nombre reservado con COMPAÑÍA DE SEGUROS BCI

Santiago, seis de noviembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Con fecha 9 de agosto de 2018, comparece nombre reservado, quien deduce acción de protección constitucional en contra de Corredores de Seguros Banco de Crédito de Inversiones S.A., por haber incurrido en el acto arbitrario e ilegal de no otorgar cobertura al siniestro de desempleo denunciado por la recurrente, afectando las garantías constitucionales previstas en los numerales 15, 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, solicitando se ordene a la recurrida otorgar la cobertura pactada, y efectuar el pago conforme a la póliza suscrita.

Expresa que, contrató con la recurrida un seguro de desempleo, siendo del caso que con fecha 5 de junio del corriente, denunció a la compañía el siniestro, por haber quedado cesante; sin embargo, con fecha 9 de julio de 2018 la compañía le comunicó por correo electrónico que se rechazaba la cobertura fundado en que el asegurado sería socio en un 50% de las acciones de la sociedad REK SpA, por lo que no puede concluirse que este haya sido un trabajador que se haya desempeñado bajo subordinación y dependencia para esta, ni que se trate de una cesantía involuntaria, por lo que el riesgo no estaría cubierto en la póliza.

Expone que, si bien es cierto que es accionista de un 50% de la empresa REK, trabajó para esta como trabajador dependiente, bajo las disposiciones del Código del Trabajo, habiéndose celebrado contrato de trabajo, y finiquitado la relación laboral en conformidad a la ley.

Alega que su calidad de trabajador dependiente es distinta a su condición de socio; que por lo demás no tiene carácter de administrador de la sociedad, y que las decisiones de contratar y despedir personal no pasan por su voluntad.

Señala que la negativa a cubrir el siniestro es infundada, ya que el contrato suscrito no lo inhibe a tener la calidad de socio o accionista en una sociedad, indicando como único requisito de procedencia la calidad de trabajador dependiente y que el despido sea involuntario, cumpliéndose ambas.

Denuncia la afectación de la garantía del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, ya que al rechazar la cobertura del seguro se le priva de montos a que tiene derecho. En cuanto a las garantías constitucionales contempladas en los numerales 15, 16 y 21, transcribe las disposiciones las normas, sin indicar como se afectarían tales garantías.

Previas citas legales, solicita se acoja el recurso, ordenando a la recurrida otorgar la cobertura pactada, y efectuar el pago conforme a la póliza suscrita.

Compañía de Seguros Generales BCI S.A., evacuando el informe requerido, solicita el rechazo del recurso con costas.

A modo de contexto, señala que el 5 de junio de 2017, las partes celebraron un contrato de seguros, incluyendo dentro de las coberturas de la póliza la del desempleo involuntario del asegurado.

En primer lugar, alega la incompetencia de la Corte para conocer el asunto, por cuanto, no existe un derecho indubitado susceptible de ser amparado por vía cautelar. Se trata de una discrepancia de interpretación de cláusula contractual entre las partes, que discuten si el asegurado, que reviste calidad de socio de la empresa en que figura como empleado, está o no sujeto a la cobertura de la póliza, lo que es materia de un juicio de lato conocimiento.

Asimismo, agrega que de acuerdo al artículo 543 del Código de Comercio, el asunto controvertido debe ser conocido por la justicia arbitral.

Luego se defiende, alegando la extemporaneidad del recurso, ya que se le notificó la negativa a otorgar la cobertura por correo electrónico con fecha 9 de julio de 2018, interponiéndose el recurso con fecha 9 de agosto de 2018, es decir, un día fuera del plazo que consagra el Auto Acordado para la tramitación y fallo del Recurso de Protección.

En cuanto al fondo, indica que el artículo 3° de la póliza de seguros indica que esta cubre los casos de cesantía involuntaria del trabajador, no indemnizando eventos provenientes de acciones provocadas voluntariamente por el asegurado; y que este a la vez debía tener calidad de empleado dependiente, que presta servicios bajo subordinación y dependencia en virtud de un contrato de trabajo.

Refiere que estas condiciones no se verifican respecto al recurrente quien es socio de la empresa que señala ser su empleadora en un 50% de las acciones, y formando parte de la junta de accionistas, entre sus facultades está designar al administrador de la empresa; lo que permite concluir que este no pudo prestar servicios laborales para esta sociedad.

En cuanto a los derechos que se estima vulnerados, indica que nunca ha tenido derecho de propiedad sobre la indemnización que reclama, ya que no se encuentra dentro de los riesgos cubiertos por la póliza. Respecto al resto de las garantías citadas como vulneradas, el recurso no se hace cargo respecto a cómo estas se habrían visto afectadas.

Culmina su presentación, como se dijo, solicitando el rechazo del arbitrio con costas.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En concordancia con lo anterior, corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado por la presente acción es ilegal o arbitrario, para luego examinar si dicho acto afecta o conculca alguna de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente.

Segundo: Con los antecedentes agregados a los autos resulta establecido que las partes celebraron un contrato de seguro cuya vigencia se extendía entre el 5 de diciembre de 2017 hasta el 6 de diciembre de 2021 amparando la póliza en particular dos coberturas, una correspondiente al desempleo involuntario del asegurado y la otra correspondiente a la incapacidad temporal como consecuencia de enfermedad o accidente.

Sobre la existencia del acto no existe controversia, encontrándose establecido el rechazo por parte de la recurrida del siniestro denunciado por el actor, consistente en su desempleo, por habérsele puesto término a su relación laboral el 31 de mayo del año en curso.

Tercero: Al momento de resolver cabe tener presente que en el informe de liquidación del siniestro denunciada por el actor, se indica que “Analizados los antecedentes presentados por el asegurado hemos podido determinar que el éste es socio en la sociedad REK SPA, correspondiéndole el 50% de las acciones, por tanto don nombre reservado no es un trabajador dependiente que preste servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia a REK SPA y por ende, tampoco nos encontramos frente a una cesantía involuntaria, requisito para que proceda la cobertura de la póliza. En virtud de lo anterior, y conforme al artículo 3 de las Condiciones Generales de la cobertura de la POL 1 20130122, el riesgo no se encuentra cubierto en el contrato de seguros suscrito. Por último, existe incumplimiento por parte del asegurado de la obligación establecida en el artículo 524 del Código de Comercio, esto es, acreditar la ocurrencia del siniestro denunciado y declarar fielmente y sin reticencias sus circunstancias y consecuencias”.

Cuarto: En el artículo 3 de la Póliza de Seguro por Desempleo o Incapacidad Temporal, que rige la relación de las partes, al tratar “Los riesgos cubiertos” contempla el “Desempleo Involuntario del Asegurado”, precisando que la póliza cubre los casos de cesantía involuntaria del trabajador pudiendo contratarse-en lo que importa al recurso en examen- por “Asegurados con calidad de empleados dependientes de acuerdo a la legislación laboral chilena, quienes en virtud de un contrato de trabajo prestan servicios o desempeñan funciones para un empleador, bajo vínculo de subordinación y dependencia, en virtud de un contrato de trabajo indefinido y percibiendo por tales servicios una remuneración”.

Quinto: Es la calificación de trabajador dependiente -que la recurrente afirma y que la recurrida desconoce -el eje de la discusión, pues encontrándose de acuerdo en que el actor es accionista en un 50% de la sociedad REK SPA, se cuestiona su calidad de trabajador bajo vínculo de subordinación y dependencia.

Sexto: En las condiciones descritas, no es posible sostener que se este en presencia de un derecho indubitado- supuesto de la acción constitucional entablada- tratándose de la determinación de una calificación jurídica, que en las condiciones planteadas y con los antecedentes con que se cuenta excede la posibilidad de actuación del recurso entablado, pues importa analizar si la relación del actor con la sociedad, de la que es accionista en un 50%, es una de índole laboral, que origine el pago del siniestro o en otras palabras pasa por determinar si en la especie existe algún incumplimiento contractual.

Séptimo: Las implicancias y exigencias del conflicto de autos, entonces, excede la naturaleza cautelar de la acción intentada, lo que conduce a su rechazo, debiendo consignarse que cuenta la recurrente con herramientas procesales suficientes para el conocimiento del asunto, con la latitud necesaria.

Octavo: Por lo demás, el recurso presentado-como se dijo el 9 de agosto de 2018, respecto de un acto del que se tomó conocimiento el 9 de julio del mismo año, resulta extemporáneo al tenor de lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, pues se interpuso fuera de los 30 días corridos dispuestos en dicha normativa.

En razón de lo expuesto y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección presentado por don nombre reservado en contra de BCI Corredores de Seguros S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción de la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada.

No firma la abogado integrante señora Tavolari, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Protección Rol Nº 57389-2018