nombre reservado con INSTITUTO CHILENO FRANCES DE CULTURA

C.A. de Santiago Santiago, uno de diciembre de dos mil veinte.

Santiago, a uno de diciembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: comparecen nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quienes interponen recurso de protección en contra del Instituto Chileno Francés de Cultura, representado legalmente por su Director don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en atención a que las garantías constitucionales de los numerales 2, 9, 16 y 24, del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, se han visto transgredidos por el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, conforme a los fundamentos que se expresan.

Se expresa que los recurrentes son todos de distintas nacionalidades (ninguno chileno) y, por diversos motivos se encuentran hace años viviendo en Chile y trabajan en el Instituto Chileno Francés de Cultura desempeñando distintos cargos.

En ese contexto, desde hace algún tiempo, por separado, de manera informal, tomaron conocimiento que en alguna fecha a determinar, se realizarían cambios a los contratos de trabajo, concretamente, “se modificaría la forma de tributación”, la que siempre, desde el inicio de los contratos y durante toda su vigencia, se realizó en Chile, sin embargo, el Instituto de manera arbitraria e ilegal pretende alterar dicha situación disponiendo que los trabajadores del Instituto -no chilenos- comiencen a pagar impuestos en Francia, lo que incluye el pago de cotizaciones previsionales y de salud, todo ello con la excusa de evitar una supuesta doble tributación que, en realidad, no existe.

Que la situación indicada se materializo en las últimas 2 semanas de diciembre de 2019, en las que se les exigió la firma de un anexo de contrato que regiría a partir del 5 de enero de 2020, para comenzar el pago de impuestos en Francia (lo que incluye cotizaciones previsionales y de salud), sin embargo, a la fecha de presentación de este arbitrio, ninguno de los recurrentes ha accedido a la firma de dicho anexo, y lógicamente aún no reciben su liquidación de sueldo del mes de enero, por lo que desconocen si a pesar de la negativa en consentir con dicho cambio unilateral, el IFC igualmente ha decidido concretar su amenaza y proceder a los descuentos de impuestos que procederían en Francia.

Situación Particular de cada uno de los Recurrentes.

1) nombre reservado, de nacionalidad francesa, con permanencia definitiva en Chile, cono arraigo familiar, social y laboral en el país y no pretende residir en el futuro en Francia.

Que su contrato de trabajo fue celebrado el 1 de octubre de 1998, comenzando como “encargada de misión” (encargada de cursos y cooperación lingüística y educativa) desempeñándose actualmente como coordinadora pedagógica del servicio lingüístico.

Sus cotizaciones de salud no son pagadas en el sistema chileno sino que en la Caja de Franceses en el Extranjero (CFE), esta es una Caja de seguro voluntario y un organismo de Seguridad Social que asegura a los expatriados la cobertura de riesgos por enfermedad, maternidad, invalidez, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y vejez.

Que las cotizaciones previsionales (AFP Cuprum) sí son pagadas en Chile y no en Francia, manteniéndose esta situación invariable desde el inicio de su contrato.

En cuanto al pago de impuestos, éste lo realizo en Chile y no en Francia, desde el inicio de mi contrato, en cuya cláusula Tercera se establece que “La señora nombre reservado estará afiliada al régimen de protección social obligatorio a contar del día de la firma del presente contrato. La trabajadora estará también sometida al régimen fiscal local; se compromete a pagar todo impuesto y contribución que fuere exigido por las autoridades chilenas competentes y a partir del presente contrato”.

2) Danielle Carlesso, de nacionalidad francesa con permanencia definitiva en Chile, encargada de la Biblioteca, con contrato de fecha 1 de septiembre de 1994, por lo que actualmente tiene 25 años de antigüedad.

Su contrato de trabajo expresa claramente en su cláusula cuarta párrafo 2° que “Las remuneraciones se pagarán al final de cada mes, en moneda nacional y del monto de ellas, el Empleador hará las deducciones que las leyes vigentes establezcan por concepto de impuestos”. Si bien no se establece expresamente que los impuestos se regirán “por el régimen fiscal local” o que “serán pagados en Chile”, lo cierto es que durante todos los años de vigencia del contrato, la aplicación práctica de éste ha sido que el IFC ha hecho el descuento y pago de mis impuestos de acuerdo a las leyes vigentes en Chile, existiendo total conformidad ya que bajo esa circunstancia se celebró el antedicho contrato. Y que no tine cotizaciones en sistema de pensión legal por lo que no tendré derecho a pensión legal ni en Francia ni en Chile.

3) nombre reservado, canadiense con permanencia definitiva en Chile y desde hace 3 años se desempeña en el IFC como Coordinadora Cultural en el Servicio de Cooperación Cultural con contrato indefinido suscrito el 8 de junio de 2017. Este contrato de trabajo expresa claramente en su cláusula tercera párrafo 2° que “… De su remuneración, el empleador efectuará los descuentos legales pertinentes, como, por ejemplo, cotizaciones previsionales e impuestos”. Si bien no se establece expresamente que los impuestos se regirán “por el régimen fiscal local” o que “serán pagados en Chile” lo cierto es que aquello así fue efectivamente acordado y prueba de ello es que durante todos los años de vigencia del contrato, la aplicación práctica de éste ha sido que el IFC ha hecho el descuento y pago de los impuestos de acuerdo a las leyes vigentes en Chile, existiendo total conformidad ya que bajo esa circunstancia se celebró el antedicho contrato.

Agrega que tiene Fonasa y pago mi AFP en Chile, hace más de 12 años que no tiene ninguna relación fiscal o administrativa con Francia.

4) nombre reservado, de nacionalidad suiza y su cargo en el Instituto es Encargada del Servicio de Cursos, que tiene contrato indefinido y una antigüedad de 28 años.

Vive hace 30 años en Chile, con permanencia definitiva, ha tenido que pagar salud y educación y mantiene arraigo familiar, social y laboral en Chile, no pretendiendo residir en el futuro en Francia..

Que su contrato de trabajo expresa claramente en su cláusula cuarta párrafo 2° que “Las remuneraciones se pagarán al final de cada mes, en moneda nacional y del monto de ellas, el Empleador hará las deducciones que las leyes vigentes establezcan por concepto de impuestos”. Si bien no se establece expresamente que los impuestos se regirán “por el régimen fiscal local” o que “serán pagados en Chile” lo cierto es que aquello así fue efectivamente acordado y prueba de ello es que durante todos los años de vigencia del contrato, la aplicación práctica de éste ha sido que el IFC ha hecho el descuento y pago de los impuestos de acuerdo a las leyes vigentes en Chile, existiendo total conformidad ya que bajo esa circunstancia se celebró el antedicho contrato.

5) nombre reservado, de nacionalidad francesa, con permanencia definitiva en Chile, con contrato indefinido desde el 3 marzo 2008 como responsable del Servicio “Campus France”. Que mantiene arraigo familiar, social y laboral con este país y no pretende residir en el futuro en Francia.

Que su contrato no contiene ninguna cláusula que se refiera expresamente al pago de impuestos, sin embargo, lo cierto es que durante todos los años de vigencia de su contrato, la aplicación práctica de éste ha sido que el IFC ha hecho el descuento y pago de los impuestos de acuerdo a las leyes vigentes en Chile, existiendo total conformidad ya que bajo esa circunstancia se celebró el antedicho contrato.

6) nombre reservado, de nacionalidad francesa con permanencia definitiva en Chile, quien se encuentra vinculada laboralmente al Instituto desde el 31 de enero de 2003 por contrato de trabajo indefinido en calidad de profesora de francés, sin embargo, prestaba funciones en el Instituto desde el año 1991.

En la cláusula décima quinta del contrato, se estableció expresamente que “Las partes declaran que el docente es contratado para desempeñar sus funciones para el Instituto y, en consecuencia, tiene la calidad de trabajador única y exclusivamente respecto de este último.

Consiguientemente y a mayor abundamiento, ninguna relación laboral existe entre el docente y el gobierno francés, el ministerio de asuntos externos y la embajada.

En cuanto al pago de impuestos, éste lo realizo en Chile y no en Francia, desde el inicio del contrato, en cuya cláusula octava se establece que “La remuneración se pagará mensualmente por períodos vencidos y del monto de ella, el empleador hará las deducciones que establezcan las leyes vigentes”. Si bien no se establece expresamente que los impuestos se regirán “por el régimen fiscal local” o que “serán pagados en Chile” lo cierto es que aquello así fue efectivamente acordado y prueba de ello es que durante todos los años de vigencia del contrato, la aplicación práctica de éste ha sido que el IFC ha hecho el descuento y pago de los impuestos de acuerdo a las leyes vigentes en Chile, existiendo total conformidad ya que bajo esa circunstancia se celebró el antedicho contrato.

7) nombre reservado, de nacionalidad francesa con permanencia definitiva en Chile y comenzó en el IFC como profesora a honorarios desde enero de 2014 hasta que el 12 de junio 2017 suscribio con el Instituto un contrato de trabajo como “asistente de cursos” vigente hasta el 11 de septiembre de 2017. Posteriormente, mediante anexo de esa misma fecha, se le dio al contrato el carácter de indefinido.

Cotizo en Chile por AFP, Isapre y seguro de cesantía. En cuanto al pago de impuestos, éste se realiza en Chile y no en Francia, desde el inicio de mi contrato, en cuya cláusula cuarta, segundo párrafo se establece que “De su remuneración, el empleador efectuará los descuentos legales pertinentes, como por ejemplo, cotizaciones previsionales y de impuestos”. Si bien no se establece expresamente que los impuestos se regirán “por el régimen fiscal local” o que “serán pagados en Chile” lo cierto es que aquello así fue efectivamente acordado y prueba de ello es que durante todos los años de vigencia del contrato, la aplicación práctica de éste ha sido que el IFC ha hecho el descuento y pago de los impuestos de acuerdo a las leyes vigentes en Chile, existiendo total conformidad ya que bajo esa circunstancia se celebró el antedicho contrato.

8) nombre reservado, de nacionalidad polaca, residente en domicilio reservado, con permanencia definitiva en Chile, con arraigo familiar, social y laboral y no pretende residir en el futuro en Francia.

Siempre cotizo tanto la salud como la AFP en Chile. A pesar de haber vivido y estudiado en Francia, del punto de vista tributario no tengo actualmente ningún vínculo con Francia.

En cuanto su contrato, se trata de contrato indefinido desde el primero de octubre de 2010 y mi cargo es profesora de francés. En la cláusula décima primera del contrato, se estableció expresamente que “Las partes declaran que la docente es contratada para desempeñar sus funciones para el Instituto y, en consecuencia, tiene la calidad de trabajadora única y exclusivamente respecto de este último.

Consiguientemente y a mayor abundamiento, ninguna relación laboral existe entre la docente y el Gobierno de Francia, el Ministerio de Asuntos Externos y la Embajada”. Que su contrato no contiene ninguna cláusula que se refiera expresamente al pago de impuestos, sin embargo, lo cierto es que durante la vigencia de mi contrato, la aplicación práctica de éste ha sido que el IFC jamás ha hecho el descuento y pago de mis impuestos de acuerdo a las leyes vigentes en Francia.

9) nombre reservado, de nacionalidad francesa con permanencia definitiva en Chile, trabaja en el IFC desde el 14 de agosto 2007 en el Instituto, teniendo contrato indefinido a partir del 16 de agosto 2008, siendo responsable adjunta de la Mediateca.

Que se encontraba afiliada al sistema de salud francesa a título personal mucho antes de trabajar en el Instituto y que nunca me afilio al régimen de previsión francés por su alto costo. Por esta razón, el Instituto la obligó a afiliarme al sistema chileno en materia de previsión. Antes no cotizaba imposiciones en Chile, actualmente, cotiza en Chile por AFP y seguro de cesantía.

Señala que tieneo dos anexos de modificación de contrato de trabajo ambos de fecha 1 de agosto de 2008, uno en francés y el otro en castellano. El primero de ellos en el segundo párrafo del artículo cuarto señala que se autoriza al Instituto a retener las “cargas sociales” conforme a la legislación chilena. El segundo anexo de contrato en su cláusula cuarta párrafo segundo especifica que “la trabajadora faculta expresamente al Instituto para que le retenga de los respectivos pagos mensuales los impuestos que procedieren de acuerdo a la legislación chilena”.

Es decir, estuvo siempre acordado que dichos pagos se efectuarían de acuerdo a la legislación chilena.

En cuanto al pago de impuestos, éste lo realizo en Chile y no en Francia, desde el inicio del contrato, en cuya cláusula tercera párrafo segundo se establece que “La trabajadora faculta expresamente al Instituto para que le retenga de los respectivos pagos mensuales los impuestos que procedieren de acuerdo a la legislación chilena”. La misma disposición se reitera en el anexo de contrato de fecha 1 de agosto de 2018 en su cláusula cuarta párrafo segundo.

10) Sahra Monique Bernadette Soulet, de nacionalidad francesa, con permanencia definitiva en Chile y profesora en el IFC con contrato a plazo fijo desde agosto de 2017 y de 5 años previos a honorarios. Se encuentra radicada en Chile desde enero de 2012, pagando sus cotizaciones de salud y AFP en Chile.

En cuanto al pago de impuestos, éste lo realiza en Chile y no en Francia, desde el inicio de mi contrato, en cuya cláusula octava se establece que “La remuneración se pagará mensualmente por períodos vencidos, en moneda nacional, y del monto de ella el empleador hará las deducciones que establezcan las leyes vigentes”. Si bien no se establece expresamente que los impuestos se regirán “por el régimen fiscal local” o que “serán pagados en Chile” lo cierto es que aquello así fue efectivamente acordado y prueba de ello es que durante todos los años de vigencia del contrato, la aplicación práctica de éste ha sido que el IFC ha hecho el descuento y pago de los impuestos de acuerdo a las leyes vigentes en Chile, existiendo total conformidad ya que bajo esa circunstancia se celebró el antedicho contrato.

11) Sofía Tahri, de nacionalidad francesa con permanencia definitiva en Chile, profesora de español, responsable de comunicaciones con contrato de duración indefinida en el Instituto desde el año 1999, por lo que tengo 21 años de antigüedad.

Cotiza por pensiones y seguridad social en Francia.

En cuanto al pago de impuestos, éste se realiza en Chile y no en Francia, desde el inicio de mi contrato, en cuya cláusula séptima se establece que “A partir de la suscripción de este contrato la trabajadora estará afecta al régimen de protección y seguridad social de Chile, como así también a su régimen fiscal, por lo que se obliga a pagar todo impuesto que la legislación del país establezca.

12) Anne Vangor, de nacionalidad Franco – belga con permanencia definitiva en Chile y se desempeña como profesora en el Instituto desde el 2016 con contrato a honorarios y desde septiembre del 2017 con contrato indefinido.

Nunca he vivido en Francia y siempre me he mantenido y pagado sus cotizaciones de salud, AFP y cesantía en Chile.

Su contrato, en su cláusula octava establece que “La remuneración se pagará mensualmente por períodos vencidos, en moneda nacional, y del monto de ella el empleador hará las deducciones que establezcan las leyes vigentes”.

13) nombre reservado, colombiano, profesor y evaluador de exámenes oficiales del departamento de pedagogía en el IFC con contrato indefinido de fecha 1 de febrero de 2019, antes con contrato a plazo fijo desde junio de 2018 hasta diciembre de 2018.

Cotiza en Chile por mi salud, AFP y seguro de cesantía.

En cuanto al pago de impuestos, su contrato, en su cláusula octava establece que “La remuneración se pagará mensualmente por períodos vencidos, en moneda nacional, y del monto de ella el empleador hará las deducciones que establecen las leyes vigentes”. . Si bien no se establece expresamente que los impuestos se regirán “por el régimen fiscal local” o que “serán pagados en Chile”, lo cierto es que durante la vigencia del contrato, la aplicación práctica de éste ha sido que el IFC jamás ha hecho el descuento y pago de impuestos de acuerdo a las leyes vigentes en Francia. Revisadas mis liquidaciones de sueldo, aparecen algunos meses sin descuento de impuesto, y los meses que sí tienen el descuento efectuado el pago se realizó en Chile.

14) nombre reservado, de nacionalidad francesa con permanencia definitiva en Chile contratada por el Instituto desde el 2 de enero de 2012, Señala que tiene un seguro de salud pagado en Francia, también un seguro de vida privado, no tiene derecho a una pensión legal en Francia. Cotiza en Chile por el seguro de cesantía.

Su contrato no contiene ninguna cláusula que se refiera expresamente al pago de impuestos, sin embargo, lo cierto es que durante todos los años de vigencia de mi contrato, la aplicación práctica de éste ha sido que el IFC ha hecho el descuento y pago de mis impuestos de acuerdo a las leyes vigentes en Chile, existiendo total conformidad que bajo esa circunstancia se celebró el antedicho contrato.

En la práctica, la decisión arbitraria e ilegal de comenzar a tributar en Francia perjudica a los recurrentes i. La diferencia en la tasa de tributación.

El impuesto de un no residente fiscal en Francia asciende a una suma que va entre el 20% y el 30% del sueldo bruto (en Chile, tasa de imposición del orden del 0,37 - 2%). En definitiva, se trata de una carga mucho mayor a la soportada actualmente en Chile, por lo que esta sola circunstancia resulta agravante a sus derechos.

En efecto, “El salario mínimo interprofesional para 2019 en Francia ha quedado fijado en 1.521,2 € al mes, es decir 18.254 euros al año”1. En pesos chilenos, 1.521,2 € equivale a $1.305.000.- suma bastante superior al sueldo mínimo pagado en Chile de $301.000.- Y eso es solo un reflejo de la diferencia en las remuneraciones y demuestra lo perjudicial que resulta para nosotros que se calculen los impuestos a pagar en base a la tasa que rige en Francia pero aplicada a los ingresos que fueron regulados de acuerdo al mercado laboral chileno.

Los impuestos en Francia incluyen el pago de los organismos de seguridad social.

El sistema tributario francés está compuesto de un conjunto de impuestos, contribuciones a la seguridad social, tasas y derechos que son exigidos por la tesorería pública (Trésor public) de Francia, donde casi la totalidad de los impuestos están recaudados por la administración central.

Inaplicabilidad de beneficios de rebaja de impuestos por cargas de familia.

El sistema francés tiene beneficios para rebajar impuestos en Francia dependiendo del número de cargas que se tiene, por ello quienes no tienen cargas familiares o que ya están prontos a perder dicha calidad, no podrán hacer uso de su derecho a rebajar impuestos.

iv. Cálculo en Francia sobre el monto bruto.

En Francia, se paga el impuesto calculado sobre el monto del sueldo bruto, incluidas las diversas primas, indemnizaciones, décimo tercer mes, finiquito, mientras que en Chile estas primas no son imponibles. Es decir, todo tipo de bonos (13° mes, locomoción, salud, etc) y la indemnización por años de servicio. no son imponibles en Chile, pero sí lo son en Francia.

v. Doble tributación al incluir rentas del cónyuge.

vi. Pérdida de la calidad de sujetos de crédito, al no realizar pago de impuestos en Chile.

vii) Gastos bancarios asociados.

El pago de un impuesto en Francia mensualmente podría representar un costo por el envío de divisas a Francia y tener una cuenta bancaria en Francia y pagar en euros. Eso implica enviar dinero a Francia y pagar el cambio bancario.

Arbitrariedad del acto impugnado.

No existe ninguna justificación razonable para modificar unilateralmente los contratos de trabajo y decidir una alteración tan importante que afectará gravemente a la calidad de vida, al disminuir muchísimo el poder adquisitivo y producir los otros perjuicios que ya han sido mencionados anteriormente.

Por otra parte, no se entiende cuál es el motivo específico por el cual, los recurrentes tendrán que pagar impuesto en Francia. No puede ser un criterio de nacionalidad, ya que los afectados no son solo de nacionalidad francesa, al parecer los únicos excluidos con esta medida son los funcionarios chilenos, pero se incluye también a personas de otras nacionalidades: Los recurrentes son 8 franceses, una suiza, una canadiense, una polaca, una franco belga, un colombiano.

Ilegalidad del acto impugnado.

Que la decisión de que los recurrentes dejen de tributar en Chile vulnera la ley nacional, toda vez que el artículo 3° del Decreto Ley 324, Ley de Impuesto a la Renta, establece que: “Salvo disposición en contrario de la presente ley, toda persona domiciliada o residente en Chile, pagará impuesto sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la fuente de entradas esté situada dentro del país o fuera de él, y las personas no residentes en Chile estarán sujetas a impuestos sobre sus rentas cuya fuente esté dentro del país.

La norma recién citada con el inciso 1° del artículo 10° del mismo cuerpo legal: “Se considerarán rentas de fuente chilena, las que provengan de bienes situados en el país o de actividades desarrolladas en él cualquiera que sea el domicilio o residencia del contribuyente”.

Por otra parte, el legislador se pone en el caso de que un extranjero deba pagar impuestos en su país de origen y prevé dicha situación en el artículo 41 C de la LIR: “A los contribuyentes domiciliados o residentes en el país, que obtengan rentas afectas al impuesto de primera categoría provenientes de países con los cuales Chile haya suscrito convenios para evitar la doble tributación, que estén vigentes en el país y en los que se haya comprometido el otorgamiento de un crédito por el o los impuestos a la renta pagados en los respectivos Estados Contrapartes, se les aplicarán las normas contenidas en los artículos 41 A y 41 B…”.

Si bien, entre Chile y Francia se suscribió un “convenio para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio”. Dicho convenio fue suscrito el 7 de junio de 2004 en Paris y fue publicado en el Diario Oficial del 14 de septiembre de 2006.

En el artículo 2°, N°1 se establece que: “Este Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles por cada uno de los Estados Contratantes o sus autoridades locales, cualquiera que sea el sistema de exacción”.

El artículo 18 N°1 del Convenio recién citado no resulta aplicable a los recurrentes sino que a “personas naturales que desempeñen funciones públicas” y nosotros – que nos desempeñamos como profesores de francés o a cargo de funciones administrativas en un Instituto de idioma constituido en Chile- claramente no desempeñan funciones públicas, como sí podría ocurrir, por ejemplo, con los trabajadores de la Embajada, pero como ya se aclaró ese no es el caso de los recurrentes.

Cabe destacar que, en materia de beneficios tributarios, el SII a través de sus circulares y doctrina administrativa ha sostenido las normas que establecen dichos beneficios o exenciones deben ser interpretados restrictivamente. Por ello, no puede realizarse una interpretación extensiva del artículo 18 N°1 de la Convención aplicándolo a personas que no cumplan con los requisitos ahí indicados.

Puede señalarse, también, que la decisión impugnada vulnera la ley del contrato por cuanto la norma legal encargada de determinar la obligatoriedad de los contratos es el artículo 1545 del Código Civil. Según se puede apreciar, en nuestro país un contrato legalmente celebrado equivale a la fuerza de una ley para los contratantes, es decir, que éste representa la mayor expresión de obligatoriedad para ellos. En otras palabras, el acuerdo de voluntades que constituye el contrato resulta tan obligatorio para las partes, como si se tratase de una ley.

En este caso en particular, pagar impuestos en Francia representaría una modificación unilateral de los contratos de los recurrentes, quienes, al comprometerse a poner a disposición del Instituto sus competencias, tenían en vista que la tributación sería conforme a las leyes chilenas, no que se deberían pagar impuestos en Francia, por lo tanto, la remuneración acordada para cada uno de los recurrentes fue teniendo aquello en mente, pues de saber que se debería tributar en Francia, lógicamente los sueldos deberían ser muchísimo más elevados para poder hacer frente a las altas tasas de tributación en Francia y a todos los perjuicios asociados que fueron ya explicados con anterioridad.

En definitiva, el sueldo reducido de los recurrentes en casi un tercio no correspondería de ninguna forma ni a los cargos, ni a la formación de los recurrentes, ni a los sueldos correspondientes en el mercado laboral ni finalmente al costo de la vida en Chile.

Se concluye entonces, que el empleador el IFC pretende violar la ley del contrato al no respetar las condiciones en que éste fue suscrito con cada uno de los recurrentes pretendiendo imponer una alteración esencial que, de haberse conocido al momento de contratar, se habría hecho en condiciones económicas muy diferentes o simplemente, no se habría concretado la contratación entre las partes.

Vulneración grave a los derechos fundamentales establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política.

Artículo 19 N° 2° de la Constitución Política de la República: La igualdad ante la ley.

Es así, como a juicio de estos recurrentes, el Instituto ha efectuado una distinción arbitraria, carente de sentido y fundamento en cuanto a decidir que nosotros tenemos que comenzar a tributar en Francia, en desmedro de los colegas chilenos que se desempeñan en el Instituto y que pueden seguir tributando en Chile sin problema alguno. Como se advirtió con anterioridad, el criterio para decidir aquella decisión no puede ser únicamente la nacionalidad ya que no solo a los franceses se nos está obligando a tributar en Francia, sino que también a docentes de otras nacionalidades.

Artículo 19 N° 9° de la Constitución Política de la República: El derecho a la protección de la salud.

Si bien algunos de los recurrentes han decidido mantener su sistema de salud en Francia, lo cierto es que buena parte de ellos sí cotizan por un sistema de salud en Chile, ya sea Fonasa o Isapre. Sin embargo, al comenzar a tributar en Francia, por la tasa excesiva de los impuestos, en relación a los bajos sueldos en Chile, su poder adquisitivo se vería seriamente disminuido, no pudiendo mantener un doble pago por salud por lo que deberían renunciar a su sistema de salud en Chile.

Artículo 19 N° 16° de la Constitución Política de la República: La libertad de trabajo y su protección, en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto.

Si el Instituto llegase a concretar la amenaza, suscribiendo de manera unilateral un anexo para cada uno de los contratos de los recurrentes, lo que estaría haciendo en la práctica es impulsar su desvinculación ya que resultaría imposible para ellos sobrellevar los efectos negativos del acto impugnado, especialmente perder entre el 20 y el 30% de sus ingresos brutos.

Artículo 19 N° 24° de la Constitución Política de la República: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Los recurrentes tienen el derecho de propiedad sobre el contenido de nuestros contratos de trabajo y sobre nuestros derechos ya adquiridos a raíz del mismo, sin embargo, el Instituto pretende vulnerar su derecho de propiedad, obviando la voluntad en la firma de un anexo infundado y que daña seriamente a los recurrentes al despojarlos de una parte importante de su remuneración mensual para pagar impuestos en Francia Solicitando en definitiva acoger el recurso de protección deducido y en definitiva declarar que el Instituto Francés de Chile ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal al pretender modificar unilateralmente los contratos de trabajo de los recurrentes, exigiéndoles la firma de un anexo de contrato por el que se dispone que, a partir del 1 de enero de 2020, la tributación de los mismos -que hasta diciembre de 2019 se efectuaba en Chile de acuerdo a sus normas vigentes- se efectuará en Francia, lo anterior con costas.

SEGUNDO: Que evacuado el informe por don nombre reservado, en su calidad de Director del Instituto Chileno Francés de Cultura, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien señala que Instituto Chileno Francés de Cultura es un órgano que forma parte de la Embajada de Francia en Chile, siendo su servicio cultural y de cooperación conforme al Decreto Francés Nº 76-832 del 24 de agosto de 1976 que creó los Establecimientos con Autonomía Financiera (EAF). En concreto, y para efectos de su funcionamiento en Chile, asume la forma de un órgano interno/departamento de la Embajada, en consecuencia, no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio, y para efectos de su funcionamiento económico solo administra recursos que la propia Embajada de Francia le proporciona.

Dado lo anterior, como un departamento más de la Embajada de Francia, el Instituto no está constituido como sociedad ni como corporación o fundación.

Que los funcionarios y/o empleados del Instituto son, para todos los efectos legales, funcionarios de la Embajada de Francia en Chile. Por lo anterior, el "Convenio entre El Gobierno de la República de Chile y El Gobierno de la República Francesa para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio" en adelante "el Convenio" les es plenamente aplicable y obligatorio tanto para la Embajada de Francia en Chile como para los funcionarios y/o empleados bajo su dependencia. En tal sentido, esta aclaración basta para eliminar cualquier atisbo de arbitrariedad o ilegalidad en la aplicación de los estatutos legales y reglamentarios en los que se funda el recurso de protección de autos, pues los recurrentes no están comprendidos en ningún caso de excepción que contempla el referido convenio y, ergo, el recurso debe ser rechazado.

Solicitando finalmente tener por presentado el informe por parte del Instituto Chileno Francés de Cultura.

TERCERO: Que comparece como tercero, don Mario Zepeda Escobar, abogado, en representación de la Honorable Embajada de Francia, indicando que la Embajada de Francia en Chile se acoge a la inmunidad de jurisdicción de Estado de que goza conforme al artículo 5 de la “Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes” , tratado internacional aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el año 2004, que señala expresamente “Todo Estado goza, para sí y sus bienes, de inmunidad de jurisdicción ante los tribunales de otro Estado, según lo dispuesto en la presente Convención”.

En subsidio, y para el evento improbable de que no se considere la inmunidad de jurisdicción planteada en lo principal, por este acto evacuo informe en los presentes autos, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido, con costas, conforme a los siguientes antecedentes que expone.

Que el Instituto Francés de Cultura es parte de la Embajada siendo su servicio cultural y de cooperación conforme al Decreto Francés Nº 76-832 del 24 de agosto de 1976 que creó los Establecimientos con Autonomía Financiera (EAF). En concreto, y para efectos de su funcionamiento en Chile, asume la forma de un órgano interno/departamento de la Embajada, en consecuencia, no tiene personalidad jurídica propia y cuenta únicamente con autonomía financiera para administrar los recursos que la propia Embajada de Francia le proporciona El Instituto no está constituido como sociedad ni como corporación o fundación.

Que los funcionarios y/o empleados del Instituto son, para todos los efectos legales, funcionarios de la Embajada de Francia en Chile. Por lo anterior, el “Convenio entre El Gobierno de la República de Chile y El Gobierno de la República Francesa para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio” en adelante “el Convenio” les es plenamente aplicable y obligatorio tanto para la Embajada de Francia en Chile como para los funcionarios y/o empleados bajo su dependencia. En tal sentido, esta aclaración basta para eliminar cualquier atisbo de arbitrariedad o ilegalidad en la aplicación de los estatutos legales y reglamentarios en los que se funda el recurso de protección de autos, pues los recurrentes no están comprendidos en ningún caso de excepción que contempla el referido convenio y, ergo, el recurso debe ser rechazado.

Extemporaneidad del recurso.

El presente recurso de protección fue interpuesto con fecha 20 de enero de 2020. Como primera cuestión, el recurso es extremadamente ambiguo en lo que dice relación a la fecha en que se produjo el acto o amenaza que lo origina, así como también en cuanto a la fecha en la que se tuvo conocimiento del mismo por los recurrentes. Como quedará evidenciado, el recurso fue interpuesto extemporáneamente.

Evidenciando aún más la extemporaneidad del recurso, la Nota Verbal N°2018-1373089 enviada con fecha 18 de junio de 2018 por la Embajada de Francia en Chile a todos sus trabajadores, incluidos los recurrentes , dando aviso respecto de la aplicación del Convenio al Instituto Chileno Francés de Cultura desde el 1 de enero de 2019. Entonces, a lo menos, el plazo para recurrir de protección debió contabilizarse desde el 18 de junio de 2018, momento en el cual se tuvo certeza por parte de los recurrentes sobre la fecha de aplicación del referido Convenio. Lo anterior es de vital importancia sobre todo considerando que se denuncian amenazadas las garantías constitucionales de los recurrentes recién a partir de enero 2020, lo que no es efectivo pues dicha amenaza existió a lo menos desde la publicación en el Diario Oficial del Convenio o, incluso desde el 18 de junio de 2018.

En síntesis, los recurrentes tenían conocimiento desde hace más de un año de que les sería aplicado el Convenio a partir de enero del año 2020. Por tanto, de llegar a existir una supuesta privación, perturbación o amenaza derivada de la aplicación del mismo, el plazo para presentar el recurso de protección venció 18 de julio de 2018 .

No obstante todo lo anterior, a la fecha, no se ha aplicado el Convenio por parte de la Embajada a ninguno de los recurrentes, y, en consecuencia, ninguna privación o perturbación se ha producido El recurso de protección no es la vía idónea.

Los recurrentes consideran que la supuesta modificación unilateral del contrato –que no se ha producido- constituye un asunto controvertido que debe ser resuelto en el juicio laboral correspondiente y ante el Tribunal competente.

Inexistencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Chile en 1969 aprobó la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados” (en adelante “Convención de Viena”) suscrita en Viena el año 1969, en virtud de la cual se reconoce la importancia de los tratados internacionales como fuente de derecho para los Estados adherentes. Así, la propia Convención de Viena en su artículo 2 define “tratado” como: “Un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya consté en un instrumento único o constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado”

Luego, y para efectos de ratificar que estamos en presencia de un instrumento jurídico vinculante para los estados contratantes, en su artículo 26 establece el principio de Pacta sunt servanda, definiéndolo como “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”

Siguiendo las normas que contiene la Convención de Viena, cabe recalcar para el caso de marras que el Convenio debe ser respetado y cumplido por el Estado de Chile, es decir, debe ser respetado por el derecho interno de nuestro país. Así lo ha establecido el artículo 27 de la Convención de Viena al señalar:

“El derecho interno y la observancia de los tratados, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

Adicionalmente, el artículo 29 de la Convención de Viena establece el principio de territorialidad de los tratados, señalando al respecto “ Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo”.

Es decir, el Convenio entre Chile y Francia reviste rango de ley y en consecuencia debe ser aplicado en Chile como cualquier otra ley de nuestro ordenamiento jurídico, voluntad que ha sido plasmada y consagrada en nuestra Constitución Política de la República, específicamente en su artículo 5 al sostener: “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio”.

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes Al respecto, el Servicio de Impuestos Internos en su Ordinario Nº1347 de 15 de junio de 2017 se pronuncia sobre la exención de impuestos a los empleados de la Embajada de Francia en Chile, concluyendo lo siguiente:

1. Acorde a la letra a) del numeral 1 del artículo 18 del Convenio, los sueldos, salarios y otras remuneraciones (excluidas las pensiones) pagadas a personas naturales que prestan servicios en la Embajada de Francia, sólo pueden someterse a la imposición en Francia, salvo que se verifique la excepción prevista en la letra b) del mismo párrafo que permite gravar esas remuneraciones sólo en Chile si la persona natural es residente de Chile y tiene la nacionalidad chilena.

2. Atendido que la norma no distingue por nacionalidad, excepto en el caso que se tenga nacionalidad chilena, los nacionales de otros Estados que sean contratados por la Embajada de Francia, tributan exclusivamente en Francia, aunque tengan residencia en Chile, por las rentas pagadas por la Embajada.

3. En caso de que estos funcionarios sean nacionales únicamente de Francia u de otro país, las rentas que perciban en su calidad de funcionario quedan exentas de tributar en Chile de acuerdo a la norma legal indicada, con la salvedad que si tienen otras rentas quedan sujetas al pago de impuesto en Chile en la forma indicada en el presente Oficio.

En conclusión, teniendo presente que los funcionarios y/o empleados del Instituto lo son de la Embajada de Francia en Chile y que ninguno de los recurrentes es de nacionalidad chilena, el referido Convenio (Ley) resulta obligatorio y vinculante tanto para la Embajada como para los trabajadores. Como consecuencia lógica de lo anterior, la decisión de la Embajada de aplicar el Convenio a partir del mes de enero de 2020 no puede ser considerada ilegal ni arbitraria sino más bien, una obligación legal que debe ser cumplida por los sujetos pasivos de dicha normativa, que incluye a los recurrentes y, por cierto, a la Embajada.

En consecuencia, y habida consideración de lo expuesto, se solicita tener por evacuado dentro de plazo el informe requerido y tener a bien rechazar el presente Recurso de Protección.

CUARTO: Que evacuado informe por doña nombre reservado, Subdirectora Normativa Subrogante del Servicio de Impuesto Internos, quien señalo.

Que se solicito al Servicio emitir informe respecto de lo dispuesto en la letra a) del numeral 1 del artículo 18 del Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Francesa para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación a los Impuestos a la Renta y al Patrimonio a las remuneraciones percibidas por empleados de la Embajada de Francia en Chile, en el ejercicio de funciones públicas, los sueldos, salarios y otras remuneraciones (excluidas las pensiones) pagadas a personas naturales que prestan servicios en la Embajada de Francia, solo pueden someterse a imposición en Francia, salvo que se verifique la excepción prevista en la letra b) del mismo párrafo que permite gravar esas remuneraciones solo en Chile, si la persona natural es residente de Chile y tiene la nacionalidad chilena.

En el caso específico de la situación que se presenta con los trabajadores del Instituto Chileno Francés de Cultura, en principio se estima que no quedarían comprendidos dentro del artículo 18, numeral1, por cuanto la enseñanza del francés en Chile, que desarrolla el Instituto Francés de Cultura no corresponde a una función pública desarrollada por el Estado de Francia.

Para los efectos de que se pudiera aplicar el numeral 9 del Protocolo, se requiere que el empleador sea uno de los entes que la norma menciona y siempre que dichos entes tengan personalidad jurídica como instituciones públicas, sin realizar actividades empresariales. En caso que los sueldos se paguen a los trabajadores en el marco de una actividad empresarial realizada por el Estado Francés, no se aplica el numeral 9 del Protocolo y, por disposición del numeral 2 del artículo 18, dichas remuneraciones quedan sujetas a lo dispuesto en el artículo 14, el cual dispone que el sueldo debe tributar en Chile, si el servicio se presta en nuestro país.

Por último, se hace presente que si las personas que presentaron el recurso estiman que no se da ninguna de las situaciones previstas en el artículo 18 del Convenio o del numeral 9 del Convenio pueden solicitar que se aplique el Procedimiento de Acuerdo Mutuo contemplado en el artículo 24 del Convenio entre Chile y Francia, que permite a las personas que consideren que las medidas adoptadas por uno o ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ellos una imposición que no esté conforme con las disposiciones del Convenio, someter su caso a la autoridad competente del Estado del que sean residentes.

Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

QUINTO: Que solicitado informe al Ministerio de Relaciones Exteriores, se señala al respecto que la Embajada de Francia remitió a este Ministerio diversos antecedentes dando cuenta de la vinculación y estructura del Instituto. En efecto, indicó que la red de cooperación y acción cultural de ese país es relevante en sus asuntos exteriores, a objeto de llevar a cabo su política cultural y lingüística. Se precisa, que tal red cuenta con dos tipos de instituciones: a) las Alianzas Francesas, que son asociaciones locales con personalidad jurídica propia y que pueden recibir apoyo del Estado Francés, manteniendo autonomía en cuanto a su financiamiento y gobernanza; y b) los Institutos Franceses, que son establecimientos reformados a partir del Decreto Francés N 2010-1695, de 30 de diciembre de 2010, que definió su misión y estatutos.

En ese contexto, se añade por dicha Misión Diplomática que los Institutos Franceses son establecimientos sin fines de lucro, que actúan bajo la tutela del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país y localmente, se encuentran bajo la autoridad de la respectiva Embajada, cuyo objeto principal es contribuir a la difusión de Francia en el extranjero. Se agrega, que estas Entidades no son sociedades comerciales, corporaciones o fundaciones y no poseen personalidad jurídica, dado que son parte de la estructura orgánica y financiera de la Embajada.

Además, se indica que conforme a la Ley de ese país, los Institutos son reconocidos como establecimientos con autonomía financiera parcial, acorde al Decreto Francés Nº 76-832, de 24 de agosto de 1976, relativo a la organización financiera de ciertos establecimientos u órganos de cooperación y difusión cultural, dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tales establecimientos son administrados por un Director, nombrado por el Ministro de la aludida Cartera de Estado y que tiene la calidad de agente diplomático, el cual presenta cada año una solicitud de presupuesto a la Embajada respectiva, que es transmitida al Estado Francés, para fijar el monto de la subvención anual.

En cuanto a los funcionarios del Instituto, se señala por parte de la Embajada que sus funcionarios son agentes públicos y que pueden ser de nacionalidad francesa, extranjeros expatriados o funcionarios locales.

Sobre sus actividades, se indica por la aludida Misión Diplomática, que el Ministerio de Relaciones Exteriores Francés tiene una amplia red de servicios en el exterior y se apoya en los Institutos para difundir la cultura de ese país.

Agrega a su vez la Embajada, que el Director del Instituto, señor nombre reservado, ha sido acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile con fecha 9 de septiembre de 2019 y reconocido como Consejero Cultural de la referida Representación Diplomática, provisto, por tanto, de un estatuto diplomático.

Respecto a la comparecencia de la citada Misión Diplomática, cuestión que constituye la consulta específica, el Ministerio de Relaciones Exteriores hace presente que no le corresponde calificar cuándo o en qué circunstancias, una Embajada de un Estado extranjero puede comparecer ante un órgano jurisdiccional, en representación de una estructura que considera como su establecimiento, circunstancia que además hace en el contexto de un procedimiento de protección. Igualmente, se indica que no procede formular apreciaciones sobre la sustanciación y el fondo del procedimiento que nos ocupa.

Asimismo, este Ministerio de Relaciones Exteriores se permite señalar que las Embajadas extranjeras son órganos de representación del país respectivo, reglamentadas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961, instrumento del que tanto Chile como Francia son Estados Parte, norma promulgada e incorporada en nuestro ordenamiento jurídico mediante el Decreto Supremo N 666 de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que regula las relaciones diplomáticas entre el Estado receptor y el Estado acreditante.

SEXTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar;

SÉPTIMO: Que en estrados el abogado señor Samuel Buzeta Plaza, quien comparece en el recurso por la Embajada de Francia en Chile, manifestó que ésta y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, iniciaron el conocimiento acerca de los derechos y obligaciones tributarias, previsionales y de salud, provenientes de los contratos laborales suscritos por los actores y por la recurrida Instituto Chileno Francés de Cultura y, por parte de esta última, se suspendió incorporar la modificación de los contratos; por lo que aduce que la materia objeto del recurso actualmente no produce consecuencias sobre aquellos; asimismo, expresó, la inmunidad de jurisdicción no se hace valer para los procedimientos ante los tribunales especiales del trabajo relativos a los contratos de trabajo.

OCTAVO: Que, por consiguiente, al tener en consideración esta Corte que la presente acción constitucional está caracterizada, fundamentalmente, en que haya un afectación o amenaza real, inminente e inmediata a los derechos fundamentales que se invocan por los recurrentes, en su calidad de persona legitimadas activamente por la acción constitucional, tales razones determinan que la presente acción de protección no pueda concretarse, dado que, actualmente, según lo relacionado anteriormente, no existe una afectación al ejercicio de los derechos constitucionales que tengan tal caracterización de ser real, cierta inminente o inmediata.

Lo que no obsta para que la discusión pueda iniciarse entre las partes en un juicio futuro especial de carácter laboral, si no hubiere acuerdo entre ellas, al reconocerse en estrados que la inmunidad de jurisdicción del derecho internacional, dispensa a los asuntos judiciales laborales que a iniciativa de parte puedan ser conocidos por los tribunales especializados.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra del Instituto Francés de Cultura.

Se previene que el Ministro Juan Manuel Muñoz Pardo, concurre al acuerdo teniendo presente que esta acción cautelar no es la vía idónea para formular una declaración acerca de los derechos constitucionales amagados o vulnerados que se invocan, dado el tenor de lo informado por la Embajada de Francia y en especial por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. No obsta a lo anterior, como ha sido resuelto anteriormente por los tribunales respectivos, que tratándose de un asunto claramente de orden previsional, es la jurisdicción laboral de Chile la que debería emitir pronunciamiento sobre la materia, como ha sido expresamente reconocido en estrados por el abogado del país europeo.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-5736-2020.

Redacción del Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia.