nombre reservado con TESORERIA PROVINCIAL DE MAIPU Y OTRO

Santiago, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1º) Que a fojas 1 comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, La florida y deduce recurso de protección en contra de Tesorería Provincial de Maipú y del Banco Santander oficina Cerrillos. Funda su acción en los siguientes antecedentes:

a) el 30 de diciembre de 2015 fue notificado del acta de embargo hecho por el recaudador fiscal respecto del dinero que mantenía en su cuenta corriente del Banco Santander, Nº [cuenta reservada], por la cantidad de $27.163.135; en esa oportunidad su parte tomó conocimiento del cobro que Tesorería hacía en su contra;

b) entiende como “muy grave y atentatorio a sus derechos y garantías constitucionales” el hecho que Tesorería haya efectuado a su respecto una “indagación patrimonial”, así como que el Banco Santander haya proporcionado dicha información, esto es, el monto exacto que mantenía en su cuenta al 30 de diciembre de 2015;

c) reproduce normas constitucionales, los artículos 1º, 12, 13, 20, 22 y 23 de la ley 19.628 sobre protección a la vida privada y el artículo 154 de la ley General de Bancos, para concluir que la justicia ordinaria no ha autorizado la revelación de sus datos patrimoniales en el Banco Santander, de modo que tanto éste como Tesorería ha cometido un acto ilegal al hacer la referida “indagación patrimonial”, haciendo notar, también, lo que al efecto señala el artículo 1º de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques; y d) entiende el recurrente que la actuación ilegal de los recurridos ha conculcado sus derechos garantizados en los números 2º, 3º “inciso cuarto”, 4º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República en la forma que indica en su presentación.

Finalmente pide: a) que se declare que Tesorería Provincial de Maipú, al no contar con facultades legales ni jurisdiccionales para obtener información patrimonial de su parte, ha vulnerado las normas constitucionales y legales que indica; b) que se declare ilegal y arbitrario el procedimiento de Tesorería en ordena a obtener la información patrimonial aludida y se deje sin efecto el embargo trabado respecto del dinero mencionado existente en su cuenta corriente; c) que el Banco Santander, al no contar con orden de autoridad judicial en cuanto a proporcionar información patrimonial, ha vulnerado las normas constitucionales y legales que indica, reiterando su petición de dejar sin efecto el embargo; d) que las recurridas se abstengan en lo sucesivo de realizar los actos ilegales y arbitrarios denunciados; y e) que se condene en costas a los recurridos.

2º) Que a fojas 33 informa el Banco Santander:

a) su parte no entregó información a Tesorería, la que la debió recabar de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que le informa cuáles son los bancos en los que los deudores tienen productos;

b) El Juez sustanciador de Tesorería Provincial de Maipú, don nombre reservado, al dictar su resolución de 29 de diciembre de 2015, ordenó al recaudador Fiscal trabar embargo sobre los fondos depositados en cuenta corriente, cuenta de ahorro, cuenta vista, depósito a plazo, fondos mutuos, inversiones en moneda nacional o extranjera y sobre cualquier otro activo embargable, que se encuentre a nombre del deudor nombre reservado abierta ante el Banco Santander, hasta por un monto de $80.907.961, lo que demuestra que Tesorería sólo sabía que el recurrente tenía algún producto en el Banco pero no la existencia de una cuenta corriente ni de su monto.

3º) Que a fojas 40 informa Tesorería Provincial de Maipú, señalando lo que sigue:

a) el recurrente mantenía una deuda con el Fisco derivada de los formularios 21 folios 104093995 y 104094105, emitidos por el Servicio de Impuestos Internos por concepto de Impuesto Global Complementario, que a la época anterior al embargo alcanzaba la suma de $80.907.961 y a la fecha del informe a $37.551.695, deuda que se encuentra en proceso de cobro en el expediente administrativo rol 11149-2013 de la comuna de Maipú. En ese expediente se creó la nómina de deudores morosos el 18 de octubre de 2013, despachando el Tesorero Provincial de Maipú, en su calidad de juez sustanciador, el mandamiento de ejecución y embargo. El deudor es notificado personalmente el 23 de octubre de 2013, embargándose en ese mismo acto su automóvil patente VX-7115. El 30 de diciembre se procedió a efectuar embargo sobre $27.163.135 que estaban depositados en su cuenta corriente [cuenta reservada] del Banco Santander. El 11 de enero de 2016 el ejecutado opuso excepción de prescripción en el expediente administrativo la que fue rechazada de plano por extemporánea;

b) debe desestimarse el recurso de protección porque la ley estableció un procedimiento para reclamar y oponerse al cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero, citando al efecto los artículos 30 y 35 del D.L. 1.263 de 1975, que debe concordarse con lo que disponen los artículos 168 y siguientes del Código Tributario;

c) cita Tesorería la norma del artículo 195 del Código Tributario que establece que las instituciones que menciona, entre ellas los bancos, que mantengan información que pueda contribuir a la cobranza del Fisco, deberán proporcionar los documentos que se les solicite, sin perjuicio de lo contemplado en la ley 19.628 y en el artículo 154 de la Ley de Bancos. Niega haber vulnerado algún derecho ni conculcar las garantías constitucionales que indica el recurrente.

Pide el rechazo del recurso, con costas.

3°) Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

4°) Que ciertamente el recurso debe ser desestimado en cuanto se ha dirigido en contra del Banco Santander. Esta institución, al cumplir la resolución del juez sustanciador de Tesorería Provincial de Maipú -que para estos efectos es un órgano jurisdiccional- que dispuso embargo de dineros que el recurrente tenía depositados en ese banco, no ha hecho otra cosa que respetar la legalidad y lo que la jurisdicción ha decidido. Y no hay prueba que el Banco Santander haya informado ningún dato acerca del recurrente y mucho menos alguno que sea reservado. Cabe señalar, en todo caso, que el artículo 195 del Código Tributario dispone que “Las instituciones públicas y privadas, bancos, instituciones financieras, administradoras de fondos de pensiones u otras personas y entidades, que mantengan información que pueda contribuir al esclarecimiento y control de la cobranza o de los derechos que el Fisco haga valer en juicio, deberán proporcionar oportunamente la documentación e información que se les solicite, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y lo señalado en el artículo 154 de la ley General de Bancos, sobre secreto bancario”. Y, debe reiterarse, ningún antecedente existe en autos que se haya vulnerado lo dispuesto en dichas normativas.

5°) Que tampoco Tesorería ha desplegado algún acto ilegal o arbitrario. Por de pronto, el juez sustanciador, funcionario de Tesorería, tiene la jurisdicción que le otorgan los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, de modo que la orden de embargo ha sido dictada por autoridad competente y en uso de sus facultades legales y, en lo que hace a una supuesta indagación ilegítima, cabe señalar lo que señala el citado artículo 195 del mismo texto y el artículo 14 de la Ley General de Bancos, en orden a que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras mantiene un estado de deudores y una nómina de depositantes, de modo que Tesorería legítimamente tiene acceso a la información de los productos bancarios que puede tener un determinado contribuyente, lo que se refleja en la resolución que dispone el embargo, de 29 de diciembre de 2015, en cuanto se refiere a fondos depositados en cuenta corriente, cuenta de ahorro, cuenta vista, inversión en moneda nacional o extranjera y sobre cualquier activo embargable, hasta por un monto determinado. O sea, sólo sabía Tesorería -legítimamente, se reitera- que el señor nombre reservado mantenía depósitos en el Banco Santander oficina Cerrillos, razón por la cual el embargo se decretó en los genéricos términos citados.

6°) Que, en todo caso, el asunto en cuestión está sometido al imperio del derecho desde que se tramita en contra del recurrente la causa rol 11.149-2013 de Tesorería Provincial de Maipú, en la que dicha parte debe hacer sus alegaciones en la forma prescrita por las citadas normas del Título V del Libro III del Código Tributario.

7°), Que, finalmente, el recurso no puede prosperar desde que se pretende que esta Corte, por esta vía, alce un embargo trabado en una causa tramitada de acuerdo al citado procedimiento, lo que ciertamente escapa a una acción de naturaleza cautelar como la del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

8°) Que, en consecuencia, no habiendo actos u omisiones ilegales o arbitrarias, necesariamente debe desestimarse la pretensión del recurrente.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de fojas 3.

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese.

N° 5.758-2016.

Pronunciada por la Cuarta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristobal Mera Muñoz e integrada por la Ministro señora María Rosa Kittsteiner Gentile y el Ministro (s) señor Tomás Gray Gariazzo.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.