nombre reservado con CAJA DE COMPENSANCION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES

Santiago, once de octubre de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 22 de agosto último, ha comparecido doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, aduciendo que, en el mes de junio último, su empleador, le informó acerca de un descuento por un monto de $167.626.-, motivo por el cual concurre a la Caja respectiva y en donde le informaron la existencia de una deuda de junio de 2007 por la suma de $6.121.038.- e incluso se le hizo entrega de documentos que no se encontraban fechados y que, supuestamente, justificarían la deuda, sin embargo, por 10 años la recurrida se mantuvo en la absoluta inactividad.

Refiere que, en paralelo, realizó reclamo a la Superintendencia de Seguridad Social y, además, se enteró que, al señor nombre reservado, supuesto aval de la deuda, también se le efectuó un descuento y, a contar de estas fechas, ha comenzado un hostigamiento telefónico de cobranza de esta supuesta acreencia por lo tanto, solicita que el recurso de protección sea acogido y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, informando la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, la cual, como primera alegación, sostiene que el presente recurso resulta extemporáneo, toda vez que, según se advierte de la relación de hechos que efectuó la recurrente, el descuento del cual se reclama se habría generado en el mes de junio de 2017 y, desde ese momento, a la fecha en que se interpuso el recurso de protección, se ha superado el plazo de 30 días que dispone el auto acordado respectivo para la deducir la presente acción cautelar.

En cuanto al fondo, observa del recurso en estudio el hecho que, el mismo, carece de fundamentos de derecho, desconociendo la garantía fundamental que se considera infringida pero, aun así, detalla que el crédito que se cobra fue adquirido por la recurrente el día 31 de mayo del año 2007, el cual ascendió a la suma total de $6.121.038.-, pagadero en 60 cuotas. Así, en forma posterior, detalla los pagos que fueron realizados hasta la cuota N° 25, las últimas 5 cuotas entre los meses de febrero a junio de 2009 y, luego, en el presente año, en los meses de febrero a junio de 2017, el Colegio Polivalente San Pedro Limitada, en su carácter de empleador de la recurrente, procede a descontar las correspondientes cuotas adeudadas, lo cual importa la facultad legal que tienen las Cajas de Compensaciones para recuperar el capital e intereses que correspondan, razonamiento que es compartido por la Excma. Corte Suprema y en Circulares de la Superintendencia de Seguridad Social.

En este sentido, considera que no existe ninguna clase de acto ilegal ni arbitrario de su parte y por ello solicita que el recurso de protección sea rechazado.

Tercero: Que el recurso de protección tradicionalmente ha sido conceptualizado como una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicios de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia de manera uniforme han sostenido que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado. Finalmente, se sostiene también uniformemente que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

Cuarto: Que como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

Quinto: Que, en primer lugar, en cuanto a la extemporaneidad alegada por el recurrido, lo cierto es que del análisis de los antecedentes aportados por las partes, resulta que el acto que motiva la presente acción cautelar es aquel consistente en la recepción de documentos que dan cuenta de un crédito insoluto, lo que ocurrió el 31 de julio de 2017, por lo que al haber presentado el recurso de protección con fecha 22 de agosto del año en curso, lo hizo dentro del plazo que al efecto establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, por lo que esta alegación será desestimada.

Sexto: Que, en cuanto al fondo, cabe consignar que la impugnación que realiza la actora se refiere al descuento que realiza la recurrida de sus remuneraciones de las cuotas impagas de un crédito que le fuera otorgado en el año 2007.

Séptimo: Que sobre el particular es menester traer a colación lo que ha dicho la Excma. Corte Suprema sobre la materia, en causa Rol N°22223-2016, cuando sostiene: “…el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 19.833 dispone que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. Continúa, “Cuarto: Que conforme se colige de la lectura del precepto antes citado y también de lo dictaminado sobre el particular por la Dirección del Trabajo en su Ordinario N° 0262/004, de 17 de enero de 2012, al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la remuneración del trabajador se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo, norma que preceptúa: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

“Quinto: Que, por consiguiente, al haberse descontado desde la remuneración de la actora las cuotas impagas del crédito que se le otorgó, estando la recurrida facultada para ello, en la especie no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales enunciadas en el libelo de protección, por lo que el mismo será rechazado.

Por lo demás, en los mismos términos antes expuestos se ha pronunciado esta Corte en los autos Rol N° 18.404-2015, 15.032-2016 y 19.666-2016.”.

Octavo: Que, de lo anterior y luego de examinar los antecedentes proporcionados - los que se aprecian de acuerdo a las reglas de la sana crítica- y escuchar en estrados lo expuesto por las partes, puede concluirse que no es posible advertir ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el proceder de la recurrida.

En las condiciones descritas, faltando el supuesto básico y elemental que supone el éxito del recurso a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, cual es la existencia de una acción u omisión que pueda calificarse de contraria a la ley o motivada por el mero capricho, la acción intentada no puede prosperar. En efecto, en el caso en estudio la recurrida ha dado estricto cumplimiento a lo que la ley le obliga.

Noveno: Que, sin perjuicio de lo anterior, y en lo tocante a la prescripción de la acción de cobro que se ha deslizado en la vista de la causa por la parte recurrente, lo cierto es que la presente vía cautelar de urgencia no es el medio oportuno para discutir y resolver aquello, desde que se trata de un asunto propio de un juicio de lato conocimiento, cuyo no es el caso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

1.- Se rechaza la extemporaneidad alegada por la recurrida.

2.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 57266-2017-2017.

Redacción de la Ministra señora María Soledad Melo Labra.

No firma el Abogado Integrante señor Cárdenas, por ausencia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora María Soledad Melo Labra, conformada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y el Abogado Integrante señor Juan Carlos Cárdenas Gueudinot.