Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la negativa a la recepción de su solicitud de residencia temporal por caso calificado o humanitario y sus antecedentes, así como el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Aduce que don nombre reservado es un ciudadano venezolano que se vio forzado a escapar de Venezuela, ingresando por pasos inhabilitados a Chile, debido a la violencia generalizada, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en su país de origen. Destaca la grave situación de extrema descomposición social, económica e institucional en Venezuela, incluyendo fallas en servicios básicos, crisis de salud y seguridad pública, y el aumento de la delincuencia con la presencia de bandas criminales como los “Colectivos” y los “Tupamaros”. Manifiesta que, habiendo perdido las esperanzas de vivir en paz y con dignidad en Venezuela, no tuvo más opción que salir de su país.

Señala que, una vez en territorio nacional, con fecha 27 de julio de 2024, envió por carta certificada una solicitud de regularización a la Oficina de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones para iniciar el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Sin embargo, señala que hasta la fecha de interposición del recurso (27 de maro de 2025), no ha sido contactado por la autoridad migratoria recurrida ni le ha sido otorgada la visación de residente temporario, prescrita bajo el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la parte recurrente invoca el derecho humano fundamental a buscar y recibir asilo, establecido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Argumenta que el Estado de Chile, conforme al artículo 5 de la Constitución Política de la República, tiene la obligación de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y los garantizados en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Asimismo, invoca el principio de No Devolución, contenido en el artículo 4 de la Ley N° 20.430, el cual se aplica desde el momento en que se manifiesta la intención de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Cita los artículos 32 y 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas, de fecha 28 de julio de 1951, que prohíben la expulsión o devolución de refugiados a territorios donde su vida o libertad peligren. Menciona la Resolución Exenta N° 21.726, de fecha 11 de mayo de 2023, que establece un manual de procedimiento administrativo del Departamento de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones.

Sostiene que la calificación de circunstancias de impedimento o fuerza mayor para no concurrir a las dependencias policiales es competencia de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, y no de las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Migraciones.

Afirma que la omisión de la autoridad recurrida, al no haberlo contactado y no haberle otorgado la visación de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430, constituye un acto arbitrario e ilegal. Este proceder, a su juicio, importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros, lo que vulnera directamente la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Finaliza solicitando se acoja el recurso y, en su mérito, se concluya el procedimiento cuyo inicio ha sido solicitado, dándole curso, y se ordene al Servicio la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio, prescrita bajo el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430, mientras se espera la evaluación por parte de una comisión calificada.

Segundo: Que, la parte recurrida, el Servicio Nacional de Migraciones, al evacuar su informe ha solicitado el rechazo en todas sus partes del recurso.

Señala que don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, no cuenta con registros de ingreso al territorio nacional, presumiéndose que lo hizo por un paso fronterizo no habilitado, eludiendo el control migratorio de frontera.

Con fecha 19 de junio de 2023, el Servicio Nacional de Migraciones recibió una carta certificada mediante la cual el recurrente solicitó la regularización de su condición migratoria en base a la facultad de la Subsecretaría del Interior contemplada en el artículo 155 N° 8 y 9 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería. Mediante Oficio Ordinario N° NUM000, de fecha 26 de mayo de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones remitió todos los antecedentes de dicha petición a la Subsecretaría del Interior, que es el órgano facultado por la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería para resolver este tipo de solicitudes.

Manifiesta que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad administrativa que se encuentra tramitando la solicitud del recurrente, ni tampoco la autoridad facultada por la ley para emitir un pronunciamiento final sobre dicha petición.

Alega la falta de legitimación pasiva, expresando que, en virtud del tenor literal del artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325, la facultad de regularizar la condición migratoria de un extranjero ha sido entregada exclusivamente a la Subsecretaría del Interior, siendo dicha facultad además indelegable. De ello se desprende que la recurrida carece de facultades legales para tramitar y resolver la solicitud planteada por el recurrente. Sin perjuicio de lo anterior, y en cumplimiento del inciso 2 del artículo 14 de la Ley N° 19.880, agrega que remitió todos los antecedentes enviados por la contraparte a la Subsecretaría del Interior, órgano de la Administración del Estado competente para conocer y resolver este tipo de solicitudes.

Tercero: Que la Subsecretaría del Interior evacua informe, señalando que el artículo 24 de la Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, y el artículo 2, inciso 1°, del Decreto Supremo N° 296, de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mandatan la entrada y salida de personas al territorio nacional por pasos habilitados, con documentos de viaje, promoviendo una migración regular y ordenada. Las personas extranjeras que solicitan regularización migratoria han ingresado irregularmente o su estadía ha devenido en irregular. La regularización se relaciona con la posibilidad que posee la autoridad de subsanar contravenciones jurídicas voluntarias. Anteriormente, el artículo 91 N° 8 del derogado Decreto Ley N° 1.094, de 1975, confería al Ministerio del Interior la facultad de regularizar la permanencia de extranjeros. Actualmente, la Ley N° 21.325 contempla dos hipótesis de regularización migratoria, ambas como una facultad de la autoridad, no una obligación. La primera hipótesis, de carácter general, se encuentra en los artículos 69, inciso 2°, y 155 N° 8 de la Ley N° 21.325, que faculta a la Subsecretaría del Interior a establecer mecanismos de regularización de extranjeros en condición migratoria irregular, ejecutados por el Servicio Nacional de Migraciones. Estos son procesos reglados y de general aplicación, sin que existan actualmente procedimientos vigentes de esta naturaleza. La segunda hipótesis, de carácter excepcional, se refiere al artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325, que otorga al Subsecretario del Interior la potestad indelegable de conceder permisos de residencia temporal en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario, siempre que existan circunstancias de hecho excepcionales que así lo hagan recomendable. Esta es de aplicación particular y desformalizada. De lo anterior, se desprende que actualmente es improcedente acoger a tramitación solicitudes de regularización migratorias bajo el artículo 155 N° 8 por la falta de procedimientos vigentes de general aplicación, debiendo tramitarse cualquier solicitud de este tipo como otorgamiento excepcional de permisos de residencia temporal, al tenor del artículo 155 N° 9.

Respecto al estado de la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, de la parte recurrente, informa que esta se encuentra resuelta a través de la Resolución Exenta N° NUM001, de fecha 26 de mayo de 2025, de la Subsecretaría del Interior, la cual fue notificada mediante Oficio Ordinario N° NUM002, de fecha 17 de julio de igual año, del Servicio Nacional de Migraciones. En consecuencia, la Subsecretaria considera que la acción de protección debe ser rechazada totalmente, con expresa condena en costas, por ser impertinente e inoportuna al no existir motivos plausibles para litigar.

La acción ha perdido oportunidad, no siendo efectiva la omisión arbitraria e ilegal imputada, y no es el medio idóneo para acelerar la tramitación de este tipo de procedimientos.

Además, estima la autoridad que no procede instrumentalizar una solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, mediante una acción de protección, ya que su concesión es una facultad exclusiva e indelegable del Subsecretario del Interior, siendo una concesión del Estado de Chile y no una obligación.

Argumenta que el solo hecho de solicitar un permiso de este tipo significa que la persona extranjera ha incurrido voluntariamente en contravenciones a la normativa migratoria, por lo que las consecuencias o eventuales demoras no pueden imputarse a la Administración. La interposición de estas acciones desvirtúa el remedio constitucional, distrayendo a la judicatura y al personal de la Administración del Estado.

Cuarto: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho este señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aun inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Quinto: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye la negativa, por parte del Servicio Nacional de Migraciones, a la recepción de la solicitud de residencia temporal por caso calificado o humanitario, efectuada por el recurrente, y sus antecedentes, así como el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Sexto: Que conforme con lo anteriormente expuesto y razonado, y el mérito de los antecedentes, aparece que el recurso no puede prosperar, habiendo perdido oportunidad, dado que lo que motiva el recurso es, como se indicó en el motivo anterior, la negativa, por parte del Servicio Nacional de Migraciones, a la recepción de la solicitud de residencia temporal por caso calificado o humanitario, efectuada por el recurrente, y sus antecedentes, así como el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, circunstancia respecto del cual la recurrida ha manifestado en su informe que, mediante Oficio Ordinario N° NUM000, de fecha 26 de mayo de 2025, remitió todos los antecedentes de dicha petición a la Subsecretaría del Interior, que es el órgano facultado por la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería para resolver este tipo de solicitudes.

Asimismo, resulta necesario resaltar que la Subsecretaría del Interior indicó que la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, de la parte recurrente, fue rechazada mediante la Resolución Exenta N° NUM001, de fecha 26 de mayo de 2025, la cual fue notificada mediante Oficio Ordinario N° NUM002, de fecha 17 de julio de igual año, del Servicio Nacional de Migraciones.

Por lo anteriormente expuesto, esta Corte no puede adoptar medida alguna para el restablecimiento del imperio del derecho, como se ha pretendido en el presente arbitrio cautelar, toda vez que el hecho fundante que motivo su interposición ha desaparecido, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción deducida por nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-5716-2025. Vistos y teniendo presente