CENTRO INTERMEDIO DE CAPACITACIÓN ASEXMA con SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

Santiago, a diez de enero de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que don nombre reservado, actuando en representación del Centro de Capacitación de Asexma, Corcin, dedujo acción de protección en contra de don nombre reservado, Director Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, con motivo de la dictación de la Resolución N° 2106, de 5 de junio de 2019, que dispone la suspensión provisoria del registro de dicho organismo, en tanto se resuelva el procedimiento administrativo sancionador tendiente a determinar la procedencia de la cancelación del registro de organismo técnico intermedio para capacitación, y su comunicación, por ORD 91-0842, de 16 de junio de 2019, a las empresas aportantes de Corcin, el hecho de la suspensión provisoria, por incumplimientos contractuales reiterados, la existencia de diferencias de arrastre sin identificar y su denuncia al Ministerio Público, lo que vulneraría sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 Nros. 21 inciso primero y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que la Resolución N° 2106 resulta arbitraria e ilegal al imponer sanciones no contempladas en la ley, aduciendo en ella la recurrida: a) haber detectado, a partir de los estados financieros de la entidad, diferencias de arrastre sin identificar entre el Saldo Contable y la Declaración Jurada 005, para los años 2016 y 2017; b) haber recibido denuncias que Corcin no había pagado cursos ejecutados el año 2018 con cargo a la franquicia tributaria que establece la Ley N° 19.518; c) encontrarse pendientes de pago cursos terminados correspondientes a becas laborales licitadas el año 2019, y la existencia de otros suspendidos y sin iniciar; d) incumplimientos contractuales reiterados que dan cuenta de una situación de insolvencia que permite presumir que los fondos han sido destinados a fines distintos a los señalados en la Ley; e) no cumplir los fines para los cuales ha sido estatuida la existencia de las OTIC; f) afectación general del objetivo principal del sistema de capacitación y empleo; g) la necesidad de morigerar los graves efectos que puedan derivar de las actuaciones de Corcin; y h) lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N° 19.880.

Indica el actor que la medida de suspensión provisoria no se encuentra consultada como sanción en los artículos 75 a 81 de la Ley N° 19.518, y le impide el desarrollo de su actividad económica, la que se encontraba autorizada e incorporada a su patrimonio, por lo que como consecuencia no puede obtener nuevos recursos y salir del supuesto estado de insolvencia que se le atribuye, incluso sin sentencia, sanción o procedimiento firme. Estima que el artículo 32 de la Ley N° 19.880, en que se asila el recurrido, no resulta aplicable dado que existe norma especial sobre la materia y por la falta de elementos de juicio suficientes que lo avalen, sin perjuicio que la misma norma impide la adopción de medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes, cuyo es el caso del actor, toda vez que desde la dictación del acto Corcin no ha recibido ningún adherente, sus directores han renunciado y los deudores, principalmente municipalidades, han rehusado el pago, incitando incluso a la restitución de fondos, cercenando cualquier posibilidad de continuar con la actividad.

Por otro lado, afirma el recurso, el acto de comunicación de la medida a terceros contenido en el ORD N° 91-0842 también resulta arbitrario, ilegal y contrario a la prohibición expresa contenida en el artículo 27 de la Ley N° 19.518, pues la recurrida ha debido guardar reserva de los antecedentes de que ha tomado conocimiento, y no es posible sostener que la motivación de la medida sea evitar mayores perjuicios, constituyéndose ese actuar en un anticipo de la pena.

Con tales argumentos termina por solicitar que se acoja el recurso y se declare que los actos objetados son arbitrarios e ilegales y privan a Corcin de sus derechos fundamentales, por lo que se deben dejar sin efecto e informar a todas las empresas aportantes y OTEC del Registro que dichos actos carecen de valor, todo ello, con costas.

Segundo: Que la recurrida informó instando por el rechazo del recurso. En primer término, por cuanto las actuaciones que describe el libelo se insertan en un procedimiento respecto del cual el recurrente no ejerció las acciones y recursos administrativos disponibles, como acontece con el de reposición, o la solicitud de suspensión de los efectos del acto o el alzamiento de la medida provisional. En rigor, apunta, el Sence no ha emitido una decisión definitiva respecto a la cancelación del Registro sino únicamente ha adoptado una medida de urgencia en resguardo del sistema de capacitación en general, y de sus beneficiarios, empresas aportantes y proveedores relacionados con Corcin, en particular.

De otra parte, sostiene la informante que sus actuaciones no importan privación, perturbación ni amenaza al legítimo ejercicio de garantías constitucionales, pues se trata de medidas provisionales adoptadas en el contexto de un procedimiento tendiente a determinar la procedencia de imponer sanciones en contra de la OTIC recurrente, es decir, se está ante un acto administrativo intermedio que no impide a la OTIC que reciba o persiga el pago de créditos ni que propenda al cumplimiento de sus propias obligaciones.

En síntesis, en cuanto a la Resolución N° 2106, el artículo 32 de la Ley N° 19.880, aplicable en la especie, faculta a los órganos administrativos para adoptar de oficio las medidas provisionales oportunas para asegurar la eficacia de la decisión que pudiere recaer en un procedimiento iniciado, si existen elementos que lo justifiquen, lo cual, según informa, consta del texto mismo de la resolución y hacían probable sostener que la OTIC habría incurrido en causales de cancelación del Registro, de acuerdo a los artículos 78 y 79 de la Ley N° 19.518. Por otro lado, en lo que concierne al Oficio Ordinario N° 91-0842, explica que las mismas circunstancias antes anotadas respaldan su emisión, pues el Servicio tiene la atribución y el deber de recabar, procesar y difundir información relevante para el eficiente funcionamiento del sistema de capacitación, en especial porque existían antecedentes serios para presumir que los aportes no se han destinado a los fines señalados en la ley, motivo por el cual no solo se comunicó los hechos a las empresas aportantes, sino que también al Consejo de Defensa del Estado, al Servicio de Impuestos Internos, a la División de Asociatividad del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y a Asexma A.G., patrocinante de Corcin, además de efectuarse una denuncia ante la Fiscalía. La reserva a que alude el recurso, fundada en lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.518, solo se extiende a determinados antecedentes, ajenos a lo que se comunicó en este caso, sin perjuicio que el actor tampoco precisa en su recurso cuáles serían aquellos elementos divulgados en contravención a derecho.

Por último, plantea el informe que la recurrente no se ha hecho cargo de la circunstancia esencial de la controversia jurídica, esto es, la existencia y el destino de los fondos aportados por las empresas adheridas al OTIC, incluso reconoció en una presentación de 12 de julio de 2019 el descubrimiento de serias anormalidades en el funcionamiento del personal y su relación con terceros, en el marco de una auditoría interna de carácter legal y tributario.

Tercero: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar, por ende: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, en la especie, la recurrente basa sus alegaciones en la presunta ilegalidad y arbitrariedad cometida con motivo de las medidas de suspensión de la cancelación del Registro y la comunicación a terceros de información y antecedentes obtenidos por el Sence, de los que debió mantener reserva.

Quinto: Que según dispone el artículo 23 de la Ley N° 19.518, los Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación tienen como función prestar apoyo técnico a las empresas adheridas, especialmente a través de la promoción, organización y supervisión de programas de capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de recursos humanos. Estos sirven en consecuencia de nexo entre las empresas afiliadas y los organismos técnicos de capacitación. El mismo precepto establece que las empresas pueden adherir libremente a los organismos técnicos intermedios para capacitación, para cuyo fin deberán efectuar los aportes en dinero que convengan. De acuerdo con los artículos 34 y 36 de la misma normativa, esos aportes dan derecho a la franquicia tributaria que regula el Párrafo 4° del Título I de la Ley, para lo cual es necesario que ellos sean efectivamente destinados a los fines previstos en su artículo 23.

Sexto: Que, por su parte, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, creado por la Ley N° 19.518, en un organismo que promueve el desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores, para cuyo fin, entre otras funciones, recaba, procesa y difunde información relevante para el funcionamiento del sistema de capacitación y, adicionalmente, supervigila los programas de capacitación, autoriza el uso de incentivos y subsidios y ejecuta las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones que le encomienda la ley. Como organismo integrante de la Administración del Estado, se sujeta a las normas de las leyes Nros. 18.575 y 19.880.

Séptimo: Que en el ejercicio de las potestades que le son propias, el Sence debe velar porque los OTIC observen las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.518, fiscalizando sus actividades, como prevé el artículo 27 de esa legislación, y aplicar medidas sancionatorias, incluidas aquellas de carácter provisional, como en el caso, lo que procede por aplicación supletoria del artículo 32 de la Ley N° 19.880.

Octavo: Que en cuanto a la justificación de la medida, contenida en los fundamentos segundo a quinto de la resolución impugnada, que destaca principalmente diferencias de arrastre sin identificar, denuncias por falta de pago de cursos, otros cancelados y algunos suspendidos, unido a la inexistencia de elementos de respaldo como fuera requerido, avalan los serios indicios de problemas financieros de la recurrente que presumiblemente responderían a una administración en contravención a la Ley N° 19.518, conclusiones de la recurrida que derivaron en la medida provisional de suspensión, la que efectivamente no fue impugnada en sede administrativa.

Noveno: Que como ha resuelto la Corte Suprema, se trata de una decisión inserta en un procedimiento en curso, que apunta a que se pueda dictar a la postre el acto final o de término, en la especie, la cancelación del registro, por lo que en el actual estado de cosas lo objetado carece de la aptitud necesaria para conculcar las garantías constitucionales cuya protección demanda el actor. En todo caso, el acto fue desplegado con estricto apego a la normativa aplicable en uso de la potestad reglada de que está investida la recurrida.

Décimo: Que lo propio acontece con el Oficio Ordinario N° 91-0842, expedido en cumplimiento del deber de difusión de la reclamada de información relevante y que no se extendió, como plantea el recurso, a operaciones, bienes, cuentas, archivos y documentos de la actora, a cuya reserva se extiende el artículo 27 de la Ley del ramo, de manera que ningún reparo cabe a su respecto.

Undécimo: Que acorde a lo que se viene razonando, no puede reprochársele ilegalidad o arbitrariedad alguna a la recurrida, pues se está ante un procedimiento normado en la Ley N° 19.518 y su Reglamento, en consonancia con lo dispuesto en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y en la Ley N° 19.880, preceptos a los que la recurrida se ha ajustado en su proceder, ante la existencia de hechos que ha constatado y sometido a indagación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Centro de Capacitación de Asexma-Corcin.

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo de la ministro Sra. Plaza.

Protección N° 57295-2019.- Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la Ministra señora Paola Plaza González e integrada por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich y la Abogado Integrante señora Virginia Halpern Montecino.