Protección contra Servicio de Impuestos Internos

C.A. de Santiago Santiago, quince abril de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, el 28 de enero de 2024, nombre reservado, representante legal de Lux Logistic SpA, ha deducido recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, por las acciones y omisiones consistentes en iniciar un proceso de fiscalización en su contra, el cual no ha tenido decisión final y, paralelamente, realizar injustificadamente anotación preventiva que impide la emisión de facturas, lo cual estima ser contrario al artículo 19 Nro. 2 de la Constitución Política de la República.

Contextualiza que el 18 de octubre de 2007 se constituyó la sociedad recurrente, la cual tiene por giro la prestación de servicios de asesoría, intermediación y coordinación con clientes y con terceros para la exportación e importación de mercaderías.

Expone que el 22 de mayo de 2023, la contadora de la recurrente recibió un correo electrónico, con la notificación Nro. 69-7, emitida el mismo día, mediante la cual se le informó ser objeto de un proceso de fiscalización relativo a la declaración y pago de impuesto a la ventas y servicios de los 24 últimos periodos tributarios (mayo de 2021 a abril de 2023). Además, se le indicó que debía presentar información el 12 de junio de 2023, que el expediente de fiscalización era el 6081698 y que la fiscalizadora a cargo era nombre reservado.

Dice que el 12 de junio de 2023 compareció al Servicio de Impuestos Internos, junto con la contadora, no encontrándose en el lugar la fiscalizadora, siendo atendido por nombre reservado, jefa del grupo de fiscalización, quien recibió la documentación pedida, salvo una memoria externa que contenía otros antecedentes que el recurrente estimaba pertinentes. Sin embargo, igualmente se le restringió la posibilidad de emitir folios para facturar, esto sin efectuar notificación alguna.

Añade que ante esta situación, asistió a dependencias de la recurrida los días 13 y 15 de junio de 2023, donde le explicaron que la restricción era una medida preventiva frente a investigaciones o fiscalizaciones, pero que podía solicitar la emisión de un número acotado de facturas, pidiéndolo así el último día indicado, pero el requerimiento no fue contestado. Por lo mismo, el 30 de junio de 2023, envió correo electrónico a la fiscalizadora designada y la contadora de la actora (nombre reservado) efectuó la petición administrativa Nro. 77323188017 el 15 de junio de 2023, todo esto para conocer los motivos del proceso y de la restricción preventiva.

Expone que ante la no respuesta, volvió a enviar correo electrónico el 11 de julio de 2023, el que no fue respondido. Y que el 26 de julio del mismo año estuvo toda la mañana en dependencias de la recurrida, no obteniendo justificación respecto de la acción. También aduce que en el intertanto comenzó a perder clientes ante la imposibilidad de facturar.

Relata que finalmente el 7 de agosto de 2023, se le comunica por nombre reservado, que la fiscalizadora estaba con licencia médica, y que debía rectificar los formularios 29 de los meses de marzo y abril de 2023, en la parte de compras, lo cual hizo el 10 de agosto, adjuntando por correo electrónico la rectificación y consultando si puede presentar antecedentes físicos.

Fundamenta que ha estado 9 meses sin poder emitir facturas, lo cual ha significado un considerable perjuicio económico y que no se ha dado respuesta por la recurrida, lo cual constituye una vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, los artículos 4°, 7°, 8°, 9°, 14° y 27° de la Ley Nro. 19.880 y 3° de la Ley Nro. 18.575.

Pide se ordene al Servicio de Impuestos Internos que resuelva derechamente el proceso de fiscalización iniciado en mayo de 2023 o, en subsidio, otorgar la protección que esta Corte estime pertinente.

Segundo: Que, el 14 de febrero de 2024 evacuó informe nombre reservado, Directora Regional de la XIII Dirección Regional Metropolitana de Santiago, quien expone que según consta en el sistema integrado de cumplimiento tributario, el contribuyente registra a la fecha una anotación causal 52, que es preventiva y efectuada por departamento de fiscalización, de 16 de mayo de 2023, ya que por proceso de fiscalización se detectó la necesidad de justificar y acreditar documentos tributarios electrónicos emitidos y recibidos.

Agrega que, en vinculación con lo anterior, el 5 de mayo de 2023 se notificó al contribuyente del inicio de un proceso de fiscalización, mediante notificación Nro. 69-7, requiriéndole una serie de antecedentes. Pero que, si bien aportó documentos los días 30 de mayo, 6 de junio y 12 de junio, todos de 2023, estos no son todos los que se le han requerido, por lo cual no se ha verificado el inicio del cómputo del plazo del artículo 59 del Código Tributario, ni tampoco el del artículo 200 del mismo cuerpo normativo.

Ahonda refiriendo que no ha presentado libro mayor magnético e impreso, libro de honorarios de mayo de 2021 a abril de 2022, libro de remuneraciones y planilla de cotizaciones, por el mismo periodo ni la escritura de constitución y modificaciones posteriores.

Afirma que el proceso de fiscalización está en plena tramitación, razón por la cual no se pueden procesar las declaraciones rectificatorias que el contribuyente presentó. Y que igualmente se está en comunicación con el contribuyente y su representante.

Indica que si bien se han rechazado algunas peticiones de folios de factura electrónica, el 5 de febrero de 2024 se autorizó la emisión de 10 folios.

Alega, que el recurso de protección no es la vía idónea, en atención a su carácter cautelar, teniendo a su disposición el reclamo por vulneración de derechos establecido en el artículo 8 bis inciso segundo del Código Tributario.

Expresa, en segundo término, que no ha acaecido ilegalidad o arbitrariedad, actuando conforme a la Constitución Política de la República y a las facultades de fiscalización. Además, que se está fiscalizando al contribuyente conforme a los plazos que puede hacerlo el Servicio de Impuestos Internos.

Argumenta, por otra parte, que está facultada la recurrida para efectuar anotaciones, conforme a lo indicado en los artículos 6 letra A) Nro. 1 y 8 bis Nro. 16 del Código Tributario, y 7 letra b) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, no constituyendo una sanción la anotación particular. Por ende, no se han afectado garantías constitucionales de la actora.

Pide el rechazo del recurso de protección, con costas.

Tercero: Que, como se ha dicho en innumerables fallos por los Tribunales Superiores de Justicia y la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Se ha sostenido, a base de una interpretación sistemática relacionando el artículo 20 y 5° inciso 2° de nuestra Carta Fundamental y con el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a que se sostenga que “[…] el recurso de protección es también un derecho esencial de la persona humana, el derecho a la acción y a la tutela jurisdiccional efectiva ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales a través de los cuales una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente señalados en el artículo 20 de la Carta Fundamental” (Henríquez, Miriam; “Acción de protección”; Der Ediciones, Santiago, 2021, p. 4. Citando a su vez a nombre reservado).

Cuarto: Que, para resolver el presente asunto, es necesario tener presente que conforme al artículo 6° del Código Tributario, le corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere tanto su estatuto orgánico, el respectivo Código Tributario, las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias.

Conforme a la letra B) del aludido artículo 6°, al enunciar las facultades del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos que sea competente, regula en su numeral 5° como una de sus atribuciones el “[r]esolver administrativamente todos los asuntos de carácter tributario que se promuevan, incluso corregir de oficio, en cualquier tiempo, los vicios o errores manifiestos en que se haya incurrido en las resoluciones, liquidaciones o giros de impuestos”.

Quinto: Que, por otro lado, la modificación introducida por las leyes Nros. 20.420 y 21.210, que modernizaron la institucionalidad tributaria, permitieron incorporar al Código Tributario una serie de garantías en beneficio del contribuyente, con el objeto de establecer una defensa ante el actuar de la administración tributaria.

El legislador fue incluso más allá, al establecer en protección de las garantías del contribuyente frente a la actuación del órgano administrativo sectorial un recurso de resguardo de sus derechos ante el competente Director Regional o ante el Director Nacional, en su caso, si la actuación es realizada por el Director Regional, o de reclamar en forma directa en contra de actos u omisiones del Servicio que vulneren cualquiera de los derechos reconocidos en el artículo 8° bis del Código Tributario, ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del párrafo 2° del Título III del Libro Tercero de este Código.

Sexto: Que, lo que se advierte por esta Corte, es que el recurrente pretende por la presente vía, por un lado, desconocer una facultad que el Código Tributario autoriza al Servicio de Impuestos Internos, es decir, se aprecia que en principio aquello que el recurrente impugna como un actuar arbitrario o ilegal por parte del Servicio no sería tal, pues ha actuado dentro del ámbito de sus competencias legales. Y por el otro, pretende desvirtuar la naturaleza cautelar de urgencia del recurso de protección, existiendo en el ordenamiento jurídico acciones especificas para tutelar las garantías del contribuyente.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, es preciso consignar que en la especie no se está en presencia de derechos indubitados e indiscutidos, desde que no se ha acreditado por parte del recurrente haber ejercido las respectivas acciones tutelares que el ordenamiento tributario le franquea, resultando inidónea la discusión de los hechos planteados por el recurrente en sede de recurso de protección.

En mérito de lo razonado, disposiciones legales citadas y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, representante legal de Lux Logistic SpA, en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese y devuélvase en su oportunidad.

Redacción del ministro Miguel Eduardo Vázquez Plaza.

Rol Corte Nro. 570-2024 (Protección)

No firma la abogada integrante señora Catalina Infante Correa, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.