nombre reservado con MUNICIPALIDAD INDEPENDENCIA

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.

Proveyendo al folio 26; téngase presente lo que en derecho corresponda.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que comparece doña nombre reservado, asistente social, por sí e interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Independencia, representada por su alcalde don Gonzalo Andrés Duran Baronti, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N° 782/2022 de fecha 13 de abril del año 2022, mediante el cual declara vacante su cargo, lo que vulnera sus garantías constitucionales contempladas en los Nºs 2º, 9º, 16º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, igualdad ante la ley, derecho de protección a la salud, libertad de trabajo y su protección y derecho de propiedad, por lo que pide a esta Corte que acogiendo el presente recurso se ordene a la recurrida dejar sin efecto el Decreto antes aludido que declaró vacante su cargo por salud incompatible, se ordene reintegrarla en sus funciones habituales en la Municipalidad recurrida en la misma calidad jurídica que servía hasta antes del acto impugnado, se ordene el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados desde su separación y hasta el efectivo reingreso, y cualquier otra medida o remedio que esta Corte estime pertinente, con costas.

En cuanto a los hechos, refiere que ingresó a prestar servicios a la Municipalidad de Independencia en agosto del año 2013, en calidad de funcionaria a honorarios, prestando funciones como Asistente Social, asumiendo posteriormente como funcionaria de planta el 01 de mayo de 2015, en el grado 8 del estamento profesional.

Señala que con fecha 20 de abril de 2020, hizo uso de su primera licencia médica psiquiátrica, y que, teniendo siempre la intención de reincorporarse a sus funciones, el 04 de julio del mismo año, se le otorgó el reposo por medio tiempo, concurriendo durante la jornada de la mañana a trabajar en la Municipalidad, volviendo a prestar funciones de manera normal y continua desde el 28 de agosto del año 2021, hasta la actualidad.

En ese contexto, que con fecha 13 de abril del año en curso mediante Decreto Alcaldicio N° 782/2022, se declaró vacante su cargo, como funcionaria de planta, escalafón profesional, grado 08, a contar del 01 de mayo de 2022, al haberse constatado el uso de 450 días de licencia médica parcial, considerándose un total de 225 días, sumándose a ellos 91 días por reposo completo, dando un cómputo total de 316 días de licencias médicas, ejercidos en el periodo que va desde el 02 de 04 de 2020 hasta el 27 de 08 de 2021, en un lapso continuo o discontinuo o superior a dos años, y refiere que cuenta con un estado recuperable.

Estima que la recurrida al dictar el acto recurrido aplicó erróneamente el artículo 148 del Estatuto Administrativo Municipal, y la fundó en exceso de licencias de reposo total y parcial, haciendo uso de esa facultad más de 7 meses después de que ya me encontraba prestando funciones. Así, la resolución impugnada resulta ilegal también porque la COMPIN declaró su salud como recuperable, por lo que no sería aplicable la norma antedicha.

Sobre el particular, el artículo 64 de la Ley N° 21.050, publicada el 7 de diciembre de 2017, agregó un inciso tercero nuevo al artículo 148 del Estatuto Administrativo del siguiente tenor: "El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo." Indica que la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado sobre la materia, al señalar que la intención legislativa al momento de establecer la obligatoriedad del informe de la COMPIN previo a la declaración de vacancia del cargo por incompatibilidad de salud, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no sería aplicable la causal del artículo 148 del Estatuto Administrativo Municipal.

Así, estima que el solo transcurso del plazo de dos años y la cantidad de días en uso de licencia médica no bastan para que el jefe superior del servicio haga uso de la facultad de declarar el cargo vacante, pues la ley establece una condición, que es la irrecuperabilidad de su salud, y que ésta no le permite desempeñar el cargo al funcionario respectivo, incurriendo por lo tanto el Alcalde de la comuna de Independencia en un acto administrativo dictado en exceso de sus facultades, que el mismo ha sido por mero capricho, teniendo como única finalidad prescindir de sus servicios, sin considerar los antecedentes de hecho de sus licencias médicas, su trayectoria laboral, sus excelentes calificaciones, configurándose así como un acto arbitrario e ilegal que ha vulnerado sus garantías constitucionales según indica.

En cuanto a su derecho a la igualdad ante la ley, estima se ha producido en su caso una discriminación arbitraria, pues se ha calificado por parte de la recurrida con una salud incompatible con el servicio, pese a la declaración de la COMPIN de tener una salud recuperable y después de estar ya prestando servicios desde siete meses antes de la decisión.

En cuanto a su derecho a la salud, señala que la cesación en el cargo producida por la declaración de vacancia del mismo, ha implicado que ha quedado cesante y desprovista de forma continua y permanente de las acciones destinadas a la recuperación de su salud, ya sea por enfermedad laboral o común, teniendo sólo la posibilidad de acceder a la protección estatal.

Respecto al derecho a la libertad de trabajo, su libre elección y contratación, afirma que ella optó libremente por trabajar en la Municipalidad recurrida, por lo que con lo resuelto se le está aplicando una causal de cesación legal en el cargo, en forma irracional, con la única expectativa de alejarla de su trabajo.

Finalmente, acerca de su derecho de propiedad, estima que los hechos denunciados la han privado de su derecho sobre el cargo de planta, grado 8, del escalafón profesional de la Municipalidad de Independencia, y del ejercicio de la función pública que detentaba.

Pide, en consecuencia, acoger el presente recurso, en los términos antes indicados.

2°) Que, evacuando informe comparece doña Vanessa Quiroz Santos, abogada, en representación de la Municipalidad de Independencia, pidiendo el rechazo de la acción de protección, señalando que respecto del acto que se estima como arbitrario e ilegal, consistente en el Decreto Alcaldicio N°782 de fecha 13 de abril año en curso, por el cual la recurrente cesó en sus funciones, al declararse vacante el cargo que ejercía, por salud incompatible, tras haber hecho uso de un total de 316 días de licencia médica, entre el periodo comprendido en entre el 02 de abril de 2020 y el 27 de agosto de 2021, fue dictado de conformidad a lo prescito en el artículo 148 de la ley que establece el Estatuto para Funcionarios Municipales.

Afirma que la alegación de la recurrente, en cuanto a la interpretación que hace sobre la facultad que tiene el Alcalde para aplicar dicha normativa, es errónea, por cuanto se ha aplicado la normativa vigente, habiéndose cumplido los requisitos dispuestos en la norma del artículo 148 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales para la declaración de vacancia en el cargo, al haberse corroborado el hecho de uso de licencia médica por parte de la recurrente por un período superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, no considerándose para el cómputo de dichos seis meses aquellas licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

Agrega que en el caso de autos, se realizó la solicitud de evaluación de salud recuperable ante la Comisión de Medicina Preventiva con fecha 02 de febrero del año 2022, contemplándose las licencias médicas presentadas entre el mes de abril del año 2020 y el mes de agosto del años 2021, por tanto, dicho periodo de tiempo estaba dentro de los dos años anteriores a la fecha de la presentación, dando cumplimiento su parte al inciso tercero del artículo 148 antes aludido.

Que en efecto, en el caso de la señora nombre reservado, se declaró su salud recuperable en su oportunidad por la COMPIN, pero respecto de que aquella determinación sea o no vinculante para el Municipio, afirma que su parte se encuentra habilitada para el ejercicio de esta potestad precisamente si la COMPIN, como órgano técnico, determina que la salud del funcionario es recuperable, quedando inhabilitada de ejercerla, en el caso contrario, según los distintos dictámenes emanados por la jurisprudencia administrativa.

Estimando, en consecuencia, que la facultad de su parte ha sido ejercida con estricto apego al principio de legalidad, en cumplimiento de la norma antes dicha y por tanto, el acto administrativo impugnado no puede ser catalogado de arbitrario e ilegal, ni vulneratorio de garantía constitucional alguna, considerando además que lo determinado por la Municipalidad dice relación con su obligación de garantizar y resguardar el buen funcionamiento del servicio, el que se ve obstaculizado cuando hay una ausencia reiterada y prolongada del funcionario a cargo de cierta labor, lo que se exacerba aún más en aquellos casos en que su trabajo no puede ser sustituido por un funcionario distinto, en atención a que la labor que ejerce requiere de un conocimiento específico propio de su función y conocimiento profesional, como es del caso en la especie, por lo que la decisión de su parte no sólo tiene un sustento legal, sino también una justificación en atención al rol y cargas de la función pública, siendo su deber resguardar dicho interés.

3°) Que en este arbitrio de naturaleza cautelar, cobra especial importancia determinar si ha existido un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque una privación o amenaza que afecte a una o más garantías preexistentes por la Constitución Política de la República.

4°) Que en mérito de los antecedentes de convicción acompañados, los que apreciados conforme a la sana crítica, es posible tener por establecido los siguientes hechos:

a.-Que la recurrente ingresó a prestar servicios a la Municipalidad de Independencia en agosto del año 2013, como funcionaria a honorarios, prestando funciones como asistente social.

b.- Con fecha 01 de mayo del año 2015 asumió como funcionaria de planta grado 8 del estamento profesional.

c.-Que la actora hizo uso de 316 días de licencia médica entre el 02/ 04/ 2020 y el 27/ 08/ 2021 d.- Que la recurrente hizo uso de más de 180 días en un período continuo o discontinuo contado en los últimos dos años desde la fecha de presentación de evaluación de la salud ante la Compin.

e.- Que mediante Resolución Exenta N° 109 de 23 de febrero de 2022 la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez resolvió que la salud de la recurrente era recuperable.

f.- Que mediante Decreto Alcaldicio N° 782 / 2022 de fecha 13 de abril del año en curso se declaró vacante el cargo de doña nombre reservado por salud incompatible con el desempeño de su cargo.

5°) Que, el Decreto Alcaldicio funda la desvinculación de la actora en el artículo 148 de la Ley N° 18.883, en la forma en fue modificada por la Ley N° 21.050, que dispone:

“El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso contínuo o discontínuo superior a seis meses en los último dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

6°) Que, la Excma. Corte Suprema ha señalado en el Rol N° 29.736-2019: “Que el jefe superior del servicio para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

El tenor de esta norma da cuenta del reconocimiento de una facultad discrecional a la autoridad respectiva, entendiendo que no se encuentra imperativamente obligado a aplicarla, pero en el caso que la ejerza debe justificarse razonablemente su aplicación”.

7°) Que, ha de tenerse en cuenta el fin u objetivo que se persigue con la dictación del acto administrativo – decreto o resolución – y, es en razón de ese fin que el legislador habilita expresamente con poderes públicos de imposición a un órgano determinado y en razón de ello es que emite unilateralmente una decisión que se impone al destinatario del acto. En ese mismo sentido, debe destacarse que es la necesidad pública, el motivo del acto administrativo, es aquella que el legislador ha estimado en un momento determinado.

8°) Que, claro está que el Decreto Alcaldicio fue dictado por la autoridad competente y, en uso de sus facultades, sin embargo de la sola lectura de éste, se advierte que no cumple con la motivación y fundamentación suficiente, para que sea un acto jurídicamente idóneo, preciso y adecuado.

La autoridad administrativa debe indicar las razones técnicas, políticas, económicas o de cualquier índole que la llevaron a tomar la decisión, de tal forma no sólo debe constatarse el período de licencias médicas presentadas por la recurrente, sino que especificarse la o las razones que hacen necesario la declaración de vacancia en el caso concreto.

Así lo establece expresamente el artículo 41 inciso 4° de la Ley N° 19.880: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”.

9°) Que, en estas circunstancias, careciendo el Decreto impugnado de motivación suficiente, se ha vulnerado la garantía consagrada en el número 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sin considerar los elementos de capacidad e idoneidad en el ejercicio del cargo que la actora ha desempeñado desde el año 2013.

10°) Que, en consecuencia, la decisión de la autoridad recurrida no se encuentra apoyada en motivación suficiente que explique razonadamente los fundamentos que se tuvieron en cuenta para su dictación, más allá que la sola constatación del período de licencia, razón por la cual el recurso será acogido.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por doña nombre reservado y en consecuencia se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 782/ 2022 de fecha 13 de abril de 2022.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra Sra. Book.

Protección N° 57.397-2022.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal y la ministra señora Jenny Book Reyes y el Abogado Integrante señor Claudio García Lamas.

No firma la ministra señora Dobra Lusic Nadal por encontrarse efectuando un periodo de suplencia ante la Excelentísima Corte Suprema, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.