nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Santiago, dieciséis de junio de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 1 doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, presenta recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social ( SUSESO), y de su Secretario General, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

En cuanto a los hechos, precisa que recurre en razón del no pago de dos licencias medicas, las N° 2-40449958, por 14 días desde el cinco de febrero del año 2013 hasta el dieciocho de mismo mes y año y la N° 2-39885485 por el mismo plazo, desde el diecinueve de febrero al cuatro de marzo de 2013, ambas otorgadas por el diagnóstico médico de stress laboral y episodio depresivo mayor.

Luego de reseñar, cronológicamente, las instancias de ambas licencias, donde aparece que reclamó al Compin y luego a la Suceso, señala que el 18 de junio de 2013, fue notificada a través de carta, enviada por la SUSESO, que las aludidas licencias habían sido rechazadas, mediante Ordinario N° 34809, de 4 de junio del año 2013, acto que en definitiva es el que se ataca por el recurso de autos.

En cuanto al derecho, estima que tal acto la priva de la igualdad ante la ley, en relación a los requisitos de forma de los actos de la administración, desde que conforme a los artículos 3 y 11 inciso segundo de la Ley 19.880, los actos que graven ( limiten, restrinjan, priven o perturben el derecho de un particular) deben necesariamente contener una fundamentación adecuada, un razonamiento detallado, del fundamento de la decisión, lo que permite controlarla mediante el análisis de la coherencia que debe existir entre los antecedentes que se tuvieron a la vista a la hora de decidir y lo resuelto por la Administración, con el fin de verificar la consistencia, razonabilidad y corrección de la decisión.

Expone que en el caso de autos, la recurrida, se limitó a señalar que “esta Superintendencia estudió los referidos antecedentes, y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica no se encontraba justificado”, porque no se acreditó incapacidad laboral durante las licencias reclamadas”, lo que – en su concepto- constituye una diferencia arbitraria e ilegal en el trato de su solicitud con la del resto de los particulares, pues si la ley obliga a todos por igual , al no fundamentar la recurrida, le priva de un derecho, y es una diferencia que debe ser subsanada, pues en principio resulta razonable pensar que, si un profesional de la salud otorga una licencia médica por estrés laboral, el trabajador se encuentra incapacitado de trabajar justamente debido a las consecuencias de la sobrecarga de trabajo .

Enseguida, alega, vulneración a la garantía consagrada en el artículo 19 N° 9 de la Carta Fundamental, pues en el ejercicio de su función de control la recurrida habría fallado en cuanto a los supuestos fácticos en virtud de los cuales se le negaron las prestaciones de salud, lo que se evidenciaría en la falta de fundamentación del acto de la Suseso y por la falta de constatación y evaluación.

Pide dejar sin efecto el acto administrativo contenido en el ordinario 34809 y, en consecuencia, ordenar el pago de las licencias médicas individualizadas en su recurso, y decretar las medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas.

A fojas 41, don Tomás Garro Gómez, abogado, en representación de la recurrida, solicitó la declaración de improcedencia de la acción por extemporánea, en subsidio, por improcedente. En subsidio de todo lo anterior informó.

Como cuestión principal, sostuvo la recurrida la extemporaneidad del recurso, toda vez que el verdadero acto que se pretende impugnar es el rechazo de las licencias medicas (dos ) de lo que tomó conocimiento cierto el 12 y 27 de febrero de 2013 respectivamente, de modo que al 4 de julio de 2013-fecha de interposición del recurso- transcurrió el plazo establecido en el Auto Acordado sobre la materia.

Enseguida –en carácter subsidiario- alegó la improcedencia del recurso, en materias de seguridad social, por no encontrarse amparada dicha garantía por la acción cautelar deducida.

En subsidio de todo lo anterior informó, en referencia, en primer lugar al derecho a licencia médica, contemplado en el artículo 18 de la Ley 18.469, actualmente artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, transcribiendo el artículo 1 del DS N°3 y señalando el procedimiento que les resulta aplicable a las licencias médicas, explicando que en el caso de la recurrente, antes de la revisión de su parte, la procedencia de la autorización de las licencias del recurrente, fue estudiada y resuelta por una Isapre, resoluciones que posteriormente fueron revisadas por una COMPIN, quien se pronunció en doble instancia, al ejercer el recurrente el recurso de reconsideración previsto en el artículo 10 de la Ley 18.575.

Sostiene que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el Oficio N° 34.089, de esa Superintendencia, ya que en el ámbito normativo antes descrito, el departamento médico mediante dicho oficio, de 4 de junio de 2013, concluyó que el reposo no se encontraba justificado, basado en que no se acreditó incapacidad laboral durante las licencias reclamadas, conclusión a la que arriba al tener en cuenta que la recurrente reclamó por dos licencias médicas, de 14 días, cada una a contar de 5 de febrero de 2013, con diagnósticos de episodio depresivo mayor, estrés laboral.

Agrega que tuvo presente que las licencias médicas fueron rechazadas por la Isapre Consalud S.A, por no contar con informe médico complementario ni otros antecedentes que justificaran la prolongación del reposo, dado que tenía un reposo previo de 11 días a contar del 15 de enero de 2012 y que el Compin confirmó dicho rechazo, en atención a que consideró insuficiente el informe médico presentado, concluyendo que el reposo prescrito era injustificado.

Explica que el informe médico tratante presentado por la señora nombre reservado ante su parte, de 2 de abril de 2013, no resultó suficiente dado que no se acompañó ninguna evidencia clínica que fundara el diagnóstico, tales como exámenes de laboratorio, para descartar enfermedad médica, ni boletas de compra de medicamentos, que permitiera acreditar la existencia de un tratamiento de la especialidad concordante con los diagnósticos formulados y con la existencia de incapacidad, sin que tampoco existiera evidencia de haber sido derivada a un tratamiento psicológico para abordar los aspectos problemáticos de su relación laboral, ni existe derivación ya sea a GES o Mutualidad, de acuerdo a los diagnósticos formulados.

Afirma, que el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los cuales emite su conclusión, los que se encuentran en armonía con los antecedentes que constan en el expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió su parte, previo estudio del departamento médico.

Enseguida, alegó la ausencia de derechos vulnerados, pues resolvió de acuerdo al mérito de los antecedentes que tuvo a la vista, ejerciendo todas y cada una de las instancias de reclamación que contempla el ordenamiento jurídico. Por las mismas razones, sostiene que tampoco se vulnera o amenaza el derecho a la salud, el que por lo demás sólo se encuentra protegido por la acción de protección en cuanto al derecho a elegir el sistema de salud, ya sea público o privado.

A fojas 53 se trajeron los autos en relación y la Corte para entrar a la vista del recurso pidió informe a la Isapre Consalud S.A. y al Compin.

A fojas 75 informó don nombre reservado, por Isapre Consalud S.A., planteando en primer lugar la incompetencia del tribunal, pues si bien la acción entablada lo es sin perjuicio de otros derechos, en este caso la afiliada estaba en conocimiento del procedimiento establecido, habiendo solicitado el pronunciamiento de dos organismos especializados, a saber la SUCESO y la COMPIN, en relación a los rechazos de las licencias, por lo que en su concepto la Corte carece de competencia para conocer de la acción cautelar, agregando que la diferencia surgida entre las partes es de carácter complejo, no siendo materia de un procedimiento simplificado como lo es el aplicable a la acción de protección.

Enseguida se refirió al tema de fondo, haciéndolo en primer término en relación al derecho a licencia médica, y la normativa que la rige, así como al procedimiento que les es aplicable concluyendo que la Isapre tiene facultades para poder determinar el rechazo de una licencia y que la licencia médica solo está destinada a brindar protección a enfermedades o incapacidades temporales y transitorias, sin que sea posible otorgar licencias médicas respecto de patologías que claramente no habilitan la utilización del beneficio del subsidio, especialmente en aquellos casos en los cuales el reposo no se encuentra justificado.

Respecto de las licencias medicas de autos, señala que fueron rechazadas por parte de la Contraloría Médica de la Isapre Consalud, por considerarse injustificado el reposo laboral, a raíz de lo cual y en virtud de las disposiciones del DS N° 3, del Ministerio de Salud, de 1984 se solicitó al médico tratante que emitió las licencias, un informe médico complementario, el que a la fecha del informe no había recibido, agregando que la recurrente había sido citada a peritaje psiquiátrico el 14 de enero de 2013, con el Dr. nombre reservado, comunicación dirigida al domicilio registrado en ambas licencias, esto es domicilio reservado, sin que la recurrente se hubiere presentado a la fecha del informe, todo lo cual conduce a concluir que no actuó en forma arbitraria ni ilegal y que tampoco ha vulnerado garantía constitucional alguna, pues hizo uso de su derecho, el actor no ha incorporado en momento alguno a su patrimonio un derecho adquirido para el pago del subsidio, sin que entienda en la practica cual es el derecho incorporal perturbado.

Descarta arbitrariedad en su conducta, ya que se basó en una serie de fundamentos de hecho reconocidos por otras instituciones que participan del sistema de seguridad social chileno, las que dieron la razón a su parte y respaldaron su actuar, confirmando los rechazos de las licencias.

A fojas 120 se agregan los antecedentes registrados en la Sub Comisión Oriente de la Comisión Médica Preventiva e Invalidez relativos a licencias médicas N° 2-40449958 y N° 2-39885485 de doña nombre reservado.

A fojas 131, a solicitud de esta Corte se agregó expediente Administrativo N° 12.593-2013 A fojas 131 se ordenó que rigiera el decreto autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos prexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que con el mérito de los antecedentes allegados a los autos es posible asentar en esta sede cautelar los siguientes hechos:

a) A doña nombre reservado se le otorgaron las licencias N° 2-40449958, por 14 días desde el cinco de febrero del año 2013 hasta el dieciocho de mismo mes y año y la N° 2-39885485 por el mismo plazo, desde el diecinueve de febrero al cuatro de marzo de 2013, ambas por el diagnostico medico principal de episodio depresivo mayor, consignando como otros diagnósticos, stress laboral, emitidas por el psiquiatra nombre reservado, las que fueron rechazadas, con fechas 11 y 26 de febrero de 2013 respectivamente, por la Isapre Consalud, consignando como causa “ reposo injustificado”, lo que se redictaminó el 2 y 16 de abril del mismo año.

b) Por su parte la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, subcomisión Sur Oriente, por Resoluciones Exentas N° 1654 y 21.434 de 13 de marzo y 4 de abril del año dos mil trece, ratificó la decisión de rechazo de las mencionadas licencias, rechazando igualmente la referida Comisión, por Resoluciones N° 22,661 y 22.662, de 19 de abril el recurso de reposición que presentó la recurrente de estos autos, decisión de la que se apeló ante la Superintendencia de Seguridad Social, el 14 de mayo del año 2013, apelación que fue resuelta el 4 de junio del mismo año, mediante ordinario N 34.809, que motiva la presente acción cautelar.

Tercero: Al presentar su recurso de reposición, ante la COMPIN, la recurrente acompañó un informe de su médico tratante de fecha 2 de abril de 2013, sin embargo, en el expediente administrativo a la vista consta que dicho informe médico no le resultó suficiente a la recurrida, dado que no se acompaña de ninguna evidencia clínica que fundamente el diagnóstico, tales como exámenes de laboratorio, que deben solicitarse de rutina para descartar enfermedad médica, ni boletas de compra de medicamentos, que permitan acreditar la existencia de un tratamiento de la especialidad concordante con los diagnósticos formulados y con la existencia de incapacidad laboral, sin que tampoco existiera evidencia de haber sido derivada a tratamiento psicológico para abordar los aspectos problemáticos de su relación laboral, ni existe derivación ya sea a GES o a la Mutualidad, de acuerdo a los diagnósticos formulados, concluyendo que no existen evidencias clínicas que permitan acreditar la existencia de incapacidad laboral temporal, con los diagnósticos formulados en las licencias médicas reclamadas.

Cuarto: El acto impugnado, entonces, se encuentra acreditado, no fue controvertida su existencia y rola a fojas 18 de los autos. Consigna el documento que la recurrida estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo no se encontraba justificado, basado en que no se acreditó incapacidad laboral durante las licencias reclamadas, dictaminando que no se hacía lugar a la reclamación, confirmando lo obrado por la COMPIN respectiva.

En cuanto a la extemporaneidad del recurso:

Quinto: Basta para desestimar la extemporaneidad alegada, tener presente que el acto contra el que se recurre es la Resolución 34.809, de 4 de junio del año dos mil trece, notificada a la recurrente el 18 de junio del mismo año, de modo que el recurso de 4 de julio del señalado año aparece presentado dentro del plazo que estabalece el Auto Acordado sobre la materia.

En cuanto a la improcedencia:

Sexto: Encontrándose establecida la acción de protección sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el afectado ante la autoridad o los tribunales correspondientes, y no habiéndose denunciando el recurso en examen infracción de la garantía prevista en el artículo 19 Nº 18 de la Carta Fundamental, cabe igualmente desechar la improcedencia que en estos aspectos pretende la recurrida.

En cuanto al Fondo:

Séptimo: Que en el DS Nº 3 Reglamento de Autorización de licencias médicas por las Compin e instituciones de Salud Previsional, se uniforman los procedimientos a que deben ajustarse los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional en la autorización de las licencias médicas de los trabajadores de los sectores público y privado, sean dependientes o independientes. En el caso de autos justamente el procedimiento allí establecido es el que se siguió en relación a las licencias de la recurrente, culminado con la reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social, a través del Ordinario que por esta vía se impugna.

Octavo: Entonces, el Ordinario N º 34.809, fue dictado en virtud de las facultades legales de la Superintendencia de Salud, específicamente la expresada en el artículo 3 de la Ley 16.395 por tratarse de la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia, comprendiendo su supervigilancia, los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones. Así las cosas no existe ilegalidad en su actuar, mas aún cuando se originó a instancias de la propia recurrente.

Noveno: Tampoco es posible atribuir arbitrariedad, al referido acto, desde que encuentra fundamento en la inexistencia de evidencias clínicas que fundamenten el diagnostico, tales como exámenes de laboratorio, para descartar alguna enfermedad médica, ni boletas de compra de medicamentos, que permitieran acreditar la existencia de un tratamiento de la especialidad concordante con los diagnósticos formulados y con la existencia de incapacidad, ni tampoco evidencia de haber sido derivada a tratamiento psicológico para abordar los aspectos problemáticos de su relación laboral, ni derivación al GES o a la Mutualidad, de acuerdo a los diagnósticos formulados, según consta en el expediente administrativo a la vista.

Décimo: Al no existir ilegalidad ni arbitrariedad en el acto impugnado, sólo cabe el rechazo del recurso, sin que sea necesario analizar la vulneración de garantías denunciadas, toda vez que no se acreditó uno de los supuestos básicos de la acción intentada, a saber la ilegalidad o arbitrariedad del acto.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, el recurso de protección interpuesto en lo principal de fojas 1.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministro señora nombre reservado Nº 57.621-2013 Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Adelita Ravanales Arriagada e integrada por la ministro señora Pilar Aguayo Pino y por el abogado integrante señor José Miguel Lecaros.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a de junio de dos mil catorce, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.