COMERCIAL PICHARA SPA con FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Carlos Prado Goñi, abogado, en representación de Comercial Pichara Spa, domiciliada en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de Servicios Equifax Chile Limitada y Finameris Servicios Financieros S.A., por la publicación en el Boletín Comercial como deudor moroso de la factura electrónica N° 1465, por la suma de $19.694500, representativa de una supuesta venta de 50.000 unidades de papel Kraft y 20.000 unidades de bolsas de papel Ivari, la cual es falsa y por lo tanto nula, porque su representada jamás dio orden de compra de tales productos; precisando que la factura el mismo día de la emisión, el 02 de abril de 2018, fue cedida por el emisor a la empresa de factoring recurrida.

Agrega que el 05 de abril de 2018 Comercializadora DP Trading Limitada, emitió nota de crédito electrónica N° 233, anulando la factura y con esa misma fecha su parte acusó recibo electrónicamente de la nota de crédito que la anulaba, por lo que jamás dio la empresa Comercial Pichara Spa recepción de ésta, la que es falsa, y tampoco dejó pasar los 8 días a que se refiere el artículo 3° de la Ley 19.983, para entenderla irrevocablemente aceptada.

Sostiene que durante el mes julio, al exigir el fáctoring recurrido el pago de la factura su representada, se negó terminantemente a pagar, por ser falso y nulo el documento mercantil; luego, el 24 de julio de 2018, la recurrida Equifax, por encargo del Factoring, reportó y publicó en su boletín a su defendida, en calidad de deudora morosa de la citada factura. El día siguiente reclamó ante ésta y le solicitó la eliminación de la publicación por ser la factura falsa, solicitud que fue rechazada por dicha empresa el día 30 de julio de 2018.

En su concepto, las recurridas infringen con su actuar las garantías constitucionales, reconocidas en los numerales 3, 4, y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628, al negarse a la eliminación de la publicación en el boletín comercial de la factura, no obstante que el tratamiento de los datos personales solo puede efectuarse cuando dicha ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello; que la autorización aludida por la ley debe constar por escrito; y no requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan a que se recolecten de fuentes accesibles al público cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial.

Agregando que el artículo 17 de esa ley, aclara que los responsables de los registros de datos o bancos de datos personales sólo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario, o comercial, cuando consten en documentos que ese mismo artículo precisa; y no obstante tal ley, en ese artículo ni en ningún otro de ésta, se habilita al responsable del registro a publicar o comunicar información contenida en facturas y, por lo tanto, la publicación de la morosidad respecto de la cual reclama es ilegal.

Además, precisa que la factura legalmente sólo puede ser cedida, de acuerdo al artículo 9° de la citada ley, una vez transcurrido el plazo de 8 días a que alude el artículo 4° y, por lo tanto, la cesión de la factura publicada no es válida ni oponible a su parte.

De esa forma, indica, se infringe y afecta por las recurridas el N° 4 del artículo 19 de la Constitución, referido al respeto y protección de la vida privada y pública, y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de los datos personales. Además de precisar la norma del N° 4, que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley; el N° 3 del artículo 19 de la Carta, alusivo a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; y el n° 21 del mismo artículo 19 de la Constitución, esto es, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

En suma, el compareciente pide que se acoja el recurso de protección, que se ordene a Equifax eliminar de sus registros a su representada en relación a la morosidad de la factura antes singularizada y de mantenerla como tal; además, que se ordene a la recurrida Finameris Servicios Finnacieros S.A. abstenerse de encargar publicaciones de su defendida o cualquier otro acto arbitrario o ilegal que pueda vulnerar las garantías de ésta; y, por último, que se les condene a las recurridas a pagar las costas del recurso.

Segundo: Que comparecen nombre reservado y nombre reservado, en representación de la sociedad Finameris Servicios Financieros S.A., y al informar señalan que efectivamente, con fecha 02 de abril de 2018 le fue cedida la factura electrónica número 1465, de esa misma fecha, emitida por la sociedad Comercial DP Trading Limitada a la recurrente Comercial Pichara SpA, por la suma total de $ 19.695.500, anotándose en el Registro Electrónico de Transferencia de Crédito del Servicio de Impuestos Internos, por lo cual se entiende que para los efectos de la ley 19.983, la cesión fue puesta en conocimiento de la deudora Comercial Pichara SpA al día hábil siguiente. Luego, su representada en calidad de titulqr y dueña de la factura indicada procedió el 03 de abril de 2018, no siendo actualmente exigencia legal, a notificar por carta certificada la cesión de la factura en cuestión al representante legal de la deudora cedida a través de notario de Santiago nombre reservado, dejándose a la recurrente copia legalizada de la factura e informándole que la misma ha sido cedida por su acreedor, indicando que el pago de la factura deberá efectuarse a su representada par que se entienda cancelada, según el artículo 1902 del Código Civil y artículo 162 del Código de Comercio.

Agregan que, cumpliéndose los requisitos del artículo 4° de la ley 19.983, para que la cesión sea apta y dado que no fue reclamada de conformidad al artículo 3° de la misma, teniéndosela por irrevocablemente aceptada, lo cual se certificó asimismo en el Registro de Aceptación y Reclamos del Servicio de Impuestos Internos y reuniéndose los requisitos del artículo 5° de la misma ley, para que dicha factura tuviera mérito ejecutivo, su representada procedió, dado el incumplimiento y morosidad de la recurrente, a solicitar a DICOM EQUIFAX la publicación de morosidad de la empresa recurrente Comercial Pichara SpA.

Sostienen que, de acuerdo a lo informado, no se ha cometido de parte de la representada una acción arbitraria e ilegal que vulnere las garantías aludidas en el recurso, toda vez que el único perjuicio existente, manifiesto y directo ha sido el causado por la deudora cedida recurrente a FINAMERIS dado el incumplimiento y morosidad de la empresa Comercial Pichara SpA.

Tercero: Que nombre reservado y nombre reservado, en representación de la recurrida Servicios Equifax Limitada, al informar, en síntesis, solicitan el rechazo del recurso de protección por cuanto no existe en la especie un derecho indubitado que lo haga procedente. La factura publicada se encuentra irrevocablemente aceptada y la cesión del crédito cumple los requisitos legales. Todo de conformidad de la ley N° 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de factura.

Además, expresan que el recurso debe ser rechazado, pues, se esgrime en una infracción a los artículos 4° y 17 de la Ley N° 19.628, fundándose la actora en que la publicación de factura efectuada por la recurrida sería ilegal, sin embargo estas disposiciones son inatinentes debido a que la sociedad recurrente es una persona jurídica y, del tenor literal del artículo 2° letra f) de dicha ley, para efectos de aplicar sus disposiciones esta norma define como datos de carácter personal o datos personales: “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”, y, en la letra ñ) del mismo artículo, como titular de los datos, a: “la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal”. Por lo cual, esta ley no es aplicable a la sociedad recurrente en su calidad e persona jurídica. Agregan que, la modificación de la citada ley que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, por parte de la Ley N° 20.956 que Establece Medidas Para Impulsar la Productividad, refuerza la importancia de la factura en el tráfico comercial, lo que, desde un punto de vista sistemático de nuestro ordenamiento jurídico, confirma la inaplicabilidad de la Ley N° 19.628 a las personas jurídicas.

Por último, los comparecientes afirman que el recurso de protección debe ser rechazado, pues su representada ha obrado de buena fe y diligentemente, con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales, y no ha vulnerado las garantías fundamentales a que aquél se refiere.

Cuarto: Que, como se aprecia del texto del recurso de protección y de los respectivos informes de las sociedades recurridas, buena parte de lo discutido guarda relación con consideraciones de orden legal ora para justificar el recurso ora para rechazarlo, por lo que, estas consideraciones para que tengan fuerza suficiente para justificar una u otra conclusión, depende de las circunstancias de hecho y legales que las partes controvierten.

Quinto: Que, sin embargo, exclusivamente en el orden constitucional de los derechos fundamentales de toda persona humana, reconocidos y garantizados por el artículo 19 de la Constitución Política de la República, es necesario en la especie considerar, como lo ha advertido la Excma. Corte Suprema ( autos Roles Números 6.337 – 2014, 11.627 – 2014, 565 – 2015 y 27.163 – 2015) que, de acuerdo con la letra f), del artículo 2° de la Ley N° 19628, se entenderá por datos de carácter personal: “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”, de lo que se colige que la normativa legal contenida en esta ley, rige únicamente el tratamiento de datos personales de personas naturales, según lo señala expresamente la letra ñ) de su artículo 2°, tal como lo refiere la jurisprudencia anotada.

Sexto: Que, en consecuencia, a partir de la interpretación antes señalada, en la especie, no existe conflicto con los derechos fundamentales del N° 4 del artículo 19 de la Constitución, referido al respeto y protección de la vida privada y pública, y a la honra de la persona y su familia, como asimismo, a la protección de los datos personales, pues, la norma constitutiva, precisa que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley, lo que permite concluir que, con mayor razón los conflictos como los que se plantean en el recurso por personas jurídicas se dilucidan en el ámbito legal; ni con el derecho constitucional del N° 3 del artículo 19 de la Carta, alusivo a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; ni con el resguardo constitucional del n° 21 del mismo artículo 19 de la Constitución, esto es, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen; teniendo para ello además en consideración las condiciones de precedencia de los derechos, en cuanto al interés de las partes de este recurso sobre la morosidad de la factura esgrimida como antecedente, cuyos efectos jurídicos mercantiles se entienden en cada caso, conforme a las consecuencias de los contratos de esa índole y su causalidad o no con el documento mercantil suscrito entre personas jurídicas, y de los efectos o consecuencias jurídicas de éstos, determinadamente, de su supuesto sustrato y fundamento causal en un contrato de compraventa mercantil y otro de prestación de servicios de una parte con un tercero.

Séptimo: Que, en consecuencia, la controversia de la existencia de los actos jurídicos mercantiles entre particulares que habría creado responsabilidad mercantil para ellos, del que deriva una segunda relación jurídica de prestación de servicios de igual naturaleza, sitúan los conflictos en el ámbito del derecho privado, debiendo ser la ley quien determine el cumplimiento o no de ésta por las partes, para la adecuada resolución de los mismos.

De esta forma, las razones antes señaladas impiden que este recurso de protección pueda ser acogido.

Y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por Carlos Prado Goñi, en representación de Comercial Pichara Spa, en contra de Servicios Equifax Chile Limitada y Finameris Servicios Financieros S.A., con costas.

Redacción del Ministro señor Zepeda.

Protección N°57634-2018.- No firma el abogado integrante señor Lepin, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.