana, a requerimiento de Los Andes, actuando como diputada para el pago, procedió a informar al empleador del recurrente la deuda, para proceder a los respectivos descuentos.

La prescripción alegada por el actor no ha sido judicialmente declarada, conforme al artículo 2493 del Código Civil, no opera de pleno derecho, como pretende la recurrente, por lo que mientras esta declaración no exista la obligación resulta exigible.

En base a estos antecedentes, no existe vulneración a la garantía del Artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República ya que el descuento efectuado tiene fuente legal, por lo que pide el rechazo del recurso.

4°) Que, en este arbitrio de naturaleza cautelar, cobra especial importancia determinar si ha existido un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él y, que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una o más garantías preexistentes protegidas por la Constitución Política de la República.

5°) Que, el artículo 22 de la Ley N° 19.833 dispone: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

6°) Que, conforme a la norma transcrita precedentemente y también de acuerdo a lo dictaminado por la Dirección del Trabajo en su ordinario N°0262 / 004 de fecha 17/ 01/ 2012, al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúan a la remuneración del trabajador se tornan obligatorios y, por lo tanto se encuentran dentro de aquellos a que se refiere el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo que establece: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

7°) Que, en esta materia ha de tenerse en cuenta que los créditos otorgados por la Cajas de Compensación tienen un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga. (Excma. Corte Suprema Rol N° 97.812 – 2016).

8°) Que, sin perjuicio de lo señalado útil resulta tener en cuenta que las Cajas de Compensación el año 2015 celebraron un mandato y prestación de servicios denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar” que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información necesaria que le permita el cobro de su acrecencia y, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, permitiendo acordar con la Caja a la cual se ha afiliado el deudor, el cobro de las cuotas morosas. Todo ello, conforme lo dispuesto la Ley N° 18.833 en su artículo 19 N° 7, que autoriza precisamente a las Cajas de Compensación a prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social.

9°) Que, la recurrida cumpliendo precisamente el convenio referido a requerimiento de Caja Los Andes y como diputada para recibir el pago del crédito que se le ha otorgado a la recurrente es que ha informado al empleador del Sr. nombre reservado como asimismo ha procedido al descuento en la remuneración de éste.

10°) Que, conforme lo que se viene diciendo, el descuento de las remuneraciones que se ha efectuado a la actora a fin de obtener el pago del crédito entregado, se ha realizado conforme las facultades legales y contractuales de la recurrida, no existiendo en consecuencia un acto arbitrario o ilegal que afecte la garantía constitucional en la que se apoya la acción de protección.

11°) Que, en lo relativo a la prescripción que alega la actora, es claro que la acción de cobro aún está vigente por cuanto ésta – la prescripción – no ha sido declarada, al tenor de las normas contenidas en el Código Civil y que la regulan.

12°) Que, en estas condiciones ha quedado de manifiesto que la acción de la recurrida aparece racional y apoyada en las facultades legales de ésta por lo que la acción de protección será desestimada.

Y de conformidad asimismo con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por la abogada doña Ana Urzúa García en representación de don nombre reservado.

Regístrese y archívese.

Redacción de la ministra Sra. Book.

N° Protección – 5764 – 2018.

No firma el Ministro (S) señor Sergio Córdova Alarcón, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber terminado su suplencia en esta Corte.