nombre reservado con UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

Santiago, dos de enero de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°.- Que comparece nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, representada por su Rector don nombre reservado y en contra de la Tesorería Regional Metropolitana, representada por don nombre reservado, por la acción que estima arbitraria e ilegal consistente en retener su devolución de impuesto a la renta correspondiente al año 2018, vulnerando con ello las garantías consagradas en los N° 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda el presente arbitrio en que durante el periodo respectivo efectuó su declaración de impuestos a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos y tras consultar el estado de su devolución, tomó conocimiento el día 6 de junio de 2019 que ésta había sido retenida por la Tesorería General de la República en la suma de $658.531 el 13 de mayo de los corrientes, cuyo fundamento consistía en una supuesta deuda de crédito universitario, basada en la sola información que el Fondo Solidario de Crédito Universitario de la casa de estudios recurrida le proporcionó a dicho servicio.

Explica que la supuesta deuda correspondía a los estudios realizados entre los años 1993 a 2000, durante los cuales cursó la carrera de pedagogía en castellano, expresando que solo recibió crédito universitario por tales años, en un 100% del valor de dicha carrera en ese entonces, Señala que el artículo 1° de la Ley N°19.989, que regula la materia, efectivamente faculta a la Tesorería General de la República para retener la devolución anual de impuestos a la renta e imputar el monto al pago de la deuda informada por la entidad acreedora, conforme al Reglamento, Sin embargo, denuncia que tal acción resulta ilegal y arbitraria y conculca la garantía fundamental del debido proceso, pues, a su entender, existe un verdadero proceso impulsado por la Administradora del Fondo Solidario de Crédito Solidario de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, en el cual el papel del juzgador está radicado en la Tesorería General de la República y en el que no se han respetado las garantías mínimas de su derecho a defensa en un plano de igualdad, de ser oída y que un tribunal pondere sus descargos y medios probatorios, al momento de decidir si es que efectivamente procede la retención. Agrega que lo anterior ha sido materia de pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que en diversas sentencias que cita y sobre la base de los mismos argumentos que expone, ha declarado la inaplicabilidad del aludido artículo 1° de la Ley N° 19.980.

Por lo anterior solicita se deje sin efecto el acto impugnado, ordenando que se le reintegre la suma retenida.

2°.- Que informando la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación solicitó el rechazo del presente arbitrio constitucional, con costas, fundado en que dicha casa de estudios siguió al efecto lo regulado en los artículos 3°, 4° y 5° del Decreto N° 297 de 2009 del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento que fija el Procedimiento para Retención de la Devolución del Impuesto a la Renta por parte de la Tesorería General de la República, y en particular, realizó la notificación exigida con el objeto de que la recurrente, en su calidad de deudora morosa, pudiera hacer valer sus derechos, notificación que se realizó mediante carta certificada y a través de su inclusión en las nóminas de morosos incorporada en un diario de circulación nacional, por lo cual la afectada tuvo la oportunidad de recurrir al procedimiento de reclamo ante el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad,y también dispuso de la posibilidad de recurrir ante los tribunales de justicia, como lo indica el artículo 6° del mentado decreto y que, sin embargo, no ejerció los derechos que le confiere la ley.

Agrega que es el Ministerio de Educación el que certifica que se cumplieron todos los requisitos exigidos por el mentado Decreto, a través de un certificado de conformidad que da cuenta que se realizaron las notificaciones requeridas, documento que para el caso de la recurrida fue emitido mediante Ordinario Nº 06/1742 por la División de Educación Superior de dicha repartición, en el que se constata que tanto la Universidad como la Administradora del Fondo dieron cumplimiento al procedimiento anteriormente descrito, por lo que no se advierte irregularidad alguna en la retención de la devolución anual de impuestos a la renta practicada por la Tesorería General de la República.

3°.- Que a su turno informa la Tesorería General de la República, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional, confirmando que la declaración de impuesto a la renta año tributario 2019, presentada por la recurrente, arrojó un remanente de pagos provisionales a favor de ella, cantidad que dicho ente fiscal debía restituirle en el mes de mayo de los corrientes, lo que, sin embargo, no se verificó, puesto que el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación le solicitó que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 19.989 y su Reglamento, retuviera de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la Ley N° 19.287 y sus modificaciones, entre los cuales se encuentra la actora.

Expone que de lo anterior no ha existido actuación u omisión alguna que sea arbitraria o ilegal de su parte, ni privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales de la recurrente, pues la citada ley facultó en términos amplios a la Tesorería General para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario, y al efectuar tal retención, actuó en el ámbito de sus facultades, lo que ha sido recogido en diversos fallos de esta Corte que cita y por el Tribunal Constitucional en dos pronunciamientos en los que rechazó la inaplicabilidad del mentado artículo 1° de la Ley N° 19.989, las que acompaña a su informe.

4°.- Que para la procedencia del recurso de protección se requiere, como requisito esencial, que quien lo intente justifique la existencia de un derecho constitucionalmente protegido, siendo indispensable establecer que el derecho que se invoca como vulnerado sea indubitado, esto es, claro en su origen y ejercicio, de modo que su interrupción constituya una perturbación o privación ilegítima que permita a la jurisdicción adoptar las medidas necesarias y urgentes para restablecer el imperio del derecho.

5°.- Que resulta un hecho no discutido por las partes que la recurrente, a objeto de cursar su educación superior, fue beneficiada por el crédito solidario universitario, el que le permitió finalizar su preparación en el grado que detenta, habiendo asumido el compromiso de la devolución de los aportes efectuados por el Fondo respectivo, en la forma que éste lo ha determinado, facultándose a la Tesorería General de la República para las retenciones pertinentes.

6°.- Que el fundamento de lo expresado en el motivo anterior, se encuentra en el artículo 1° de la Ley N° 19.989, el que señala lo siguiente: “Facúltase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley N° 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda…”

Por su parte, el Reglamento N° 297 de la Ley N° 19.989, que entrara en vigencia el 19 de noviembre de 2009, señala lo siguiente: “Apruébase el Reglamento del artículo 1° de la Ley 19.989, que regula el procedimiento mediante el cual la Tesorería General de la República retendrá, de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario, regulado por la ley N° 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora”.

Lo señalado precedentemente queda de manifiesto en el artículo 13 del mismo Reglamento, respecto de la devolución de impuestos y, si esta no es suficiente, subsistirá la obligación del deudor.

Cabe tener presente que el Reglamento en mención se hace cargo del ámbito de aplicación de los plazos del procedimiento a seguir e incluso de los recursos a interponerse por los deudores de que se trata.

7°.- Que de acuerdo a lo expresado precedentemente la retención impugnada es legal y se dictó dentro de las facultades entregadas a la Tesorería General de la República, sin que la recurrente objetara la referida retención, notificada que fuera de ella y menos haya dado cuenta del pago de la deuda pendiente que mantiene con el Fondo Solidario.

8°.- Que en lo que dice relación con la recurrida Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, puede observarse que ésta sólo dio cumplimiento a los artículos 3°, 4° y 5° del Decreto N° 297, esto es, confeccionó la nómina de los deudores morosos del Fondo respectivo y les notificó tal circunstancia.

9º.- Que, en consecuencia, no resulta comprobada la existencia de un derecho indubitado al que dar protección urgente, no puede atribuirse ilegalidad o arbitrariedad a la conducta de las recurridas, ni es posible estimar vulnerado el derecho al debido proceso y el de propiedad que se dicen violentados, ni de ningún otro que merezca la protección constitucional que se impetra.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación y de la Tesorería Regional Metropolitana.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministro señora Solís.

Protección Nº 57.305-2019.