Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S

C.A. de nombre reservado

nombre reservado, veinticuatro de julio de dos mil veinticinco.

A los folios 12 y 13: a todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de don nombre reservado, empleado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A, representada por don nombre reservado, por haber rechazado ilegalmente su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros, actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y propiedad privada, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se reconozca como válido el certificado de afiliación del país de origen y se ordene a la recurrida realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho.

En cuanto a los antecedentes fácticos, don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA, a través del portal web correspondiente, la devolución de sus fondos previsionales de conformidad con lo establecido en la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Dicha normativa permite a los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de dicha ley.

Posteriormente, en fecha 14 de marzo de 2025, fue informado mediante correo electrónico por la administradora de fondos recurrida del rechazo de su solicitud, señalándose que la constancia de Afiliación al IVSS se encuentra vencida, superando la vigencia de 120 días. Esta decisión constituye, según el recurrente, una obstaculización injustificada del proceso de solicitud de retiro de fondos, basada en una interpretación errónea de la normativa aplicable.

Sostiene que la verificación y constatación del documento objetado por la recurrida puede realizarse fácilmente a través del portal web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), específicamente en la dirección http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/, donde basta con ingresar el número de documento de identidad del solicitante para que el sistema emita automáticamente un certificado vigente y totalmente verificable.

Asimismo, el sistema permite la verificación de la autenticidad del documento a través del portal web http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, mediante un código único que aparece al pie de cada certificado emitido. Esta funcionalidad permite a cualquier entidad interesada verificar la legalidad y veracidad del documento, lo que demuestra que la afiliación del solicitante se encuentra debidamente acreditada ante la administradora de fondos de pensiones.

Respecto de los fundamentos jurídicos que sustentan la presente acción, invoca principalmente lo dispuesto en la ley N°18.156, específicamente en sus artículos 1° y 7°. El artículo 1° de dicha normativa establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados a efectuar imposiciones en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan dos condiciones fundamentales: que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y que en el contrato de trabajo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

Por su parte, el artículo 7° de la misma ley dispone que los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley. En este sentido, el recurrente acompañó los documentos requeridos por la normativa, a saber: título universitario, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y contrato de trabajo.

Argumenta que ha dado íntegro cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley N°18.156, siendo procedente el retiro de fondos de la AFP. Sin embargo, se encuentra con una obstaculización injustificada de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, esto es, permitir que los extranjeros puedan disponer de sus ahorros previsionales. Esta situación produce una retención injustificada de los fondos, lo que no resulta razonable ni conforme a derecho.

Respecto de la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido, pues al rechazar la solicitud, la institución recurrida se basa en argumentos que no se ajustan a derecho, especialmente considerando que el documento objetado es perfectamente verificable a través de medios electrónicos oficiales.

Según el recurso, la actuación de la recurrida vulnera específicamente dos derechos constitucionales fundamentales. En primer lugar, el derecho a la igualdad ante la ley previsto en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, ya que la recurrida ha dado al recurrente un trato desigual respecto de otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con los requisitos legales, han obtenido respuestas favorables, requiriéndole al recurrente documentación adicional no contemplada en la Ley N°18.156. En segundo lugar, se vulnera el derecho de propiedad privada establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, toda vez que la retención injustificada de los fondos previsionales constituye una privación del derecho de propiedad sin fundamento legal, impidiendo al recurrente disponer de bienes que legítimamente le pertenecen y sobre los cuales tiene pleno derecho conforme a la normativa aplicable.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA reconocer como válido el certificado de afiliación del país de origen suministrado, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de cinco días o el que el tribunal estime conforme al mérito de los autos, adoptando en general las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que evacuando el informe ordenado por esta Corte, compareció don Daniel Santoni, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo en todas sus partes del presente recurso de protección con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio y, en subsidio, por cuanto su representada no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal respecto de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, sino que ha dado estricto cumplimiento a la ley y la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

En primer lugar, plantea la improcedencia formal del recurso de protección, argumentando que la materia reclamada no es propia de una acción cautelar. En este sentido, sostiene que el recurso de protección debe ser definido como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales de la autoridad o de los particulares, siendo ideado como un medio eficaz para situaciones urgentes con el objeto de prestar inmediato amparo al afectado cuando un derecho o garantía se encuentre privado, perturbado o amenazado.

Conforme a esta línea argumentativa, concluye que lo solicitado por el recurrente no se condice con la finalidad de un recurso de protección y la excede, pretendiendo discutir la constitucionalidad del Decreto Ley N° 3.500 en sede cautelar y de emergencia. Sostiene que en estos autos no existe un derecho indubitado, sino un derecho controvertido, motivo por el cual no puede solucionarse vía recurso de protección, ya que existe una controversia entre las partes respecto de la interpretación de la normativa aplicable.

En cuanto a los fundamentos de hecho, reconoce que efectivamente rechazó la solicitud de devolución de fondos presentada por don nombre reservado en su calidad de técnico extranjero conforme a la ley N° 18.156. Explica que dicha norma permite a los técnicos extranjeros que trabajen en Chile retirar sus cotizaciones previsionales siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en la ley, constituyendo una norma de carácter excepcionalísima en el ordenamiento jurídico para efectos de realizar dicho retiro. Precisa que con fecha 24 de marzo de 2025, ProVida rechazó la solicitud del recurrente por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

Enfatiza que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero. Adicionalmente, señala que el referido certificado hace alusión a la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. y no a ProVida S.A., lo que constituiría otro elemento que justifica el rechazo de la solicitud. Finalmente, indica que durante todo este tiempo, el recurrente no ha recurrido a la Superintendencia de Pensiones, organismo estatal de carácter técnico que ejerce la supervigilancia de todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, para exponer su caso y obtener pronunciamiento del regulador.

Respecto de los fundamentos jurídicos, desarrolla extensamente el marco normativo del sistema de pensiones chileno.

Destaca que el Decreto Ley N° 3.500 dispone expresamente que las Administradoras de Fondos de Pensiones están impedidas de ofrecer u otorgar pensiones, prestaciones o beneficios a sus afiliados que sean distintos a aquellos expresamente reconocidos en la ley.

En relación con la ley N° 18.156, explica que en materia laboral y previsional rige en Chile el principio de territorialidad, esto es, que a los trabajadores que se desempeñen en el país, sean chilenos o extranjeros, se les aplican las leyes laborales y previsionales vigentes, salvo dos situaciones de excepción: que el trabajador se encuentre acogido a un Convenio Bilateral de Seguridad Social en calidad de desplazado, o que quede exento de cotizar conforme a las exigencias de la ley N° 18.156 sobre exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros.

La recurrida detalla los requisitos que deben cumplir los trabajadores extranjeros para estar exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales: primero, que detenten la calidad de técnicos; segundo, que se encuentren afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile que les otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, condición que debe cumplirse con anterioridad a la fecha del contrato en Chile; y tercero, que en el contrato de trabajo manifiesten expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Respecto del cumplimiento del segundo requisito, especifica que debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. A partir de este análisis normativo, concluye que el actuar de AFP ProVida no es ilegal ni arbitrario, por cuanto para efectos de realizar la devolución de fondos previsionales solo ha observado que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente.

En cuanto a la improcedencia sustantiva del recurso, argumenta que el artículo 20 de la Constitución Política establece que para que proceda un recurso de protección deben concurrir copulativamente tres requisitos: que exista un acto u omisión ilegal y arbitraria; que a consecuencia de este acto se produzca un agravio; y que este agravio se manifieste bajo la forma de una privación, perturbación o amenaza de algunas de las garantías constitucionales del artículo 19 de la Carta Fundamental. Sostiene que el recurso de protección no cumple con ninguno de estos requisitos.

Respecto del primer requisito, argumenta que el comportamiento adoptado por su representada no ha sido ilegal ni arbitrario respecto de la situación que afecta al recurrente, ni ha carecido de razonabilidad, sino que ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales.

En relación con el segundo requisito, sostiene que al no existir un acto u omisión ilegal o arbitraria, es evidente que el recurrente no ha sufrido ningún agravio por la conducta ejecutada por la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. Finalmente, respecto del tercer requisito, argumenta que no ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de la República, por lo que tampoco se cumple este requisito para la procedencia del recurso.

Por estas razones, solicita que se rechace en todas sus partes el presente recurso de protección interpuesto en contra de ProVida, con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio y, en subsidio, porque su representada no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. ProVida, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente;

QUINTO: Que sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el artículo 1 de la referida normativa: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”;

SEXTO: Que, así las cosas, es necesario manifestar que a la luz de los antecedentes que se acompañaron al expediente computacional, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, toda vez que el artículo 7 de la ley citada, especifica que debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada y vigente, lo cual no ha sido el caso en los documentos acompañados por el recurrente, habiendo observado la institución recurrida, el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa vigente.

SÉPTIMO: Que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en contra de AFP ProVida S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Rol N° 5722-2025