Protección contra Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 27 de marzo de 2025, comparecieron los abogados Franco Aldo Brunetti Arredondo y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, por haber incurrido en una omisión que consideran ilegal y arbitraria al negar la debida tramitación de la solicitud de refugio presentada por la recurrente. Actuación que estiman carente de fundamento, al no otorgarse la visación temporaria prescrita en la Ley N° 20.430, lo que habría significado una afectación grave a su derecho a la igualdad ante la ley y a la protección de sus garantías constitucionales, por lo que solicitan se ordene dar curso a su procedimiento y se disponga la concesión de la visa temporaria de refugio.

Exponen que la señora nombre reservado se vio forzada a huir de Venezuela debido a la grave crisis económica, la hiperinflación y el colapso de los servicios básicos, lo que se sumó a episodios de violencia, represión y amenazas recibidas por su familia. En particular, relatan que su hijo padece una cardiopatía que requiere intervenciones médicas de alto costo, razón por la cual emprendieron campañas para recaudar fondos, siendo luego objeto de amenazas delictivas que los obligaron a salir de su país. Por tales motivos, ingresó a Chile por un paso no habilitado el 19 de noviembre de 2024 y, al día siguiente, formalizó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante el Servicio Nacional de Migraciones.

Sin embargo, sostienen que, pese a haber manifestado formalmente la intención de obtener refugio y haber acompañado la documentación necesaria para ello, la autoridad administrativa no volvió a contactar a la solicitante ni le otorgó la visa temporaria establecida en el artículo 32 de la Ley N° 20.430, lo que constituiría, a su juicio, una vulneración del principio de no devolución, recogido tanto en la legislación nacional como en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, desconociendo, además, el deber del Estado de proteger el Derecho Humano de buscar y recibir asilo.

Argumentan que el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho de toda persona a solicitar asilo en caso de persecución, y que la Constitución chilena, en su artículo 5°, obliga al Estado a respetar los derechos esenciales reconocidos tanto en el ordenamiento interno como en los tratados internacionales ratificados por Chile. Asimismo, destacan que la propia Ley N° 20.430 consagra el principio de no devolución desde el momento en que se manifiesta la intención de solicitar refugio, sin que la autoridad migratoria pueda limitar ni condicionar arbitrariamente este derecho.

Estiman que la negativa de la autoridad administrativa a dar curso a la solicitud y a otorgar la visa temporaria implica una discriminación respecto del trato dispensado a otros solicitantes en igual situación, vulnerando así la garantía constitucional de igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, y que, además, constituye un acto arbitrario, al carecer de justificación razonable; e ilegal, por ser contrario al ordenamiento jurídico aplicable.

Por estas razones, solicitan que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la autoridad recurrida ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria, ordenando que se dé curso inmediato al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente y que, mientras ello se resuelve, se le conceda la visa temporaria de refugio prevista en el artículo 32 de la Ley N° 20.430.

SEGUNDO: Que evacuando el informe solicitado, el Servicio Nacional de Migraciones solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes, fundando su petición en la inexistencia de acto u omisión que pueda calificarse como ilegal o arbitrario. En su exposición, la recurrida señaló, en primer término, que la recurrente, ciudadana venezolana, ingresó al territorio nacional por un paso no habilitado en el año 2022, lo que consta en el registro del sistema B3000, y no en la fecha indicada en el libelo. Así, se dio cuenta de que con fecha 19 de noviembre de 2022 solicitó su inscripción en el proceso de empadronamiento biométrico, la cual completó en enero de 2024; que en agosto de 2023 requirió una visa temporal que fue declarada inadmisible por carecer de ingreso legal; y que en enero de 2024 fue objeto de denuncia por ingreso clandestino, además de concretarse su empadronamiento biométrico en ese mismo período.

Añadió que sólo con fecha 24 de septiembre de 2024, es decir, casi dos años después de su ingreso clandestino, la recurrente compareció ante la autoridad a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiada, siendo citada a entrevista el día 20 de noviembre del mismo año. En dicha oportunidad, completó el formulario de primera atención, entregando antecedentes que luego corrigió, particularmente respecto de su verdadera fecha de ingreso al país. Con todo, la autoridad concluyó que la solicitud no cumplía los requisitos formales mínimos, en especial por haberse presentado fuera del plazo legal establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430, conforme a la modificación introducida por la Ley N° 21.655.

Refiere además que, mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 20 de noviembre de 2024, se otorgó a la recurrente un plazo de quince días hábiles para subsanar las observaciones bajo apercibimiento de tenerla por desistida, lo que finalmente ocurrió mediante Resolución Exenta N° NUM001, de 14 de diciembre de 2024, al no haberse cumplido con las exigencias legales y reglamentarias. Ambas resoluciones fueron notificadas al correo electrónico señalado por la recurrente. En virtud de ello, sostiene la recurrida que no es efectivo que exista falta de pronunciamiento, toda vez que la solicitud fue resuelta y declarada desistida por incumplir los requisitos de admisibilidad.

Finalmente, destaca que la normativa vigente exige el cumplimiento estricto de requisitos formales, especialmente en casos de ingreso irregular, los cuales no fueron satisfechos en la especie. En este sentido, enfatiza que la acción de protección ha perdido oportunidad y eficacia, por cuanto se dirige contra un acto inexistente, toda vez que el Servicio Nacional de Migraciones ya se pronunció mediante resoluciones fundadas; y recalca que no se configura vulneración de las garantías constitucionales invocadas, solicitando en definitiva el rechazo del recurso de protección deducido.

TERCERO: Que mediante resolución dictada el día 21 de abril pasado, la Sala Tramitadora de esta Corte de Apelaciones dio traslado a la recurrente para que exponga lo que estime pertinente respecto de lo informado por el servicio recurrido.

CUARTO: Que evacuando el traslado conferido la parte recurrente controvirtió las alegaciones vertidas en el informe de la recurrida, haciendo hincapié en que las circunstancias que motivaron la salida de doña nombre reservado de su país de origen obedecen a un cuadro de extrema gravedad. Señaló que la recurrente se vio forzada a abandonar Venezuela debido a la profunda crisis económica y social existente en dicho país, caracterizada por hiperinflación, desabastecimiento de alimentos, medicinas y bienes básicos, junto con la represión ejercida por fuerzas estatales, lo que ha tornado imposible llevar una vida digna en aquel territorio.

Enfatizó además que la decisión de emigrar estuvo directamente vinculada con la protección de la vida y salud de su hijo, nombre reservado, quien padece una cardiopatía severa que requiere tratamientos médicos especializados y sucesivas intervenciones quirúrgicas. Al respecto, sostuvo que tras la primera cirugía del menor, la familia debió organizar campañas para solventar los costos, situación que derivó en amenazas por parte de delincuentes, obligándolos finalmente a salir del país. Añadió que los médicos chilenos han informado que el tratamiento recibido en Chile ha permitido estabilizar al niño, pero que de regresar a Venezuela éste se vería expuesto a un grave riesgo vital, dadas las condiciones críticas del sistema de salud en ese país.

En consecuencia, la defensa de la recurrente reiteró que la autoridad migratoria no consideró adecuadamente estas circunstancias humanitarias al resolver tenerla por desistida de su solicitud de refugio. Sostuvo que una eventual expulsión o el rechazo de su petición tendría efectos irreparables sobre los derechos fundamentales de la recurrente y de su hijo, particularmente en relación con el derecho a la vida y a la integridad física, solicitando por ello se acoja la presente acción constitucional.

QUINTO: Que, conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, en el caso en análisis, la actuación que se cuestiona al Servicio Nacional de Migraciones consiste en la omisión atribuida a la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones al no dar curso a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada presentada por doña nombre reservado.

En efecto, sostiene la actora que, habiendo concurrido en tiempo y forma a las dependencias de la autoridad administrativa el día 20 de noviembre de 2024, completando el formulario de primera atención y entregando la declaración requerida, no volvió a ser contactada por el organismo competente ni se le otorgó la visa de residencia temporaria prevista en el artículo 32, inciso primero, de la Ley N° 20.430. Tal proceder, a su juicio, habría importado una negativa tácita en la tramitación de su solicitud, privándola del acceso efectivo al procedimiento de refugio y de los beneficios que la legislación reconoce a quienes manifiestan su intención de acogerse a dicha protección.

SEPTIMO: Que, sin embargo, de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que la autoridad recurrida –Servicio Nacional de Migraciones– sí emitió pronunciamiento respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada presentada por la recurrente, dictando la Resolución Exenta N° NUM000, de 20 de noviembre de 2024, mediante la cual se le requirió subsanar observaciones en el plazo de quince días hábiles, y posteriormente la Resolución Exenta N° NUM001, de 14 de diciembre de 2024, que tuvo por desistida su solicitud por no haberse cumplido con los requisitos formales exigidos en la Ley N° 20.430 y su Reglamento.

Tales actos administrativos se encuentran debidamente fundados y fueron notificados al correo electrónico declarado por la propia interesada, conforme a las disposiciones de la Ley N° 19.880, razón por la cual no es posible concluir que exista omisión alguna por parte del órgano recurrido en la tramitación del procedimiento. En consecuencia, no se configura en la especie acto u omisión ilegal o arbitrario atribuible al Servicio Nacional de Migraciones que haya privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente. Por el contrario, se advierte que la actuación de la autoridad administrativa se ajustó a los parámetros legales vigentes, en especial a las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.655 a la Ley N° 20.430, que establecen una etapa inicial de admisibilidad con requisitos formales cuyo incumplimiento habilita a la autoridad para declarar desistida la solicitud.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, no es posible soslayar que en la especie concurre una evidente controversia en torno a los presupuestos fácticos que sirven de sustento a la acción constitucional, pues, mientras la recurrente afirma haber ingresado al país el 19 de noviembre de 2024, el organismo recurrido sostiene –con respaldo en registros administrativos– que dicho ingreso se habría producido en fecha anterior, lo que es determinante para evaluar el cumplimiento del plazo previsto en el artículo 26 de la Ley N° 20.430. Tal discrepancia, unida a la discusión sobre la procedencia de su solicitud de refugio, excede el ámbito de conocimiento propio de esta sede cautelar, que exige la existencia de un derecho indubitado, claro y preexistente, susceptible de protección inmediata, lo que en el caso no se configura.

NOVENO: Que, en mérito de lo expuesto, la acción constitucional deducida no puede prosperar, pues no se ha acreditado vulneración alguna de las garantías fundamentales invocadas, ni es posible resolver en esta vía sumaria las cuestiones de hecho debatidas entre las partes, las cuales deben ventilarse en los procedimientos administrativos y judiciales ordinarios que la ley contempla.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso deducido por los abogados Franco Aldo Brunetti Arredondo y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, en favor de nombre reservado en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección 5728-2025.